ALICANTE.- Los consejeros de la CAM no tendrán que
responder con su patrimonio aunque sean condenados por apropiación
indebida por las dietas de 600.000 euros que el expresidente de la
entidad Modesto Crespo cobró a través de la sociedad participada Tinser
Cartera. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido eximir de
responsabilidad civil a los miembros de este órgano de gobierno de la
extinta entidad, del que formaban parte los empresarios murcianos Ángel
Martínez y José García Gómez, al entender que el daño económico
provocado ya será repuesto por el propio Crespo, según recoge hoy el diario Información.
El expresidente de la Caja había aceptado devolver el dinero como parte del acuerdo al que
llegó con el Ministerio Público para declararse culpable a cambio de
rebajar su condena.
Como
un jarro de agua fría.
Así acogió ayer la mayoría de los exconsejeros
de la CAM -acusados de convertir a Modesto Crespo en el primer
presidente de la historia de la Caja que cobraba- el anuncio del fiscal
Anticorrupción de que mantenía los cargos para todos ellos: un delito de
apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal por
el que reclama penas que oscilan entre los dos y los tres años de
prisión según fueran sólo miembros del consejo de administración (dos
años) o también de la comisión de retribuciones (tres).
Tras
aceptar la confesión de Crespo, Briones elevó sus conclusiones a
definitiva, es decir, sin modificarlas en cuanto a la responsabilidad
penal. Pero se guardaba un as en la manga. Tras el abono por parte del
expresidente de 200.000 euros y el compromiso de devolver los 400.000
restantes en los próximos tres años, una condición indispensable para el
pacto con el Ministerio Público, el fiscal exoneró de responsabilidad
civil al resto de los acusados, a quienes hasta ese momento se les
reclamaba el pago solidario de los 600.000 euros.
A
la sesión de ayer, la novena de esta vista oral y en la que finalizaron
las testificales y se dio paso a la fase de conclusiones e informes,
que comienzan hoy, gran parte de los encausados llegaron convencidos de
que el fiscal Felipe Briones iba a retirar la acusación para ellos.
A
favor de esta percepción frustrada jugaban las declaraciones en bloque
de prácticamente todos los miembros del Consejo que dio luz al abono de
300.000 euros al año al empresario ilicitano por no hacer nada a cambio.
Una ilegalidad que el propio beneficiario de estos pagos, con los que
se embolsó 600.000 euros cuando la entidad ya estaba agonizando, ha
admitido en un pacto con la Fiscalía que le libra de ingresar en prisión
pero que ha dejado al resto de sus compañeros de banquillo en una
situación complicada.
Excepto
el secretario del consejo José Forner y los también miembros de la
comisión de retribuciones Martín Sevilla y, con matices, Antonio
Gil-Terrón (además del ex director general Roberto López Abad, quien no
era miembro del Consejo), todos los demás han declarado desde el
principio de este procedimiento que tal remuneración nunca se llevó a
ese órgano, por lo que dificilmente pudieron aprobarla.
Estas
manifestaciones que se suman a las dudas que han planeado a lo largo
del proceso sobre la legalidad del acta que recoge lo que ocurrió en
aquella sesión del 27 de noviembre de 2009, a la que estos consejeros
aseguran que únicamente se llevó el nombramiento de Crespo al frente de
la participada Tinser Cartera, y que les codujo a pensar que la solución
a su calvario judicial estaba cerca. Pero no fue así.
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