Para que haya justicia, como sabe todo
el mundo, debe ser impartida por jueces libres, independientes e
imparciales que, como decía un militar del ejército español, "nada
tengan que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad". Esos tres
requisitos son de distinto calado. En cuanto seres humanos dotados de
raciocinio, autonomía y libre albedrío, la libertad se les presupone.
Nadie atendería a un juez que estuviera encadenado. Eso es obvio y vale
también para el otro tipo de libertad, el moral. Los seres humanos somos
libres. Lo somos incluso cuando decimos o hacemos el mal, pretextando
que estábamos coaccionados. Fuimos libres y elegimos ceder a la
coacción. Salvo los reducidos a cautiverio físico, los jueces son
siempre libres. Libres de hacer justicia o hacer injusticia. Es cosa de
su conciencia.
Los
otros requisitos son más tornasolados. Dos de los jueces que, gracias a
los equilibrios y normas de distribución y reparto de tareas,
entenderán de los casos de la Gürtel y los papeles de Bárcenas, que
afectan directamente al partido del gobierno, esto es, Enrique López y Concepción Espejel
ofrecen motivos fundados para poner en cuestión su imparcialidad. Dos
de las acusaciones particulares, el PSOE y la Asociación de Abogados
Demócratas de Europa (ADADE) están elaborando los escritos de
recusación. Tanto López como Espejel han dado suficientes muestras de
familiaridad y hasta intimidad con los gobernantes.
No es solamente que
el PP los propusiera en su día para vocalías del Consejo General del
Poder Judicial, pues eso en sí mismo no es significativo. Es lógico que
estas designaciones que la ley reserva a los partidos se hagan con
criterios de proximidad ideológica, pero eso no tiene por qué afectar a
la imparcialidad de los nombrados. Y, sin embargo, en los dos casos,
dicha imparcialidad es muy cuestionable porque los dos han dado sobradas
muestras de cercanía, frecuencia de trato y simpatía con los
gobernantes de la derecha. Espejel no se ha recatado en admitir su gran
amistad con Cospedal, quien la condecoró. En cuanto a López, sería un
desagradecido si no reconociera los esfuerzos ciclópeos que estuvo
haciendo el PP para favorecerlo con un puesto en el Tribunal
Constitucional incluso cuando no reunía los requisitos. Sería muy
desleal por su parte no ser agradecido.
Podría
decirse que, habiendo sido como hayan sido las previas relaciones entre
los magistrados en cuestión y los gobernantes, llegado el momento de
hacer justicia, a los jueces les ocurre lo que a a Thomas Beckett frente
a Enrique II: muy amigos y compadres, pero, cuando se trata de la
dignidad de la Iglesia y el interés de la Corona, ya no hay amistad ni
compadreo que valgan. Y, llegado el momento, Beckett paga con su vida
por su independencia. Siendo los nuestros tiempos más suaves, es poco
probable que los magistrados pagaran con sus cabezas por sus actos, así
que no hay razón para que estos no sean intachables. Y, si la hay,
tendrán efecto las recusaciones de las partes.
A
decir verdad, la turbulenta historia del juez López despierta
preocupación no ya solo debido a su imparcialidad sino también a su
independencia. Su intensa actividad de colaboración con la Fundación
FAES, el think tank de la extrema derecha neoliberal, que
posiblemente haya sido remunerada, plantea, efectivamente, una seria
objeción al comportamiento de un juez que no solamente mantiene
relaciones de amistad con el príncipe sino que se ha encomendado a su
magnificencia.
Este es igualmente el problema que se plantea con ese presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que cobra un plus de 1.300 euros al mes directamente del gobierno andaluz
en concepto de dietas o viáticos o algo así. En principio, no es
absurdo que un funcionario del Estado reciba un complemento de ese
Estado del cual, por lo demás, también recibe el sueldo. Y no se olvide
que la Junta de Andalucía es, a todos los efectos, el Estado en
Andalucía. Por supuesto, tampoco es lo mismo que el magistrado cobre del
Estado que de un partido vía Fundación, si cobró. Pero aun así no
parece bien y precisamente porque no parece bien, la medida se tomó
mediante acuerdo secreto. Por algo sería.
Los
jueces son uno de los estamentos peor valorados por la opinión pública,
escasamente por encima de los políticos, que ya es decir. Y con casos
como los considerados es poco probable que mejoren su posición. Sobre
todo frente a una opinión pública que contempla desmoralizada cómo los
jueces que se atienen a su deber en conciencia y se enfrentan al
príncipe, acaban expulsados de la carrera.
Y sin jueces justos no hay democracia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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