MADRID.- En pleno debate sobre la reforma del sistema de financiación,
las comunidades recibirán en 2018 más dinero que cualquier otro año.
Ingresarán 105.051 millones de euros, según las estimaciones oficiales
de Hacienda. Aunque dispongan de más recursos, las comunidades siguen
luchando contra el déficit público, recuerda hoy El País.
Aún recaudan por los impuestos
vinculados al ladrillo la mitad de lo que conseguían una década atrás.
Además, gestionan gastos crecientes: son las responsables de
competencias como la sanidad, educación o protección social, tres de los
cuatro pilares del Estado de bienestar. El envejecimiento de la
población crea más necesidades de gasto. Por eso, las autonomías tienen
que mantener cierta austeridad para evitar el descontrol de sus cuentas.
Los fondos que las comunidades recibirán en 2018 a cuenta del sistema de
financiación serán los mayores en los 33 años de la historia de la
financiación regional en España. Los ingresos autonómicos serán mayores incluso que los percibidos en 2009,
cuando el Ejecutivo socialista aportó 11.000 millones más en el modelo a
cambio de sacar adelante la reforma del sistema, que está vigente en la
actualidad.
Esta aportación extraordinaria resultó polémica porque se
hizo en los inicios de la crisis y contribuyó a agravar los problemas de
las finanzas públicas. Entonces las autonomías cosecharon 104.800
millones.
Diez años después, los presidentes autonómicos
dispondrán de 105.051 millones de euros procedentes del sistema de
financiación, unos 4.000 millones más que el año pasado. En esta
cantidad se incluyen las entregas a cuenta del sistema: se reparte el
98% de la recaudación prevista de los impuestos compartidos —el 50% del
IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los especiales—.
También se incluye la
previsión del cierre definitivo del sistema de 2016. Aquel año el
Gobierno hizo unas previsiones más prudentes pero la buena marcha de la
economía desbordó lo dibujado en los presupuestos. Por eso el Estado
central tiene que ajustar cuentas con los presidentes regionales.
Aunque las autonomías obtengan más dinero del sistema de
financiación será insuficiente para pagar los servicios públicos con la
misma calidad que en 2009, según concluyen los expertos escogidos por
Hacienda para que elaboraran un proyecto de reforma de la financiación
autonómica.
De hecho, las estimaciones de estos académicos sitúan en
unos 133.000 millones de euros en total —incluyendo sus ingresos
propios— los recursos que necesitarían los Ejecutivos regionales para
prestar los servicios de sanidad, la educación y la dependencia con las
mismas prestaciones que hace una década. Es decir, necesitarían unos
16.000 millones más.
¿Por qué si reciben más dinero que en 2009 no pueden prestar los mismos servicios?
Las comunidades son responsables de gastos crecientes. El capítulo que
ilustra mejor este fenómeno es la sanidad. La Autoridad Fiscal (Airef)
calcula que el gasto sanitario crecerá un 5% al año durante los próximos
año. Tras esta evolución se esconde el envejecimiento de la población,
la aparición de nuevos tratamientos más caros y el aumento del número de
pacientes crónicos.
Hay más motivos que explican que las comunidades sigan
manteniendo cierta austeridad. Aunque reciban más dinero procedente del
sistema de financiación, la recaudación de sus impuestos propios
vinculados al ladrillo, sobre todo impuesto de transmisiones (ITP),
recaudan la mitad que antes de la crisis.
Pendiente de la reforma
Además, hace una década las comunidades recibían más fondos
procedentes de Europa. Hasta 2006 España era el país europeo que más
recursos percibía para las regiones más desfavorecidas. Pero tras la
ampliación de la Unión Europea y, sobre todo, en el último presupuesto
comunitario 2014-2020 se redujeron los flujos hacía las regiones.
Por eso, el debate sobre la financiación autonómica está en
pleno apogeo. El Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a aprobar
un nuevo marco a principios de este año. Aunque existen varios
condicionantes que dificultan el proyecto. En primer lugar, el Ejecutivo
central siempre ha puesto más dinero para acordar el sistema con todas
las autonomías.
Pero tras una década de crisis y con tareas
presupuestarias pendientes no dispone de más recursos. Hacienda no
cierra la puerta a compensar esta falta de dinero por una
reestructuración de la deuda del FLA.
Y en segundo lugar, la situación
en Cataluña influirá en el sistema. La Generalitat ha liderado
tradicionalmente todas las reformas y ahora existen más que dudas de que
se involucre en la próxima reforma.
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