CARTAGENA.- Hace un año justo que se aprobó por unanimidad en el
Pleno municipal la elaboración de una ordenanza para la gestión de los
RCD, y el Gobierno no ha hecho nada al respecto. A
raíz de nuevas denuncias, Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha vuelto a
pedir la inmediata elaboración y aprobación de la ordenanza sobre RCD,
una ordenanza que había sido aprobada en Pleno y cuyo borrador ya está
trabajado por técnicos municipales.
La
proliferación de escombreras y vertederos ilegales en montes, ramblas y
caminos rurales del municipio es un problema muy grave que CTSSP viene
denunciando desde principios de legislatura, junto al buen hacer de
colectivos como ANSE y a la difusión de los medios de comunicación
concienciados con el daño que ocasionan.
A pesar de tanta insistencia, y
de que la concejal de Medio Ambiente ha reconocido públicamente el
problema, lo cierto es que los vertederos siguen creciendo con total
impunidad y desde el Gobierno no se muestran capaces de dar soluciones
adecuadas.
La formación ha tenido acceso a un
listado de las empresas sancionadas por este tipo de vertidos y ha
comprobado que las multas impuestas son ridículas, que a buena parte de
ellas se les reduce el importe, que en gran cantidad de casos se da
cabida a las alegaciones presentadas por los infractores y que el propio
Ayuntamiento fomenta el problema: mirando para otro lado, contratando
con empresas ya sancionadas por estas infracciones, desviando la
responsabilidad a la CARM o a Europa cuando es estricta competencia
municipal, perdiendo el control sobre los residuos de sus propias obras o
no cobrando las multas que los propios funcionarios imponen, entre
otras formas de complicidad.
A juicio del grupo
municipal de Podemos esta verdadera impunidad que posibilita el
Gobierno municipal se completa dramáticamente con promesas incumplidas y
mayor ineficacia si cabe, como las denuncias que supuestamente se
llevan a Fiscalía y a las que no se hace ningún seguimiento, con
mentiras sobre el aumento de personal de vigilancia y control,
ejecuciones subsidiarias para las limpiezas de terreno que no se
realizan, sentencias que no se cumplen e infracciones que se multan con
el menor importe posible, y que luego se rebajan sucesivamente hasta
quedar en nada, como es el caso de la cantera El Corral.
Pilar
Marcos, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, ha anunciado que
llevará al próximo Pleno otra batería de preguntas para denunciar que el
Gobierno no sólo no está solucionando el problema sino que está
agravándolo con su “política de no intervención”.
La
formación morada cree que no es difícil terminar con estas prácticas y
que sólo falta voluntad política: aumento del personal para control y
prevención (tanto policía como inspectores medioambientales), sanciones
ejemplares con liquidación efectiva en tiempo y forma, mano dura con las
empresas o particulares que vulneren la legislación, prohibición de
contratar con empresas sancionadas, redacción de la ordenanza aprobada
en Pleno, e inventario completo de todos los vertederos ilegales del
municipio (además de los 27 ya recogidos), procediendo a su
correspondiente limpieza.
Por último, CTSSP urge a diseñar una campaña
de concienciación ciudadana para impedir que estas prácticas se
naturalicen, y educar para que sean los propios vecinos quienes alerten
sobre la destrucción de nuestros ya maltrechos espacios naturales.
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