El abogado Diego de Ramón defenderá el Cristo de Monteagudo frente al procedimiento instado por Mazón para que se retire de lugar público

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón se personará como coadyuvante del Ministerio de Economía y Hacienda en el procedimiento instado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el letrado, también murciano, José Luis Mazón Costa, para que se desmonte de su actual ubicación pública la estatua del Cristo de Monteagudo en virtud del ordenamiento jurídico vigente en el Estado español.

El letrado De Ramón (en la imagen) se siente obligado a actuar por iniciativa propia en su condición de católico convencido y, en ese sentido, se lo comunicará hoy personalmente, con todo respeto en lo personal y profesional, a su compañero Mazón y, en los próximos días, lo hará formalmente al obispo de Cartagena, monseñor Lorca Planes, ausente de Murcia.

Por otra parte, y en previsión de que el letrado Mazón consiguiese una sentencia favorable y firme en los tribunales de justicia, españoles o europeos, parece ser que la estatua, por su dimensión, quedaría ubicada al aire libre en un recinto privado como el de la Universidad Católica, dentro de la misma Huerta de Murcia, según fuentes próximas a esta institución académica.

Mazón había solicitado días atrás a los tribunales de justicia españoles la retirada del espacio público de este símbolo religioso.

La citada petición se basa en la llamada 'jurisprudencia Lautsi' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que recientemente obligó al Estado italiano a retirar los crucifijos de las aulas de los colegios públicos.

La demanda de Mazón ha sido así presentada bajo la fórmula de «recurso especial de tutela de los derechos fundamentales» y el demandado es el Ministerio de Hacienda, como actual propietario formal del conjunto arquitectónico y de los restos del castillo musulmán sobre el que se asienta la figura del Cristo.

Con carácter previo a esta iniciativa jurídica, sus impulsores se habían dirigido al citado Ministerio el pasado 15 de enero, recordando que la citada sentencia del TEDH «configura el derecho de libertad religiosa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, obligatorio en España», e instando a la Administración General, «en cumplimiento del derecho fundamental a la aconfesionalidad del Estado, del artículo 16 de la Constitución», a la retirada de la estatua del Cristo.

Y justifica el hecho de haberse dirigido en primer lugar al Ministerio de Hacienda por ser el Estado «el propietario del citado monte, castillo y estatua de confesión religiosa».

Pone de manifiesto Mazón en su recurso contencioso-administrativo que «la citada estatua (...) está ubicada en terrenos propiedad del Estado, por lo que proyecta la identificación de éste (el Estado) con el credo católico del cual dimana (la estatua)».

Mazón solicitaba del Ministerio de Hacienda que procediera a «la retirada de la estatua que, por ser propiedad pública, una vez desmontada del sitio que ocupa debe de seguir el trato de un bien público que se retira de uso y que se halla establecido por los procedimientos legales».

Recordaba en su escrito dirigido a la Administración Pública, el pasado 15 de enero, que este organismo disponía de 20 días para contestar a la solicitud y ya anunciaba que, de ser negativa la respuesta, interpondría un procedimiento judicial de tutela de derechos fundamentales.

Como en estos veinte días el Ministerio no ha respondido, Mazón ha cumplido la advertencia y ha interpuesto el mencionado recurso ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Recuerda que es la Administración General del Estado la propietaria de la estatua y de los restos sobre los que se asienta, «pues los recibió por herencia de un particular». Y acaba indicando al tribunal que ésta es «una cuestión nítida de derechos fundamentales, libertad religiosa, igualdad y derecho a un Estado aconfesional, con un uso aconfesional de los espacios públicos».