MURCIA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y Greenpeace consideran que la Carta de Emplazamiento remitida por la Comisión Europea (CE) al Reino de España sobre Puerto Mayor "utiliza los mismos argumentos defendidos por las organizaciones ecologistas para pedir la paralización definitiva del proyecto".
Ambas organizaciones explicaron en un comunicado conjunto que "las autoridades europeas han señalado que el puerto, a medio construir, tendrá un importante impacto ambiental sobre el entorno del Mar Menor y afectará a hábitats naturales prioritarios y protegidos puesto que aumentará la presión sobre la Red Natura 2000 y el riesgo de urbanización asociada al proyecto".
En este sentido, el portavoz de Anse, Pedro García, aseguró que "cada vez es mayor el interés público por conservar los aproximadamente 700 metros de playa afectados por el puerto y los últimos arenales que resisten aún vírgenes de la zona norte de La Manga".
Tanto Anse como Greenpeace mostraron su rechazo a los argumentos utilizados por el Gobierno de la Región de Murcia, que defienden la existencia de una decisión judicial que acordó de levantamiento de la suspensión parcial.
Y es que, ambas asociaciones consideran que el informe pericial que recomienda la continuación de las obras "resulta sesgado y no tiene en cuenta los efectos ambientales ni la destrucción del litoral, además de extralimitarse en recomendar la reanudación de las obras".
Al respecto, advirtieron que "este levantamiento permitiría de hecho la construcción de la casi totalidad del puerto, cuya legalidad está pendiente de resolución definitiva y va en contra de la normativa comunitaria".
Por ello, desde Greenpeace Pilar Marcos mostró su confianza en que el Ministerio de Medio Ambiente "mantenga hasta el final los argumentos de caducidad de la concesión e incumplimiento de la Ley de Costas".
Además, Marcos reclamó que "no se negocie con la empresa ningún acuerdo que pudiera permitirles la ejecución del puerto ni del proyecto urbanístico asociado que defiende el empresario Tomás Maestre".
Por último, Greenpeace y Anse destacaron la necesidad de proceder a la restauración ambiental de la zona afectada por las obras y de recuperar para el dominio público la extensa playa de unos 700 metros de longitud, que sería enterrada para su urbanización. Entre tanto, recordaron, "el Mar Menor continúa sin ver definitivamente aprobado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales".
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