VALENCIA.- La jueza de Instrucción nº 8 de Valencia ha prorrogado el secreto de sumario de la operación Erial, la causa que mantiene en prisión al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por un rosario de delitos, el más reciente el de blanqueo de capitales.
El secreto de las actuaciones se amplía un mes, aunque no
necesariamente se debe agotar este periodo. Sin embargo, el estado de la
investigación, todavía pendiente de completar numerosas diligencias,
augura que las actuaciones proseguirán al margen del conocimiento de las
defensas por lo menos varios meses más, según revela hoy Las Provincias.
La investigación de la UCO, que durante más de dos años se mantuvo bajo secreto, incluyó un interrogatorio al ciudadano sirio que entregó los papeles claves del caso Zaplana. Los agentes pretendían conocer de primera mano cómo obtuvo la documentación clave tras residir alquilado en un piso en el que previamente había estado Zaplana en su etapa en la Generalitat.
Tras ser nombrado ministro, se mudó a Madrid. Los agentes querían conocer a Imad al Naddaf y que este les confirmara la versión que ya les había trasladado el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.
La de que Imad, el hombre fuerte de la Gran Mezquita de Valencia, había
encontrado el dossier escondidos en una especie de falso techo.
Esos cuatro folios manuscritos -se desconoce
si se trata de la letra de Zaplana- resultaron claves para desmantelar
la compleja estructura en paraísos fiscales que construyó el exministro
para ocultar el cobro de comisiones.
La
Generalitat Valenciana ya ha anunciado su intención de personarse en la
causa en la que se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho,
malversación y prevaricación. El Consell autorizó a la Abogacía de la
Generalitat a ejercitar las acciones que puedan derivarse de las
investigaciones que se están llevando a cabo en las diligencias previas
de este caso, según anunció la vicepresidenta, Mónica Oltra,
tras el pleno del Gobierno valenciano.
La responsable aseguró que se
considera «más que conveniente que los representantes procesales de la
Generalitat sean parte en el proceso y busquen el máximo resarcimiento
posible para la administración autonómica». Ahora, la jueza deberá
autorizar esta personación si considera que la administración valenciana
pudo verse perjudicada por las irregularidades de este caso.
Además,
los agentes continúan con sus averiguaciones. El pasado 22 de mayo, y
en el seno de esas diligencias previas, se personó en la sede de la
Presidencia un agente de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Policía Judicial, al efecto de que se atendiera el
requerimiento de entrega de documentación ordenado por este juzgado. Se
trata de información relacionada con el que fuera jefe de gabinete de
Zaplana, Juan Francisco García.
La
vicepresidenta indicó que debido al volumen de información a analizar
para cumplir el requerimiento judicial, no se hizo entrega de ninguna
documentación en ese momento y ésta será enviada a la unidad cuando esté
recopilada por los diferentes departamentos afectados. Hasta la fecha,
las irregularidades se concentran en la adjudicación de los parques
eólicos y en la privatización de la ITV.
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