MURCIA.- Decenas de contratos adjudicados a dedo y en vulneración de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), que supuestamente obligaba a convocar concurso público. Tal es la hipótesis de trabajo en la que se basa la última investigación de la Fiscalía de Murcia sobre otro presunto caso de corrupción en las instituciones públicas.
Fuentes contrastadas han confirmado a La Verdad que esta investigación, coordinada por el fiscal José Luis Díaz Manzanera, tiene de nuevo por escenario el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que ya fue objeto de una gran operación policial en junio del 2007.
En esta ocasión, las sospechas de la Fiscalía se centran en los concejales de Urbanismo, Santiago Meroño León, y de Deportes, José Saura Meroño, por la supuesta adjudicación directa -a dedo-, y de forma supuestamente ilegal, de decenas de contratos de obra pública y de redacción de proyectos.
La Ley de Contratos, que fue reformada en el año 2007 por última vez, establecía antes de ese momento que todos los contratos no considerados menores, esto es, por encima de los 30.050,61 euros en el caso de las obras, y de los 12.020,24 euros en los suministros y servicios, debían ser otorgados mediante concurso público. Pues bien, según las mismas fuentes, ambas concejalías habrían suscrito varias decenas de estos contratos (entre una treintena y medio centenar), sin atenerse presuntamente a esa norma legal.
En todos los casos, siempre según fuentes contrastadas, los beneficiarios fueron un arquitecto, Francisco C.G., que recibió numerosos encargos de redacción de proyectos, y un empresario de la construcción cuya identidad no ha trascendido.
La Fiscalía, que sospecha que el objetivo de esas adjudicaciones a dedo era favorecer y promover el enriquecimiento del arquitecto y el constructor de forma supuestamente ilícita, tiene localizados además varios casos en los que la cuantía se ha dividido en dos contratos, con el supuesto fin de que no superara el mínimo marcado por la ley para convocar concurso público. La propia Ley de Concursos prohíbe expresamente en su artículo 74.2 echar mano de ese tipo de argucias.
El montante total de todos los contratos oscilaría entre los 350.000 y los 500.000 euros, según las mismas fuentes, que resaltan el hecho de que algunos de los contratos alcanzan los 70.000 euros y que, pese a lo elevado de la cantidad, «ni siquiera en esos casos se convocó el obligado concurso».
Los dos ediles, Meroño y Saura, fueron llamados el pasado viernes a comparecer ante el fiscal Díaz Manzanera, en calidad de investigados (el equivalente a la figura del imputado cuando una persona es requerida por un juez de instrucción para prestar declaración como sospechoso de un delito).
Cuando el fiscal se dispuso a interrogarlos, los dos concejales, que habían acudido acompañados de sus respectivos abogados, anunciaron que se iban a acoger a su derecho a no declarar. Esta circunstancia no sólo habría sorprendido al fiscal Díaz Manzanera, sino que, visiblemente contrariado, habría anunciado in situ a estos cargos públicos que iba a presentar una denuncia contra ambos en el juzgado, como sospechosos de un supuesto delito de prevaricación, entre otros.
Ya la está redactando
Fuentes próximas a la investigación confirmaron que Díaz Manzanera ya ha comenzado a trabajar en la redacción de la denuncia. El escrito será presentado en el juzgado en el plazo de unos pocos días, incluso esta misma semana, ya que prácticamente ha expirado el plazo legal de que disponía la Fiscalía para investigar el asunto y para decidir, una vez conocidas todas las circurcunstancias, si lo archivaba o actuaba contra alguien.
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