MURCIA.- Cambiemos Murcia ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno
de mañana para que el Consistorio inste a la Comunidad Autónoma a
cumplir con su obligación de proponer a los ayuntamientos los mecanismos
para garantizar el realojamiento adecuado de personas en situación de
exclusión residencial,regulado en la Ley de Vivienda de la Región de
Murcia, y combatir la pobreza energética.
La concejala Margarita Guerrero ha explicado que el Gobierno
autonómico tendría que haber llevado a cabo esa acción hace 16 meses, es
decir, tres meses después de la entrada en vigor de la modificación de
la ley tras su aprobación en mayo de 2016 en el seno de la Asamblea
regional con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
La citada ley contempla en su disposición final primera que "la
Comunidad Autónoma debe proponer a la Administración local, en un plazo
de tres meses a contar desde la entrada en vigor, los mecanismos para
garantizar el realojamiento adecuado regulado por la Ley 6/2015 de
Vivienda de la Región de Murcia".
Guerrero ha señalado que el Ejecutivo murciano incumple, además,
otras cuestiones recogidas en la norma como la presentación y
aprobación, también a los tres meses, de los documentos en los que se
contengan los coeficientes que ponderen los ingresos para determinar las
situaciones de riesgo de exclusión residencial.
Igualmente, no ha cumplido con otra de las disposiciones de la ley
10/2016 que apunta que el Gobierno desarrollará mediante un reglamento
"las previsiones incluidas en la presente respecto de los procedimientos
de mediación en ella previstos, los contenidos mínimos obligatorios de
los convenios entre administraciones públicas y empresas suministradoras
de agua, electricidad y gas".
Estos, juntos al incumplimiento de otros compromisos legales,
demuestran que el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras "vuelve a
hacer caso omiso a los acuerdos normativos aprobados en la Asamblea
regional, parlamento que, por otro lado, es el que le otorga su
legitimidad como gobierno", ha sostenido la edil.
Para la formación municipalista, "se trata de un gesto más de
irresponsabilidad del PP", a quien "no le importan en absoluto las
necesidades básicas de las personas más desfavorecidas" y el
cumplimiento de la Constitución, que reconoce el derecho al acceso a una
vivienda y a una vida digna, entre otros.
Además, ha recordado que el PP recurrió, "en su proceso de insumisión
a esta ley", dos de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, que
ya ha sido rechazado en una parte, mientras que la otra se encuentra en
estudio. Ninguno de sendos artículos tiene que ver con las medidas
mencionadas anteriormente.
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