"Si los miembros de las profesiones confunden su ética específica con
las emociones políticas del momento, pueden acabar diciendo y haciendo
cosas que antes les hubieran parecido inimaginables"
Timothy Snyder. Sobre la tiranía
Algunos
definieron el escrache como la última alternativa de los abandonados
por la política. Los escraches. Algo brutal y poco estético, sudoroso y
vociferante, algo demasiado burdo para los poderes de los que voy a
hablarles hoy.
Llevo varios años haciéndolo y, precisamente por eso, soy
plenamente consciente del cambio que se ha producido en estas últimas
semanas. Un cambio que reside fundamentalmente en que todos los
contubernios ocultos que llevo columnas y columnas explicándoles se han
mostrado, de golpe, tan a las claras como el lucero de la mañana.
Por
eso como escribidora puedo hacerles el símil para adentrarnos en cómo
hemos visto la cara de lo que apunta a ser todo un escrache
institucional hacia el nuevo Gobierno de coalición progresista por parte
de poderes, estamentos y hasta las cúpulas de las carreras
administrativas para intentar impedir que el nuevo Gobierno pueda llevar
a cabo el programa político que les afecta y, también, el que no les
afecta pero no les gusta.
Ya les dije que
la oposición está dispuesta a ganar en unos tribunales concretos, que
sienten como muy próximos a sus deseos, lo que no podrían ganar en el
Parlamento y que la ultraderecha ya ha comenzado su loca y diabólica
carrera para criminalizar los actos políticos de total legitimidad
democrática.
Esa es, claramente, una de las caras del totalitarismo. No
obstante ya les avanzo que esto ni siquiera es tan sencillo como eso de
la "politización de la Justicia" que les van a vender, a calderadas,
para convencerles de que los intereses muy concretos de unos grupos muy
concretos son los de toda la sociedad y, más allá aún, los de todos los
jueces, fiscales o abogados del Estado del país. Eso es lo que voy a
intentar aclarar hoy.
Más allá de la batalla de los
partidos, en la que el PP intenta sacar tajada de haber estado colocando
afines durante años y Vox pretende hacer ruido y reventar las
instituciones; más allá de eso hay un cabreo ya no tan sordo, una rabia,
una revuelta clara de los que han cortado el bacalao hasta ahora y de
los que quieren seguir haciéndolo para lo que tienen que cortocircuitar
cualquier movimiento del nuevo Gobierno aunque sea deslegitimándolo.
De
esto va la movida inaudita de reprender públicamente a un vicepresidente
del Gobierno –cuando no lo hicieron con un tipo del PP que escribió
el guasap más infame y más obsceno
para la independencia judicial que se haya leído nunca– o de ponerse el
mundo por montera para intentar boicotear una designación del Gobierno,
tal y como les pidió el día anterior Casado.
La
guerra va a ser toga a toga, nombramiento a nombramiento, informe a
informe, comunicado a comunicado. Una guerra sin cuartel para mantener
las cuotas de poder, los privilegios, los estatus personales y el statu
quo en el que han medrado y piensan seguir haciéndolo. En esta
contienda, tengo que decirles con dolor, señores y señoras jueces y
fiscales de a pie, que ustedes importan un comino como, por otra parte,
lo importamos también los ciudadanos. En eso estamos en el mismo barco.
Todo lo que aquí hable, por favor, no lo tomen como una referencia a
ninguno de ustedes. A los señores que se reparten el bacalao, que estén
enterrados en procedimientos, que tengan ratas bajo la mesa o que no
puedan dejar de poner sentencias o de trabajar ni por las noches en su
casa les importa un bledo. Les sorprendería no cómo hablan las cúpulas
de ustedes, sino cómo ni les mencionan.
Las cúpulas de
la Fiscalía se han revuelto ante el nombramiento de Delgado. Cierto es
que les han nombrado de fiscal general a su bestia negra. Desde las
elecciones a Consejo Fiscal en las que ella y Segarra entraron, y en las
que los conservadores perdieron su hegemonía tradicional en el órgano.
Claro que luego llegó Segarra y resultó inoperante y, todo hay que
decirlo, la ministra Delgado no dio ni una instrucción ni tuvo ni una
injerencia en su labor, de modo y manera que la Fiscalía ha estado todo
este tiempo no funcionando según un esquema jerárquico de poder, sino
con varios focos de poder independientes, que son los que ahora se
resisten a perder comba.
Al menos dos de ellos se encuentran en el
Tribunal Supremo: uno en torno a los fiscales del proceso, a los que ya
han empezado a glorificar como los "indomables", y otro en torno a Pedro
Crespo. Otro foco distinto se ha arbitrado en torno a la Audiencia
Nacional pero en esta, Miguel Ángel Carballo, el teniente fiscal, lleva
una voz de tenor que se eleva muy por encima de la de su superior
jerárquico, Jesús Alonso.
Por último, la cúpula más recalcitrante de la
asociación mayoritaria, tras la que laten aún los designios de
Torres-Dulce. A ninguno de estos grupos les interesa que llegue alguien a
Fontalba a intentar poner orden a tanto llanero solitario. La prueba de
fuego será el nombramiento que hay que realizar para sustituir a Luis
Navajas, teniente fiscal del Supremo, y que ya con el nombramiento de
Delgado ha hecho más seguro a un aspirante y más improbable a otro.
Luego
está la cuestión del CGPJ, de la que también les llevo hablando meses.
Lesmes debe ser para ustedes como de la familia. El Consejo está
pútrido, en descomposición, pero tampoco funciona ya con la mecánica de
bloques ideológicos que resulta tan fácil de explicar. No, para nada.
Lesmes es muy listo y muy vaticanista y con el poder omnímodo que le
concedió Gallardón logró atraer a su campo incluso a muchos propuestos
por Rubalcaba. Es muy sencillo. Él reparte todo. También quien entra en
la Permanente y es vocal de primera. La diferencia es clara: un vocal de
primera se embolsa unos 6.100 euros netos en 14 pagas y uno de segunda,
unos 1.100 euros de dietas al mes.
¿Ahora entienden –además de viajes,
comisiones e historias– por qué no solo es mejor llevarse bien con
Lesmes, y apoyarle, sino que es muy difícil dimitir? Porque dimitir es
lo que deberían haber hecho y deberían hacer los vocales progresistas
para romper la determinación del PP y de los propios vocales de
mantenerse allí ad calendas graecas, negándose a efectuar un mandato
constitucional como es la renovación.
El escrache es
de tal tenor que no van a tener prurito en destrozar las instituciones
en su camino y, para más inri, los voceros venderán que es la plaga roja
la que lo está haciendo así. Solo les calmaría que ese prurito moral de
la izquierda les diera lo que quieren. Es lo que hizo Zapatero cuando
respaldó a Carlos Dívar, conservador y católico ortodoxo, para el CGPJ,
renunciando a proponer a un jurista progresista. Un error, como quedó
visto.
El camino para volver a llevar la serenidad a
las instituciones solo puede pasar por retirar, capa por capa, todos los
añadidos, trampas, reformas, modificaciones, piruetas y artificios que
se han ido añadiendo por el camino para mantener la hegemonía de los de
siempre. Una tarea larga y delicada y parecida a la desactivación de las
bombas.
En orden inverso a como fueron hechas las perversiones. Desde
las últimas y nefastísimas de Gallardón y hacia atrás. En ese camino, la
vuelta a la elección entre jueces queda al final de la escapada. No
puede ser cuestión ahora.
Es un tema muy prolijo, pero
un tema de relevancia especial para toda la ciudadanía. Un número
indeterminado de señores intentando zancadillear al Gobierno emanado de
la soberanía popular, un poder fáctico con todo el poder de control, es
algo que puede dinamitar la democracia. Y juegan con la baza de que la
mitad de sus añagazas son difíciles de explicar pero, qué quieren, lo
intentaremos.
(*) Periodista
