domingo, 23 de septiembre de 2018

La política de la venganza / Ramón Cotarelo *

No deja de tener chiste: quienes más delincuentes indultaron en su tiempo, a cientos, casi todos condenados por corruptos, ahora se oponen a indultar a otros posibles delincuentes. Por si no estuviera claro qué delincuentes les gustan o les convienen y qué otros no les gustan ni les convienen. Nada de indultos a sediciosos y rebeldes y una lástima que no se pueda imponerles la Perpetua. 

La propuesta es puramente simbólica, a modo de aviso. La ley no es algo que, a diferencia del PSOE, detenga al PP cuando tiene la mayoría necesaria para derogarla. Si impone este criterio no es por su eficacia sino por el valor ejemplificador que tiene. La derecha tolera y hasta justifica la corrupción; la rebelión, no; nunca. Primero, la autoridad; luego, la honradez. 

Coincide esta petición con unas declaraciones del campo socialista en pro del indulto. La delegada del gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, es partidaria de esta gracia a los  políticos presos siempre que lo soliciten. Se refiere a los presos políticos. Vaya barullo que tiene la señora en la cabeza. No es frecuente dar indultos a quienes no lo solicitan. Pero esto es lo de menos. Lo más espantoso, sostiene la derecha, es que ya se esté pensando en indultar a unos delincuentes condenados en firme por sedición y rebelión. Ello demuestra la complicidad subterránea entre los separatistas y el gobierno entreguista y antipatriótico de Pedro Sánchez.

Aterrorizado el gobierno ante la sospecha de tamaña villanía ha corregido las declaraciones de la fogosa delegada. Las ministras Montero y Batet han dicho lo evidente: que no cabe hablar de indulto si aun no hay sentencia y que se respeta el poder judicial. Hasta Cunillera se ha corregido a sí misma, negándose a los futuribles.

Para los independentistas estas consideraciones son gratuitas. Partimos de que los presos/as políticos/as han de ser liberadas sin juicio y el procedimento anulado. No ha lugar a indulto  porque no puede haber lugar a condena. Diga lo que diga el gobierno sobre el Poder Judicial, es obvio que este proceso es una farsa en el sentido de que se trata de una causa contra el independentismo disfrazada de proceso penal. Disfrazada porque, además de las innumerables irregularidades de forma y fondo se basa en acusar a unas personas de un delito que no han cometido puesto que no se da el requisito esencial de la violencia.

No cabe aceptar más solución que la anulación del procedimiento y la liberación de los presos políticos. Cualquier otro solo puede darse apoyado en la intensificación de la represión sobre Catalunya. Y esta encontrará respuesta cada vez más masiva y decidida. Hasta que a la desobediencia se sumen las instituciones y haya un conflicto de competencias más agudo si la ciudadanía insiste, por ejemplo, en que se debe liberar a los presos políticos. 

En cualquier caso, de llegarse a la celebración del juicio y las condenas, tampoco ha lugar a la petición de indulto. Para que haya indulto, el condenado debe arrepentirse de su delito y los/as condenados/as catales/as no han cometido delito alguno. El delito pueden estar cometiéndolo quienes los/as han encarcelado. 

Está claro. Será la República la que las libere.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

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