MADRID.- El Gobierno de la Región de
Murcia, que preside el popular Fernando López Miras, se ha personado en
la causa abierta contra ACS por el supuesto amaño en el contrato de una
desaladora en la localidad de Escombreras, según publica El Economista.
La titular del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Murcia, María del Mar Azuar, está investigando,
en concreto, si bajo el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, también del
PP, se creó una trama para la adjudicación a dedo de la planta a Cobra,
una filial del grupo que preside Florentino Pérez, con un compromiso de
desembolsar 600 millones de euros en 25 años. Es un importe que
multiplicaría por cinco el importe real de la construcción.
Fuentes
del Ejecutivo regional, consultadas por este periódico, confirmaron que "nos hemos personado como parte interesada", entre otras
cosas para tener acceso a la información, insistiendo, no obstante, en
que "la desaladora de Escombreras es una infraestructura imprescindible
para cubrir las necesidades hídricas y que, actualmente, está al máximo
de su rendimiento".
La
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional
implica en un informe, adelantado por El Confidencial, a altos cargos
del Ejecutivos autonómico, entre los que se encuentra el que fuera hasta
2015 consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, imputado el pasado
mes de marzo; así como distintos directivos del grupo ACS, empresarios
locales y bufetes de abogados. Supuestamente, todos ellos habrían
participado en el presunto amaño, cargando las deudas de la desaladora a
los presupuestos regionales con contratos y facturas falsas.
La investigación se abrió a raíz de una
querella presentada por el fiscal de Urbanismo y Delitos
Medioambientales de Murcia, que fue admitida a trámite en 2015 a fin de
esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el
origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al
erario público".
La juez considera que podrían haberse cometido posibles
delitos de malversación de fondos públicos, fraude y administración
desleal, entre otros.
En
su último auto, la magistrada apunta ya que, aunque la planta fue
creada con capital privado, el propósito inicial era transformarla en
empresa pública, "asumiendo así el erario público todas las operaciones
millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación
pública, sin garantizar que los contratos suscritos por ella se
ajustasen a los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia".
En la instalación de Murcia se habría
replicado así, supuestamente, según la investigación llevada a cabo, el
mismo esquema que con el almacén de gas Castor en Castellón.
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