MADRID.- La Audiencia Nacional ha condenado al empresario murciano Luis Nicolás Mateos a seis años de cárcel por estafa continuada, falsificación de documento mercantil y delito contra la Hacienda pública en la construcción del complejo turístico Lagoa en Brasil, que nunca llegó a levantarse.
En la sentencia conocida hoy, la sección tercera de la sala de lo
Penal también condena a los hermanos Clemente Lozano,- Segundo Francisco
y Francisco-, a diez meses de prisión como cooperadores necesarios, y
declara la nulidad en origen de los contratos de compraventa relativos a
la promoción.
Los hechos se remontan a 2003, cuando Mateos comenzó a ofrecer 3.500
apartamentos de lujo en el complejo residencial Lagoa Do Coelho Resort,
en el estado de Río Grande do Norte, en Brasil, que supuestamente debía
contar con centros comerciales, un lago, un teatro e instalaciones
deportivas.
Pese a no disponer ni de soporte económico ni de financiación para
acometer el proyecto, comenzó la promoción sobre plano con el fin de
lucrarse "de forma ilícita" de las cantidades entregadas por los
compradores, que inicialmente abonaron 4.500 euros en concepto de señal.
Ahora la sala considera acreditado el "engaño", en tanto que
"arrancando de la propaganda publicitaria, que es el gancho para
convencer y sabedor de que no tenía infraestructura financiera, organizó
unas ventas sobre plano con importantes desembolsos de los
interesados".
En este sentido, destaca como circunstancia agravante la
"autopromoción poderosa del proyecto", que se aprovechó de la
credibilidad profesional de las publicaciones de contenido económico que
se hacían "eco" de ella, y añade que los contratos suscritos con los
compradores "no eran auténticos", en tanto que Nicolás "simuló el
consentimiento".
Respecto al papel de éste, la sentencia apunta a que su voluntad "no
fue contratar sino configurar un contrato para fines ilícitos, que
alcanza la naturaleza de mercantil", pues en muchos casos "implicó el
otorgamiento de avales por entidades bancarias para garantizar el cobro
de los pagarés por la sociedad de Nicolás".
También se detiene en el "papel" de los hermanos Clemente Lozano,
"génesis" del delito de falsificación, que supusieron un "auxilio
imprescindible de la simulación", al suscribir con su firma las facturas
ya preparadas.
Entre los años 2005 y 2008 una amplia nómina de compradores adquirió
apartamentos en el complejo, cuyo precio oscilaban entre los 76.500 y
los 130.758 euros, con el compromiso de que la primera fase de las
viviendas comenzarían a entregarse en junio de 2008, y las segundas, en
el primer trimestre de 2009.
Al margen de la señal, éstos podía optar entre abonar el 25% del
total a la firma del contrato y otro 15% a los seis meses mediante
transferencia, o bien un 15% del precio más un pagaré avalado por un
banco por un importe equivalente al 25% del precio final.
Durante la vista, el letrado de Mateos defendió la solvencia del
empresario como promotor inmobiliario en Murcia, para lo cual siempre
contó con el respaldo de entidades como el Banco Popular, que "se habría
quedado con gran parte de los fondos".
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