En la España franquista había dos tipos de presos, los llamados
comunes, es decir por delitos que podríamos llamar normales y
corrientes, y los políticos, que eran aquellos a los que se había
condenado a prisión por su pertenencia a partidos políticos y sindicatos
ilegales, o por actuar en forma (supuestamente) delictiva según la
normativa legal vigente entonces: promover y organizar huelgas, etc.
Parece ser que dentro de las cárceles procuraban no mezclarse, pues
los políticos no se consideraban realmente delincuentes (y con razón), y
además tenían un nivel cultural y social muy superior al de los
delincuentes comunes.
Por supuesto que había excepciones, y en algunas prisiones esos
políticos (omito la denominación de delincuentes, pues realmente no lo
eran) hicieron una labor cultural, divulgativa, de instrucción de los
presos comunes, muchos de los cuáles tampoco eran realmente
delincuentes, sino personas a las que la sociedad había tratado a
patadas, en muchas ocasiones desde su nacimiento hasta la muerte.
Hoy en día en España no tenemos delincuentes políticos, y es una
pena, pues realmente hay más delincuentes políticos que comunes.
Aunque en realidad no habría que llamarles delincuentes políticos,
sino políticos delincuentes. O más bien delincuentes chorizos, con lo
cual podríamos clasificar dos grupos de delincuentes, los comunes y los
chorizos. Chorizos al por mayor, evidentemente.
La pena es que, gracias a los aforamientos, la existencia de un
Tribunal Supremo altamente politizado, y de unas Salas de lo Civil y
Penal en los Tribunales Superiores de Justicia, dónde uno de cada tres
magistrados es nombrado a propuesta del parlamento autonómico
correspondiente, etc., hacen que, en la práctica, estos políticos
chorizos raramente sean investigados, y mucho menos condenados.
Al fin y al cabo, el ideal de cualquier delincuente es poder nombrar al juez que le va a juzgar, o, por lo menos, influir decisivamente en su nombramiento…
(*) Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
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