MADRID.- El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que
viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades
locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser
fiscalizadas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas lo
hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.
“Esta recomendación
ya se formuló en 2003”, afirma en varias ocasiones el órgano
fiscalizador en el informe que ha aprobado sobre el sector local en
2015, en el que insiste en lo
que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden:
que se impongan medidas más duras para que las entidades se dejen
fiscalizar.
Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus
cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general,
el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la
liquidación del presupuesto y la memoria.
En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el
incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de
diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27 por
ciento de las entidades no había entregado al Tribunal las cuentas de
2015, tres puntos más que el año anterior.
La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de
2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre
la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e
ingresos: sólo la entregó a tiempo el 56 por ciento de las entidades,
por debajo del 62 por ciento del año anterior. En el caso de los
ayuntamientos, cumplió el 60 por ciento y entre los cabildos y consejos
insulares, sólo el 10 por ciento.
El mayor incumplimiento, en Andalucía
Por comunidades autónomas, el mayor incumplimiento se registra en
Andalucía, donde sólo un 34% había cumplido con el envío de la
documentación de 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir,
dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus
balances al tribunal.
A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha,
Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el
37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que
preside Ramón Álvarez de Miranda.
Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La
Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90 por ciento, y
sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93 por ciento. El
motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de
subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de
cuentas, una medida que, en su opinión, podría expliocar que en esta
comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el
cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre
2014 y 2015.
Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así
lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local.
El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios
lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el
propio Tribunal.
Recetas ignoradas por los sucesivos gobiernos
Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen
medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un
lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en
todo el país como “indispensable” para poder acceder a subvenciones y
ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.
También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa
estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar
la documentación, porque “la diversidad genera de manera innecesaria
divergencias y desajustes temporales”.
El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de que esos
plazos sean más breves, para que se aproxime lo más posible al ejercicio
que se va a fiscalizar. “Esta recomendación ya se efectuó en el informe
de 2009”, recalca el órgano auditor.
Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace
muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades
locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin
ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación
efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras
reales.
Menos deuda, más inversiones reales
El informe repasa por lo demás las principales cifras de ingresos y
gastos de las entidades locales en 2015. En ese año, el gasto total del
conjunto del sector fue similar al del año anterior y como en ejercicios
anteriores, el área a la que más recursos dedicaron fue la de servicios
básicos, el 34 por ciento.
Le siguió el apartado de actividades de carácter general
(administración, atención al ciudadano, transferencias a otras
administraciones, etc), el 21 por ciento. Educación, sanidad, cultura y
deporte se llevaron el 14 por ciento y la protección y promoción social,
el 11.
La deuda pública absorbió el 12 por ciento del presupuesto ejecutado
en 2015, según el Tribunal de Cuentas, lo que supone una reducción del
15 por ciento registrado en 2014. “Esta disminución ha sido el hecho más
característico en el gasto ejecutado en 2015”, dice el órgano
fiscalizador, que también subraya el aumento del 14 por ciento en las
inversiones reales.
Este último capítulo ha ido creciendo desde el año 2013, con la
salida de la crisis económica, y el aumento acumulado desde entonces es
del 36 por ciento.
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