SANTOMERA.- «Nos investigan por no amparar la corrupción económica más radical». Con estas palabras lamenta la alcaldesa socialista de Santomera, Inma Sánchez Roca, la admisión a trámite de la denuncia presentada por la mercantil Arimesa contra ella, contra el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, y contra el arquitecto municipal por un presunto delito de prevaricación administrativa en el Juzgado nº 8 de los de Murcia.
Andrés García Gómez, letrado de la mercantil, expone que los querellados no han emitido la cédula de compatibilidad urbanística sin condiciones, imprescindible para que la empresa retome la actividad obteniendo la autorización ambiental única, y que ello «obedece a la animadversión de los querellados hacia mi representado».
Y expone que la cédula no ha sido emitida, «pese a los requerimientos efectuados por mi representada y, sobre todo, por las indicaciones recibidas de la Dirección General de Ordenación del Territorio, quien, al menos, en dos ocasiones, ha señalado en sus informes que no existe obstáculo de ningún tipo para que el Ayuntamiento de Santomera emita una cédula de compatibiliddad urbanística sin condiciones a favor de Arimesa».
Tanto la alcaldesa como el edil defienden su inocencia y anuncian sendas querellas contra Arimesa y que se sumarán a la interpuesta por Ecologistas en Acción contra la Consejería de Fomento e Infraestructuras y su anterior titular Francisco Bernabé, por un delito de prevaricación. El Consistorio ejecutó hace cuatro meses el «cierre forzoso» de la cantera de Arimesa para cumplir otra sentencia.
"La querella procede de una empresa, Arimesa, que no ha parado de acosarnos e insultarnos desde que somos equipo de Gobierno. Se trata de una venganza que pretende menoscabar nuestra honorabilidad por haber ejecutado la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó la clausura de las instalaciones de la cantera que esta mercantil explota en el paraje del Zacacho. Esta querella, sesgada y política, es otra forma más de persecución más a las que la empresa nos tiene sometidos desde hace tres años", asegura la alcaldesa.
"Somos investigados por ponernos enfrente de la corrupción económica más radical, pero seguiremos defendiendo el medio ambiente y el patrimonio de nuestro municipio, le pese a quien le pese. El equipo de Gobierno de Santomera ha procedido en todo momento conforme a lo que establece la ley y según el criterio de los técnicos municipales", añaden.
Subraya que, en este sentido, el «Consistorio emitió en 2016 la cédula de compatibilidad urbanística de la cantera, pero esta fue rechazada por la Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio, que no aceptó las cautelas referidas a la falta de las preceptivas evaluaciones ambientales».
«También debemos recordar que Arimesa viene solicitando esa cédula de
compatibilidad desde el año 2010, sin que los dos equipos de Gobierno
anteriores, del PP, dieran paso alguno para resolverla; su proceder, por
tanto, debería ser juzgado en las mismas condiciones», añade.
Por eso, los querellados exigen «que no solo se investigue nuestra gestión, que es la que ha dado pasos para solventar la situación, sino también la inacción de los dos gobiernos precedentes del Partido Popular, que también han tenido que ver en este expediente».
«Resulta del todo injusto que una gestión de gobierno ejemplar se vea empañada por una situación irregular que se prolonga desde hace 44 años, que es más edad de la que ambos tenemos y por ello estamos dispuestos a aclararlo todo, estamos muy tranquilos porque nuestra actuación siempre ha estado amparada por criterios técnicos y legales», concluyeron la regidora y el concejal.
Los trabajadores de la cantera de Arimesa de Santomera, a través de su portavoz, Francisco José Palazón, aseguraron tras la orden que la empresa recurriría la resolución judicial que dio la razón al Ayuntamiento y rechaza la solicitud de la compañía de que se paralice la orden municipal de cierre.
«El cierre provisional significa la liquidación de los puestos de trabajo», según explicaba el ingeniero de minas que representa a la parte social de la empresa.
Antecedentes
La mercantil Áridos del Mediterráneo S.A. desarrolla una actividad de cantera en el paraje de El Zacacho, en el término municipal de Santomera, con licencia municipal (de 1974, del Ayuntamiento de Murcia, pues aún no se había segregado de este el municipio de Santomera) para la actividad de "trituración y clasificación de áridos", pero no así para la actividad de cantera ("extracción").
Esta afirmación no la hace este Ayuntamiento, sino la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia 373/2008, de 30 de abril. En definitiva, Arimesa S.A. lleva 44 años realizando una actividad sin licencia municipal.
A raíz de la sentencia mencionada, el Ayuntamiento de Santomera gobernando entonces por el Partido Popular adoptó el 24 de julio de 2009 un acuerdo de Junta de Gobierno Local en el que, basándose en la ausencia de licencia municipal de la actividad, decretaba el cierre de la misma.
Este acuerdo fue recurrido por la mercantil Arimesa, recurso que fue desestimado por la sentencia de 4 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4 de Murcia, posteriormente confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia 25/2015, de 29 de enero. De esta última sentencia cabe resaltar lo siguiente:
"No hay duda de que la actitud del demandante al mantener una actividad no autorizada y no pedir licencia de apertura cuando se le concedió en 2008 la autorización para explotar los recursos de las Sección C, hace plenamente ajustada a derecho la resolución sancionadora por la que se acuerda el cese de la actividad"
(.)
"la actora necesitaba obtener una nueva licencia de actividad municipal con aplicación de la legislación vigente en el momento de hacer la solicitud obteniendo en su caso la evaluación de impacto ambiental preceptiva".
Y, añadía, textualmente, la siguiente orden: "Clausura definitiva y total de las instalaciones y maquinaria sitas en el paraje del Zacacho y la suspensión de cualquier tipo de actividad industrial minera o de cualquier otro orden existente en la misma hasta tanto no se obtenga la correspondiente licencia de actividad".
De forma paralela, la mercantil se encuentra en trámites para conseguir la cédula de compatibilidad urbanística que les permita obtener una nueva licencia de actividad y legalizar así la explotación. El Ayuntamiento emitió esa cédula en 2016, pero advirtiendo de diversas irregularidades, traducidas en cautelas, referidas a la falta de las preceptivas evaluaciones ambientales que debería llevar a cabo la Comunidad Autónoma en determinados sectores de la explotación.
La Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio, sin embargo, envió un requerimiento obligando al Ayuntamiento a emitir esa cédula sin ningún tipo de reservas. En respuesta a ello, el equipo de Gobierno encargó un informe a los servicios jurídicos municipales para que indicaran los pasos a seguir.
En base a ese informe y al requerimiento de la Comunidad Autónoma, el arquitecto municipal redactó un documento técnico-urbanístico que fue remitido para su toma en conocimiento a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, tal y como reclamaba el organismo regional, así como el propio arquitecto municipal para poder emitir la cédula sin las reservas planteadas inicialmente.
La Comunidad Autónoma contradijo sin embargo su orden anterior y se negó a diligenciar ese documento el pasado mes de marzo; desde entonces, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento vienen trabajando en ese nuevo escenario.
Por eso, los querellados exigen «que no solo se investigue nuestra gestión, que es la que ha dado pasos para solventar la situación, sino también la inacción de los dos gobiernos precedentes del Partido Popular, que también han tenido que ver en este expediente».
«Resulta del todo injusto que una gestión de gobierno ejemplar se vea empañada por una situación irregular que se prolonga desde hace 44 años, que es más edad de la que ambos tenemos y por ello estamos dispuestos a aclararlo todo, estamos muy tranquilos porque nuestra actuación siempre ha estado amparada por criterios técnicos y legales», concluyeron la regidora y el concejal.
Los trabajadores de la cantera de Arimesa de Santomera, a través de su portavoz, Francisco José Palazón, aseguraron tras la orden que la empresa recurriría la resolución judicial que dio la razón al Ayuntamiento y rechaza la solicitud de la compañía de que se paralice la orden municipal de cierre.
«El cierre provisional significa la liquidación de los puestos de trabajo», según explicaba el ingeniero de minas que representa a la parte social de la empresa.
Antecedentes
La mercantil Áridos del Mediterráneo S.A. desarrolla una actividad de cantera en el paraje de El Zacacho, en el término municipal de Santomera, con licencia municipal (de 1974, del Ayuntamiento de Murcia, pues aún no se había segregado de este el municipio de Santomera) para la actividad de "trituración y clasificación de áridos", pero no así para la actividad de cantera ("extracción").
Esta afirmación no la hace este Ayuntamiento, sino la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia 373/2008, de 30 de abril. En definitiva, Arimesa S.A. lleva 44 años realizando una actividad sin licencia municipal.
A raíz de la sentencia mencionada, el Ayuntamiento de Santomera gobernando entonces por el Partido Popular adoptó el 24 de julio de 2009 un acuerdo de Junta de Gobierno Local en el que, basándose en la ausencia de licencia municipal de la actividad, decretaba el cierre de la misma.
Este acuerdo fue recurrido por la mercantil Arimesa, recurso que fue desestimado por la sentencia de 4 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4 de Murcia, posteriormente confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia 25/2015, de 29 de enero. De esta última sentencia cabe resaltar lo siguiente:
"No hay duda de que la actitud del demandante al mantener una actividad no autorizada y no pedir licencia de apertura cuando se le concedió en 2008 la autorización para explotar los recursos de las Sección C, hace plenamente ajustada a derecho la resolución sancionadora por la que se acuerda el cese de la actividad"
(.)
"la actora necesitaba obtener una nueva licencia de actividad municipal con aplicación de la legislación vigente en el momento de hacer la solicitud obteniendo en su caso la evaluación de impacto ambiental preceptiva".
Y, añadía, textualmente, la siguiente orden: "Clausura definitiva y total de las instalaciones y maquinaria sitas en el paraje del Zacacho y la suspensión de cualquier tipo de actividad industrial minera o de cualquier otro orden existente en la misma hasta tanto no se obtenga la correspondiente licencia de actividad".
De forma paralela, la mercantil se encuentra en trámites para conseguir la cédula de compatibilidad urbanística que les permita obtener una nueva licencia de actividad y legalizar así la explotación. El Ayuntamiento emitió esa cédula en 2016, pero advirtiendo de diversas irregularidades, traducidas en cautelas, referidas a la falta de las preceptivas evaluaciones ambientales que debería llevar a cabo la Comunidad Autónoma en determinados sectores de la explotación.
La Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio, sin embargo, envió un requerimiento obligando al Ayuntamiento a emitir esa cédula sin ningún tipo de reservas. En respuesta a ello, el equipo de Gobierno encargó un informe a los servicios jurídicos municipales para que indicaran los pasos a seguir.
En base a ese informe y al requerimiento de la Comunidad Autónoma, el arquitecto municipal redactó un documento técnico-urbanístico que fue remitido para su toma en conocimiento a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, tal y como reclamaba el organismo regional, así como el propio arquitecto municipal para poder emitir la cédula sin las reservas planteadas inicialmente.
La Comunidad Autónoma contradijo sin embargo su orden anterior y se negó a diligenciar ese documento el pasado mes de marzo; desde entonces, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento vienen trabajando en ese nuevo escenario.
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