Mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado El país veí es rearma,
dando cuenta de los primeros nombramientos que ya alumbraban el lunes:
Borrell, Batet, Robles, Ábalos. El mensaje, como se dice hoy, era de
dureza sobre todo hacia Catalunya. Venía alimentado por el juicio
furibundamente antiindependentista de Sánchez, que repite como un loro
las falacias derechistas sobre el proceso porque, en realidad, las
comparte.
La
composición por entero del gobierno, conocida ayer, confirma dos
predicciones: gobierno de notables y beligerancia antiindependentista
ampliada a antivasquista. Vuelven los "jóvenes nacionalistas españoles"
del 82, algunos peinando canas pero con similar ímpetu nacional
patriótico. Lo de los notables levantará algunas ampollas entre los
fieles militantes que se sientan relegados, pero ese es asunto menor.
Lo
grueso es la contumaz e incrementada agresividad frente al
independentismo y el mantenimiento de la política represiva y
autoritaria de la derecha. Con Grande Marlaska es seguro que no se
derogará la ley Mordaza. Algunas injusticias claman al cielo. Los presos
políticos catalanes preventivos están sometidos a la política de dispersión mientras que, según parece, algunos miembros de la manada,
condenados, son trasladados cerca de sus familias. Este no es un
gobierno de diálogo sino de mantenimiento de la situación colonial en
Catalunya contra toda razón y justicia.
Maravilla
la obcecación del nacionalismo español. Al substituir al gobierno de la
derecha pero solo para demostrar que tiene aun menos contemplaciones
con el Estado de derecho, el PSOE destroza el último argumento que podía
esgrimir en Europa para evitar el apoyo de esta a la causa
independentista: el de que el conflicto no es una cuestión de Estado,
sino una simple desavenencia de partidos.
A continuación, el texto castellano:
El país vecino se rearma
Rajoy
ha caído por una moción de censura que prosperó gracias a los
independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. Estos últimos aun
negociaron una contrapartida en la promesa del PSOE de no tocar los
presupuestos. Los catalanes no exigieron nada a cambio. Se tomaron el
voto a favor de la moción de censura como una “obligación moral”, lo
cual habla mucho de su sentido de Estado, aunque no esté claro de qué
Estado se trate.
El
voto a favor ha permitido al reino de España librarse del gobierno del
partido más corrupto e incompetente de Europa, una verdadera
organización de malhechores que ha expoliado el país. Lo que parecía
mentira se ha producido: Rajoy se va como vino, mintiendo, engañando y
dejando tras de sí la peor ejecutoria de un presidente español.
Realmente, el independentismo catalán ha hecho un favor a España en su
pretensión de ser admitida en el seno de los Estados democráticos
europeos.
Lo
que está por ver es si también se lo ha hecho a Catalunya. Durante los
preparativos de la moción de censura, algunas voces críticas señalaban
que el independentismo no debía votar a favor ya que interesaba más la
continuación de la banda de malhechores por el conocido efecto de
“cuanto peor, mejor”, una de esas paradojas que M. Rajoy era incapaz de
entender y de reproducir. Al final, prevaleció la idea de la “obligación
moral” y se votó por facilitar un cambio, un relevo, incluso una
“regeneración” en España.
Lo
lógico sería esperar una actitud correspondiente de la parte española.
No ha habido tal. Los beneficiarios de la moción, PSOE y Podemos,
mantienen la ficción de que la ganaron ellos, no deben nada a nadie y
actúan en consecuencia, lo cual es lógico pues los independentistas
señalaron repetidamente que no votaban a favor de Sánchez sino en contra
de Rajoy.
Pero
entre ellos mismos, los partidos españoles se ajustan las cuentas. PSOE
se alza en solitario como vencedor con sus 84 diputados y excluye del
gobierno a Podemos quien pasa por la humillación de instalar y apoyar al
PSOE, el partido al que pretendía desplazar. La oferta socialista de
integrar a los morados en puestos segundones de la administración es una
afrenta más a una organización que tiene más narcisos que militantes.
El
gobierno que presenta Sánchez Castejón trae un espíritu confusamente
regeneracionista para el Estado y claramente nacional-español para
Catalunya y hasta beligerante con ella. En el aspecto general, los
propósitos son etéreos y acompañados de las habituales buenas palabras:
reformas, progresismo, igualdad, paridad, ecologismo, derechos, etc. En
qué medida se concreten es un imponderable dependiente de la debilidad
parlamentaria del gobierno.
En
las relaciones, España/Catalunya, en cambio, el espíritu está muy
definido y las primeras medidas y gestos apuntan a un endurecimiento de
la actitud del gobierno del Estado y una continuación de las políticas
del PP hasta hacer realidad el obtuso propósito de este de descabezar el
movimiento independentista.
Es
decir, el país vecino, España, no solo no agradece a los diputados
independentistas el gesto de permitirle contar con un gobierno que no
sea una banda de ladrones, sino que se apresta a combatir en contra de
sus aspiraciones. La base ideológica de este “resurgimiento” del
nacionalismo español sedicentemente de izquierda aparece de continuo en
las cavilaciones ideológicas de Pedro Sánchez: el independentismo divide
a la sociedad catalana; debe cumplir la legalidad vigente; se hará
alguna reforma constitucional para mantener a Catalunya dentro del
Estado español; se buscará alguna solución “política” al conflicto; se
reformará el Código Penal para convertir en delito el independentismo;
en España no hay presos políticos y el señor Torra es como Le Pen. El
mismo razonamiento que el PP.
Con
ese planteamiento ideológico catalanófobo, nada de extraño que las
primeras medidas del equipo de Sánchez lleven ese cariz profundamente
anticatalán: se mantendrá la intervención de la Hacienda de la
Generalitat, los presos políticos seguirán de rehenes del juez Llarena
(quien, por cierto, ha sido llamado a declarar por la justicia belga) y
se nombra ministro de Exteriores a un catalán agresivo españolista
próximo al sector de Societat Civil Catalana, una organización
vinculada a la extrema derecha.
El
gobierno cuenta con la división del Parlamento para llevar adelante
esta política en dos territorios opuestos mediante la “geometría
variable”, pactando con los reaccionarios PP y C’s las medidas contra
Catalunya y con la izquierda de Podemos y los independentistas catalanes
las medidas reformistas y progresistas.
Lo
cual está muy bien pero olvida un dato crucial: solo cuenta con 84
diputados y sigue necesitando los votos independentistas para aprobar
cualquier medida que no sea contra Catalunya. Las medidas contra
Catalunya saldrán de la abrumadora mayoría nacional-española que ha
sostenido hasta ahora el 155. Lo que hay en España hoy es un relevo de
un gobierno anticatalán de derecha por otro igualmente anticatalán de
sedicente izquierda.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
