El juez Pablo Llarena parece contrariado. No es
extraño: de las cinco órdenes de extradición cursadas a Bélgica,
Alemania y Suiza ninguna ha prosperado hasta la fecha; un grandioso documental sobre los hechos del 20-S ante la Conselleria d'Economia ha dejado meridianamente claro que los Jordis ―Sànchez
y Cuixart― actuaron como elementos pacificadores de la multitudinaria
manifestación y ni mucho menos como agitadores y, finalmente, existen
serias dudas de que su decisión de suspensión de los presos políticos
que son diputados sea aprobada por el Parlament, lo que originaría en
las próximas semanas un nuevo conflicto institucional.
En medio de todo
ello, el gobierno español, a través de Instituciones Penitenciarias, ha
iniciado los trámites para el traslado de los nueve presos políticos
a cárceles catalanas, a lo que no puede oponerse ya que la instrucción
está finalizada.
Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: ni hubo tumulto el 20-S que justificara la acusación por rebelión, ni los hechos del referéndum del 1-O encajan
tampoco en el molde jurídico de la rebelión o sedición.
En ninguna de
ambas jornadas hubo violencia y todo es un montaje para desinformados
con gran estruendo pirotécnico mediático. Queda la malversación,
que tampoco ha podido probar el juez Llarena y que el Ministerio de
Hacienda niega verbalmente y por escrito pero que, basándose en un
informe de la Guardia Civil, el magistrado del Tribunal Supremo ha
sacado adelante.
El tema es grave por dos motivos: en el juicio, por la
condena que comporta, si bien ahí entrará el buen hacer de las defensas y
la ayuda inestimable del exministro Montoro; pero,
previamente, porque la palanca de tener que depositar una fianza por una
malversación no probada le permite, en cambio, a Llarena, actuar contra
los bienes y los patrimonios de los nueve acusados con una cantidad
enormemente alta de 2,1 millones de euros. Y exigirles que la depositen
en tan solo 48 horas.
Como en otras ocasiones, serán las cajas de solidaridad de la ANC y de Òmnium las
que se hagan cargo de las millonarias fianzas del juez pero vale la
pena resaltar que hasta la fecha ya se han tenido que depositar ante la
Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo unos cuatro millones de euros, y
que con los dos que ahora se piden, la cifra depositada superará los
seis millones de euros, más de 1.000 millones de las antiguas pesetas.
Solo la solidaridad catalana de una sociedad generosa con sus presos
políticos permite entender una situación tan anómala como esta. Hasta la
fecha, las dos entidades soberanistas han podido cubrir las fianzas de
los líderes independentistas encausados en procesos judiciales.
En las últimas horas, se ha lanzado, quien sabe si como un globo
sonda, que el juicio no será en otoño como estaba previsto sino que se
retrasará hasta después de las municipales y europeas del próximo mes de
mayo. Es posible que todo quede en nada y las fechas se mantengan.
Pero
vale la pena decir ahora, cuando aún falta tiempo, que nada
justificaría el retraso ya que la instrucción está finalizada y hay
tiempo suficiente para que se mantenga el calendario previsto. Se está
jugando con la vida de personas inocentes y honorables, se les retiene
injustamente en prisión desde hace meses. No hay motivos y no hay
razones. Y tampoco hay caso, como lo ha planteado Llarena. Pero eso,
cada vez está más claro.
(*) Periodista y director de La Vanguardia
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