Digámoslo sencilla y llanamente: el indulto ni es justicia ni es una
opción. O sea, ¿que los presos políticos catalanes son los reos de una
gran farsa montada por el Estado español, serán condenados en un juicio
del que ya se atisba el veredicto pese a que no se cumplen las normas
más elementales para que sea equiparable con lo que hubiera sucedido en
cualquier otro país europeo y, una vez el Tribunal Supremo se haya
pronunciado, lo que han de hacer es pedir el indulto al gobierno
español?
¿Es así como España cree que va a salvar la vergüenza que en
muchos estados de la Unión significa un juicio de esta naturaleza? ¿Es
así cómo el gobierno cree que se puede esquivar la bofetada de la
justicia alemana y belga al juez Llarena? ¿Es así como el ejecutivo
español cree que va a salir del atolladero ante la opinión pública internacional en el que se encuentra?
Lo más grave de todo es que, además, el gobierno español tan pronto
ha enseñado mínimamente la patita y ha puesto encima de la mesa la
opción del indulto, ha tenido que salir corriendo en dirección
contraria. Hasta dos ministras de Pedro Sánchez han desautorizado a la
delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, que incluso ha tenido que hacer en muy pocas horas un comunicado oficial desdiciéndose de su propuesta.
La España política, judicial y mediática quiere unas condenas altas y ejemplarizantes
creyendo que eso servirá como vacuna para movimientos futuros del
independentismo. ¿O no están ahí los correos de jueces en chats privados
señalando eso y el elocuente silencio de la gran mayoría? ¿Y la prensa
de papel que día tras día habla de golpe de estado independentista y que
incluso ha llegado a cruzar en Barcelona estos días la línea de
justificar una condena a los Jordis por su actuación el 20-S que fue de
todo menos violenta?
El único escenario contemplable debería ser la puesta en libertad,
la reformulación de los cargos por parte de la fiscalía y el abandono
de las acusaciones de rebelión y sedición.
También la retirada de la
acusación de malversación si no se puede probar, algo que hoy por hoy es
así. Y que se juzgue tan solo la desobediencia, el único cargo que
puede tener quizás una base sólida. Mientras la arquitectura
institucional española no entienda esto, no puede plantear chapuzas como
la del indulto, que no es otra cosa que aceptar, de entrada, que el
juicio tendrá unas penas que no serán justas.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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