A una semana de la celebración del primer aniversario del Referéndum
independentista del 1 de Octubre, y mientras se preparan grandes
movilizaciones en toda Cataluña (las del pasado jueves frente a la
consejería de Economía de la Generalitat para pedir la libertad de los
“Jordis”, fue un simple ensayo general) aumentan los gestos por parte
del Gobierno Sánchez hacia los políticos presos en cárceles catalanas,
acusados de Rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
A las declaraciones de este fin de semana de la delegada del Gobierno
en Cataluña Teresa Cunillera anunciando que se muestra partidaria de
que si los presos fueran condenados sean indultados por el Gobierno
(posición que viene manteniendo un sector del PSC desde que Miquel
Iceta, secretario general de los socialistas catalanes, abrió hace
meses, esa puerta), se ha unido este domingo otras declaraciones de la
vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, la persona dentro del Consejo
de Ministros, más cercana al Presidente.
Tiene su despacho al lado mismo
del Presidente, y es, la que está más coordinada con el Jefe del
Ejecutivo, en una situación que la principal critica hacia el nuevo
gobierno es, precisamente, la falta de coordinación.
No parece que esa sea la situación de la vicepresidenta que además de
Ministra de la Presidencia, de relaciones con las Cortes, y de
Igualdad, ejerce de asesora jurídica del Gobierno por su experiencia
como profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
Carmen Calvo, en unas declaraciones este domingo al periódico “La
Vanguardia” de Barcelona se muestra partidaria de la libertad
provisional de los presos que están pendiente de juicio.
“Que estén en
prisión no ayuda, y si se alarga mucho la vista oral se podrían tomar
otras medidas”, dice la vicepresidenta del Ejecutivo. Calvo insiste en
que “sería razonable” que el juez se plantee la posibilidad de no
alargar más la prisión preventiva en virtud de que “se va a alargar la
vista oral”.
“Las medidas las decide un juez, no le voy a decir lo que tiene que
hacer, faltaría más”, comentó la vicepresidenta. “Salieron los de La
Manada, por ejemplo. Y parecería lógico que el juez, en el ámbito de sus
competencias y con total independencia, sin presión de nadie, pudiera
decidir que estuvieran en otras condiciones”.
“Evidentemente no deben
estar en libertad, porque son parte de un procedimiento, pero la prisión
preventiva está para lo que está”. En efecto, está para, entre otras
cosas, evitar el riesgo de fuga como es evidente en el caso de siete de
los responsables políticos, supuestamente implicados en los mismos
delitos que los políticos presos, que han huido de la Justicia y se
encuentran en Bélgica y en Escocia.
Lo que es significativo es que todas estas declaraciones -a las que
ha reaccionado el Partido Popular con el anuncio de una proposición de
Ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión que
será entregada en el Congreso de los Diputados este lunes- se producen
después de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tarda,
anunciase que si no se eliminaba por parte de la Fiscalía el delito de
Rebelión en la petición de la Fiscalía, era difícil entender que ERC
pudiese apoyar los Presupuestos, el eje sobre el que pilota la
continuidad del Gobierno.
”Es difícil de entender- argumenta Calvo- que
se mezclen los presupuestos, que atienden a las necesidades de los
catalanes, con algo que nada tiene que ver. El Gobierno no es quién para
calificar en un procedimiento”.
No será quien pero, para muchos observadores, ya se están dando las
primeras muestras de un pacto con el independentismo y con la
Generalitat para buscar una salida al contencioso de los “políticos
presos”.
(*) Periodista y economista
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