El debate de política general en el Parlament
tal como estaba concebido, con la presentación del programa de
gobierno, seguramente saltó por los aires el pasado sábado, cuando se
produjeron los primeros incidentes policiales al coincidir en Via Laietana
una convocatoria del sindicato Jusapol y una concentración
antifascista, y tuvo necesidad de encontrar un epílogo diferente tras
los sucesos del lunes por la noche frente al Parlament de Catalunya.
Es
necesario tener esto en cuenta para entender lo que ha sucedido este
martes en el hemiciclo del Parlament cuando el president Quim Torra introdujo un cambio de marcha a su intervención y planteó abiertamente un ultimátum al presidente Pedro Sánchez.
Si en el plazo de un mes no hay una propuesta concreta a su demanda de
acordar un referéndum en Catalunya, el independentismo catalán dejará
caer al Gobierno socialista y no habrá otro camino que la celebración de
elecciones en España.
Es obvio que Torra buscaba mejorar la posición del Govern, debilitada en las últimas jornadas. Y, también, situar un frame diferente
en el debate político catalán. Dicho en plata, que el debate policial
pasara a un segundo plano. La jugada era interesante pero necesitaba del
quietismo de un Rajoy y su exasperante dejar hacer.
Pedro Sánchez no es
así y el equipo de fontaneros que capitanea el todopoderoso Iván Redondo,
el gurú que decide sobre todo, si alguna cosa sabe es moverse, no dar
tregua al adversario. Nada más realizar Torra su ultimátum, la Moncloa
convocó una comparecencia urgente de la ministra portavoz, Isabel Celaá, para apretarle las clavijas al president catalán: no hace falta que espere un mes, la respuesta ya la sabe, es no.
El movimiento de la Moncloa solo puede querer decir una de estas dos
cosas: Sánchez ya ha asumido que el único camino que tiene es el del
adelanto electoral ya que los barones socialistas están
seriamente preocupados por sus elecciones municipales o autonómicas o
bien quiere medir si Quim Torra va de farol y cogerle en un renuncio.
Quizás incluso piense que la mayoría gubernamental en Catalunya tiene
grietas importantes y no hay un consenso en el ultimátum que se le ha
lanzado.
El hecho de que la respuesta del Gobierno español haya sido tan
rápida le va a obligar a enseñar alguna carta más durante el debate de
este miércoles en la Cámara catalana. El camino del referéndum acordado
se ha quedado sin pista para correr y eventualmente despegar.
Pero ese no es el único problema. El enfado de un sector del independentismo expresado
en la calle el pasado lunes también es real. Y acordar una hoja de ruta
política -no de gestión- compartida es ya una necesidad. Si no la
política catalana corre el riesgo de instalarse en un túnel cada vez más
largo y en el que la luz este más y más lejos.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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