CARTAGENA.- La oposición aceptó este martes en la Asamblea reelaborar ocho enmiendas y retirar otras cinco del decreto ley
de medidas urgentes para la sostenibilidad del mar Menor, con el fin de
intentar compatibilizar las demandas de los agricultores del campo de
Cartagena y la necesidad de regenerar la laguna.
De esta
forma, la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y
Agua de la Asamblea Regional decidió, con los votos a favor de PP, PSOE
y Ciudadanos, y en contra de Podemos, crear una ponencia que analice el contenido de las 43 enmiendas conjuntas presentadas por la oposición.
Entre
estas iniciativas, cuya votación prevista para este martes se ha
pospuesto hasta que finalice la ponencia, se encuentran la ampliación de
la zona 1, la más restrictiva para los usos agrarios, que pasaría a tener 16.500 hectáreas en lugar de las 9.160 aprobadas el pasado mes de abril en la Cámara autonómica.
En esta área, de influencia directa, es obligatorio implantar estructuras vegetales de barrera y conservación, destinadas a la retención y regulación de aguas,
control de escorrentías, absorción de nitratos y protección frente a la
erosión del suelo. Además, los cultivos seguirán las curvas de nivel,
según la orografía del terreno, y queda prohibido el laboreo y cultivos a
favor de pendiente.
El diputado socialista Antonio
Guillamón reconoció que, tras mantener tres reuniones con organizaciones
agrarias y otra con la Asociación Nacional de Fabricantes de
Fertilizantes, los tres grupos de la oposición han decidido hacer una nueva redacción de 8 enmiendas para "evitar algún tipo de fricción" con el sector.
Además,
PSOE, Ciudadanos y Podemos retirarán las enmiendas que obligan a
establecer barreras vegetales a los propietarios de fincas agrícolas en
las zonas 2 y 3, la ampliación de estas franjas de vegetación autóctona
hasta los 5 metros de anchura y renunciar a que los invernaderos
dispusieran de sistemas de circuito cerrado de recogida de lixiviados y
drenajes.
Entre las enmiendas que se van a reelaborar, la oposición ha acordado que se cambie la obligatoriedad de usar fertilizantes de
acción lenta por la acepción controlada, así como que el estiércol se
pueda apilar los meses de verano cuando contengan un porcentaje inferior
al 3% de nitratos.
La intención de la oposición es que
la Junta de Portavoces ordene la celebración de dos sesiones de la
ponencia, una en diciembre y otra en enero, con el fin de que el 15 de
enero se vote el dictamen de las enmiendas.
Guillamón lamentó la "actitud hostil"
del PP hacia la ponencia constituida, cuyo objetivo es "agotar todas
las posibilidades de entendimiento" en un asunto en el que hay "dos
sistemas que colisionan", como ha calificado al ecosistema del mar Menor
y a la actividad agraria del campo de Cartagena.
Para el
diputado socialista, la oposición está "haciendo lo correcto" cuando
pretende "restringir" la actividad de los agricultores "lesionando sus
intereses lo menos posible" con unas enmiendas que, según ha
cuantificado, "recogen el espíritu" de las propuestas del Comité Asesor
Científico del Mar Menor creado por el Gobierno regional.
Por su parte, la diputada de Podemos María Giménez justificó el rechazo a la creación de la ponencia,
tal y como había acordado previamente con PSOE y Ciudadanos, debido a
la intención del PP de "boicotar" las reuniones de este órgano, al
tiempo que ha matizado que los cambios en las ocho enmiendas obedecen a
una "mejora en la redacción y no en el contenido".
Desde
las filas de Ciudadanos, Luis Fernández recordó que las propuestas de la
oposición obedecen al cumplimiento de legislación comunitaria y ha
criticado el decreto ley del Gobierno regional porque "exacerba a la
agricultura".
Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano justificó el apoyo a la ponencia porque es la "única manera de frenar la tropelía y el disparate"
de las enmiendas de la oposición que, según ha asegurado, causarían la
pérdida de 20.000 empleos directos, la pérdida de 3.500 hectáreas de
cultivos, un impacto económico de 20% y peticiones de indemnizaciones
del sector por importe de 500 millones de euros.
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