La Comunidad Autónoma incumplió dos directivas comunitarias en Puerto Mayor

MURCIA.- El Gobierno de la nación tiene dos meses para defenderse de las posibles infracciones que le atribuye la Comisión Europea y evitar una fuerte sanción a causa del proyecto de Puerto Mayor. La construcción de la dársena deportiva al norte de La Manga, así como el intento de dragado del Canal del Estacio para que pasen embarcaciones de mayor calado, ha recibido una dura reprimenda de la Comisión Europea (CE), que sostiene que el Reino de España ha cometido cuatro incumplimientos de dos directivas relativas a las repercusiones sobre el medio ambiente y a las zonas de especial protección de aves, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, que adelantó ayer la noticia a través de laverdad.es.

La Comisión teme que se puedan causar daños irreversibles a la laguna del Mar Menor.

Ha sido el propio comisario de Medio Ambiente de la CE, Stavros Dimas, el que se ha dirigido al ministro de Asuntos Exteriores para que envíe las observaciones que considere oportunas lo antes posible. El principal reproche es que no se ha realizado una evaluación ambiental adecuada ni se han adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de las especies del Mar Menor y de la Isla Grosa.

Un aspecto importante que destaca la CE es que en los años 1999 y 2001 se clasificaron las zonas de especial protección de aves (ZEPA) de la Isla Grosa y del Mar Menor, pero señala que el puerto deportivo «no se supeditó a una evaluación adecuada» del impacto que podía tener sobre estas zonas protegidas. Tampoco se adoptaron las medidas necesarias para evitar el deterioro de la Red Natura 2000.

NARBONA LO RECURRIÓ

Se da la circunstancia de que el proyecto de Puerto Mayor, que prevé construir una dársena para mil embarcaciones, está paralizado desde el año 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), a raíz de un recurso contencioso presentado por la ex ministra Cristina Narbona contra el Gobierno de Murcia, que fue quien dio permiso a la empresa del promotor Tomás Maestre para que reanudara las obras. La orden de paralización del TSJM se produjo cuando las obras estaban muy adelantadas, ya que se apartaban del proyecto inicial autorizado en el año 1975 por el régimen anterior.

Después de varias prórrogas solicitadas por la empresa, de un largo recorrido judicial y de modificaciones en los planos iniciales, el Ejecutivo murciano aprobó los estudios de impacto, a la vez que anunció que no pensaba autorizar la construcción de las 2.000 viviendas, sólo el puerto. El dragado del Canal del Estacio aún no se ha ejecutado. El objetivo del Ministerio de Medio Ambiente es que se derribe la parte construida y se recupere la zona dañada, en especial una playa que ha desaparecido. Años atrás propuso al Gobierno regional buscar otro emplazamiento para los barcos de recreo.

POSIBLES DAÑOS IRREVERSIBLES

Ahora, la Comisión Europea ha actuado con celeridad al considerar que una parte de las obras estarían en ejecución «siendo susceptibles de causar incidencias significativas desfavorables en el medio». Se refiere al auto del TSJ que levantó la suspensión cautelar el año pasado, aunque las máquinas no han vuelto aún a trabajar debido a los recursos presentados por el abogado del Estado, Juan Ramón Calero. La continuación de las obras consistirían en la prolongación del dique sur, en el acondicionamiento de los espacio interiores del puerto y en el dragado del Canal del Estacio.

La Comisión hace suyo el informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente, que advertía de que se podrían causar daños irreversibles sobre el entorno de la laguna del Mar Menor y la franja costera, impidiendo el libre intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y la laguna del Mar Menor.

LA CONSEJERÍA SE CONTRADIJO

La denuncia sobre el macroproyecto del puerto deportivo, como así lo define la Comisión Europea, fue presentada en el año 2001 por Ecologistas en Acción, después de que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel lo considerara medio ambientalmente viable. Según los denunciantes, no obstante, el proyecto podía afectar de forma negativa los espacios naturales y creían que las afecciones no se habían evaluado de forma adecuada. La Comisión ya alertó en el año 2003 -en una carta de emplazamiento- de un posible incumplimiento de las dos directivas. La luz verde definitiva de la Comunidad Autónoma para la reanudación del las obras, así como para el dragado del Canal, se produjo en diciembre del 2003.

Puerto Mayor es un viejo conocido de los funcionarios europeos que analizan y resuelven el paquete de supuestas infracciones medioambientales que llegan a sus despachos. Una de las reuniones claves de estos técnicos tuvo lugar en marzo del año pasado en Madrid. Hasta allí llegó «un escrito de la viceconsejería (?) de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, en el cual las autoridades indican que las modificaciones al proyecto originario de puerto del año 1975 no pueden considerarse como autorizadas actualmente», refiere el informe del comisario Stavros Dimas. «Esta afirmación entra en contradicción con el hecho de que los trabajos vinculados al puerto deportivo se iniciaron o reiniciaron en el año 2004, lo que provocó un auto del TSJ».

SATISFACCIÓN ECOLOGISTA

Rubén Vives, secretario de Ecologistas en Acción, fue quien puso personalmente la denuncia en el año 2001. «La Comisión viene a confirmar totalmente la denuncia que presentamos, ya que el proyecto puede suponer la desaparición de un espacio incluido en la Red antura 2000. Existe una clara incompatibilidad de uso. O se protege o se construye. Valoramos positivamente que por parte de la CE se esté resolviendo de esta manera, ya que fue lo que argumentamos en nuestra queja», manifestó ayer a La Verdad. Rubén Vives espera que «el Gobierno regional recapacite y vea que no puede hacer lo que le dé la gana en un espacio tulelado por la Unión Europea».