Entre las
críticas más generalizadas a la acción del Gobierno frente a la
crisis catalana está su inacción en el ámbito internacional.
Políticos, profesionales y periodistas reprochan a la escasa
actuación del servicio exterior, de las embajadas, de los
diplomáticos, el éxito que han conseguido los independentistas
en algunos de los grandes medios de comunicación
internacionales y en sus lectores.
En cambio, en esta ocasión el éxito del presidente del Gobierno ha sido incontestable. Falta le hace a la economía española.
El negro panorama sobre la desaceleración de la economía española que
ha presentado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(Airef), si continúa la crisis por un período prolongado de tiempo,
supone una advertencia muy autorizada sobre la necesidad urgente de
empezar a actuar sin demorar más las decisiones.
Con ocasión de la presentación de los resultados trimestrales de la
banca llegará la oportunidad de cuantificar como está sufriendo el
sector las consecuencias de la crisis catalana. La propuesta de los
nacionalistas de retirar los depósitos de las principales entidades
afincadas en Cataluña puede provocar una crisis de liquidez y de
confianza que se debe despreciar.
El apoyo de los grandes líderes de la Unión Europea debe servir de
estímulo para que el Gobierno recupere la iniciativa respecto de la
solución para este problema. Habrá que analizar también los fracasos
sufridos. Empezando por el de la comunicación. El Gobierno debe admitir
que en este terreno ha sufrido importantes fracasos.
En las últimas semanas se ha tratado de explicar el fracaso de la
política de comunicación con los medios internacionales por la falta de
presupuesto que tendría el Ejecutivo. Destacados profesionales
transmiten la idea de que el Ejecutivo no habría podido contratar
grandes agencias de comunicación porque no existen recursos para ello.
Estas mismas fuentes contraponen a su vez la gran cantidad de medios
de los que ha dispuesto la Generalitat para difundir sus equívocos y
mentiras en los que se ha basado para defender y celebrar el ilegal
referendo de independencia.
De ser esto así debería conducir a un replanteamiento de la actual política de contratación de los servicios públicos para la difusión de la verdadera imagen del país. Acudir a la utilización de los fondos reservados, como proponen desde ámbitos profesionales y políticos, abriría la puerta a pensar que estamos defendiendo una democracia vergonzosa. Y no es el caso.
Una muestra clara de que se puede actuar de otra forma ha sido lo
sucedido este jueves en Bruselas. Los presidentes de la Comisión el
Consejo y el Parlamento Europeo han dado su apoyo claro a las tesis del
Gobierno de no permitir un referéndum ilegal. Lo han hecho también
explícitamente los líderes de Francia, Alemania, Holanda y Luxemburgo,
por citar solamente los que se han manifestado más explícitamente sobre
la cuestión catalana, pese a que no estaba en la agenda del Consejo.
Puede decirse que el éxito ha sido rotundo.
En esta ocasión los independentistas catalanes solo han contado con
un apoyo matizado por parte del primer ministro belga, Charles Michel
quien sigue manteniendo una posición similar a la que defendió hace días
cuando confesó que si fracasaba el diálogo en Cataluña, cabría
plantearse una mediación internacional.
No debe extrañar esta propuesta viniendo del primer ministro de un
país, como Bélgica, con tres comunidades que son incapaces de romper las
barreras culturales que han venido construyendo desde hace más de medio
siglo, pero ahí siguen ellos bajo la misma bandera.
Lo que ha molestado más al presidente del Ejecutivo español, y así lo
ha dejado entender con el frío trato que ha mantenido durante la
celebración del Consejo con el primer ministro belga, ha sido la condena
sin matices que ha realizado Michel de la violencia, en referencia
directa a la actuación de la Policía Nacional para tratar de impedir la
votación el día del referéndum. NI una palabra contra las ilegalidades
cometidas por la Generalitat y la presidenta del Parlament.
El Gobierno, pese a que dice que no hay ningún problema con Bélgica
por este asunto, hubiera preferido que su primer ministro Charles Michel
hubiera enfatizado la necesidad de volver a la normalidad
constitucional como condición previa para iniciar el diálogo sobre las
futuras relaciones entre el Estado y las autonomías.
El éxito de comunicación del presidente del Gobierno en esta ocasión,
no debe hacer olvidar que queda un trabajo hercúleo por delante. Si la
Generalitat no revierte la situación creada con la abolición de hecho de
la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, la aplicación de
las medidas que permite el artículo 155 de la Constitución no lo arregla
todo.
El primer paso lo tiene que dar la Generalitat volviendo a la
legalidad previa al 6 y 7 de septiembre días en los que el Parlament
aprobó las leyes de referéndum y de transitoriedad a la República
Catalana.
Pero el Gobierno también tiene que desplegar una oferta de
posibilidades que hasta ahora no ha hecho. Cataluña sabe que no cuenta
con apoyo nacional ni internacional. Pese a la gravedad de la situación
todavía no hay daños que sean irreversibles. Pero de continuar la
tensión no se puede descartar ningún daño, incluso los mayores de
pérdida de vidas.
(*) Periodista
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