MURCIA.- Los supuestos responsables principales del gravísimo deterioro
ambiental del Mar Menor, derivado de largos años de aparente inacción
institucional y de impunidad frente a las prácticas agrícolas ilegales,
acaban de ser señalados frente a la Justicia en la denuncia que acaba de
presentar el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, y que acaba de adelantar La Verdad.
La
acusación pública se dirige contra el exconsejero de Agricultura y
Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y contra otros seis antiguos altos cargos
de su departamento, así como contra dos expresidentes de la
Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita y
María Rosario Quesada, el excomisario Manuel Aldeguer y otros tres altos
funcionarios del organismo de cuenca.
Por el lado del sector agrario,
el fiscal señala a 24 grandes empresas y agricultores particulares con
cultivos radicados en el Campo de Cartagena, a los que acusa de
prácticas ilícitas consistentes, básicamente, en la apertura de pozos no
autorizados, la instalación de desalobradoras ilegales y el lanzamiento
de los vertidos de salmuera resultantes a ramblas y pozos que,
inexorablemente, acababan contaminando las aguas de la laguna salada.
A
juicio al máximo responsable del Ministerio Fiscal en la Región, quien
durante más de un año ha investigado las causas de una degradación del
Mar Menor que no descarta que pueda llegar a ser "irreversible", las
administraciones públicas han sido perfectamente conscientes desde hace
largos años de que la "desmesurada e incontrolada" ampliación de
regadíos en el entorno de la laguna, a pesar de no tener garantía alguna
de que fueran a contar con agua para regar, derivó en la instalación de
cientos -posiblemente un millar- de desaladoras clandestinas, cuyo
'rechazo' iba directamente al acuífero del subsuelo o al Mar Menor.
Las
inyecciones de nitratos a la laguna se estiman en unas 3.300 toneladas
anuales, y la cantidad total acumulada en las últimas décadas podría
superar incluso las 371.000 toneladas, según cifra el informe del fiscal al que ha tenido acceso La Verdad.
Todos los informes internos,
estudios científicos, advertencias y denuncias que se sucedieron sobre
esa cuestión no sirvieron, en apariencia, para que desde la consejería
liderada por Antonio Cerdá, como tampoco desde la CHS que presidieron
Fuentes Zorita y Quesada, se adoptara prácticamente medida alguna, ya
fuera reparadora o sancionadora, para atajar esta situación. La
pasividad habría sido casi absoluta hasta el año 2012, cuando la
contaminación del más relevante ecosistema del sureste español alcanzaba
ya límites "desastrosos" y "calamitosos".
Díaz Manzanera, que no
ahorra calificativos para reprobar la actuación de los antiguos altos
funcionarios señalados en su denuncia, considera que los hechos son
constitutivos, cuando menos, de un delito contra el medio ambiente, con
las posibles agravantes de "riesgo de deterioro irreversible o
catastrófico", y de varios delitos continuados de prevariación, por lo
que pide al juez que vaya a asumir la instrucción que proceda a tomarles
declaración en calidad de investigados (antes imputados), al igual que a
los representantes de las 24 sociedades agrarias identificadas como
poseedoras de desaladoras ilegales y autoras de vertidos a la laguna.
Por
las repercusiones ambientales, socioeconómicas y políticas que ha
tenido y tendrá la degradación del Mar Menor, la denuncia de la Fiscalía
Superior está llamada a desembocar en una investigación que marcará un
hito en los juzgados españoles, a juicio de La Verdad.
El Ministerio Fiscal pide que se incoen las siguientes diligencias previas, «indispensables para la comprobación de los hechos»:
Además, el fiscal incluye a 24 agricultores y empresarios agrícolas como posibles causantes de los daños al ecosistema de la laguna salada. El fiscal les acusa de haber vertido al Mar Menor el 30% de las aguas subterráneas extraídas y que contenían todas las sustancias contaminantes, como nitratos, fosfatos y salmueras.
De la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Díaz Manzanera apunta a Antonio Cerdá, exconsejero; Francisco Moreno, exsecretario general; Ginés Vivancos, exdirector general de Industrias y Asociacionismo Agrario; Joaquín Maestre, exdirector general de Política Agraria Común; Ángel García Lidón, exdirector general de industrias agroalimetarias; Esteban Abad Salcedo, responsable de Sanidad Vegetal; y Francisco José González Zapater, actual director general de Agricultura y entonces técnico de Sanidad Vegetal.
Entre los que desempeñan o han desempeñado cargos en la CHS señala a los expresidentes José Salvador Fuentes Zorita y Charo Quesada; el excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer (actual director general del Agua en la Comunitat valenciana); y el exdirector técnico, Joaquín Ezcurra.
El fiscal ha destacado en su denuncia «la extrema importancia y urgencia en la adopción en este caso de medidas cautelares» para evitar que se cause «un perjuicio irreparable al bien jurídico protegido, al Medio Ambiente y a la Salud de las personas; y en orden a garantizar que pueda restaurarse en lo futuro el orden jurídico violado».
Díaz Manzanera solicita que, «a la mayor urgencia», se acuerde el requerimiento a todos los agricultores denunciados para que se abstengan de verter el 'rechazo' (salmueras) de sus desalobradoras a cualquier cauce público o a aguas públicas, al suelo o al subsuelo, con apercibimiento de incurrir en Delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal.
El fiscal superior insiste en «la vital importancia» de que la autoridad judicial acuerde esta medida, toda vez que la iniciación de actuaciones de investigación en vía penal paraliza la vía administrativa sancionadora y que, de no acordarse tal paralización, la continuación de la actividad contaminante denunciada «comportaría sin duda un perjuicio de imposible o de muy difícil reparación en el futuro».
Además, solicita que se fije una fianza (que podrá efectuarse por cualesquiera de los medios admisibles en Derecho) de la cantidad en que se valore los daños sufridos por el ecosistema, a abonar por los denunciados, una vez que se concreten los mismos.
Díaz Manzanera pide finalmente en su denuncia que el juez o jueza instructora tras tomar declaración a los denunciados, acuerde la libertad provisional de estos y el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria, «a fin de cubrir las posibles responsabilidades civiles que en su día se pudieran establecer».
El Ministerio Fiscal pide que se incoen las siguientes diligencias previas, «indispensables para la comprobación de los hechos»:
- Declaración como investigados a los denunciados, personas físicas y personas jurídicas.
- Que se tome declaración como testigos a todos los agentes de la autoridad que han realizado inspecciones.
- Que se tome declaración y ratificación de sus informes a los peritos.
- Que se declare la complejidad de esta causa.
- Que el perito Luis Burillo valore los daños causados al ecosistema.
Además, el fiscal incluye a 24 agricultores y empresarios agrícolas como posibles causantes de los daños al ecosistema de la laguna salada. El fiscal les acusa de haber vertido al Mar Menor el 30% de las aguas subterráneas extraídas y que contenían todas las sustancias contaminantes, como nitratos, fosfatos y salmueras.
De la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Díaz Manzanera apunta a Antonio Cerdá, exconsejero; Francisco Moreno, exsecretario general; Ginés Vivancos, exdirector general de Industrias y Asociacionismo Agrario; Joaquín Maestre, exdirector general de Política Agraria Común; Ángel García Lidón, exdirector general de industrias agroalimetarias; Esteban Abad Salcedo, responsable de Sanidad Vegetal; y Francisco José González Zapater, actual director general de Agricultura y entonces técnico de Sanidad Vegetal.
Entre los que desempeñan o han desempeñado cargos en la CHS señala a los expresidentes José Salvador Fuentes Zorita y Charo Quesada; el excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer (actual director general del Agua en la Comunitat valenciana); y el exdirector técnico, Joaquín Ezcurra.
El fiscal ha destacado en su denuncia «la extrema importancia y urgencia en la adopción en este caso de medidas cautelares» para evitar que se cause «un perjuicio irreparable al bien jurídico protegido, al Medio Ambiente y a la Salud de las personas; y en orden a garantizar que pueda restaurarse en lo futuro el orden jurídico violado».
Díaz Manzanera solicita que, «a la mayor urgencia», se acuerde el requerimiento a todos los agricultores denunciados para que se abstengan de verter el 'rechazo' (salmueras) de sus desalobradoras a cualquier cauce público o a aguas públicas, al suelo o al subsuelo, con apercibimiento de incurrir en Delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal.
El fiscal superior insiste en «la vital importancia» de que la autoridad judicial acuerde esta medida, toda vez que la iniciación de actuaciones de investigación en vía penal paraliza la vía administrativa sancionadora y que, de no acordarse tal paralización, la continuación de la actividad contaminante denunciada «comportaría sin duda un perjuicio de imposible o de muy difícil reparación en el futuro».
Además, solicita que se fije una fianza (que podrá efectuarse por cualesquiera de los medios admisibles en Derecho) de la cantidad en que se valore los daños sufridos por el ecosistema, a abonar por los denunciados, una vez que se concreten los mismos.
Díaz Manzanera pide finalmente en su denuncia que el juez o jueza instructora tras tomar declaración a los denunciados, acuerde la libertad provisional de estos y el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria, «a fin de cubrir las posibles responsabilidades civiles que en su día se pudieran establecer».
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