La nueva
ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe una cartera que lleva
dentro el ambicioso proyecto de cooperación europea al que se
comprometió el anterior gobierno y que hizo de España uno de los
cuatro países de la Unión (más Alemania, Francia e Italia) que
decidieron dotar de operatividad a la política europea de
defensa, y además servir de engarce funcional con la OTAN. Siempre,
claro está, que se lleve a cabo. Otros proyectos de defensa europea
se han marchitado en el papel, alimentando el escepticismo de
Washington sobre el grado de compromiso de los europeos con la
alianza común.
Se
trata de la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO en su sigla en
inglés), que aunque entró en vigor legal en 2010 en virtud del tratado
de Lisboa, no había sido incorporada a la política de la Unión. La
iniciativa que la va a desarrollar lleva el sello de Enmanuel Macron.
Solo dos meses después de tomar posesión, él y la canciller Merkel, en
una ‘cumbre’ bilateral, invitaron a otros países europeos a activar la
iniciativa, y de inmediato se adhirieron al proyecto España e Italia.
Sucesivamente lo han ido haciendo otros países hasta un total de 25
(todos los de la Unión menos Dinamarca y Malta, y tampoco Reino Unido,
por razones obvias).
Los estados se obligan a desarrollar y adquirir en común capacidades
militares ‘estratégicamente relevantes’. El proyecto fue aprobado
formalmente por el Consejo Europeo de diciembre 2017. Según sus
previsiones, todos los países firmantes están obligados a participar e
invertir en la investigación, desarrollo y producción de esas
capacidades.
Los estados pueden proponer proyectos. A la primera convocatoria se
presentaron una cincuentena, pero solo se han seleccionado 17, que van
desde un Mando Médico Europeo, hasta un Sistema de Mando y Control
Estratégico, un vehículo de combate de infantería y otro de asalto
anfibio, artillería de apoyo (‘euro-artillería’), dotaciones
tecnológicas para la ciberguerra, el control marítimo, protección de
puertos, control de crisis, transporte aéreo y marítimo de larga
distancia, localización de ‘blancos’, etc.
Un propósito declarado del
programa es hacer más competitiva la industria de armamentos europea y
sostener lo que oficialmente se llama Base Tecnológica e Industrial de
la Defensa Europea.
El programa supone un ‘toma y daca’ entre la Comisión y los estados.
Estos se comprometen a aumentar y mantener sus presupuestos de defensa
en el 2% de su PIB, y dedicar el 20% de ese presupuesto a la
investigación, la tecnología y la adquisición de recursos. Se formará un
fondo de €5.000 millones al que la Comisión contribuirá el 20%. El fin
de este fondo es atender las deficiencias reconocidas en materia de
dotaciones estratégicas, muchas de las cuales son suplidas hoy por los
Estados Unidos.
Las oportunidades para las industrias de defensa de los países
europeos son obvias. Se les exigirá operar con una perspectiva europea,
esto es, para un mercado varias veces mayor que el de cualquier país en
particular, rompiendo la asentada costumbre de reservar el dinero de la
defensa a las industrias nacionales.
La estadardización de los sistemas de defensa ayudará a la
interacción de los sistemas de mando militar, facilitando el uso común
de los recursos como ‘strategic enablers’. Una vez alcanzado un alto
nivel de cooperación, se podrá crear estructuras únicas comunes, con
multiparticipación estatal, y mandos integrados, mantenimiento común,
etc. Se trata, en suma, de cambiar el objetivo actualmente vigente, de
‘interoperatividad’ entre los recursos militares nacionales, por la
‘integración’ de sistemas y personas en estructuras únicas para cada
función estratégica.
Este último paso, sin embargo, será el que pondrá a
prueba la voluntad política de los gobiernos europeos, para ceder al
programa común prerrogativas que hoy por hoy residen en cada una de los
gobiernos soberanos.
Es indudable que Francia cedería esa parte de soberanía, con tal de
que se le garantizase que siempre mantendrá alguna forma de poder
decisorio sobre los programas. Alemania se inclina más bien por que lo
que se haga en integración militar, se complemente o añada a las
garantías ofrecidas por los recursos de la OTAN.
Es probable que España se incline al modelo ‘alemán’, dada la
importancia diplomática y militar de sus relaciones con los Estados
Unidos, cuyo acuerdo sobre bases militares se presenta siempre por
Madrid como cooperación para la defensa común, en el marco de una
Alianza Atlántica que defiende a Europa.
(*) Periodista
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