La sorprendente construcción de una urbanización a escasos metros de
las Salinas de Marchamalo en Cabo de Palos, un espacio fuertemente
protegido por la UE, y la no menos curiosa intención de convertir el
faro del poblado en un hotel, lleva unos meses recorriendo la prensa
nacional por un curioso nexo en común: la presencia en ambos casos, y
entre bambalinas, del responsable de la Oficina Anticorrupción del PP,
Andrés Ayala.
Según Cuarto Poder, un digital nacional dirigido por Francisco
Frechoso, fundador del diario El Mundo, el ya expresidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, colocó a Ayala al frente de esta Oficina la misma semana
que era nombrado consejero de Adif, algo que debió parecer “que quedaba
feo” y decidieron no publicitarlo ni en el conocido Portal de la
Transparencia de La Moncloa ni en las webs de Fomento.
“La ocultación del nombramiento duró once meses –
añade Cuarto Poder en un artículo publicado hace unos días-;
y se descubrió por una nota de la Bolsa de Irlanda. La oposición
parlamentaria, encabezada por Podemos, pidió explicaciones al Ejecutivo.
Pero éste se mostró renuente y se tomó su tiempo para buscar una
justificación. No la encontró. El PSOE y Ciudadanos se sumaron después
con preguntas por escrito, cuyas respuestas se han ido demorando hasta
este mes de mayo y no han aclarado las razones del nombramiento ni las
concesiones ventajosas de Fomento a las empresas del juego (bingos,
casinos y tragaperras) de las que el señor Ayala y su esposa eran
accionistas”.
“Mientras ese señor era diputado –afirmó Sergio Pascual, destacado
miembro de Podemos–, en los despachos de Aena se estaba firmando con su
mujer, consejera del Grupo Orenes, un contrato de concesión de dos
casinos en el aeropuerto de Alicante y en el aeropuerto de Málaga por
2,5 millones de euros en unas condiciones muy ventajosas: cuatro veces
más barato el metro cuadrado en esos aeropuertos de lo que cuesta el
metro cuadrado en alquiler en cualquier zona comercial de esa misma
relevancia en la ciudad de Málaga”.
“Tras dejar el acta de diputado –señala otro artículo publicado en
Eldiario.es, dirigido por Ignacio Escolar- Ayala se destapó como
consejero del Gran Casino de Extremadura (en Badajoz), Electra Rioja
Gran Casino (en Logroño) y vocal y secretario de Servicios Comerciales y
Recreativos, que se dedica a la explotación de salas de juegos.”
Ayala y el faro de Cabo de Palos
Pero lo que le ha traído a los titulares de nuevo es su presencia
tanto en Faros de Levante S.L., una empresa creada exprofeso para la
instalación de un complejo hotelero en las instalaciones públicas del
faro de Cabo de Palos; como en Urbincasa, la inmobiliaria que va a
construir nuevos apartamentos a escasos metros del Mar Menor.
Según
Eldiario.es, los titulares de
Faros de Levante S.L., Aurelio
Solana Ayala y Fernando Díez Ripollés, “no sólo contaban con la
“asesoría” de Ayala, sino también con la predisposición del titular de
la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, quien, según la
prensa local, se mostró encantado de convertir el Faro de Cabo de Palos
en un hotel e, incluso, darle un uso cultural para potenciar el turismo
en ese pueblo de pescadores”.
Ayala tenía que encargarse de facilitar los trámites normativos en
las instituciones del Estado y puso a trabajar al diputado por Murcia
del PP en el Congreso, Teodoro García, para lograr una Proposición No de
Ley (PNL) donde se aclarara el futuro destino del faro: debía
convertirse en un hotel.
“García –añade
Eldiario.es- presentó la iniciativa el 18 de abril de
2017, apenas un mes después de la constitución de la sociedad
Faros de
Levante, y el Congreso aprobó su iniciativa con los votos del PP y
Ciudadanos el 28 de junio”.
“El míster Proper del PP”, como así lo llaman en los pasillos del
Congreso, tiene amplia experiencia en el uso de la política patria para
fines particulares.
“Su participación en Orenes se canalizaba a través de Isim Carthago.
El 50% de esta sociedad pertenece a Guimbarda 3 SL (el otro 50% es de
Orenes), de la que Ayala es consejero y secretario. A su vez, el 17% de
Guimbarda pertenece a Espartaria, SL, constituida por Ayala en 2012,
tras el triunfo electoral del PP con unos socios bodegueros y licoreros
(Zamora Pedreño y Restoy Cabrera), de cuyas empresas Ayala es abogado”,
indica Luis Díez en Cuarto Poder.
Ayala en Playa Paraíso
Parece que estos vínculos con sus socios licoreros le ha permitido
“establecer conexiones” con
Licor 43 en Cartagena y esto, a su vez, con
Urbincasa, la inmobiliaria que no ha dudado en anunciar la intención de
colocar
una enorme mole de 130 apartamentos en una de las esquinas de las Salinas de Marchamalo, a modo de pantalla a base de mucho ladrillo.
“Hace mucho tiempo –señala el periodista José Luis Vidal Coy en
relación a Ayala- que supo vender muy bien sus aquilatadas habilidades
legales, que las tiene, a quien estuviera dispuesto a hacerse acreedor
de sus servicios. Aunque fuera a costa de desatar polémicas mediáticas y
vecinales de mucha repercusión popular, en el sentido estricto del
término”.
Vidal Coy se refiere a la primera “colaboración” de Andrés Ayala con
el antiguo alcalde socialista José Antonio Alonso para cambiar de sitio
un centro de salud para que el promotor Tomás Olivo “pudiera construir
un centro comercial para la cadena Pryca en 1992”.
“Todo se hizo legalmente –añade
Eldiario.es- gracias a la
procuraduría legal de Ayala ante el Consistorio para que Olivo
consiguiera el fin pretendido. Poco importó que bastantes vecinos
protestaran reiterada y airadamente causando una polémica ciudadana
cuyos ecos aún recuerdan los viejos cartageneros que tenían uso de razón
a principios de la década de los noventa del siglo pasado.
Se hizo lo
que acordaron legalmente Alonso, Ayala y Olivo. Muy poco tiempo después,
Alonso y Ayala consiguieron que el consistorio de la trimilenaria
ciudad cantonal aprobara la Modificación número 55 del Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU) para permitir la urbanización, que nunca
se hizo, de unos terrenos agrícolas casi encima de la línea de costa de
la zona sur del Mar Menor y que supondría una presión urbanística
insostenible para el saladar costero protegido de Lo Poyo, como bien se
encargaron de denunciar los conservacionistas de ANSE”.
“Ayala, como prestigioso abogado urbanista de la zona, era el asesor
legal de los hermanos Armengol, familia catalana tradicional propietaria
de aquella finca agrícola que se quería transformar con la modificación
55. Los socialistas murcianos, que no apreciaron mucho la actuación de
Alonso como alcalde, impidieron en la Consejería de Política Territorial
la aprobación definitiva de la famosa norma aduciendo razones
ambientales de protección del Mar Menor”.
Tras varias andanzas dignas de otro artículo Ayala conseguía dejar su
impronta en otras recalificaciones legales “sin mayor pena que gloria
pero con beneficiarios conocidos: la que dio lugar al
centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos, en terrenos propiedad de la familia Martínez-Conde; y la que hubiera facilitado
la construcción de la urbanización El Vivero,
que nunca se hizo, muy próxima a la anterior, en terrenos de los
todopoderosos urbanizadores al por mayor Tomás Maestre y Alfonso
García”, añade Vidal Coy.
Y actualmente Andrés Ayala se ha puesto al servicio de la
constructora que va a erigir, si nadie lo remedia, la Urbanización
Los
Flamencos en Marchamalo y cuyo inicio de obras está previsto para
después de verano dado que Castejón ha hecho “oídos sordos” a la
petición que le lanzó el diputado regional de Podemos, Óscar Urralburu,
de
efectuar una permuta de terrenos hacia otros lugares sin daño medioambiental sobre el Mar Menor.
Pero muchos actores ya han entrado en juego para lograr el objetivo
marcado por Andrés Ayala cuando se le fichó para el Consejo de
Administración de Urbincasa.
Hasta Ciudadanos lleva meses pidiendo “lavar la imagen” de las
abandonadas Salinas de Marchamalo precisamente ahora, que se han puesto
en venta unos carísimos apartamentos de lujo con chill out con vistas a
ella.
(*) Columnista y docente
