MURCIA.- El exconsejero de Agricultura y Agua del Gobierno murciano Antonio Cerdá, uno de los investigados en el presunto caso de corrupción urbanística Novo Carthago,
ha recurrido el auto de procesamiento dictado por la titular del
Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia, Miriam Marín, en el que
también aparecen como imputados los exconsejeros Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués.
Cerdá
recuerda que, a su juicio, era peor utilizar los terrenos protegidos
junto al Mar Menor para la agricultura intensiva que destinarlos a usos
recreativos y deportivos. En su defensa aduce que la contaminación de la
laguna, que ha dado lugar a una investigación en otro juzgado de
Murcia, le ha dado la razón.
En
su recurso Antonio Cerdá pide el sobreseimiento de las actuaciones y
defiende que su decisión en torno a la modificación de los usos del
suelo recogidos en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)
"fue discrecional, no arbitraria".
La titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia ha dictado un auto de procedimiento abreviado,
el paso previo al juicio oral, contra los exconsejeros Marqués, Cerdá y
Bascuñana y contra otras siete personas, entre las que figuran antiguos
directores generales, asesores del Ejecutivo y el empresario alicantino
Rafael Galea, máximo responsable de Hansa Urbana la constructora
vinculada a la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Cerdá,
que ha acudido directamente al recurso de apelación para combatir el
auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Murcia el pasado 22 de
mayo, en el que se acuerda continuar las diligencias contra diez
investigados por el trámite del procedimiento abreviado, ha defendido la
legalidad de su actuación en torno al proyecto.
En
el recurso comenta que "no se puede o no se debe acudir a la
jurisdicción penal con la finalidad de revisar decisiones políticas y
utilizar para ello un artificio tintado de ingredientes penales basado
en valoraciones meramente subjetivas, puramente especulativas y carentes
del necesario y riguroso soporte probatorio".
Cerdá
desmiente lo afirmado en el auto contra el que recurre, ya que asegura,
no estuvo en el acto de presentación del proyecto Novo Carthago, que
preveía la construcción de 10.000 viviendas, hoteles de lujo y un campo
de golf en espacios protegidos junto al Mar Menor, que se celebró en un
hotel de La Manga del Mar Menor.
No
se olvida tampoco la defensa del exconsejero de citar que los informes
patrimoniales elaborados por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) señalan que no se ha encontrado nada significativo que
carezca de la acreditación correspondiente o que pueda incluirse en
Novo Carthago.
Entrando de
lleno en el fondo del asunto, el recurso comenta que por orden de la
consejería de Medio Ambiente de 29 de diciembre de 1998, publicada pocos
días después en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), se
aprobó inicialmente el PORN de los Espacios Abiertos e Islas del Mar
Menor y Cabezo Gordo.
En el
mismo se permitían los usos agrarios en la unidad conocida por El
Saladar de lo Poyo, y la orden pasaba a exposición pública durante dos
meses y al trámite de consulta institucional.
Y
añade que se trató solo de una mera propuesta inicial, ya que nunca
existió un acto administrativo que la aprobara definitivamente.
A
finales de 2002 y principios de 2003, se lee en la apelación, el
ayuntamiento de Cartagena se planteó la idea de actuar urbanísticamente
en San Ginés de la Jara-Lo Poyo, y ante la posibilidad de que se vieran
afectados espacios protegidos, el exconsejero ordenó al director general
del Medio Natural que visitara la zona, acompañado de los técnicos de
la Administración regional.
Se
trataba, añade, de analizar la posibilidad de adaptar el espacio
afectado y posibilitar los usos recreativos y deportivos en el mismo.
Los
técnicos concluyeron que, desde el punto de vista medioambiental, eran
preferibles esos usos a mantener el destino para cultivos agrícolas
intensivos.
Cerdá indica que el
tiempo, "por sí solo", les ha dado la razón, ya que, catorce años
después, un Juzgado de Instrucción de Murcia investiga la contaminación
que sufre el Mar Menor precisamente procedentes de esa actividad
agrícola.
Ante esa conclusión,
ordenó a la dirección general que continuara la tramitación del PORN,
para la posibilidad de modificar los usos compatibles en la unidad de
Regadíos Miramar.
Para ello, se
firmó la orden de reinicio del plan que fue publicada en el BORM en
junio de 2003 y que abrió un plazo de exposición pública por espacio de
tres meses.
Esa disposición,
concluye, fue un acto discrecional del órgano político, que era el
consejero de Agricultura y Agua, y no arbitrario.
"Se
trató de un mero posicionamiento inicial que podía ser modificado
sustancialmente o incluso ser dejado sin efecto en base al proceso
participativo que se abría", añade.
La
disposición no llegó a producir modificación normativa alguna, toda vez
que no se produjo la aprobación definitiva, por lo que concluye el
recurso que Cerdá no ha cometido el delito de prevaricación
administrativa que se le atribuye.
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