MADRID.- El partido de Albert Rivera asegura estar muy preocupado
por la inseguridad ciudadana, especialmente en algunas ciudades como
Barcelona o Madrid que, dicen, "amenaza con romper la convivencia
ciudadana en muchos barrios". No apuntan directamente a los inmigrantes
como culpables del aumento de la peligrosidad en las calles que
denuncian, pero han apostado por sugerir cambios en la Ley de
Extranjería, junto a modificaciones en el Código Penal, "para que los
jueces expulsen a los inmigrantes en situación irregular que delincan de
forma reincidente". Sin embargo, no aportan cifras sobre el número de
personas que podrían encontrarse en estos momentos en esta situación, según https://www.eldiario.es.
Este
jueves el portavoz de Justicia, Edmundo Bal, presentaba en el Congreso
dos proposiciones de ley dentro de un "Plan de Choque" contra la
inseguridad y la ocupación ilegal de viviendas en la que se incluye una
reformar del Código Penal para abordar principalmente "la
multirreincidencia en la criminalidad". Según han explicado, se trata de
que "el que comete tres hurtos leves, el cuarto compute como un hurto
normal". Es decir, que a partir del tercer hurto leve (menores de 400
euros), pueda haber una condena de prisión.
En el caso del delincuente sea un inmigrante en situación
administrativa irregular, el partido quiere que esta
multirreincidencia constituya "causa de expulsión, sin necesidad de
previa tramitación del expediente administrativo" y poder hacer
automática la expulsión "cuando exista sentencia condenatoria del juez
con penas de prisión superiores a un año por hurtos con la agravante por
multirreincidencia".
Desde la Asociación Española de
Abogados Extranjeristas consideran que se trata de una propuesta
"completamente absurda" y recuerdan que toda persona extranjera en
situación irregular, lo que es una infracción administrativa y no un
delito, tiene derecho a defenderse en un procedimiento de expulsión y a que sean tenidas en cuenta otras circunstancias como el arraigo en el país.
Ciudadanos
asegura que su propuesta estaba contemplada en la ley pero considera
que era necesario "afinar". "Eso no lo hemos introducido nosotros está
ya previsto en la ley, hay unos casos especiales en los que se puede
expulsar al extranjero por parte de la autoridad gubernativa sin
necesidad de instruir procedimientos administrativos. Está en el
artículo 57 de la ley actual como procedimiento de urgencia", explica
a eldiario.es el diputado de Cs.
La Ley de
Extranjería recoge que será "una causa de expulsión" que una persona
extranjera haya sido condenada, dentro o fuera de España, "por una
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con
pena privativa de libertad superior a un año". En este caso, tiene que
ser "previa tramitación del correspondiente expediente", estipula la ley.
En 2018, el Tribunal Supremo estableció que solo se puede expulsar a
los extranjeros condenados por delitos cuya pena mínima supere el año de
prisión.
Ciudadanos sostiene que en la reforma del
Código Penal y la Ley de Extranjería que ellos proponen ahora "lo que
decimos es que el juez -con todas las garantías por lo tanto-, cuando se
dé este supuesto de que se cometen tres hurtos leves y el último de
estos hurtos se pueda castigar como si fuera un hurto normal, tenga la
obligación de sustituir la pena de cárcel por la expulsión inmediata del
migrante".
"Nosotros hemos introducido un elemento nuevo en el que
decimos que en estos que casos de varios delitos leves que antes de
nuestra reforma no se pueden entender como reincidencia ahora se
entiendan como reincidencia", remacha.
Lo que
pretenden es añadir un apartado en el que la reincidencia, tal y como
viene recogida en su propuesta de cambio del Código Penal, sea motivo de
expulsión "sin necesidad de previa tramitación del expediente". Es
decir, dicen, automáticamente.
En un documento
interno al que ha tenido acceso este medio, se abunda sobre el tema.
Argumentan que que "actualmente, la legislación establece la apertura
administrativa de expediente de expulsión para los extranjeros en
situación irregular que cometan delitos dolosos" y sean condenados a
partir de un año de prisión, pero "en la práctica, este expediente es un
trámite administrativo por el que se acaban colando muchos casos de
reincidentes que nunca son expulsados y siguen en libertad delinquiendo
en España".
Desde la Asociación Española de Abogados
Extranjeristas, letrados que se encargan de asistir a la población
extranjera ante las autoridades españolas, niegan tajantemente a
eldiario.es que se esté produciendo tal situación.
"Es todo lo
contrario, no es cierto. El procedimiento de expulsión ya de por sí es
rapidísimo y carente de garantías".
Según los datos
más recientes del INE, la gran mayoría de las personas condenadas por
hurtos en España son de nacionalidad española. De los 63.721 condenados
en 2017, 43.424 eran españoles. Un total de 8.540 procedían de otros
países de la UE, otros 1.679 son de otros Estados europeos y el resto, proceden de otros continentes.
"Absurdo y un despropósito"
La propuesta ha recibido las primeras críticas, entre ellas de Victoria Rosell, jueza y diputada
en el Congreso de Unidas Podemos. "Por segunda vez en tres días,
Ciudadanos propone 'reformas legales' que ya están en leyes vigentes",
ha dicho en Twitter. "Pero, señora Arrimadas, ¿tan difícil es leer las
leyes vigentes antes de hablar y así evitarse bochornos?", ha expresado
también Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y senador
del PSOE.
Para el Vicepresidente y Portavoz
de la Asociación Española de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans,
la reforma que propone Ciudadanos "resulta completamente absurda". En
primer lugar, considera que si se incluye la reincidencia de hurtos
leves entre las causas de expulsión en la Ley de Extranjería, entraría
"en franca contradicción" con la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
"que corrigiendo la práctica de muchos tribunales en la línea de la
reforma que pretende introducir Cs aclaró que un año -al que se refiere
la Ley- debe ser el mínimo penal del que parta la tipificación del
delito", afirma.
"La jugada solo se puede entender
como doble: si se aprueba la modificación que proponen del del Código
Penal, la consecuencia contra los extranjeros es que se les expulsará
siempre y sin expediente", sostiene el abogado.
Para
Solans, esta posibilidad es "una barbaridad" por varias razones.
"Primero, por que no se puede ejecutar una sanción administrativa sin un
expediente en el que la persona se pueda defender, lo contrario
atentaría al artículo 24 de la Constitución", enumera.
"Segundo por la
proporcionalidad de la pena, derecho del que no son ajenos los
extranjeros, puesto que forma parte del tronco constitucional de
derechos humanos", prosigue.
"Y tercero, porque están pretendiendo
corregir a través de un expediente administrativo lo que ya un juez ha
podido valorar a través del artículo 89 del Código Penal", concluye .
"El
añadido del artículo 2 bis al artículo 89 del Código Penal que proponen
ya estuvo incluido en el Código Penal, en la anterior redacción del
artículo 89, y tuvo que ser retirado y moderado precisamente porque el
Tribunal Supremo (no el Constitucional) lo tachó de inconstitucional y
atentatorio al derecho de proporcionalidad", recuerda.
"Ese
tipo de expresiones, en todo caso, aplicadas a jueces que deben
ponderar y valorar todas las circunstancias de un caso, son además una
intromisión grave en la capacidad de decidir aspectos esenciales de la
pena a aquel que la dicta, el juez", opina Solans.
En
cuanto a la reforma del Código Penal para endurecer la ejecución de
penas para la reincidencia en hurtos leves, el portavoz de la Asociación
Española de Abogados Extranjeristas señala que "sobre eso creo que
debemos apoyar la reflexión de Grande Marlaska [ministro del Interior]
en el sentido de que la Constitución obliga a mantener la
proporcionalidad de las penas y de su ejecución a la gravedad de los
delitos, y por tanto la reforma del Código Penal no es sino un ejemplo
más de populismo punitivo, mano dura, o como pretenda llamarse,
derivadas de un espíritu totalitario absolutamente contrario al
pretendido ideario liberal de Ciudadanos".
"Desde un
punto de vista político, es un auténtico despropósito en todos los
sentidos, una metedura de pata al intentar repetir errores del pasado, y
una nueva vuelta de tuerca en el intento de criminalizar la
inmigración, acercándose -de nuevo, lamentablemente - a Orban, Salvini,
Le Pen y compañía. Esta propuesta cabría esperarla de Vox, pero en el
caso de Cs, lo dicho, que luego no se llamen liberales", zanja Solans.
