BARCELONA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil insiste al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, debe ser investigado en el ‘caso Púnica’
por haber mediado entre cargos del PP para que favorecieran a la trama,
principalmente a los empresarios investigados David Marjaliza y
Alejandro de Pedro, según adelanta hoy La Vanguardia.
En un informe fechado el pasado 18 de diciembre, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, los agentes encargados de los investigación señalan a Zaplana, ministro en la época de José María Aznar y ex presidente de la Generalitat valenciana, por haber realizado movimientos a favor de trama.
En un informe de noviembre, la UCO ya señalaba que podría haber cometido un delito de tráfico de influencias por contactar a la trama con la ex alcaldesa de Madrid y mujer de Aznar, Ana Botella.
En el nuevo documento entregado en la Audiencia Nacional, los
investigadores explican que a cambio de que le pusiera en contacto con
políticos, De Pedro -dueño de una empresa encargada de hacer trabajos de
reputación ‘on line’- le habría ofrecido alguna participación en un
proyecto empresarial que tenía en marcha en Sudamérica.
Provecho de los contactos políticos
La Guardia Civil se basa para sus sospechas en conversaciones
mantenidas entre De Pedro y el propio Zaplana, a quien le daba cuenta
de los pasos que iba a seguir en sus contactos con autoridades en países
como Panamá, Brasil o Guatemala.
En este negocio tenía previsto
invertir otro de los investigados en la causa, Javier López Madrid,
yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir.
”De Pedro y su socio José Antonio Alonso formaban parte de un grupo
de personas, vinculadas entre sí por relaciones personales y
empresariales, que sacaban provecho de los vasos comunicantes entre el
mundo empresarial y la vida política, siendo la puerta de entrada la
reputación ‘online’, dimensión de la vida pública actual de una
importancia
creciente, muy en especial para personas o instituciones que
dependen de la percepción social que se tenga de ellos, como es el caso
de los cargos públicos electos”, recoge el informe.
Zaplana, expresión del tráfico de influencias
Asimismo, la UCO destaca que “una de las expresiones del uso
del tráfico de influencias del que hacían uso De Pedro y Alonso han sido
los repetidos contactos con Eduardo Zaplana de quién perseguían que les
beneficiase en procesos de licitación”.
En concreto, señalan la
construcción de colegios a favor de David Marjaliza -amigo y socio
durante años del ex número 3 de la Comunidad de Madrid, Francisco
Granados, y principal investigado en la causa- así como en una obra a
una empresa vinculada al hermano de De Pedro.
En las conversaciones relativas a estos contactos existen “alusiones veladas” al pago de
comisiones. “La proximidad al poder político la habría labrado
gracias a las labores de reputación personal de cargos ‘públicos y la
contribución a las campañas electorales a través de los servicios web en
lo que se conocía como ‘campañas 2.0’ y a través de los contactos en la
vida política de su socio, José Antonio Alonso Conesa”, ex alcalde de
Cartagena (Murcia).
“Participación encubierta”
En este ámbito, la Guardia Civil sostiene que Zaplana les
facilitó los contactos con personas vinculadas con el Ayuntamiento de
Elche (Alicante) para la contratación de una campaña de desprestigio en
Internet en el marco de una situación de crisis política del gobierno
municipal que había perdido la mayoría, que se pretendía financiar como
la contratación de banners publicitarios.
”Ha quedado evidenciado el proyecto para dar participación a Zaplana
en alguno de las iniciativas empresariales que tenía previsto poner en
marcha Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso.
En este punto, llama la
atención que la participación de Eduardo Zaplana fuera de naturaleza
encubierta, desconociendo el trasfondo del conflicto de intereses que
pudiera existir en este aspecto”, concluye el informe.
Ignacio González, señalado
En otro informe, la UCO señala al ex presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presunta responsabilidad
penal por haber favorecido a la trama con dinero del Canal de Isabel II a
cambio de trabajos de reputación ‘online’ para su persona.
Según el
documento, De Pedro habría realizado trabajos de reputación ‘online’
tanto para González como para su antecesora, Esperanza Aguirre.
A cambio, desde la Comunidad de Madrid se habría adjudicado a las
empresa de De Pedro de manera irregular para beneficiarle.
Según la UCO,
“el uso instrumental de empresas públicas como Canal de Isabel II e
ICM, , donde varios de los implicados, como González, y los ex
consejeros Borja Sarasola y Salvador Victoria, ocupaban cargos de
responsabilidad, fue la estrategia nuclear empleada para encontrar vías
alternativas de pago de la deuda por servicios reputacionales prestados a
altos cargos de la Comunidad”.
González está encausado por otro asunto conocido como ‘caso
Lezo’ por el que fue enviado a prisión el pasado 21 de abril y donde
permaneció durante siete meses hasta que consiguió su libertad
provisional durante la fase de instrucción.
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