MADRID.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo viene
recibiendo periódicamente desde 1983 tantos recursos del Gobierno de
Castilla-La Mancha como trasvases ilegales se realizan desde los
pantanos de la cabecera del río Tajo al Segura. Todos los gobiernos
autonómicos presididos por Bono, Barreda y Page, con la excepción del
liderado por María Dolores de Cospedal (2011-2015), han pedido amparo al
Alto Tribunal para que pusiera coto a lo que desde la cuenca emisora se
considera un expolio del agua en toda regla y un deterioro
medioambiental sin precedentes que ha convertido al Tajo en una cloaca a
su paso por Aranjuez y Toledo, según recuerda www.elplural.com
El Supremo, además de emitir sus sentencias hasta con cinco años de
retraso, obvia el principal argumento de los recursos
castellano-manchego, y es que de donde no hay no se puede trasvasar,
como así ha quedado ahora claro con el demoledor informe presentado esta
semana por Greenpeace, que bajo el título “La trama del agua en la
cuenca del Segura”, recoge ilegalidades, ocultación de información,
mediciones trucadas, robo de agua, trato de favor a grandes empresas…
que los jueces del TS no ven o no quieren ver en los 23 recursos que ha
presentado el Gobierno de Toledo durante los dos últimos años, y que
ahora los ecologistas consideran “malas prácticas e intereses creados”.
Déficit de agua ficticio
Greenpeace, que no da puntada sin hilo, ha elegido para este nuevo trabajo el título “La trama del agua en la Cuenca del Segura”
convencidos de que “encaja, sin exageración, en las dos acepciones que
del concepto “trama” define la Real Academia de la Lengua Española:
conjunto de hilos que cruzados y enlazados con la urdimbre, forman una
tela; y confabulación con la que se perjudica a alguien”, al mismo
tiempo que recuerdan el “déficit de agua ficticio” en Murcia,
con el que se intentaba justificar la necesidad de megaconstrucciones y
grandes plantas de desalación.
“Incluso antes, el trasvase
Tajo-Segura nació por una avidez de negocio de los poderes económicos
del momento, más que por una necesidad real”, añaden, “hubiera bastado
utilizar los recursos renovables de los acuíferos para regar las mismas
extensiones”, precisan y acusan a la política hidráulica de España de
“ocultar ese grave error y perpetuar el modelo”.
El Trasvase podría cerrarse en tres años
Y no solo eso, Greenpeace avala con argumentos la necesidad de cerrar el trasvase Tajo-Segura en tres años, asegurando que se “han manipulado y ocultado sistemáticamente datos que justifiquen el trasvase
y la idea de la escasez de agua ha sido repetida a modo de mantra por
políticos, administraciones y medios de comunicación hasta ser grabado
en el subconsciente de la ciudadanía.
Para los ecologistas, Murcia “puede ser perfectamente autosuficiente
con el agua subterránea y no necesitar el trasvase Tajo- Segura nunca
más”, agregan, “nos hicieron creer que la única agua accesible
es la fluvial y como es poca vemos que hay un déficit pero es ficticio;
es un dato erróneo; es una trampa contable porque no hemos incluido
entre 500 y 800 hectómetros de aguas subterráneas que van al mar”.
Esta es la principal conclusión del hidrogeólogo Francisco Turrión recogida en el informe de Greenpeace.
“No hay agua para un pequeño agricultor o ganadero y en cambio sí para
grandes extensiones de regadío que no cesan de crecer a pesar de que no
se pueden ampliar regadíos; no falta agua para urbanizaciones ni
plantaciones de grandes empresas”, añade Turrión.
Testimonios demoledores
En su estudio la organización también ha recogido los testimonios, que han reflejado en un vídeo, de personas afectadas por la mala gestión del agua e irregularidades en la cuenca del Segura y las amenazas que sufren. Tal y como explica el exagricultor Pedro Morales: “Una
vez me amenazaron introduciéndome una pistola en la boca y diciéndome
que si continuaba me iban a quitar del medio igual que le pasó a otra
persona. No querían que yo denunciara lo que me había pasado, en la
administración y en los juzgados, ni los daños que me habían causado
cuando tuve que dejar mis tierras arrendadas porque en ellas estaban
haciendo pozos ilegales”.
Fiscalía de Medio Ambiente
La gravedad de los hechos ha llevado a la consejera de Fomento,
Agustina García Élez, ha manifestar que “el Gobierno de Castilla-La
Mancha está estudiando y valorando la viabilidad jurídica para presentar
el informe de Greenpeace ante la Fiscalía de Medio Ambiente, y así
darle mayor fuerza a las denuncias que ya se han formalizado por parte
de ayuntamientos como los de Toledo o Aranjuez”.
En la misma línea, ha
expresado que “hay un tema en el que discrepamos con el informe de
Greenpeace y es en los plazos”. Las conclusiones del documento fijaban
el fin de un hipotético trasvase dentro de tres años, a lo que ha
subrayado que “tenemos claro que no va a poder finalizar en tres años,
porque no hay agua. Nuestra idea es que el trasvase sea cero y lo sea
desde ya, como hemos dicho siempre que hemos alzado la voz y como se lo
hemos trasladado al Ministerio”.
“El Tajo ya no aguanta más”
García Élez ha querido agradecer al colectivo el trabajo realizado
con ese informe y ha dicho que “viene a decir lo que el Gobierno
regional viene manifestando desde el inicio de legislatura, que hay unas
prácticas, que no son muy legales, por parte de otras comunidades
autónomas a la hora de pedir o utilizar el agua”. La consejera ha
reiterado que “nosotros nunca nos hemos negado a ser solidarios y
Castilla-La Mancha siempre lo ha sido en materia de agua, el problema es
que ya no la hay, el Tajo ya no aguanta más”.
La responsable de Fomento del Ejecutivo regional ha añadido que “el
Tajo está seco, tiene un volumen de poco más del 10 por ciento de su
capacidad y un 9,5 por ciento menos de agua que hace un año, en términos
interanuales”; por eso ha pedido al Gobierno de España y al Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente que “tienen que ser conscientes, dado
que cada año tenemos menos precipitaciones y hay un cambio climático que
nos está afectando notablemente”.
Hasta que eso ocurra, la consejera
castellano-manchega se ha comprometido a seguir en la lucha
“reivindicando no solo los 23 trasvases, para nosotros ilegales, sino
esperando a que la justicia se pronuncie para darnos la razón mientras
utilizamos otras iniciativas como el informe de Greenpeace, que viene a
dar la razón al Gobierno de García-Page”.
Por su lado, los murcianos continúan en sus trece, catalogando los
recursos de “pataleo, actitud a la desesperada y mecanismos para
confundir a la opinión pública sobre el uso del agua en la región de
Murcia”.
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