Los acontecimientos de Cataluña están provocando desánimo,
indignación y una profunda decepción en un amplio sector de la
ciudadanía española por causa de la débil -‘proporcional’- y a todas
luces escasa respuesta que el Gobierno de Rajoy y el Tribunal
Constitucional están dando a los golpistas del referéndum del 1-O que
permanecen instalados en las instituciones que el Estado tiene en
Cataluña.
Un desistimiento en las funciones y el mandato constitucional que
ambos, Gobierno y TC, tienen y al que se ha sumado con entusiasmo el PSOE
desde donde Pedro Sánchez ha llegado a decir que ‘en el referéndum 1-O
no debe haber vencedores ni vencidos’, o sea un empate entre los
demócratas y los golpistas (sic).
Algo con lo que ahora parecen conformarse los dirigentes del PDeCAT
cuando declaran que no son partidarios de una Declaración Unilateral de
Independencia, como si con ello nos hicieran un favor y de esa manera se
garantizaran un sitial -de igual a igual con los demócratas- en una
posterior mesa de negociación entra la Generalitat y el Estado, venido a
menos.
Recordaba hace unos días el admirable escritor Felix de Azúa que
durante el golpe del 23-F de 1981 al menos dos personas, un militar
(Gutiérrez Mellado) y un civil (Adolfo Suárez), se quedaron de píe
mientras el resto de diputados se agacharon (con excepción de Santiago
Carrillo que permaneció sentado). Y concluía su artículo en El País
(19/09/2017) diciendo en referencia al golpe catalán y al
comportamiento de los demócratas: ‘allí están todos agachados hasta
saber quién gana. No hay ni dos de pie.’
Mientras tanto en Cataluña siguen los preparativos del referéndum por
parte de la Generalitat y la campaña por el ‘si’ a la independencia de
los dirigentes de PDeCAT, ERC y CUP. Todo eso que ha sido prohibido por
el TC, Tribunal que parece haberse tomado unas vacaciones para no tener
que aplicar el artículo 92 de su propia Ley, suspendiendo como debiera
en sus funciones tanto al Govern de Puigdemont como a la Mesa de
Forcadell.
Un notable desistimiento del TC al que se suman otros del Gobierno y
de su Fiscalía que se resiste a imputar el delito de sedición a los
máximos autores del golpe, Puigdemont y Forcadell incluidos, porque
dicho delito conlleva duras penas de cárcel y parece claro que tanto
Rajoy como Sánchez no quieren que se aplique la Ley como se debe y
prefieren que todo se quede en unas multas llevaderas, como las que
ahora le están pasando al cobro a Artur Mas por la consulta del 9-N de
2014.
Naturalmente todo esto de la Democracia, el imperio de la Ley, el
Estado de Derecho y la Constitución se ablanda y relativiza en aras del
sueño imposible de recomponer la convivencia catalana y la unidad de
España -por la que ayer hizo votos el Presidente Trump- en un abrir y
cerrar de ojos. Y una vez que se otorgue a Cataluña el título de nación y
se le reconozca un concierto fiscal como el del País Vasco, es decir
ofreciéndoles más dinero a cambio de unos pocos años de lealtad
constitucional como ha insinuado el ministro De Guindos al Financial
Times.
Crece la sensación de orfandad en la ciudadanía española y la de
estupor entre los demócratas que residen en Cataluña mientras nos
acercamos a la fatídica fecha del 1-O con un continuo tira y afloja de
trucos y contra trucos entre el Gobierno de España y el de la
Generalitat que hace ya tiempo que debió estar suspendido por el
Tribunal Constitucional. Y que, diga lo que diga el PDeCAT, incluye
entre sus planes el proclamar la independencia de Cataluña desde el
balcón de la Generalitat.
(*) Periodista y editor de www.republica.com
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