MADRID.- El gasto en vivienda supone una carga casi inasumible para el 10% o
más de la población en 8 de las 15 regiones, Murcia incluida, con más de
140.000 personas que destinan a ella al menos el 40 por ciento de la
renta del hogar.
Esto supone dificultades para acceder a una
vivienda digna tanto en régimen de propiedad como de alquiler, en un
momento en que la oferta de vivienda de protección oficial también se ha
recortado, y existe una demanda potencial en este ámbito de 1,5
millones de hogares, aunque solo hay unos 400.000 demandantes
registrados.
Las dificultades para mantener una vivienda, bien sea
en alquiler o en propiedad, se han incrementado desde el inicio de la
crisis económica. Mientras en 2007 había un 8,3 por ciento de los
hogares españoles que tenía gastos en este ámbito del 40 % o más de sus
ingresos, en 2016 el porcentaje se elevó al 9,5 %.
Los gastos en
vivienda incluyen el pago del alquiler o los préstamos hipotecarios,
según el régimen de tenencia, pero también los recibos de agua y de luz,
o pagos como el seguro, la cuota de la comunidad y otros de
mantenimiento y reparaciones.
En algunas comunidades, como Madrid,
la diferencia se ha disparado en la última década, al pasar de tener en
2006 un 6,6 % de la población en esta situación de ahogo por los gastos
de la vivienda, a un 14,3 % en 2016, según los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pero también en Canarias
el porcentaje de población con estas dificultades para afrontar los
gastos de su casa es superior al 10 por ciento, en concreto del 11,5 por
ciento; así como en Baleares, un 11,1 por ciento; en Cataluña, un 10,6
por ciento; y en Castilla-La Mancha, un 10,3 por ciento.
En la ciudad autónoma de Ceuta, un 12,1 por ciento de la población sufre esta carga elevada para mantener su vivienda.
Aún
sobre la media nacional y entorno al 10 por ciento, se sitúan también
la Comunidad valenciana, con un 9,9 %; Murcia, un 9,7 %; y Cantabria, un
9,5 %.
La menor carga económica en vivienda la tienen los
extremeños, con solo un 3,3 por ciento de la población que destina a
este apartado al menos el 40 % de la renta disponible total del hogar,
seguidos de asturianos y castellanoleoneses, con un 5,3 por ciento.
Mientras
se encarece la vivienda y cada vez más gente tiene que destinar una
parte importante de sus ingresos a mantenerla, se produce un retroceso
en vivienda pública «sin precedentes», según el estudio «El parque
público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el
contexto europeo», de la Fundación Alternativas.
Los autores del
documento advierten de que España puede acabar entre los países europeos
con un menor nivel de protección social en este campo y «los mayores
índices de exclusión residencial».
Aunque el informe estima que la
demanda potencial de vivienda social en España es actualmente de 1,5
millones de hogares, en los distintos registros de demandantes de
vivienda de las comunidades autónomas la cifra de personas que optan a
este tipo de residencia es de unas 400.000.
Las comunidades de
Andalucía, Cataluña y País Vasco concentran la mitad de estos
demandantes de vivienda de protección oficial, aunque este informe no
ofrece cifras de la Comunidad de Madrid, ni de Extremadura.
En
Madrid, el número de solicitantes es de 3.224, según datos de la
Consejería de Vivienda, y el parque de vivienda pública en la Comunidad
es de 23.340. Pero hay que tener en cuenta las cifras de la capital, en
la que se concentra la mayoría de la población, y que tiene su propio
registro de solicitantes.
Por lo que respecta a Extremadura, en
estos momentos la Junta de no cuenta con registro de demandantes de
viviendas de protección oficial (VPO), recuerda la Secretaría General de
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo.
Según los datos
recopilados en el estudio de la Fundación Alternativas, en base a
diversas fuentes como el Defensor del Pueblo, el mayor número de
personas inscritas en los registros de solicitantes de vivienda
corresponde a Andalucía con 82.646, seguida de Cataluña, con 71.926, y
País Vasco, con 49.750.
Cada autonomía establece sus tipos de
vivienda protegida y los requisitos para acceder aunque, en la mayoría
de los casos, el límite de ingresos del hogar para un alquiler social es
inferior al exigido para la propiedad, y suele regularse en número de
veces el Iprem, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Este
límite de renta para acceder a la vivienda protegida en alquiler varía
mucho según la comunidad y el régimen de protección, desde 1,20 veces el
Iprem en Andalucía para viviendas protegidas con destino a alquiler o
cesión del uso sobre suelos o edificios de titularidad pública, hasta
7,5 veces el Iprem para las viviendas medias en Extremadura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario