¿Cuánto tiempo más puede pasar la justicia española en el lodazal por
el que se arrastra? ¿Es razonable que una y otra vez la justicia
europea condene a España? El último caso ha sido este martes, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a Arnaldo Otegi en
su demanda contra el Estado español alegando que no había sido juzgado
por un tribunal independiente e imparcial.
Fue en la Audiencia Nacional,
en septiembre de 2011, y pasó seis años y medio en prisión.
Inicialmente, la condena fue de diez años de cárcel, que le fue
rebajada, y otros diez de inhabilitación, que se le mantuvo y que aún
dura. La justicia europea es lenta, muy lenta. Pero implacable. La
cuestión sin embargo no es esa, ya que una justicia que llega tan tarde
es injusta por naturaleza sobre todo cuando pasan por delante cuestiones
extrajudiciales como el escarmiento o la unidad de España.
El caso Otegi nos coge mucho menos lejos de lo que parece, más allá
de las simpatías o antipatías que uno le pueda tener al líder abertzale.
Porque no es nada diferente de lo que estamos viendo en Catalunya con
la causa instruida por el juez Pablo Llarena a raíz del 1 de octubre y ratificada, cuando ha tenido que hacerlo, por la sala correspondiente del Tribunal Supremo.
El escrito de la Fiscalía General del Estado con petición de penas de más de 200 años, empezando por los 25 que pide al vicepresident Oriol Junqueras,
también va en la misma dirección. Nada hace prever que las sentencias
que dicte el tribunal después del juicio no acaben siendo muy duras, se
rebajen, al final, un grado o no.
El Estado ha calcado la actuación
judicial en Euskadi a la hora de aplicar su receta en Catalunya. El
hecho de que allí hubiera muertos, en ocasiones a diario, y aquí en
Catalunya un proceso pacífico de reclamar la independencia no ha sido
suficiente para alterar el modus agendi de un Estado herido en su orgullo e incapaz de entender la demanda catalana.
El Estado ya sabe que perderá en Europa el proceso del 1-O si no se
produce una rebaja de penas tan importante que acabe quedando tan solo
la desobediencia. Algo a lo que no está dispuesto a ceder. Pero eso
sucederá dentro de muchos años. Cuando, creen, el escarmiento haya hecho
su efecto.
Las justicias belga y alemana sí que están en la tesitura de
que si algo hubo fue tan solo desobediencia, más allá
de toda las intoxicaciones que se han querido propagar ante cada
sentencia judicial que se ha producido en aquellos países.
Por eso no
hay ninguna euroorden vigente y tanto Puigdemont como los consellers
exiliados pueden moverse por todo el mundo menos viajar a España. Pero,
como escribió el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos
Lesmes, al magistrado del juzgado número 13 de Barcelona, Juan
Antonio Ramírez Sunyer, unas horas antes de que falleciera: "Cambiaste
el rumbo de la Historia de España". Con mayúscula, claro, historia.
Lo más preocupante es que cuando alguien vive siempre en un lodazal
se acaba acostumbrando a él. Y si no, ¿qué es, por ejemplo, la marcha
atrás que ha realizado el Tribunal Supremo en el tema del impuesto
hipotecario?
Ha sido necesaria la fractura del Tribunal Supremo para
hacer marcha atrás en la decisión inicialmente adoptada, algo realmente
insólito como última instancia judicial que es del ordenamiento jurídico
español. No se podía haber hecho peor para la imagen de la justicia y
la opinión que acaban teniendo de ella los ciudadanos.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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