MURCIA.- El caso de la desaladora de Escombreras,
que está siendo investigado por el juzgado de Instrucción nº 5 de
Murcia, ha tomado un nuevo impulso a raíz del informe que ha realizado
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional
(UDEF).
Estos expertos económicos revelan en el escrito enviado a los
tribunales en enero pasado -que ha trascendido ahora- que hasta 32
personas habrían participado en un presunto fraude que conllevaría un
pelotazo de 600 millones para la constructora ACS, que cobraría ese
dinero del erario público por la citada planta.
El
informe de la UDEF fue adjuntado a la causa por la jueza de instrucción
nº 5, María del Mar Azuar, que levantó el secreto de sumario de
este caso, denominado en los tribunales ´caso La Sal´, el pasado 7 de
marzo.
En ese auto judicial, la magistrada ya alude al documento
policial, del que dice que «corrobora los indicios expuestos en la
querella», denuncia que fue interpuesta hace dos años por el entonces
fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, actualmente fiscal
superior de la Región.
Manzanera en su querella indicaba que en la
gestión y explotación de la desaladora de Escombreras se habrían
cometido seis delitos, entre ellos, el de fraude, malversación de
caudales públicos, falsedad en documentos públicos y fraude de
subvenciones.
Los
expertos de la Policía Nacional en delitos económicos consideran que el
Gobierno regional de entonces y la constructora ACS se habrían puesto
de acuerdo para licitar la desaladora sin tener en cuenta la Ley de
Contratos del Estado y para burlar la Ley de Aguas, con el objetivo de
impulsar 26 convenios urbanísticos para ordenar 180 millones de metros
cuadrados y construir 250.000 casas (la Confederación Hidrográfica no
daba la autorización para más casas, tal y como es preceptivo en la Ley
de Aguas), según recogía el periódico digital El Confidencial.
Tanto
la UDEF como el fiscal y la jueza del caso creen que la desaladora de
Escombreras fue un proyecto preconcebido, contando desde el principio
«con la connivencia activa y preconcebida de al menos, los responsables
públicos que participaron en su desarrollo», afirma la magistrada en su
auto.
Así, ACS constituyó en enero de 2006 la empresa Desaladora de
Escombreras y casi un mes después el Gobierno regional, entonces
presidido por el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón
Luis Valcárcel, creó la empresa pública Hidronostrum SA para que
adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras, por lo
que el proyecto de la planta desalinizadora estaba mayoritariamente
participado por la Administración.
La
compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni
de los servicios jurídicos regionales -indicó El Confidencial-, conllevó
que la Comunidad asumiera todas las cargas a las que se había
comprometido la empresa de Florentino Pérez previamente.
Entre ellas, la
obligación de abonar a la constructora y a los socios locales el
arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También debía
comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.
Posteriormente,
ACS trata de salir de la sociedad, al empezar a tener la desaladora
problemas financieros, y la Administración le compra el 49% de sus
acciones. Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los
tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan
de pagos, una demanda que si le sale bien le supondría unas ganancias
de 600 millones pagadas por el erario público.
Los
empresarios regionales que estaban en la sociedad inicial a la que
después se unió ACS, que posteriormente creó la mercantil Desaladora de
Escombreras, se desmarcaron ayer del caso y precisaron que la
investigación judicial toma como punto de partida finales de 2005,
quedando fuera la gestión anterior.
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