MADRID.- El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) tiene entre sus manos un importante dictamen que podría suponer un vuelco en la situación que viven más de 100.000 empleados públicos en nuestro país. Se trata de la resolución que determinará si es posible hacer fijo al personal sanitario temporal que viene encadenando contratos temporales desde hace más de tres años, recoge www.vozpopuli.com.
La demanda, elevada a instancias comunitarias, surge a raíz del caso de un informático del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) que permanece en situación de estatutario interino desde hace más de 17 años.
Una situación que comparten miles de empleados del sector público y que
puede suponer, si el TJUE resuelve en este sentido, que la
Administración española esté incurriendo desde hace años en una
contratación en fraude de ley.
El pasado mes de marzo,
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid planteó la
cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, cuya decisión será
vinculante.
El juzgado madrileño, según han informado los sindicatos,
trasladó al tribunal europeo si debe conceder la fijeza al personal
estatutario temporal (interino, eventual o de sustitución) en situación
de abuso de temporalidad como es el caso del procedimiento judicial en
cuestión, el del informático del Servicio Madrileño de Salud que
permaneció en el mismo puesto durante más de 17 años.
Sus
representantes legales pidieron que se le reconociera una condición
equiparable a la del personal estatutario fijo en cuanto a las
condiciones de cese (y en el resto de condiciones de trabajo) como
sanción adecuada, aplicando una normativa básica europea, la Directiva 1999/70/CE,
a su situación de "evidente abuso de contratación temporal por parte de
la Administración para satisfacer necesidades que son de obvio carácter
permanente".
Tres años como límite de temporalidad
La
directiva europea determina que la temporalidad debe tener un límite -3
años en el caso de los empleados públicos españoles-. Además, las
normativas nacionales deben incluir medidas de sanción al empleador que
abusa y otras compensatorias para el empleado en situación de abuso de
temporalidad.
La jueza que eleva la cuestión al TJUE
reconoce en su escrito que "no encuentra norma nacional capaz de
alcanzar el objetivo que pretende la Directiva" e indica que la
aplicación de la legislación española es "incompatible" con los objetivos marcados en la Directiva Europea contra la temporalidad, de lo que deduce que en nuestra legislación nacional no se ha acogido la directiva europea o se ha hecho de forma deficiente.
Después
de aceptar la cuestión prejudicial, si el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea se pronuncia de manera favorable obligaría a estabilizar a
más de 100.000 empleados públicos de toda la Administración que
mantienen la situación de interinidad desde hace más de tres años. Los
interinos que se encuentren en esta situación pasarían a ser personal
laboral fijo de la Administración sin necesidad de pasar ninguna
oposición, con el único requisito de haber permanecido en su puesto
durante más de tres años.
Los interinos piden hacer efectiva la transposición
Miles de interinos, constituidos recientemente en una plataforma, denuncian
que nuestro país está retrasando "la obligación de transponer la
normativa europea en materia de contratación temporal en la
Administración Pública -España tenía un plazo de cinco años para hacerlo- a
pesar de las diversas sanciones que ha impuesto la Unión Europea por el
incumplimiento de su normativa”.
La Plataforma de
Interinos sostiene que, precisamente en base a esa directiva
comunitaria, los trabajadores temporales con más de tres años de antigüedad
han adquirido derechos y exigen que sus puestos sean convocados a
consolidación por concurso de méritos en vez de por ofertas de empleo
convencionales (la tradicional oposición).
De ser así, a la ya abundante Oferta de Empleo Público acordada por el Ejecutivo y los sindicatos para los próximos años
habría que sumar esta consolidación de plazas que supondría de facto
-según las aspiraciones de los interinos- el aumento de los empleados
públicos en más de 100.000 personas. Si ya numerosos organismos advierten de las dificultades
económicas para mantener el sector, habría que reorganizar de urgencia
las cuentas públicas para asumir este sobrecoste.
Es evidente que si
este anexo legal se resuelve en favor de los interinos, las demandas de
consolidación de plaza se dispararían. El Tribunal europeo tiene, desde
Luxemburgo, las claves para el futuro del sector público.
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