La UCO pide la imputación de un Zaplana, gravemente enfermo, en el ‘caso Púnica’ por tráfico de influencias

MADRID.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclama la imputación en el 'caso Púnica' del cartagenero y miembro del Consejo Social de la UPCT, Eduardo Zaplana, hoy gravemente enfermo de leucemia, por un delito de tráfico de influencias, según ha informado este viernes ‘El Confidencial’. 

La UCO habría incorporado un nuevo informe al sumario del caso en el que atribuye al exministro de Trabajo haber mediado para que Ana Botella contratara los servicios de empresas de imagen y reputación online investigadas en este procedimiento.

Según este informe, Zaplana concertó una cita el 26 de agosto de 2013 entre el responsable de una de estas empresas investigadas con la exalcadesa de Madrid en la vivienda que comparte con su esposo, José María Aznar, en una urbanización de Guadalmina (Marbella).

La UCO señala que por mediación de Zaplana, dos de estas empresas investigadas, Eico y Madiva, se adjudicaron varios trabajos para mejorar su imagen en internet y su posicionamiento en las redes sociales.

Según El Confidencial que ha tenido acceso al informe de la UCO, tras esta cita la entonces directora de comunicación del Ayuntamiento y exsecretaria de Zaplana, Elena Sánchez, comenzó a enviar a estas empresas noticias positivas sobre el Consistorio y la Alcaldía. Por ello, la UCO también atribuye un delito de de tráfico de influencias a Elena Sánchez.

Para pagar estos servicios, la exsecretaria de Zaplana acordó con estas dos empresas pagarles las facturas a través de Irismedia SL, un contratista del Consistorio. Según la UCO, Eico y Madiva se embolsaron durante el 2014 5.213 euros abonados por Irismedia SL.

Otro de los que habrían actuado como mediador en esta gestión fue el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, al que atribuye un delito de tráfico de influencias. Además, atribuye al representante de Eico y Madiva, un delito de malversación de caudales públicos.

La UCO ha trasladado este informe a la Fiscalía para que estudie los hechos denunciados y su calificación penal. Una vez reciba las conclusiones de la Fiscalía, el juez Manuel García-Castellón será el encargado de decidir sobre las posibles imputaciones y citaciones a declarar.