MURCIA.- El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, se enfrenta a una nueva acusación ante la Justicia. En esta ocasión, la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma cree que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, otorgó varios contratos "a dedo" y ha presentado una denuncia ante el juzgado para que se investigue, según revela 'La Opinión'.
Además del alcalde, la denuncia presentada por el ministerio público incluye a dos concejales de este ayuntamiento. Se trata, en concreto, de los ediles de Urbanismo, Santiago Meroño, y de Deportes, José Saura.
En esta ocasión, la investigación se centra en varias decenas de contratos -cerca de cuarenta en el periodo comprendido entre finales del año 2005 y el año 2006- otorgados, presuntamente, de forma irregular. La cuantía total de estas adjudicaciones de proyectos de obra pública en el municipio superaría los 750.000 euros.
Al parecer, las adjudicaciones no se hicieron de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta norma obliga a que todos los contratos que superen un mínimo legal -fijado en los 12.000 euros- tengan que ser sometidos a un concurso público.
Según fuentes próximas a la investigación, muchos de los contratos superan este límite legal, llegando a haber incluso contratos por valor de 60.000 euros. Otros, al parecer, están fraccionados en varios contratos para no superar los 12.000 euros que obligarían a convocar un concurso público, algo que está expresamente prohibido en la legislación.
La gran mayoría de estas adjudicaciones iban a parar siempre al mismo estudio de arquitectos y a una empresa constructora. Ahora, los investigadores tratan de determinar la relación entre este arquitecto, Francisco C., y el alcalde, cuya firma figuraría en un tercio de los contratos presuntamente irregulares.
La investigación se inició hace unos meses en la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma tras la denuncia de un particular. El fiscal anticorrupción, José Luis Díaz Manzanera, se hizo cargo del caso y presentó, a finales de febrero, una denuncia por un delito continuado de prevaricación ante los juzgados de San Javier.
El caso ha recaído ahora sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Javier, que tendrá que valorar la legalidad de esos contratos y determinar si los concejales y el alcalde -licenciado en Derecho y que trabajó como abogado- conocían los límites marcados en la Ley de Contratos.
De momento, según fuentes próximas al caso, los mismos podrían considerarse nulos desde el punto de vista administrativo, independientemente del curso que tome la investigación judicial.
Además del alcalde, la denuncia presentada por el ministerio público incluye a dos concejales de este ayuntamiento. Se trata, en concreto, de los ediles de Urbanismo, Santiago Meroño, y de Deportes, José Saura.
En esta ocasión, la investigación se centra en varias decenas de contratos -cerca de cuarenta en el periodo comprendido entre finales del año 2005 y el año 2006- otorgados, presuntamente, de forma irregular. La cuantía total de estas adjudicaciones de proyectos de obra pública en el municipio superaría los 750.000 euros.
Al parecer, las adjudicaciones no se hicieron de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta norma obliga a que todos los contratos que superen un mínimo legal -fijado en los 12.000 euros- tengan que ser sometidos a un concurso público.
Según fuentes próximas a la investigación, muchos de los contratos superan este límite legal, llegando a haber incluso contratos por valor de 60.000 euros. Otros, al parecer, están fraccionados en varios contratos para no superar los 12.000 euros que obligarían a convocar un concurso público, algo que está expresamente prohibido en la legislación.
La gran mayoría de estas adjudicaciones iban a parar siempre al mismo estudio de arquitectos y a una empresa constructora. Ahora, los investigadores tratan de determinar la relación entre este arquitecto, Francisco C., y el alcalde, cuya firma figuraría en un tercio de los contratos presuntamente irregulares.
La investigación se inició hace unos meses en la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma tras la denuncia de un particular. El fiscal anticorrupción, José Luis Díaz Manzanera, se hizo cargo del caso y presentó, a finales de febrero, una denuncia por un delito continuado de prevaricación ante los juzgados de San Javier.
El caso ha recaído ahora sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Javier, que tendrá que valorar la legalidad de esos contratos y determinar si los concejales y el alcalde -licenciado en Derecho y que trabajó como abogado- conocían los límites marcados en la Ley de Contratos.
De momento, según fuentes próximas al caso, los mismos podrían considerarse nulos desde el punto de vista administrativo, independientemente del curso que tome la investigación judicial.
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