MADRID.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se tomará un
tiempo extra para adoptar una decisión sobre el trasvase de agua del
Tajo al Segura del mes de agosto, mientras los regantes del Sureste
aguardan con preocupación y el PP y el Gobierno regional elevan el tono
de sus críticas por la tardanza en plena sequía, según recoge La Verdad.
Ribera ha vuelto a
convocar para mañana a la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura,
según confirmó un portavoz ministerial, quien explicó que el objetivo
es que los técnicos «evalúen los diferentes escenarios que se generarían
en un futuro» en virtud de los distintos volúmenes de agua que pueden
ser enviados al levante español.
Teniendo en cuenta que
el sistema en Entrepeñas y Buendía se encuentra en situación 3, los
caudales trasvasables para este mes pueden llegar hasta 20 hectómetros.
El pasado viernes ya se reunió la mencionada comisión asesora, que dejó
en manos de la ministra cualquier decisión sobre la cantidad a enviar,
ya que no realizó propuesta alguna.
Lo único que resulta evidente
es que se cubrirá el volumen de agua para beber, que asciende a 7,2
hectómetros cúbicos, pero el hecho de que haya transcurrido casi una
semana sin que la titular de Transición Ecológica se haya pronunciado,
unido a la nueva convocatoria del comité técnico, está despertando gran
inquietud entre los regantes murcianos y provocando una polémica
política que hoy alcanzó cotas muy elevadas.
La decisión de convocar nuevamente a los expertos de la Comisión de
Explotación resulta inusual, pues el proceder habitual con anteriores
gobiernos consistía en que este órgano se reunía, efectuaba o no una
propuesta sobre el caudal a trasvasar y el titular de Medio Ambiente
tomaba una decisión en las horas siguientes.
El portavoz del
Ministerio manifestó que Teresa Ribera pretende ahora «poner en
valor el criterio técnico y contar con la mayor información posible
sobre los distintos escenarios que se originarían» con su decisión, y
todo ello por un elemental «principio de precaución, que es el que en
último término debe guiar las decisiones de la Administración pública y
para evitar males mayores en un futuro».
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