viernes, 21 de julio de 2023

Marcial Dorado, el narco con el que Feijóo iba en yate hace treinta años


 MADRID.- Marcial Dorado es el gran fantasma en la carrera política de Alberto Núñez Feijóo. El candidato del PP a la presidencia del gobierno en las elecciones generales del 23-J, que se celebran este domingo, se ha visto obligado de forma recurrente a explicar las fotografías fechadas en 1995 en las que se le ve a él en compañía del narcotraficante a bordo de un yate durante un plácido día de verano, según recuerda www.huffingtonpost.es

El "cansino" tema, que esgrime la oposición para intentar tumbarle, se ha convertido en la gran mancha y el epicentro de las sospechas de un candidato que siempre ha buscado salvaguardar una imagen de  moderación, responsabilidad y buena gestión. 

Pero, ¿quién es Marcial Dorado y por qué Feijóo era su amigo? Nacido en 1950 en Cambados (Pontevedra), Marcial era hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del "patriarca" tabaquero Vicente Otero. Fue así como comenzó a tejer vínculos con uno de los 'capos' del contrabando de tabaco. 

A los 24 años, Marcial ya pilotaba lanchas motoras de alta velocidad para ayudar a Vicente Otero en esta labor por entonces no perseguida. Dorado ganó mucho dinero y acabó creando un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... Hasta le tocó la lotería en 1998. 

En 1990, Dorado era protagonista de numerosos medios por ser el mayor contrabandista de tabaco del país y fue detenido en la denominada Operación Nécora contra el narcotráfico (aunque luego quedó libre de cargos). Todo el mundo en las Rías Baixas conocía que Dorado era el capo de uno de los clanes delictivos que operaban en la zona. 

Fue en ese momento cuando Feijóo y Dorado comenzaron a tener amistad. Les presentó un chófer de la Xunta, testaferro en negocios del capo, y desde entonces compartieron numerosos viajes, cenas... y viajes en yate. El pasado miércoles, pese a que había información publicada al respecto, Feijóo dijo desconocer las actividades ilegales de su entonces amigo

 “En aquel momento no tenía acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas porque hay internet y Google. Hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa por el narco”, dijo. 

Cuando las fotografías de uno de sus paseos en yate vieron la luz, ya en 2013, Feijóo negó haber mantenido una relación de amistad con Dorado pese a sus numerosos encuentros y viajes juntos. Fue años después, en un programa de 'Salvados', cuando Feijóo intentó justificarse. 

"Esas fotos son, cuando menos, difíciles de explicar", admitió ante Jordi Évole. En la misma entrevista, el dirigente popular reconoció por fin haber mantenido una relación de amistad con el contrabandista y también que conocía las sospechas que recaían sobre él. 

"Es evidente que en Galicia sí se sabía que había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco, eso sí lo sabía, no se lo puedo ocultar, pero alguna relación o algún asunto pendiente de la justicia... jamás tuve conocimiento de que lo tuviere”, explicó.

Évole le recordó entonces las numerosas veces que el nombre de Marcial Dorado había salido en la prensa regional y nacional vinculándolo al contrabando o al narcotráfico. “Si usted me dice 'es usted un ingenuo', a estos efectos, no tenga la menor duda", expresó. 

Dorado acabó condenado condenado por narcotráfico en 2009 y blanqueo de capitales en 2015. Durante el proceso se le embargaron propiedades vinícolas, casi doscientas propiedades inmobiliarias, y cuentas en Suiza, Portugal y las Bahamas En 2020, obtuvo el tercer grado. 

En alguna de sus otras escasas intervenciones hablando sobre este asunto, Feijóo ha asegurado que el contrabandista y él rompieron su amistad en 1997. Sin embargo, el juez instructor del caso que ordenó la detención de Dorado, José Antonio Vázquez Taín, asegura que hubo conversaciones telefónicas entre ambos más allá de 2001. Un extremo que, en 2020 y también en Salvados, el propio Marcial Dorado admitió. "La última vez me llama él para comer. Y quedamos. Año 2001”, dijo. 

También aseguró que fue él y no Feijóo quien dejó de contactar con él "porque se relacionaba muy alto". Eso sí, lamentó profundamente que el dirigente popular hubiera negado durante tantos años la amistad que mantuvieron. "Yo me consideraba amigo de Feijóo y duele que lo niegue", dijo.

Dorado dio su versión varios años después en el programa de Jordi Évole. Molesto por que Feijóo hubiese afirmado que ambos no tuvieron "ni una relación estrecha ni ancha", el narco replicó: "Yo me consideraba amigo. Si duermes en mi casa, si mi mujer te hace el desayuno a ti... mi mujer no es que sea la criada de nadie. ¿Eso ni es estrecha ni ancha ni cónica ni cuadrada?".

¿Es posible que Feijóo no supiera que Marcial Dorado era narco?

Su nombre martillea a Alberto Núñez Feijóo desde hace una década. La fotografía desvelada en 2013 por el diario 'El País' en la que el actual candidato del PP a la presidencia del Gobierno comparte barco con el narcotraficante gallego Marcial Dorado le persigue allá donde le lleva su trayectoria política. El último pretexto del presidente del PP ha sido que cuando veraneaba con Dorado, en 1995 y 1996, no sabía que era narco. "Ahora es más fácil porque hay Google", alega ahora Feijóo.

¿Es verosímil la justificación del líder del PP? Un simple vistazo a la hemeroteca refuta las probabilidades de desconocimiento del 'oficio' de Dorado. El antiguo amigo del expresidente de la Xunta de Galicia fue condenado en 2003 por narcotráfico y blanqueo de capitales, pero cinco años antes de la famosa foto, en 1990, ya había sido detenido en la 'operación Nécora', una de las mayores redadas contra el tráfico de drogas en España, que abrió todos los informativos y las portadas de la prensa.

En realidad, cuando Dorado mantenía una relación "indirecta de ocio" con Feijóo, según la justificación del presidente de la Xunta, que negó que hubiese amistad "ni estrecha ni ancha", llevaba poco más de 10 años en las páginas de la prensa gallega. Manuel Rivas ya se refiere a Dorado como "presunto jefe del grupo contrabandista de Vilagarcía [de Arousa]" en su reportaje de 1984 'La Navidad portuguesa de los reyes del tabaco'.

Pocos días después de la 'operación Nécora', el 19 de junio de 1990, El Periódico informaba de que Dorado estaba procesado al considerarlo el juez como "el dirigente de una de las tres principales organizaciones de contrabandistas". Cuando trascendieron las fotos de Feijóo con Dorado, el entonces presidente gallego afirmó en el Parlamento autonómico: "En 1995, ni Dorado era narco ni yo presidente". Lo segundo es cierto, pero la hemeroteca desmiente lo primero.

En aquella comparecencia parlamentaria, Feijóo reconoció que viajó con el narcotraficante a Cascais, Ibiza, Tenerife y los Picos de Europa. Además, varias empresas de Dorado contrataron con la Xunta. Pero no dijo qué empresas, cuándo ni cuánto. "Jamás contraté ni adjudiqué nada a esta persona que no estaba acusada de nada. Ni yo era presidente ni él narcotraficante". Toda su expiación fue una disculpa: "Me equivoqué. No fui prudente".

Feijóo no ahondó en las contradicciones de su discurso: la relación con su "amigo" Manuel Cruz, el hombre que le presentó a Dorado, militante del PP en Ferrol y testaferro del narco a mediados de los 90, justo cuando se tomaron las fotos en el yate del contrabandista. Ni hasta cuándo se prolongó su relación con Dorado.

El actual líder del PP había asegurado que cortó toda relación con él en 1998, un año antes de la muerte de Cruz en accidente de tráfico. Sí adimitió que pudo haber hablado con él entre el 2001 y el 2003: "Puede que me felicitara las Navidades o algún cumpleaños, pero no puedo recordar con toda la gente con la que hablé en esa época".  

El delfín y sucesor de Feijóo en la Xunta admite que sí conocía las noticias sobre el narco

"Conocía las mismas noticias que todo el mundo", en relación con el narcotráfico. Estas palabras pronunciadas por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a preguntas de los periodistas se contradicen con el desconocimiento manifestado por su antecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, con respecto a las imágenes en las que aparecía en varios momentos y lugares con el narcotraficante Marcial Dorado

Por activa y pasiva, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha negado saber la conexión de Dorado con el tráfico de drogas. Sin embargo, en el instante en que esas fotografías fueron tomadas ya había abiertas investigaciones por parte de las autoridades judiciales, aunque no fue condenado por este tipo de delitos hasta años después.

Además, también se ha sabido de los contratos que la Xunta de Galicia en tiempos de Feijóo cerró con empresas del narco, cuya documentación, tras ser reclamada en varias ocasiones, desapareció sospechosamente tras unas inundaciones en instalaciones de la administración autonómica en Vigo. 

Con esta simple afirmación que es acorde a lo que en los años 90 se sabía de los nombres más conocidos del narcotráfico gallego por parte de población, Rueda echa por tierra uno de los argumentos de su 'mentor'.

El presidente gallego reconoció que en la época de la Operación Nécora, a principios de los 90, acababa de terminar su carrera universitaria y que, en general, "en este asunto y todo el resto" se informaba "igual que todo el mundo", añadiendo que "conocí las mismas noticias" que el resto de la gente en relación con el narcotráfico gallego.  

Ailimpo prevé un incremento del 30% en la producción de limón Fino


MURCIA.-
La primera estimación de la interprofesional Ailimpo de cosecha (preaforo) de limón Fino para la próxima campaña 2023/2024, prevé una producción en España de 990.000 toneladas, lo que supone un importante aumento del 30% en comparación con la producción de esta misma variedad en la campaña 2022/2023, y la vuelta a los niveles alcanzados en la campaña 2020/2021, donde la producción de limón Fino ya alcanzó las 980.000 toneladas.

Esta primera estimación de cosecha será confirmada a finales de septiembre y está condicionada a la evolución de las condiciones climatológicas, la disponibilidad de agua y al impacto en el volumen de cosecha de la entrada en producción de las nuevas plantaciones, ya que la superficie de limón Fino ha aumentado en 5.671 hectáreas en los últimos 6 años, pasando de 25.609 hectáreas en 2017 a las actuales 31.280, según los datos del ministerio de Agricultura.

España continuará en 2023/2024 siendo el líder de exportación de limón fresco, y el segundo procesador de limón en zumo, aceite esencial y cáscara deshidratada a nivel mundial.

Aunque las abundantes precipitaciones ocurridas el pasado mes de mayo fueron en general positivas para el desarrollo del cultivo, vinieron acompañadas por diferentes episodios de granizo, estimando que unas 1.000 hectáreas podrían haberse visto afectadas por este fenómeno climatológico que se produjo en diferentes comarcas de la Región de Murcia. 

Los daños más significativos se produjeron en el Campo de Cartagena, Alhama, Archena y Molina de Segura.

La alcaldesa Arroyo anuncia bonificaciones fiscales para impulsar la creación de hoteles en Cartagena


CARTAGENA.- Profesionalizar la promoción turística del municipio de Cartagena y diversificar la oferta buscando la desestacionalización y turismo de mayor calidad y poder adquisitivo. Esa es la meta que la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha marcado para esta legislatura en el Ayuntamiento de Cartagena.

 Arroyo ha marcado que el objetivo del Ayuntamiento es incentivar la construcción de nuevos hoteles y la apertura de estos establecimientos durante todo el año. Su intención es llevar a pleno una bonificación al 90% del impuesto de construcciones (ICIO), a partir del año que viene. A esto se suma a propuesta de Arroyo otra bonificación al 50% del IBI a los hoteles de costa que se mantengan abiertos todo el año. 

La regidora ha avanzado sobre estas iniciativas para incentivar el sector hotelero en la reunión de la mesa de turismo de la Región, a la que ha asistido Carmen Ayala como presidenta de la mesa. 

"El turismo de eventos deportivos y el de festivales y conciertos está en auge en Cartagena y el resto de la Región", tal y como ha apuntado Ayala. "El impacto es muy positivo. Aparte de la imagen, la contribución que eso ofrece a la reputación de la zona es importante. Y, bueno, tenemos clientes internacionales, como motivo de los conciertos. Ahora mismo, hay un boom", ha comentado la experta. 

Si bien, Arroyo ha reconocido que "son necesarias más plazas hoteleras en la ciudad y en el resto del municipio. El público de Rock Imperium no encuentra alojamiento en el municipio. No podemos rentabilizar eventos ni competir con grandes destinos si no aumentamos la oferta de alojamientos".

Verano con buena ocupación

"La temporada alta ha empezado bien y va a ser buena. Hay que desarrollar más el producto náutico. Reunimos las condiciones por el entorno que tenemos en el Mar Menor. Es un producto muy en auge y esta oferta nos diferencia de los demás para atraer turistas todo el año. Serviría para rentabilizar mejor los hoteles", ha señalado Ayala. 

Por su parte, la alcaldesa ha avanzado también que la ruta para la modernización del turismo de Cartagena pasa por el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo. El mismo está siendo elaborado junto a los empresarios del sector. En él se establecen 59 medidas, se define el público objetivo y se proponen 14 productos turísticos diferentes. 

 "Vamos a crear instrumentos para desarrollar el turismo rural, el turismo gastronómico, el turismo deportivo y el turismo creativo, el relacionado con rodajes y filmaciones", ha expuesto Arroyo.

Cartagena adjudica el millonario contrato de jardines y parques a cuatro empresas


CARTAGENA.- La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagenaha llegado a acuerdos para el nuevo contrato del servicio de mantenimiento de jardines. Así, ha propuesto a las empresas que han presentado las mejores ofertas. Los acuerdos serán valorados próximamente para su aprobación definitiva por el órgano municipal competente. 

La Mesa de Contratación ha propuesto a la Junta de Gobierno las empresas seleccionadas en los cuatro lotes del contrato municipal de jardines para los próximos cuatro años. El importe total, impuestos incluidos, alcanza los cuarenta millones de euros.

La Mesa ha ampliado la motivación de la exclusión de una de las compañías aspirantes que recurrió la misma, reafirmándose en esta decisión. Así las cosas, se ha propuesto a la empresa Actúa para los lotes 1 y 2 del contrato. 

El primero de ellos por un importe de 22.850.843,24 euros, sin incluir impuestos. Éste abarca la zona centro, así como los barrios y las diputaciones de interior. Mientras que el segundo lote, con importe de 6.044.657,64 euros sin impuestos. Y abarca la zona del litoral, tanto poniente como el de la zona del Mar Menor.

Los lotes 3 y 4 del contrato de jardines han sido propuestos por la Mesa de Contratación a Astus y a la empresa Contenur. El lote 3, por 547.200 euros sin impuestos, conlleva el apoyo a la producción en el vivero municipal. Éste estaba destinado a una entidad social de asistencia a personas con discapacidad. 

Mientras que para el lote 4, por 3.324.340,60 euros, sin incluir impuestos, ha sido propuesta la empresa Contenur. Este apartado va destinado a la conservación de juegos infantiles, biosaludables y de calistenia.

El granelero Golden Cumulus descarga 160.000 toneladas de carbón en el Puerto de Cartagena


CARTAGENA.- Siete días ha durado la descarga de 160.000 toneladas de carbón realizada en el muelle Polivalente de la dársena de Escombreras, consignado y operado por la empresa estibadora Ership, a través del buque granelero Golden Cumulus, que llegó en la madrugada del jueves 13 de julio procedente de Australia, y que parte de este cargamento que transportaba en sus bodegas, en concreto, 80.000 toneladas serán exportadas en los próximos días, en una operativa que comenzó hoy viernes.

Con 291,6 metros de eslora, 45 de manga y 17,5 de calado, el buque con bandera de las Islas Marshall ha realizado con éxito su operativa donde el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hérnandez, ha destacado la agilidad y eficiencia de las operaciones portuarias, pero también la singularidad del Puerto de Cartagena. 

"Además de ser uno de los puertos más competitivos por nuestra eficiencia y seguridad en las operaciones de carga y descarga de mercancías, lo que nos ponen en lugar privilegiado ante los operadores logísticos; el Puerto de Cartagena es el único puerto de todo el Mediterráneo capaz de atender este tipo de graneleros capesize, es decir, de los más grandes del mundo, porque somos el único puerto en todo el Mediterráneo que cuenta con un calado de 21 metros de profundidad".

El carbón es un tráfico que se ha afianzado en los últimos años en el Puerto de Cartagena y que está creciendo de manera exponencial. "Solo en el primer semestre del año, hemos movido más de 1,1 millones de toneladas de carbón con un crecimiento del 60 por ciento con respecto a 2022 que fue también un gran año para esta materia prima en el Puerto, situándonos como la puerta de entrada del sureste y primer puerto importador de España", ha dicho el vicepresidente.

Hernández ha recordado que "este trabajo no viene solo sino de la colaboración con grandes empresarios marítimos como Ership y el esfuerzo que hacemos desde la Autoridad Portuaria para ofrecer un amplio abanico de servicios portuarios de calidad, que nos hace que sigamos subiendo en movimiento de granel sólido en un 14 por ciento con respecto al acumulado de junio del año pasado, con más de 3,9 millones de toneladas cargadas y descargadas".

La Junta Electoral Central confirma la multa de 500 euros a María Marín por no abandonar el debate electoral


MURCIA.-  La Junta Electoral Central ha confirmado la multa de 500 euros impuesta a la candidata electa a la Asamblea Regional de la coalición Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde, María Marín, por negarse a abandonar el debate electoral celebrado el 20 de mayo y no dar paso a la candidata de Más Región, Helena Vidal.

En concreto, cabe recordar que el único debate electoral en que iban a participar los candidatos a la Presidencia de la Región de Murcia el pasado 20 de mayo, organizado por el Colegio de Periodistas, tuvo que ser cancelado ante "la imposibilidad de dar cumplimiento al mandato de la Junta Electoral Central", que obligaba a Marín a dar paso a Vidal a mitad del tercer bloque temático.

Ahora, la Junta Electoral Central ha adoptado un acuerdo en el que confirma la multa de 500 euros impuesta a Marín por los hechos acaecidos en el debate electoral, según ha hecho saber la Junta Electoral Provincial de Murcia en una nota de prensa.

De esta forma, la Junta Electoral Central ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por la coalición Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde.

El MITECO recibe 20 proyectos de buenas prácticas agrícolas junto al Mar Menor


MURCIA.- La convocatoria de ayudas para la mejora ambiental en el ámbito agrícola que contribuyan a la recuperación del Mar Menor, gestionada por Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha recibido 20 solicitudes por 24,7 millones de euros para proyectos de desarrollo de buenas prácticas agrarias y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) en una superficie de hasta 10.700 hectáreas.

El éxito de esta convocatoria, explican desde el Ministerio, revela el interés del sector por avanzar hacia una mejora ambiental en el ámbito agrícola, que contribuya a la recuperación del Mar Menor.

La mayor parte de las propuestas (8) se han presentado por entidades y organizaciones del ámbito agrario, lo que demuestra su interés en la temática abordada en la convocatoria y garantiza la implicación directa de los agricultores y agricultoras. Además, se observa una importante participación de universidades y otras entidades de investigación (5), fundaciones (4) y ayuntamientos (3).

La mayoría de los proyectos se han presentado en agrupación (13). Todas las propuestas plantean acciones sobre el terreno que contribuirán a la transición agro-ecológica, compatibilizando el equilibrio natural del Mar Menor con el desarrollo sostenible de la actividad agraria en la cuenca vertiente. Están principalmente dirigidos al cambio de prácticas agrarias, a la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y a la diversificación de cultivos.

Gran parte de los proyectos incluyen también acciones relacionadas con la creación de nuevos modelos agrarios, de gobernanza y planificación territorial para la mejora de los valores ecológicos, paisajísticos y naturales, así como acciones de formación, capacitación y fomento de la comercialización y diferenciación de los productos en los mercados por buenas prácticas ambientales.

La Fundación Biodiversidad se encarga de la gestión de esta convocatoria, con ayudas de entre 300.000€ y 2M€, con hasta un 90% de financiación. Las iniciativas seleccionadas podrán extenderse hasta tres años desde la concesión de las ayudas, prevista para el último trimestre de 2023.

La selección de los proyectos se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a los criterios técnicos, estratégicos, ambientales y sociales definidos en la convocatoria. Los proyectos seleccionados deberán desarrollarse en la superficie agrícola dentro de la cuenca vertiente del Mar Menor (definida en el Anexo 1 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor), pertenecientes a los municipios de: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo de Murcia, Cartagena, La Unión, Murcia, Mazarrón y Alhama de Murcia.

Impulso a la recuperación

Esta línea de ayudas de 20M€ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de mayo y da cumplimiento al compromiso de restauración y mejora ambiental en las explotaciones agrarias mediante la reducción de los impactos de sus actividades en origen, a través de diferentes medidas, como la reducción al mínimo de los retornos de riego, la reducción de la escorrentía y la erosión, la optimización del uso de los recursos naturales y la mejora de la biodiversidad en el entorno agrario, que recoge el Marco de Actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor.

La convocatoria parte de la premisa de que la transición agro-ecológica requiere de la implicación de todos los actores sociales en la tarea de restituir la sostenibilidad del Mar Menor, con los agricultores formando parte activa de la solución y con el apoyo del Estado. 

El diseño de las ayudas ha contado desde su gestación con la colaboración y participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de los representantes del sector agrario, en un proceso de participación al que también se sumó el trámite de información pública de la convocatoria.

Además de estas ayudas, el MITECO ha iniciado el estudio de una convocatoria específica para el sector ganadero del Campo de Cartagena, con cuyas organizaciones más representativas se reunió en la Oficina Técnica del Mar Menor el pasado 23 de junio.

Adif adjudica a Sacyr por 165 millones las obras para conectar Murcia y Almería por AVE


MADRID.- Adif AV ha dado un "impulso decisivo" a la línea de alta velocidad (LAV) Murcia-Almería con la adjudicación a Sacyr, por 165 millones de euros, las obras que materializarán la llegada de la alta velocidad a esta última ciudad y convertirán su estación en nodo de intermodalidad.

La actuación supone, además, un nuevo avance del Corredor Mediterráneo y de la LAV Murcia-Almería, que ya tiene todos sus tramos en ejecución o licitación, salvo un ramal (Pulpí-Águilas), ha informado este viernes el administrador de infraestructuras ferroviarias en un comunicado.

El contrato incluye la construcción de un túnel de 1,9 kilómetros con una doble vía: una de ancho estándar y otra de ancho mixto o ‘tres hilos’, que permite la circulación tanto de trenes de alta velocidad como convencionales.

La línea de alta velocidad conecta en superficie con la estación de Almería, que contará con seis vías, de las que tres serán en ancho estándar, dos de ancho convencional y una sexta en ancho mixto.

La adjudicación del contrato de construcción, aprobada por la presidenta de Adif AV, María Luisa Domínguez, se ratificará en el consejo de administración de la compañía de septiembre.

En cuanto a la estación, se renovará y ampliará -hasta los 4.800 metros cuadrados en dos plantas-, para adecuarla al nuevo servicio ferroviario y el aumento del tráfico, y se convertirá en un nodo intermodal, gracias a la construcción en su cuerpo secundario una nueva estación de autobuses, con 2.265 metros cuadrados y 26 dársenas.

Bajo la estación de autobuses, se habilitará el nuevo aparcamiento subterráneo, con capacidad para hasta 400 vehículos y accesos para el tráfico rodado y peatonales. Además, la estación promoverá los traslados de ‘última milla’, con espacio para taxis y otros transportes urbanos, y una zona de ‘kiss&train’ (parada puntual de vehículos que recogen o llevan viajeros a la estación).

Adif AV acomete la obra por encargo de la Sociedad Almería Alta Velocidad, participada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Adif, Adif AV, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, y en virtud del nuevo convenio, aprobado ayer en los consejos de administración de Adif y Adif AV, que movilizó una inversión de 234,8 millones de euros.

Adif y Adif AV financiarán el aparcamiento de la estación ferroviaria, la estación provisional de autobuses, los elementos ferroviarios de la estación de ferrocarril y la mayor parte de las obras de integración, cofinanciadas por el Ayuntamiento de Almería.

Por su parte, la Junta de Andalucía financiará el edificio y elementos de la estación ferroviaria y parte del vial de acceso a la estación. La financiación, según el convenio, la asume Adif y Adif AV en un 65,9%; el Ayuntamiento de Almería, en un 14,6 %, y la Junta de Andalucía, en un 19,5%. Si la Junta no obtiene fondos FEDER, podría beneficiarse de los fondos MRR que obtenga Adif AV. Si se reciben fondos europeos, la aportación de Adif y Adif AV se elevaría a entre el 73,8 % y el 81,7 %.

jueves, 20 de julio de 2023

Las exportaciones de la Región la sitúan en el quinto puesto de España (3,68%) y ya superan los 6.000 millones


MURCIA.- La cifra de exportaciones de la Región de Murcia continúa al alza y durante los cinco primeros meses del año han alcanzado los 6.108 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo de 2022. Los datos reflejan que, por provincias, la Región es la quinta, con un 3,68% de las exportaciones nacionales.

Las ventas de productos no energéticos se han mantenido en cifras similares a las de mayo de 2022, alcanzando un valor de 1.041 millones de euros. Por productos, destacan los incrementos interanuales en estos cinco meses de hortalizas frescas y congeladas (15,64%), otros productos sin elaborar (56,53 por ciento), ingredientes y aditivos para la alimentación (6,83%) y azúcar y productos de confitería (32%).

Diversos sectores económicos han tenido un incremento en la cifra de exportaciones en relación con el mismo periodo de 2022, por ejemplo, productos agroalimentarios (4,93%), bebidas (11,9%) y bienes de consumo (8,22%).

El pasado mes de mayo, un total de 1.932 empresas de la Región de Murcia realizaron ventas al exterior. Francia y Alemania son los dos países que encabezan el ranking de clientes de los productos regionales.

Reino Unido ha tenido una evolución favorable respecto a los cinco primeros meses de 2022, el 6,65 por ciento, ello a pesar del Brexit y de las complicaciones que están teniendo los exportadores. Países Bajos, Italia y Marruecos completan los cinco principales países donde la Región ha vendido sus productos entre enero y mayo de este año.

El saldo de la balanza comercial de la Región de Murcia en mayo ha resultado positivo, con 122 millones de euros y una tasa de cobertura del 111%.

En cuanto a importaciones, la cifra ha sido de 1.101 millones de euros, frente a los 1.843,7 millones de euros 2022. Por lo que, analizando los datos, puede observarse que en los cinco primeros meses del año, la cifra ha disminuido en un 18%, debido principalmente a las compras de combustibles y lubricantes, cuya partida ha bajado un 9,5%. Los principales países desde donde se ha importado este producto fueron Méjico, Arabia Saudita, Iraq, Kazajstán y Colombia.

Otros productos importados por la Región durante los meses de enero a mayo de este año han sido productos químicos, semillas y frutos oleaginosos, cereales y productos de la molinería, así como azúcar y confitería. El país al que se ha comprado el 55% de los cereales y productos de la molinería es Ucrania.

La Región pierde un 3,3% de poder adquisitivo con el tercer salario más bajo de España


MURCIA.- La Región de Murcia ha registrado el tercer salario medio más bajo de España con un total de 1.581 euros al mes, según revela el IX Monitor Adecco sobre Salarios de The Adecco Group Institute que sitúa a Extremadura y a Canarias como los territorios con el salario medio más bajo, con 1.487 euros y 1.568 euros, respectivamente.

Además, desde 2017 hasta 2022, el poder adquisitivo de los habitantes de la Región de Murcia cayó un 3,3%, el noveno mayor descenso por comunidades.

Según este informe, sólo cuatro comunidades autónomas mostraron en 2022 un salario medio superior al promedio de todo el país, que es de 1.822 euros al mes: Comunidad de Madrid (2.139 euros al mes), el País Vasco (2.099 euros al mes), Navarra (1.971 euros al mes) y Cataluña (1.954 euros al mes).

En total, el salario medio en España perdió un 4 por ciento de poder de compra en 2022 a pesar del incremento en los salarios, ya que el aumento de los precios al consumo fue superior ese año. El estudio explica que el incremento de los salarios en España en el último año ha sido del 4 por ciento (el segundo mayor incremento registrado desde 2008), hasta alcanzar esos 1.822 euros.

No obstante, al descontar la variación de los precios al consumo de 2022, el salario medio registra una pérdida en el poder de compra, y si se compara con el año 2008 -año de la crisis financiera-, el salario español pierde un 7 por ciento de poder adquisitivo. De esta forma, a lo largo de los últimos cinco años se acumula una caída en el poder adquisitivo de la remuneración media del 2,5 por ciento. Este recorte equivale a una pérdida de casi 44 euros por mes o 523 euros por año en comparación con 2017.

Desglose por sectores

En el desglose por sectores del año 2022, el informe de The Adecco Group Institute revela que en las tres grandes actividades económicas, industria, construcción y servicios, el salario medio perdió poder de compra.

El salario medio de la construcción fue el más perjudicado, con una reducción del 5%, que se traduce en aproximadamente 85 euros menos por mes o 1.022 euros por año.

A la construcción le sigue industria, que tuvo una reducción real del 4,6% de los salarios, lo que supone 91 euros menos al mes o 1.088 anuales euros menos al año. El sector menos afectado fue el de los servicios, que registró una pérdida del poder adquisitivo del 3,8%, que se traducen en 64 euros mensuales menos o 772 euros al año.

La evolución acumulada del poder de compra a lo largo del período 2017-2022 muestra que la industria es la más afectada, con una reducción del 6,3%, seguida de una pérdida de capacidad adquisitiva del 4,4% en construcción y del 1,4% en servicios.

En términos de euros actuales, la pérdida de poder de compra con los salarios de la industria en los últimos cinco años equivale a aproximadamente 125 euros por mes o 1.504 menos al año.

Por su parte, la pérdida de esta en la construcción equivale a casi 74 euros mensuales u 885 euros por año, mientras que en servicios supone una pérdida de casi 24 mensuales y 285 euros por año.

En términos de crecimiento de los salarios, servicios fue asimismo el sector en el que más crecieron en 2022, con un 4,3% más (0,3 puntos por encima de la media nacional), seguido de industria (3,4%) y construcción (2,9%).

El salario medio industrial en 2022 alcanzó los 2.040 euros mensuales, su máximo valor histórico. El de servicios fue de 1.790 euros mensuales, también un máximo para este sector, y el de la construcción fue de 1.751 euros, el más alto desde 2008.

Diferencias por tamaño 

En 2022 la diferencia salarial entre las empresas de mayor tamaño y las más pequeñas fue de aproximadamente 578 euros por mes o 6.939 al año. Esta brecha expresada en términos porcentuales equivale al 37%.

No obstante, la brecha de la media de los salarios entre las pequeñas y grandes empresas se ha ido recortando, ya que en 2021 fue del 41% y en 2017 alcanzaba el 45%. Por tanto, la remuneración media de las pequeñas empresas está evolucionando mejor que la de las empresas grandes, indica el estudio.

Concretamente, el año pasado, frente a la remuneración media de 1.822 euros por mes, las empresas más grandes (con 200 o más empleados) pagaron 2.127 euros de media mensual a sus trabajadores, es decir, 305 euros más que la media nacional.

Las empresas pequeñas (1 a 49 asalariados), en cambio, se situaron en una media de 1.549 euros por mes (273 por debajo de la media), y las empresas de tamaño medio (50 a 199 empleados) alcanzan los 1.919 euros (97 euros por encima de la media).

El voto útil en la Región es Sumar: una aproximación matemática sobre cómo frenar a la derecha / Ángel Luis Hernández *

Las elecciones de este domingo se celebran en unas condiciones extrañas. De una parte, tenemos a un Gobierno que, a pesar de haber atravesado una etapa convulsa marcada por las consecuencias de una pandemia sin precedentes y una guerra imperialista a las puertas de Europa, puede exhibir unas cifras económicas y de empleo que le sitúan como uno de los más firmes de toda la eurozona. 

De otra, una oposición que ha situado el debate lejos de las condiciones materiales y lo ha llevado hasta una nueva dimensión, instalado en la crispación, en la mentira y en el cuñadismo más rancio ("que te vote Txapote"). Una oposición que, aunque liderada aún por el Partido Popular, ya ha sido fagocitada ideológicamente por la extrema derecha, a quien los del supuestamente moderado Feijóo ha decidido comprar todos los marcos y la forma de hacer política.

No es de extrañar, por tanto, que los demócratas y los progresistas estemos, cuando menos, preocupados ante la posibilidad de que llegue al gobierno un modelo que sitúa como enemigo declarado al feminismo, a los derechos para las personas LGTBI, o las conquistas en el ámbito laboral. En este contexto, muchos ciudadanos y ciudadanas tratan de posicionar su voto en el partido que más "útil" pueda resultar para frenar el ascenso de la derecha. 

Y se corre el riesgo, por tanto, de que haya quien piense que recurriendo a la fuerza mayoritaria de la izquierda a nivel nacional, se puede lograr un mejor resultado. Esto es falso, debido sobre todo a las leyes electorales y a los sistemas matemáticos utilizados para asignar los escaños en el Parlamento. En España se utiliza la Ley d’Hondt, es decir, un sistema de reparto que tiende a ser representativo, pero que no lo es al 100%.

Aterrizando en nuestra tierra, para la Región de Murcia, si el llamado "voto útil" de la izquierda se desplaza hacia el PSOE, el efecto puede ser dar un diputado a Vox. El PSOE está muy lejos de alcanzar su siguiente diputado. 

Sumar, por el contrario, podría perder la representación que hoy le asignan las encuestas si se deja un puñado de votos. Un escaño que, en función de cómo se distribuya el voto de la derecha, acabará yendo a Vox o al Partido Popular. 

Dicho en bruto: que un votante progresista que hoy duda entre votar al PSOE o votar a Sumar acabe este domingo eligiendo la lista del PSOE, puede servir para que la derecha logre un escaño más en Murcia. 

En la Región, históricamente los múltiplos del 8% garantizan el escaño. Según los últimos tracking y encuestas, el Partido Popular en Murcia ronda el 40% de intención de voto. De que supere o no ese 40% depende que logre 4 o 5 escaños.

 El PSOE sacaría alrededor del 20%, es decir, contaría con 2 representantes seguros, pero se sitúan muy lejos de lograr el tercero. Vox, sin embargo, con el 23%, se disputa pasar del segundo al tercer escaño. Sumar, en entre 8% y 9% según los sondeos, parece tener asegurado su diputado, pero si el voto útil hace que Sumar baje del 8%, aunque esos votos vayan al PSOE, éste nunca llegaría al tercer escaño. 

En cambio, sí bajaría el listón para que PP y Vox obtengan respectivamente el quinto o el tercer escaño. Es decir, lo que la gente piensa que es un voto útil al PSOE, termina siendo un voto para que el PP consiga el quinto diputado o que Vox saque el tercer escaño más fácilmente.

 

(*)  Candidato de Sumar al Senado por la Región de Murcia

Un juez dicta que la responsabilidad de la gestión de las residencias en la pandemia era del Estado, no de la autonomía

 


MADRID.- En una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres se ha analizado un tema controvertido, el de la competencia de las Administraciones -central o autonómica- en la gestión de la crisis del Covid en las residencias de mayores, y en consecuencia a la posible responsabilidad patrimonial en caso de prestación defectuosa del servicio sanitario en aquellos momentos, según publica https://noticias.juridicas.com.

La propia sentencia, que desestima la demanda, no condena en costas a los ciudadanos reclamantes al señalar que la cuestión es novedosa y suscita serias dudas de derecho, dándose la circunstancia de que la Administración, al no resolver expresamente sobre la reclamación, no disipó las dudas de estas personas que terminaron demandando a quien consideraban responsable del fallecimiento de su familiar.

El caso

La muerte se produjo durante los peores días de la crisis sanitaria

La mujer de 73 años, internada en una residencia de mayores desde febrero de 2019, padecía de Alzheimer, con un grado de discapacidad del 70 por ciento. Resultó contagiada del Covid 19 al igual que muchos otros residentes. Al aparecer la neumonía bilateral de forma grave se planteó trasladarla al hospital, pero como no entraba dentro de los criterios y protocolos médicos por su deterioro cognitivo, no se podía ingresar en la UCI. Falleció en la residencia sin que su familia supiera de su gravedad, recibiendo morfina en sus últimas horas.

La familia reclamó 159.110,87 euros en concepto de responsabilidad patrimonial en vía administrativa, que fue desestimada por silencio.

La Administración Autonómica no era competente en aquellos momentos

El juzgado se plantea en primer lugar si la Administración autonómica demandada es la responsable del daño antijurídico producido, como consecuencia de una mala gestión por COVID 19 de la residencia donde se hallaba la fallecida (falta de medios sanitarios para abordar la crisis pandémica por la multitud de bajas de los trabajadores infectados, la decisión protocolaria de no trasladarla al hospital, y que en la fecha de su fallecimiento otras 56 personas se encontraban infectadas por Covid en la misma residencia).

Examina las normas que se publicaron en aquellos días, declarando en primer lugar que en aquellos momentos España estaba sometida al estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, prorrogado después por el RD 476/2020. Y en el primero de ellos se establecía:

- Que la declaración del estado de alarma se adoptó "con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19".

- Que la declaración del estado de alarma afectaba a todo el Estado.

- Que la autoridad competente era el Gobierno.

- Que bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serían autoridades competentes delegadas, entre otros, el Ministro de Sanidad.

- Que el Ministro de Sanidad, como autoridad delegada estaba habilitado para dictar todas las ordenes o resoluciones pertinentes, debiendo prestar atención a las persona vulnerables.

- Que cada Administración conservaba las competencias otorgadas por la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios, adoptando las medidas necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente.

Además, todas las autoridades civiles sanitarias quedaron bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad.

No había competencia

De todo ello concluye que no existía ningún tipo de título competencial por el que pudiera imputársele responsabilidad en un caso como el enjuiciado. La efectiva gestión de los centros de mayores quedó excluida de la competencia de las administraciones autonómicas durante el periodo de alarma.

Se dictaron diferentes órdenes por parte del Ministerio de Sanidad -competente durante ese periodo de tiempo-.

En especial señala la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en la que el Ministro de Sanidad interviene directamente la gestión de las residencias de mayores dictando medidas organizativas para la atención sanitaria de los residentes afectados. 

La propia exposición de motivos de esta norma indica la necesidad de proteger a estas personas vulnerables internos en las residencias, adoptando medidas organizativas y de coordinación, orientadas a reducir el riesgo de contagio.

De hecho, aclara la sentencia, no fue hasta que se acordó la pròrroga del estado de alarma con el RD 555/20, de 14 de 5 de junio, cuando se empezaron a otorgar algunas competencias a las Comunidades Autónomas, unas por delegación, y otras plenas para decidir la superación de la fase III de la desescalada en las diferentes provincias.

Por tanto, la demanda es desestimada, pues la reclamación de responsabilidad patrimonial debía realizarse ante la Administración General del Estado, competente en aquellos momentos. La sentencia no es firme al caber recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia extremeño.

ASESINADOS. El GRAN DOCUMENTAL SOBRE EL GENOCIDIO DE MILES DE ANCIANOS DURANTE LA «PANDEMIA».
https://uacd.tv/video/asesinados-el-gran-documental-sobre-el-genocidio-de-miles-de-ancianos-durante-la-pandemia/

 

Agroseguro ha pagado ya casi 18 millones de euros a los fruticultores murcianos este año


MURCIA.- Las indemnizaciones del seguro agrario se han elevado hasta los 772 millones de euros en el primer semestre en toda España y ya supera el total abonado en 2022, ha señalado este jueves el Sistema español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), que ha abonado 17,8 a fruticultores de la Región de Murcia.


La actual sequía es la responsable del mayor siniestro de la historia del seguro agrario, agravado por las tormentas de pedrisco de las últimas semanas.

La cifra estimada del primer semestre supera los 769 millones de euros abonados a los productores asegurados en 2022, el ejercicio de mayor siniestralidad de la historia del seguro agrario, a falta de los siniestros agrícolas y pecuarios que se puedan producir en la segunda mitad de 2023.

Del total registrado hasta junio, 687,44 millones de euros corresponden a siniestros agrícolas y 85,18 millones, al conjunto de los pecuarios.

Por línea, los cultivos herbáceos han acumulado siniestros por valor de 388,85 millones de euros, una cifra provisional a la que deben sumarse los partes recibidos posteriormente.

A esa cantidad se han añadido 75,82 millones en indemnizaciones para los fruticultores, 48,17 millones en viñedo, 43,93 millones para citricultores, 35,01 millones en ajo y otros 34,16 millones en el conjunto de las hortalizas.

El resto ha correspondido a siniestros de cereza, almendro y caqui, entre otros cultivos, según Agroseguro.

La entidad ha abonado este jueves 66 millones, de los que 40,6 millones se destinan a siniestros en herbáceos, con un pago de 15 millones a agricultores de Catilla-La Mancha.

En total, Agroseguro ya ha abonado 49,13 millones de euros a los cerealistas de la región en la actual campaña, mientras que en Aragón el total abonado alcanza los 23,16 millones, tras el pago de hoy de 9,42 millones.

Además, las zonas más tempranas de la Península avanzan en el pago de indemnizaciones, como Andalucía (2,82 millones abonados hoy y 45,16 millones en total) o Cataluña (4,09 millones pagados hoy y 47,34 millones en total).

Con los pagos de este jueves se han alcanzado los 200 millones de euros en indemnizaciones abonadas en 2023 a productores de cereal de invierno, leguminosas o colza, incluso sin haber comenzado a pagar los eventos en importantes zonas productoras, todas ellas de carácter tardío como Burgos, Soria, Palencia, León, La Rioja o Álava.

Además, Agroseguro ha entregado hoy otros 19,79 millones de euros a productores asegurados de frutales.

La batalla entre la Iglesia y el Opus Dei por el santuario de Torreciudad

 


MADRID.- La guerra abierta planteada entre el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, y el Opus Dei por la autoridad en el santuario de Torreciudad ha destapado una pugna entre dos entidades eclesiásticas por el control de la ‘casa madre’ de Escrivá de Balaguer, que cada año recibe más de 190.000 fieles y que aspiraba a convertirse en el Lourdes o Fátima español, según www.religiondigital.org

Este martes, después de meses de negociaciones infructuosas, el obispo oscense decretaba el nombramiento de un rector para el santuario mariano, gestionado desde siempre por el Opus Dei. Por primera vez no era el prelado de la Obra, Fernando Ocáriz, quien hacía esta designación. 

La decisión de Pérez Pueyo llegaba después de un fallido encuentro, producido hace dos semanas, entre el obispo y Ocáriz, y en el que, según fuentes conocedoras del proceso, el titular de la diócesis comprobó que la prelatura no iba a ceder ni un ápice en el control del santuario, que genera unos ingresos anuales superiores, con mucho, al millón de euros.  

Pérez Pueyo nombró a José Mairal Vilellas nuevo rector (tomará posesión, si no hay cambios, a partir del 1 de septiembre) y, en una decisión insólita, el Opus Dei contestaba al obispo, negando su legitimidad para dicho nombramiento y reservándose el derecho a acudir a los tribunales para frenar esta decisión.

Pero ¿dónde está el problema? ¿Qué hay detrás de la guerra entre el Opus Dei y el Obispado?

Desde hacía meses, tanto la prelatura como el Obispado habían iniciado conversaciones para modificar los estatutos del santuario. La negociación, compleja, avanzaba con acuerdos y desacuerdos hasta que la diócesis descubrió que se estaban llevando a cabo algunas maniobras extrañas en el entorno de Torreciudad. “El obispo se sintió engañado y no le gustó nada”, sostiene a elDiario.es una fuente implicada directamente en la polémica. 

El engaño

La diócesis se encontró con que la aportación simbólica que hacía el Opus Dei por este santuario –acordada a perpetuidad en un convenio suscrito en 1962– no se correspondía, ni de cerca, con los ingresos obtenidos únicamente por la presencia de peregrinos (190.000 en 2022, según datos de la Memoria, que habla de 1,2 millones de euros de recaudación). 

A ello se sumaron informaciones sobre que la fundación que gestionaba el recinto había adquirido terrenos colindantes con la intención de construir un macrocomplejo que pondría al santuario al nivel de los grandes santuarios europeos. Algo que desconocía la diócesis.

A partir de ese momento, las negociaciones cobraron otro cariz y la diócesis llegó a pedir un canon por peregrino –las fuentes lo sitúan entre 5 y 25 euros, lo que daría una cifra entre el medio millón y los cinco millones de euros al año– además de solicitar al Opus Dei una terna para designar al nuevo rector del santuario que actuara “en equipo” con un grupo de sacerdotes de la diócesis.

La Obra se negó en redondo a lo primero, y fue dilatando la respuesta a la segunda petición, hasta que hace unos días, y “al no recibir esa terna, tras varios requerimientos”, tal y como apunta la diócesis, el obispo consultó a Roma y, con el aval del Vaticano, procedió al nombramiento, contestado con dureza por el Opus Dei.

El encuentro fallido entre Pueyo y Ocáriz no sirvió para solucionar un conflicto que podría agravarse si la Obra, como sugiere en su nota, acude a los tribunales para defender la ilegitimidad del nombramiento de nuevo rector y la propiedad del recinto.

Trifulca entre canonistas

Lo cierto es que, con la ley (canónica) en la mano, la razón asistiría al obispo, en virtud del canon 557, que afirma que “el Obispo diocesano nombra libremente al rector de una iglesia, sin perjuicio del derecho de elección o de presentación, cuando éste competa legítimamente a alguien; en este caso, corresponde al Obispo diocesano confirmar o instituir al rector”.

En el párrafo siguiente, añade que “aunque la iglesia pertenezca a un instituto religioso clerical de derecho pontificio, corresponde al Obispo diocesano conferir la institución al rector presentado por el Superior”, algo que podría aplicarse al Opus Dei. 

La Obra, en cambio, acude a los cánones que se refieren a la prelatura personal, como el 297, que insiste en que serán los estatutos los que “determinarán las relaciones de la prelatura personal con los Ordinarios locales de aquellas Iglesias particulares en las cuales la prelatura ejerce o desea ejercer sus obras pastorales o misionales”. 

Lo que obvia –o solo tiene en cuenta para el primer permiso, obtenido en los años 60– que debe hacerse “previo consentimiento del Obispo diocesano”.

En todo caso, más allá de la trifulca entre canonistas, lo cierto es que la polémica en torno a Torreciudad hunde sus raíces en una difícil relación entre el obispo de Barbastro y el Opus Dei, que siempre se ha considerado propietario no solo de los edificios sino de toda la actividad pastoral, turística y económica del recinto, demostrando su viabilidad económica (sólo el año pasado, como apunta su Memoria de 2022, ingresó 1.230.957 euros).

Una fundación misteriosa

Otra de las cuestiones sin resolver está en la propiedad del recinto, que según la nota del Opus Dei pertenece a la fundación canónica Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, una institución de la que no hay registros actualizados y que, según algunas fuentes, está extinta. Y de la antigua ermita con su imagen, que fueron cedidas en 1962 por el obispo a la Obra, en un contrato a perpetuidad que, en opinión de la diócesis, no se está cumpliendo en todos sus extremos. ¿Quién tiene, entonces, la potestad para decidir sobre el santuario? 

Según la propia web de Torreciudad, la gestión corre a cargo del Patronato de Torreciudad, “una asociación civil sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública mediante Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 2002 (BOE 2 de octubre de 2002), que incluye entre sus fines el sostenimiento del santuario de Torreciudad y la promoción de peregrinaciones. 

Además, tiene por objeto la realización de actividades que persigan fines de interés general, culturales, formativas, asistenciales, de promoción del voluntariado social, de defensa del medio ambiente y otros de naturaleza análoga, en el entorno del santuario de Torreciudad”. 

En su Memoria anual (presentada, curiosamente, el pasado 13 de julio), se lee: “El gobierno del Patronato está encomendado a una Junta Directiva que determina y ejerce el seguimiento de las directrices generales de actuación. Asume su representación institucional y vela por el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico”. Su presidenta es María Victoria Zorzano. ¿Es el Patronato de Torreciudad el sucesor de la Fundación Canónica? No hay respuesta de momento para esta pregunta. 

Una denuncia internacional acusa por primera vez 

al Opus Dei ante el Vaticano

El Opus Dei “está cohesionado por una doctrina que se transmite de manera ‘mesiánica’ y es liderado por una figura carismática que se considera poseedora de la Verdad Absoluta”. Esta es una de las ‘perlas’ de la denuncia internacional que un nutrido grupo de exmiembros de la Obra han presentado ante la Nunciatura en España (y, posteriormente, enviada a los dicasterios del Clero y Doctrina de la Fe, y a más de 600 obispos de todo el mundo), y en la que reclaman “la supresión del Opus Dei” y su “refundación”.  

La denuncia, adelantada por Religión Digital y a la que ha tenido acceso elDiario.es, contiene también una tarjeta de memoria con más de 700 documentos adjuntos, entre los que se incluyen “46 libros y documentos” que, señala el cuerpo del escrito, “conocían parte de los miembros del Opus Dei y que fueron ocultados a la Santa Sede” y que suponen, afirman, “las verdaderas normas por las que se rigió y se rige el Opus Dei”. 

Algo verdaderamente relevante en este momento en el que la Santa Sede tiene que definir los nuevos estatutos de la Obra después de que el Papa interviniera a la Prelatura y esta convocase un congreso extraordinario, cuyos resultados tampoco se conocen.

La demanda se plantea como una ‘Denuncia internacional contra el Opus Dei por Fraude Normativo a la Santa Sede y a los propios Miembros’. En ella se sostiene que los estatutos de la Obra son una especie de “fraude institucional” ante la Santa Sede, “una simple referencia jurídica”. Asegura la demanda que el estatuto depositado en el Vaticano no es el que realmente rige el funcionamiento de la Obra, y que la mayoría de sus miembros ni siquiera lo conocen: 

“Ante los miembros del Opus Dei, directamente fueron inexistentes de facto mientras se pudo. Los Estatutos no fueron traducidos, ni informados jamás a los miembros del Opus Dei”.   

Antonio Moya Somolinos y Carmen del Rosario Pérez San Román fueron los encargados de presentar la denuncia ante la sede del Papa en España. Tuvieron que hacerlo en la calle, pues no se les recibió. Pero quedó registro de la entrega. También, del envío de la denuncia y sus anexos de manera telemática (con verificación certificada de contenido) a los dicasterios del Clero y de Doctrina de la Fe.

“Los denunciantes queremos llevar a cabo la mayor transparencia posible y evitar protagonismos personales. En consecuencia, no haremos, en principio, declaraciones o manifestaciones relativas a la denuncia”, señalan en una comunicación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Un decálogo de malas prácticas

La denuncia recoge una suerte de decálogo de malas prácticas en el Opus Dei, entre las que destacan, además del liderazgo “mesiánico” de sus responsables, la estructura de la Obra, que definen como “teocrática, vertical y totalitaria”, en la que “se exige una adhesión total al grupo, lo que implica distanciamiento de relaciones sociales, lazos afectivos y actividades previas”. 

“Los miembros viven en una comunidad cerrada o en una dependencia psicológica total del grupo”, recalca el escrito, que añade que en el interior del Opus “se suprimen las libertades individuales y la intimidad de los adeptos”, “se controla la información que llega a los miembros del grupo”, “se emplea un conjunto de técnicas de manipulación y persuasión coercitiva, como la meditación o el renacimiento espiritual” y “se fomenta un rechazo más o menos fuerte hacia el resto de la sociedad, considerándolos enemigos o al menos sospechosos”.

“Las actividades principales del grupo son el proselitismo y la recaudación de dinero”, añade la demanda, que precisa cómo, “bajo coacción o presión psicológica, se obtiene de los adeptos la entrega de su patrimonio personal y de considerables sumas de dinero”.

En conclusión, los denunciantes exigen, por un lado, “la intervención de la Santa Sede” para “proteger a los católicos que han sido miembros, que son miembros y que podrían serlo en el futuro, con la supresión del Opus Dei en el modo en que se desarrolla actualmente”. 

En segundo lugar, reclaman a Roma la “refundación de la institución por parte de la jerarquía de la Iglesia con nuevas normas y nuevos gobernantes”. Finalmente, “solicitamos penas canónicas para los principales responsables de las actuaciones ilícitas recogidas en esta denuncia”.

Unos 50.000 murcianos solicitan el voto por correo, el doble que en 2019


MURCIA.- Un total de 59.552 jóvenes votarán por primera vez en la Región de Murcia en unas elecciones generales el próximo domingo 23 de julio, proceso al que están llamados 1.099.701 electores, 37.861 más que en los anteriores comicios del 10 de noviembre de 2019, según ha informado hoy el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.

El censo electoral de españoles residentes asciende en esta ocasión a 1.061.940, y el de residentes en el extranjero suma 37.761 personas, mientras que 51.580 ciudadanos han solicitado el voto por correo, lo que supone 25.112 más que los 26.468 que lo hicieron en noviembre de 2019, un 95% más.

"El dispositivo electoral está compuesto por 1.716 mesas, con 5.148 miembros, y 691 representantes de la Administración, que se distribuirán por los 579 colegios electorales, y el presupuesto total asciende a 1.222.016,22 euros, 121.461,14 euros más que en las Generales de 2019", ha explicado el delegado del Gobierno.

Jiménez ha destacado que el personal que posibilita el desarrollo del proceso electoral se distribuye entre el destinado en las juntas electorales, ayuntamientos y Delegación del Gobierno y los 2.176 agentes de Policía Nacional (670), Guardia Civil (1.066) y policías locales (440), que velarán por la seguridad de la jornada. De los 579 locales electorales, Policía Nacional custodiará 221, Guardia Civil, 249 y las policías locales, 109.

Murcia, con 342.704, Cartagena, con 160.825, Lorca, con 66.966, Molina de Segura, con 53.833, y Alcantarilla, con 31.497, son las localidades con mayor número de electores. Ojós, con 515, y Ulea, con 726, son los municipios con menos ciudadanos con derecho a voto.

Centro de Asistencia y Seguimiento del Proceso Electoral

El delegado del Gobierno ha valorado el trabajo, esfuerzo y dedicación de todo el personal de la Delegación del Gobierno y de la Oficina del Censo Electoral.

“Trabajo que culmina con la constitución, el mismo domingo, del Centro de Atención y Seguimiento del Proceso Electoral, con más de diez personas dedicadas a resolver cualquier tipo de incidencia que pueda suceder durante la jornada. Hay que recordar que este mismo equipo ha trabajado, sin solución de continuidad, en este nuevo proceso desde el día siguiente a la celebración de las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo”, ha añadido Jiménez

Procedimiento de voto accesible 

El procedimiento de votación accesible pone a disposición de los solicitantes en la mesa electoral el día de las elecciones un maletín de votación que incluye papeletas y sobres de votación normalizados (es decir, sobres y papeletas idénticos a los que utilizan el resto de electores) y una documentación complementaria en Braille, (guía explicativa en Braille, pegatinas en Braille y tinta que identifican contenidos) que permite al elector con discapacidad visual usuario de Braille la identificación de la opción de voto deseada con plena autonomía y con la garantía del secreto del sufragio.

En esta ocasión, diecisiete personas han solicitado el kit de voto accesible, cinco en Murcia, tres en Totana, dos en Cartagena, dos en Alcantarilla y uno en las localidades de Bullas, Beniel, Yecla, Librilla y San Pedro del Pinatar.

Cruz Roja y 061

Como es habitual en cada jornada electoral, Cruz Roja contará con 100 voluntarios y tendrá presencia en catorce municipios con unidades médicas y vehículos adaptados para trasladar a los colegios electorales a personas con movilidad reducida que precisen de transporte. Ante cualquier eventualidad, dispone de un teléfono de atención durante toda la jornada electoral, 968 22 22 22, y de un correo electrónico: centro.coordinacion@cruzroja.es

Tres países declaran la guerra del 'paraguayo' a España

 


MADRID.- Hasta hace no mucho, España producía el 95% de los paraguayos de Europa. Sin embargo, cada vez se están plantando más en varios países, como Grecia, Turquía y Azerbaiyán, así que los precios de esta fruta están variando.

El paraguayo es la fruta de hueso que más complicaciones está teniendo en estos momentos a nivel comercial. Esto se debe a que los de menor tamaño se están vendiendo mal. "Hablamos de que en el campo se están vendiendo a unos 45 céntimos el kilo, y en almacén a unos 75", explica Javier Traín, de Frutas Agrotraín, al medio Fresh Plaza.

La mano de obra es escasa, así que "todo el mundo ha ido, por lo general, un poco tarde en hacer el aclareo y eso ha hecho que haya calibres más pequeños", asegura Traín. Pero esta semana se dará un paso importante: Murcia concluirá su campaña del paraguayo y dará paso a la fruta de Aragón. 

Pero otro de los problemas son los nuevos exportadores de paraguayo. Si antes en España se producía el 95% de toda esta fruta en Europa, ahora están aumentando las plantaciones. Se está plantando más en países como Grecia, Turquía y Azerbaiyán. Aunque, según Traín, "se está notando más en Polonia, donde los agentes nos decían que están llegando paraguayos con precios de derribo".

Así que los productores de paraguayo deberán enfrentarse a estos nuevos rivales para tratar de sacar a la venta el mejor producto posible para los europeos.

La patata nueva se paga a 0,30 en origen y se vende entre 1,50 y 2 euros/kilo

 


VALLADOLID.- La Alianza UPA-COAG ha denunciado que la campaña de la patata en Castilla y León que comenzó hace pocos días esté actualmente a unos precios injustamente bajos, que no superan los 0,30 euros/kilo con una tendencia peligrosa a la baja, y que difícilmente compensan los altos costes de producción que en la presente campaña se han situado en torno a los 0,28 euros/kilo mientras que se está vendiendo entre 1,50 y 2 euros/kilo en los supermercados.

La organización considera un «atraco que el precio en origen sea tan bajo a día de hoy y que haya descendido poco a poco desde el inicio del arranque desde los 0,60/0,75 euros/kilo a los 0,30 euros/kilo actuales. 

Y mientras esto ocurre en origen, sin embargo el consumidor está pagando la patata nueva lavada en una horquilla de precios entre 1,50 y 2 euros/kilo sin traslado alguno de la bajada estrepitosa y generalizada de los precios en origen, lo que refleja el problema que vuelve a ponerse de manifiesto en relación a una insuficiente Ley de la Cadena Alimentaria que aún sigue sin dar solución al problema del enriquecimiento de determinados eslabones comerciales a costa del trabajo del productor».

Para la Alianza, «estamos ante unos precios irresponsablemente injustos los que perciben actualmente los productores en una campaña tan compleja como la de este año  y que además nuevamente vuelve a sufrir el dumping que provocan quienes traen patatas de otros continentes hundiendo el precio de la patata autóctona».

En este sentido, la Alianza UPA-COAG lamenta que por ejemplo se esté importando producto procedente de Egipto en plena campaña española del sur y centro de la península, a costa del duro golpe económico que está sufriendo el cultivo de nuestro país.

Respecto a la campaña en sí, en Castilla y León se ha arrancado aún poca cantidad y se ha empezado a cosechar en provincias como Ávila, Salamanca, la comarca de Toro, el sur de Valladolid y municipios como Geria o Laguna de Duero, también en Valladolid. 

Conviene resaltar que el productor castellano y leonés ha realizado esta campaña, una vez más, unas labores muy profesionales a pesar de la dura climatología por la sequía y las tormentas tan fuertes que cayeron en junio, y además asumiendo un alto coste de abonos, tratamientos y energía, entre otros.

por todo esto, la Alianza UPA-COAG hace un llamamiento a la responsabilidad de los compradores y almacenistas «para que no hundan más los precios en origen y sean responsables directos de la ruina de los agricultores en unas fechas claves como las actuales cuando se van a generalizar los arranques en la mayor parte de Castilla y León. 

De igual modo, apelamos al sentido común de los consumidores para que exijan producto de nuestra tierra y reclamen información detallada del origen de la patata que van a consumir».