A menos de 90 horas de que inicie lo que puede ser el comienzo de la
independencia de Cataluña de España, y la consumación del golpe de
estado por parte del nacionalismo más radical, con una declaración
unilateral de independencia, según ha salido a relucir este miércoles en
la sesión de control del Ejecutivo en el Parlamento, de la que ha
estado ausente el Presidente del Gobierno que regresa de Washington.
La
tensión, por horas, aumenta en las calles de Cataluña, que ya está
siendo tomada por manifestantes, especialmente universitarios y alumnos
de Institutos, mientras que en el resto de España numerosos sectores se
movilizan para, manifestarse también en las calles y hacer una
exhibición de “nacionalismo español”, algo que ha resucitado con fuerza y
que puede producir todo tipo de sorpresas. Aumenta la tensión dentro y
fuera de Cataluña y son muchos los que temen lo peor.
Sigue hablando la Justicia, tanto la Fiscalía General del Estado,
como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como los
Jueces, de Instrucción de Barcelona y de la Audiencia Nacional en
Madrid, que son los que están manejando la situación, de forma que todo
parece quedar sometido al criterio del fiscal general del Estado José
Manuel Maza que es, por el momento, el que está llevando la iniciativa
para impedir la celebración del Referéndum, para este domingo.
Los
Mossos han recibido ya las últimas instrucciones de cómo deben actuar el
día 1 de Octubre, de cómo tienen que ocupar todos los colegios de
votación desde el día 30, hasta las nueve de la noche del domingo, y de
cómo deben impedir incluso que a cien metros se puedan establecer urnas.
No han dicho nada en lugares superiores a esos cien metros ni si se
pueden instalar a esas distancias urnas de cartón.
En un espectáculo hasta cierto punto cómico, hay convocada dentro de
unas horas, dos Juntas de Seguridad de coordinación de las Policías
Nacionales, Autonómica, Municipales y Guardia Civil. Una, presidida por
el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, en la Delegación del
Gobierno, donde se ha instalado el máximo dirigente policial del 1-O, y
otra en la Generalitat, convocada y presidida por el presidente
Puigdemont a la que asistirá no solo Pérez de los Cobos, sino también
el secretario de estado de Interior Enrique Nieto, en lo que supone el
choque de dos formas totalmente contradictorias de contemplar la jornada
clave del domingo, una jornada que corre el peligro de salirse de
control y no sólo porque lo haya advertido el jefe de los Mossos, sino
por los organizadores, dos de los cuales ya han sido advertidos de que
pueden ser juzgados por delitos de sedición.
Tanto por los distintos criterios manejados por los diversos mandos
policiales como por los planteamientos políticos que tienen. La
legalidad (no reconocida ya, de hecho, por el Govern, según la Ley de
Transitoriedad que está, según el Parlamento catalán, por encima de
cualquier legislación) exige la no celebración del Referéndum y, la
obligación de los Mossos, según ha venido repitiendo el delegado de
Interior de la Generalitat y el propio Presidente, está en obedecer las
órdenes que emanen del Palau de la Plaza de Sant Jaume, órdenes que
pasan por la celebración de la consulta.
Ante el silencio de los políticos (Rajoy sigue volviendo de
Washington) son los fiscales y jueces los que siguen hablando y hoy
desde la Audiencia Nacional (cuando un poder deja de ejercerse siempre
es otro el que lo llena), ha comenzado a investigar, por posible delito
de sedición, los graves sucesos de la Consejería de Economía de la
Generalitat, en la que la Guardia Civil estuvo cercada durante toda la
noche por manifestantes que destrozaron un coche, hicieron desaparecer
numerosos pertenencias entre ellas armas, recuperadas más tarde, e
intentaron agredir a los agentes, mientras les arrojaban todo tipo de
objetos.
Se consideran responsables de esos incidentes al presidente de la
Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) Jordi Sánchez, y el presidente de
Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Dentro de todas estas contradicciones y el protagonismo de la
Fiscalía que ha asumido el verdadero papel director contra “el proceso”
independentista, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha
ordenado este miércoles a la Fiscalía, a cuatro días del referéndum del
1-O, que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” para
impedir la votación porque una magistrada del alto tribunal catalán ya
ha asumido la investigación y ha ordenado a los Mossos d’Esquadra, la
Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de
locales o edificios públicos para la preparación del referéndum y que
obligue a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.
En un auto, la magistrada tribunal catalán Mercedes Armas, que dirige
la causa abierta por el 1-O contra el Govern, advierte a la Fiscalía
que debe cesar sus actuaciones en relación al referéndum, en virtud de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé esta medida cuando exista un
procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos.
(*) Periodista y economista
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