domingo, 15 de abril de 2018

Montoro destapa que diez autonomías gastan más de lo que permite la ley

MADRID.- El Ministerio de Hacienda elevó el viernes al Gobierno, según los preceptos de la Ley de Estabilidad, un informe en el que detalla, por Administraciones, el grado de cumplimiento del déficit, la deuda y la regla de gasto. 

El citado informe, al que tuvo acceso elEconomista, no incluye novedades respecto a los dos primeros parámetros, conocidos ya. Pero sí detalla que una decena de comunidades autónomas decidió saltarse por su cuenta y riesgo las normas y elevó sus desembolsos por encima del 2,1 por ciento que, como límite, había fijado con anterioridad el Ejecutivo. 
El asunto adquiere mayor gravedad en el caso de tres regiones: Navarra y Castilla y León, que casi triplicaron esa tasa; y la Comunidad de Madrid, que gastó un 4,8 por ciento más.
La regla de gasto es, dentro de las normas de estabilidad fiscal, la más desconocida. Fija el límite por el cual las Administraciones pueden elevar sus desembolsos, y lo hace teniendo en cuenta el crecimiento del PIB a medio plazo. 
De ahí que el Gobierno determinase que el ejercicio pasado, con un avance del 3,1 por ciento pero a la baja en lo sucesivo, el margen era del 2,1 por ciento. Era el más generoso de los últimos ejercicios. Sin embargo, y a tenor de los resultados, no ha sido suficiente.
Al margen de los casos de Navarra, Castilla y León y Madrid, incumplieron también el citado 2,1 por ciento Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha, en manos socialistas; La Rioja y Murcia, gobernadas por el Partido Popular; Cataluña, donde hasta octubre llevaba la batuta la extinta Junts pel Sí; y País Vasco, bajo el mandato del PNV. Se de-muestra así que la disciplina fiscal no entiende de ideologías, al menos en nuestro país.
Porque, entre las pocas que sí se ciñeron a los límites impuestos por el Gobierno, están Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, del PSOE; Galicia, del PP; Canarias, bajo el mando de Coalición Canaria; y Cantabria, del PRC de Miguel Ángel Revilla. 
En esta lista llaman la atención varios resultados. Extremadura, flagrante incumplidora del déficit, fue la única región que rebajó su gasto en 2017, demostrando que, al menos, está haciendo un esfuerzo por reconducir sus cuentas públicas. 
Algo similar a lo que ha hecho Baleares en los últimos años, que de incumplir los objetivos de estabilidad ha pasado a engrosar la lista de Administraciones más disciplinadas. Mención que merece también Galicia, donde el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha hecho de la estabilidad fiscal una de sus cartas de presentación.

El ministro ya cumple

En conjunto, las autonomías elevaron su gasto un 2,9 por ciento frente al 2,1 por ciento legal, al desembolsar 4.003 millones de euros más que en el ejercicio 2016. También infringieron su límite de deuda por más de 7.000 millones de euros. Una situación que contrasta con la de la Administración Central, que incumplió las reglas de los años 2012 a 2015 pero que, por segunda vez consecutiva, se ciñó a los objetivos, tanto de gasto como de pasivo -que no de déficit-.
En un ejercicio marcado por la tardía aprobación de los Presupuestos del Estado, el ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro rebajó los desembolsos un 3,8 por ciento, lo que supone 3.800 millones de euros menos que el año anterior.
Las Corporaciones Locales, las más saneadas y cumplidoras con la Ley de Estabilidad desde que esta normativa se aprobara, tampoco sorprendieron y lograron cumplir con holgura. En superávit presupuestario, sus desembolsos aumentaron un 0,6 por ciento, tres veces menos de lo que les permitían las normas, y ello pese a las polémicas que el propio ministro Montoro ha tenido con ayuntamientos como el de Madrid.

La 'sequía escondida' por abusar del riego con energía solar

MADRID.- La energía solar ha emergido como la fuerza inagotable que necesitan los agricultores pobres para regar sus campos, pero el descontrol y las prácticas abusivas pueden conducir a una nueva "sequía escondida" en los acuíferos.

La tecnología solar en agricultura, en plena expansión, permite aumentar la extracción de agua, la superficie irrigada y, con ello, la productividad de los cultivos.
Una ecuación no del todo positiva si se deja de lado el factor de la sostenibilidad ambiental, dados los "riesgos inherentes" que conlleva para los acuíferos, explica la experta Karen Villholth, del Instituto Internacional para la Gestión del Agua (IWMI, por sus siglas en inglés).
"Hemos visto que en muchos países esos sistemas han ido mal porque no se están desarrollando de manera sostenible", apunta Villholth, que recuerda que, una vez sacada el agua, resulta "muy difícil recuperar el recurso".
Por eso recomienda actuar teniendo claro que "prevenir es mejor que curar" y pide adaptar los planes a las circunstancias de cada lugar, limitar el uso de aguas subterráneas, permitir solo ciertos cultivos, supervisar su funcionamiento y promover la recarga hídrica de los acuíferos.
Según estimaciones difundidas esta semana en un foro internacional en Roma, el 41% de las áreas regadas proceden de aguas subterráneas y hasta el 27% de esas aguas se bombean de modo insostenible.
El riesgo de una "sequía oculta" bajo tierra surge en áreas como el este y el sur de Asia, donde los acuíferos ya están sobreexplotados y todavía pueden estarlo más con el potencial de las energías renovables.
En la India, las autoridades subsidian hasta un 90% del coste de las placas fotovoltaicas para llevar la electricidad a los pobres que aún tienen serios problemas de acceso.
En paralelo, el 30% de los acuíferos indios se hallan en estado crítico, entre otros motivos porque en la cuenca del Ganges y los otros grandes ríos que se extienden por el norte de ese país y sus vecinos se concentra la cuarta parte de las extracciones de aguas subterráneas de todo el mundo.
En una aldea de Nepal, el investigador de la Universidad estadounidense de Arizona Netra Chhetri comenzó a ver los primeros paneles hace cinco años, un fenómeno tecnológico que "rápidamente ha cambiado a la gente y las políticas".
Los habitantes se han servido de la energía solar para diversificar sus cultivos y ya no solo cosechan arroz, sino también maíz y verduras, incrementando la producción en un 60%.
Además de incentivar las nuevas tecnologías, Chhetri abogó por innovar en los mercados y las instituciones para extender el tendido eléctrico a todos los hogares rurales.
En Oriente Medio, el experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Ahmed Abdelfatah auguró un auge de la competición empresarial en ese sector.
El norte de África suele disfrutar de 330 días de sol al año y, sin embargo, se pierde hasta el 15% de la energía en su transporte a las zonas áridas, por lo que los paneles solares son una alternativa "in situ".
Es la idea que subyace en una iniciativa para elevar la capacidad energética destinada al regadío en el delta del Nilo, en Egipto, y en otra junto a una presa de la provincia jordana de Mafraq, donde están combinando el riego con tecnología solar y el almacenamiento de agua.
La utilización de las aguas superficiales de ríos y embalses puede, además, reducir la presión sobre los acuíferos.
La experta de la Universidad Politécnica de Madrid Rita Almeida subrayó que, al margen de las fuentes energéticas, habría que pensar también en cambiar los sistemas de irrigación.
El proyecto en el que participa, con fondos europeos, busca un consumo de energía 100% renovable y reducir el del agua en un 30%.
Almeida mostró la construcción de estanques en España que sirven para abastecer a toda la comunidad de regantes y que, cubriéndolos con placas solares, permiten aprovechar el espacio y evitar la evaporación de un bien tan preciado como el agua.

La presencia del Estado en el capital de Bankia frustra la fusión con BBVA

MADRID.- El Gobierno español ha tirado la toalla con su deseo de ver al BBVA adquirir Bankia e impulsar la creación de la que podría ser la primera entidad financiera española. La pobre evolución bursátil en los últimos años de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha impedido al Estado reducir su participación al ritmo previsto y provoca que todavía el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), a través de BFA, ostente más de un 60% del capital, lo que es un escollo para la operación, a juicio de elEconomista.

El plan del Gobierno era plantear una posible integración cuando su participación fuera más pequeña, de alrededor un 10 por ciento, pero el mercado no ha acompañado y dar el paso de salir totalmente del capital de Bankia a los precios actuales podría ser difícil de justificar para el Estado y para el nuevo ministro de Economía, Román Escolano.
En diciembre, Luis De Guindos colocó entre inversores institucionales un 7 por ciento del capital de Bankia a 4,06 euros por acción y el viernes las acciones del banco cerraron a 3,66 euros, un 10 por ciento por debajo.
Si objetivo del Gobierno es recuperar la mayor parte de los 22.000 millones inyectados al grupo- actualmente su participación en Bankia está valorada en 6.850 millones-, la venta de capital debería realizarse al mejor precio posible; algo que impide la volatilidad actual de la bolsa. Por la misma razón, BBVA tampoco podría justificar una prima excesiva, que contentara al Estado, y que no pareciera excesiva para sus accionistas, ya que el banco presidido por Francisco González previsiblemente debería ampliar capital para afrontar la adquisición.
A corto plazo, no parece que la situación vaya a resolverse gracias a un rebote significativo de la bolsa. Los inversores están esperando nuevas colocaciones de acciones de Bankia, ya que España ha fijado diciembre de 2019 como el deadline para desinvertir en Bankia, lo que pesa negativamente sobre el valor. 
Ignacio Goirigolzarri, presidente del banco, ha ayudado a afianzar esta expectativa. El ejecutivo ni siquiera da por definitiva esa fecha, pero lo que sí ha adelantado es que Moncloa podría impulsar colocaciones más grandes de acciones, que alcanzaran el 10 por ciento del capital. Desde el rescate del grupo, ninguna de las dos ventas que se han cerrado -la de diciembre y la de 2014- han sido tan importantes.
A la vez, si el Estado quisiera solucionar la situación de forma rápida, y vender a un precio bajo toda su participación, podría incluso interpretarse como un guiño para el comprador y chocar con las autoridades europeas. 
En una hipotética operación en efectivo, si BBVA comprara a un precio muy reducido -algo que sería bueno para sus accionistas porque le permitiría rentabilizar la operación- la Comisión Europea podría considerar la venta una ayuda de Estado.
 Este riesgo sería menos evidente si el Frob hubiera ya reducido su participación por debajo de lo que se considera una posición de control -el 30 por ciento- porque la influencia del Estado sobre el precio ofertado parecía menor.
El otro hándicap es el BCE. La elevada presencia del Frob en el capital de Bankia, también complica la integración de cara a esta institución, aunque solo fuera por motivos políticos. El nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente de la entidad es muy reciente, por lo que plantear ahora la venta a un tercero del 60 por ciento del capital del banco, que el BCE tendría que analizar, puede no ser el mejor momento para poner sobre la mesa una operación tan compleja.

Fin a los rumores

Con este contexto de fondo, la semana pasada quien había dado alas a las especulaciones sobre una fusión entre BBVA y Bankia se encargó de cerrarlas. Así, José Ignacio Goirigolzarri trató de pasar página a la posible operación en las reuniones con periodistas previas a la junta de accionistas, que se celebró el pasado 10 de abril en Valencia.
Goirigolzarri aprovechó estos contactos para negar la interacción con Moncloa enfocada a trabajar en una posible fusión con BBVA. "Nunca nos hemos sentado, nunca nos han dado ninguna indicación el anterior ministro o el actual ministro. Aquí puedo ser absolutamente radical, claro y tajante. Nunca ha habido nada", señaló. 
Con sus palabras trataba de cerrar una especulación alimentada por una entrevista suya en Financial Times a principios de marzo, en la que se le atribuyó que, en su opinión, Bankia encajaba a la perfección con BBVA.
BBVA, por su parte, nunca ha alimentado esta expectativa y recuerda que su presidente, Francisco González, reiteró hace pocos días ante la junta de accionistas que no iba a comprar bancos "físicos".
Esta afirmación taxativa fue una de las pocas partes del discurso ante sus accionistas en las que González se salió del guion escrito; tratando de dejar claro que él no iba a comprar Bankia y, por tanto, cerrando la puerta a que Goirigolzarri regresara a BBVA.
González pretende dejar su cargo a finales de 2019, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su sucesor. El nombramiento de Jaime Caruana, exgobernador del Banco de España, como consejero del banco le ha colocado como uno de los candidatos favoritos de las apuestas. José Ignacio Goirigolzarri, que fue consejero delegado de BBVA durante ocho años, hasta que abandonó el banco en 2009, podría haber sido el sustituto de Francisco González, en el caso de que finalmente se hubiera impulsado la integración.

Lógica de negocio

La unión frustrada entre Bankia y BBVA permitía a las dos entidades ampliar su negocio en zonas geográficas en la que ambas tienen más debilidades. Bankia, con el grueso de negocio en Madrid procedente de la antigua Caja Madrid y en la Comunidad Valenciana, por la herencia de Bancaja, podría haber entrado con más fuerza en mercados como Cataluña y País Vasco, en los que BBVA tiene su fortaleza. 
Cabe recordar que el banco que preside Francisco González tiene una amplia presencia en Cataluña tras hacerse en marzo de 2012 con Unnim Banc y en julio de 2014 con CatalunyaCaixa. Del mismo modo, BBVA habría reforzado su negocio en la zona del Levante.
Estas sinergias compensatorias a nivel geográfico hubieran limitado a los dos bancos la reducción de costes ante el menor nivel de solapamiento. No obstante, los ajustes de sucursales y personal se podrían haber realizado sobre todo en este aspecto en Madrid o, del mismo modo, en los servicios centrales. 
La integración hubiera dejado un grupo de 5.442 oficinas y 44.086 empleados, casi el doble de los que tiene el grupo Santander. La posible unión también hubiera fortalecido a BBVA en el perfil de pymes y empresas que mantiene BBVA.

Navantia: "No podemos mirar a qué país le fabricamos corbetas"

FERROL.- "No podemos mirar a qué país le fabricamos corbetas", ha manifestado este sábado el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), quien ha censurado la postura de IU en relación al acuerdo de colaboración que facilitará su construcción. 

Y es que Izquierda Unida (IU) había advertido al Gobierno de Mariano Rajoy de que será "cómplice" de los asesinatos y la guerra en Yemen con la firma de un acuerdo de colaboración que favorecerá la próxima firma de un contrato para que Navantia construya cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí.
"No me parece bien. Soy consciente que estoy hablando como representante de los trabajadores, e independientemente de que yo sea antimilitarista, entiendo que el conflicto no está en si le vendemos buques a un país o a otro", ha esgrimido e presidente del comité de empresa de Navantia.
Galán, que en la pasada legislatura, 2011-2015, fue concejal de Esquerda Unida en el Ayuntamiento de Ferrol, ha asegurado que Navantia "es una empresa estratégica y no solo para la defensa nacional". "Si solo nos dedicáramos a ello, la carga de trabajo sería cada diez años, estando los otros diez o quince no sé para qué", ha reflexionado.
"Existe cierta controversia, que la verdad que no entiendo, porque a mí me gustaría que los que critican, con todo el respeto a las opiniones que pueda tener cada uno, entiendan que lo que reclamamos los trabajadores es carga de trabajo y nosotros no podemos mirar a qué país le fabricamos fragatas, corbetas o otro tipo de barco", ha agregado.
Con respecto al acuerdo de colaboración, Galán ha trasladado que este contrato "es también muy importante para Ferrol. "Y no porque vayamos a realizar ninguna de las cinco corbetas, pero lo que si es cierto es que si no existiera este contrato, parte de los dos buques del tipo AOR que estamos realizando en este momento para Australia y las cinco fragatas españolas de la serie F-110, que está previsto fabricar en Ferrol, las veríamos compartidas con los astilleros de aquí y de San Fernando (Cádiz)", ha apostillado. Ha manifestado que, según las estimaciones que maneja el comité de empresa, no está previsto que los astilleros de la ría de Ferrol participen en el programa saudí, pero se ha mostrado satisfecho, en todo caso.
"Con este contrato, Cádiz y todo su entorno van a tener una carga de trabajo importante, sólo con las cinco corbetas para Arabia Saudí, y Ferrol tiene también mucha más carga sabiendo que los dos buques de apoyo para la Australia y las cinco fragatas para la Armada Española se van a materializar íntegramente aquí", ha remarcado.
A preguntas de los medios de comunicación, Javier Galán también se ha referido al plan industrial que tanto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietario al 100% de Navantia, como la dirección de la empresa naval pública prevén poner en marcha en los próximos meses.
"Es una declaración de intenciones de lo que pretenden hacer desde su punto de vista como dirección, pero por el momento no han especificado nada concreto. Entendemos que lo que quieren es abordarlo con el plan y el convenio único, y será cuando presenten finalmente un documento cuando iniciemos el debate", ha indicado.
Por último, el máximo represente del comité de empresa en la antigua Bazán ha asegurado que ya se ha recibido la solicitud de convocatoria de una asamblea general con los trabajadores de las empresas auxiliares, cursada por CIG Industria, y que dicha petición "será abordada y estudiada en una reunión de la permanente del comité", en donde están representado los cuatro sindicatos con delegados en el astillero --CC.OO., CIG, MAS y UGT--.

El perfil académico de los presidentes autonómicos

MADRID.- La polémica sobre el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto en el punto de mira los logros académicos de los políticos. Los mandatarios autonómicos son en su mayor parte abogados y con poca formación complementaria posterior, al menos según consta en sus currículos.

Una formación complementaria, como la de los máster, que no era necesaria para ser licenciado en la época en la que cursaron estudios la mayoría de los actuales presidentes regionales.
Sea o no por la edad, son pocos los homólogos de Cifuentes que exhiben algún máster en las biografías oficiales que constan en las respectivas páginas web de los gobiernos autonómicos.
Tiene uno, por ejemplo, su compañero de partido en Murcia, Fernando López Miras, que aún no ha cumplido los 35 años, licenciado en Derecho y que ostenta un título de MBA de ENAE, la escuela de negocios adscrita a la Universidad murciana.
Cifuentes ha sido la más aplicada a la hora de completar sus estudios, a tenor de lo que figura en la web del Gobierno madrileño, ya que además del controvertido máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos, tiene en su haber un máster en Administración Pública y Dirección de Empresas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
En general, en el mundo de la política priman los licenciados en Derecho y el plano autonómico no se escapa a esa generalización.
Son abogados la propia Cifuentes y el ya citado López Miras, así como los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la de Andalucía, Susana Díaz, esta última también diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo.
Es decir, el 40% de los 16 mandatarios actuales es experto en leyes.
Visto por el lado de los partidos, cuatro de las cinco comunidades gobernadas por el PP tienen al frente a abogados y sólo La Rioja se sale de esa tónica.
Si se analizan los méritos curriculares desde el tradicional punto de vista de ciencias o letras, estas últimas arrasan por mayoría, con diez de los dieciséis presidentes autonómicos.
Además de abogados, los estudios más cursados son los de Ciencias Económicas y Empresariales, Periodismo y Magisterio.
Los expertos en Economía son los de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (también es diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco) y Canarias, Fernando Clavijo, mientras que el valenciano Ximo Puig y la navarra Uxue Barkos son periodistas, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, son maestros.
Revilla es el más veterano de los presidentes regionales, junto a su vecino de la cornisa cantábrica, el asturiano Javier Fernández, que es ingeniero de Minas y diplomado en Calidad Ambiental.
El aragonés Javier Lambán es el único licenciado en Historia Contemporánea y Doctor en Historia por su tesis doctoral "La reforma agraria en Aragón en la II República", calificada con la máxima nota posible: apto "Cum laude", y su compañera de filas balear, Francina Armengol, es la única farmacéutica y además tiene un posgrado en Dermofarmacia y estudios de Derecho.
Guillermo Fernández Vara, de Extremadura, el único que es médico forense, obtuvo el grado mediante tesina de licenciatura en 1989, con calificación de sobresaliente.
En todo caso, aunque muchos hayan ejercido su profesión también llevan muchos años en el mundo de la política, por lo que han dejado atrás los estudios, al menos de momento.

Una crisis muy tonta / Ángel Montiel *

A Alfredo Di Stefano, en los tiempos en que entrenaba al Valencia, se le atribuye una sensata instrucción a un portero algo torpe que por entonces tenía ese equipo: «Las que vayan dentro no las pares, pero las que vayan fuera no las metas». Fernando López Miras debería atender a ese consejo aun no siendo torpe, aunque novato, es decir, nuevo en cualquier facultad o materia, según la RAE. Ya ha de parar suficientes tiros a puerta desde que fue incorporado de entre los reservas como para que atraiga a ella nuevos peligros por causa de su capricho. No es normal que una crisis de Gobierno, sobrevenida por sus propias insinuaciones, se venga prolongando durante un mes sin pretexto lógico que justifique la agonía.

Es imposible entender tamaña dilación si no es por la existencia de dificultades inconfesadas, dado que las consecuencias no pueden ser ignoradas: inquietud y ansiedad entre los propios miembros del Gobierno y de sus respectivos equipos; pérdida de autoridad de los cesantes más rumoreados, si es que alguno de ellos la tuvo en algún momento; expectación contenida entre los agentes dependientes de la acción del Gobierno, sometidos a un prudente compás de espera hasta que se aclare la situación, y acelerada especulación en todos los ámbitos sobre las causas de tan sostenida demora.

Gestionar una crisis de Gobierno no es fácil si, una vez decidida, no se actúa con rapidez y eficacia; de lo contrario, se le puede ir de las manos al líder más pintado, como podría ser el caso. Aparte de que en el entreacto se cuelan todo tipo de oportunidades para instancias exógenas que creen tener o tienen capacidad de influencia y pretenden imponer o retener a sus peones, lo que acaba identificando las deudas del Gobierno, tanto si las paga como si no lo hace.

Todo esto resulta todavía más llamativo si, de partida, cabe suponer que es innecesario. Si López Miras diseñó una agenda para su rampa de lanzamiento electoral, a un año vista de las urnas, que contemplaba en un corto espacio de tiempo su legitimación como líder regional a través de un congreso del partido, más la inmediata proclamación de los candidatos municipales y el remate de un ajuste de Gobierno, a estas horas podemos concluir que el primer epígrafe ha sido salvado, pero los dos siguientes siguen pendientes en un aplazamiento inexplicable que solo puede ser debido a una razón paradójica: el poder adquirido no es sinónimo de autoridad. La transición del liderazgo digital y sobrevenido al liderazgo proclamado desde las bases no se está traduciendo, a la vista de los hechos, en una capacidad resolutiva como cabía esperar.

No negar es afirmar. No hay que remitirse solo al sorprendente impasse en la decisión sobre el rediseño del gabinete gubernamental. Tampoco debe ser fácil, por lo visto, anunciar de una tacada la nueva escuadra de candidatos municipales, que se dijo que sería conocida antes de Semana Santa; después se matizó que lo sería a la vuelta de la misma, y ahora ya constatamos que se hará caso a caso, empezando, ayer, por Cartagena. Quizá ocurra que candidatos como José Ballesta, para Murcia, no estén dispuestos a ir en el pelotón y pretendan establecer su propio calendario para el anuncio correspondiente.

La fórmula «mantengo plena confianza en todos los miembros de mi Gobierno» para replicar a las demandas de información sobre la crisis anunciada redunda en la incertidumbre, pues de no existir la previsión de cambio sería más fácil negar que éste se vaya a producir. Jugar con sobreentendidos es divertido, y tal vez López Miras haya descubierto que uno de los privilegios del poder consiste en 'ponerse interesante', pero la lectura tradicional que suele derivarse de un presidente que no resuelve las crisis es que es incapaz de acometerlas. Con el riesgo, además, de que tan prolongado periodo de expectación concluya con un mero cambio de cromos, que de haberse producido en un primer instante habría podido ser aplaudido, pero como resultado final de la inmersión en la nave del misterio puede resultar decepcionante: ¿tanta espera para que al final salga un ratón?

Desde el Gobierno se asegura que el presidente nunca ha dicho oficialmente que tras el congreso del partido dictaría un cambio de Gobierno, y esto es cierto si no evitamos el 'oficialmente', pero tampoco ha dicho lo contrario, lo cual en la vida política, que es donde ejerce su oficio, se resuelve con un dos y dos son cuatro: si no se niega es que la habrá. Aplazar una crisis de Gobierno que no había sido demandada explícitamente desde el exterior sino insinuada en la hoja de ruta del propio presidente introduce una inevitable inquietud más allá de su propio entorno político. 

¿A qué espera? ¿Por qué no se decide? A partir de ahí, toda suposición es legítima. Algunas de las que se acumulan: no es capaz de contrariar a quienes le aconsejan desde fuera; no dispone de recambios sólidos a un año vista de las elecciones sobre las que no existen perspectivas claras acerca de la conservación de la hegemonía popular; no tiene la seguridad de que, si suelta lastre, las 'víctimas' pasen a potenciar los demonios interiores del partido en un periodo en que éste precisa de todos los recursos humanos; no está decidido a rodearse de efectivos que compitan con él en calidad política en una fase tan necesitada para el Gobierno de un especial impulso, cuando la realidad reclama políticos a todo plan antes que sosainas sin ímpetu que esperen a la iluminación presidencial para tomar decisiones...

Hay quien insinúa que el presidente retiene la decisión del cambio porque quiere tomarla cuando no se sienta presionado, es decir, cuando nadie se lo espere o cuando la prensa deje de especular sobre el asunto. Esta reflexión es mejor no tomarla en serio, porque reproduciría una actitud infantil, y más cuando la presión sobre la remodelación del Gobierno se la ha impuesto a sí mismo el propio presidente, pues es una anotación propia en su agenda política tras el congreso del PP. Las crisis del Gobierno se hacen o no se hacen, pero no se ponen a la espera, por las razones antedichas y porque el reloj avanza a gran velocidad hasta la hora final.

Lo previsible del imprevisible. Al presidente murciano no le gusta ser previsible, según confiesa él mismo, y tal vez por eso no actúa del modo como se supone que haría cualquier otro en su lugar. Sin embargo, López Miras, a su pesar, resulta previsible en todo lo demás. Por ejemplo, cuando hace unos días se convirtió en el primer valedor de Cristina Cifuentes tanto en la convención popular de Sevilla como en Los Desayunos de TVE

El presidente que acababa de celebrar un congreso regional con el reclamo de la 'refundación', es decir, con la voluntad supuesta de emprender un nuevo camino, a la primera prueba a que es sometido en el ámbito nacional, sucumbe al doctrinario de carril y todavía con más energía que cualquiera de los otros allegados a Génova que se ganan el pan en sus pasillos. ¿No había alguien para defender lo indefendible que no fuera el murciano de turno? ¿No se daba cuenta López Miras de que hay ciertas cosas que producen vergüenza ajena aunque se entienda que responden a obligación de partido? 

Bien, pero si prevalece ésta sobre el rigor y la exigencia es mejor no presumir de refundación e independencia. Tal vez la enconada defensa que protagonizó López Miras sobre las mentiras de Cifuentes le fuera exigida por ésta, bien directamente o a través de los ejecutivos de su gabinete, ya que en su momento la presidenta madrileña salió en defensa de Pedro Antonio Sánchez cuando éste se encontraba, por otros motivos, en una situación política parecida (de ahí la famosa 'vía murciana' a la que tanto se apela para el caso de la madrileña). Es decir, favor con favor se paga. Menos mal que la desafortunada bromita de López Miras en Los Desayunos de TVE sobre la actriz Paz Vega superó en número de reproducciones en las redes sociales al 'corte' en defensa de la automasterizada, aunque no se sabe muy bien si hubiera sido mejor al revés.

A este respecto, el presidente debería considerar que su imagen requiere equilibrar en la balanza del haber la incompetencia desatada de algunos de sus colaboradores, póngase el caso del diputado Cascales, quien esta semana se aprestó a intentar desacreditar en sede parlamentaria a la Universidad pública de Cartagena, que en última instancia es responsabilidad del Gobierno regional, y todo por la cerrazón de no admitir el choriceo del máster de Cifuentes, abriendo además un capítulo que podría estallar en la cara a una nutrida tanda de miembros relevantes del PP que han cursado sus carreras en la privada amiga mientras ejercían en la política, y salían así tal vez milagrosa y santamente de la intitulación. 

Algo similar a cuando el senador Pedro José Pérez acusó a Alberto Garre de no adaptarse a permanecer sin sillón, esto dicho por quien lleva toda su vida en ellos y tiene una hija que ha heredado el de una dirección general. Siempre hablan los menos indicados. Si López Miras acaba incurriendo también en este tipo de frikadas no quedará reserva en el PP para que supongamos que hay espacios de racionalidad política. Ahí es donde se espera que el presidente, aunque sea contra su voluntad, resulte previsible, es decir, normal.

En realidad, un cambio en el Ejecutivo regional es algo que, si se hubiera producido en el momento correspondiente, es decir, inmediatamente después del congreso del PP, habría tenido una lógica aceptación, pero pasado el tiempo empieza a carecer de interés. La impresión general es que el Gobierno no va a mejorar, pero podría empeorar. Por mucho que se produzca el relevo, pongamos por caso, del consejero de Agricultura, quien no va a cambiar es la ministra de lo mismo, de modo que la política seguirá siendo la misma aunque la gestualidad sea distinta o se transmita una impresión de movimiento. 

Es al propio López Miras, más que a la sociedad regida por su Gobierno, a quien le podrían interesar unos cuantos ajustes. Y esto por dos motivos: unos funcionales, en el sentido de que podría desbaratar algunos de los ingenios de estructura administrativa que han resultado inoperantes o insólitos; otros políticos, porque lo que el presidente necesita es impulso de su gestión, y esto, por mucho que se valore a sí mismo, no lo podrá conseguir, y menos en el tramo por el que se avanza, si no tiene a su lado a gente con iniciativa, imaginación y capacidad de comunicación. 

El distraimiento de la portavoz, Noelia Arroyo, a la candidatura a la alcaldía de Cartagena, aun cuando mantenga sus funciones en el Gobierno, constituirá un déficit en el capítulo político, pues López Miras no dispone de muchas piezas tan valiosas como ella para calcular la iniciativa en la actualidad política.

Una de las cosas que debería interiorizar López Miras, por su propio interés, es que el mundo no empieza ahora, ni él es Adán en el paraíso. Es un líder por hacer en el ámbito general de la sociedad, aunque en su partido le hayan dado el manojo de llaves, y lleva la carga de la gestión de más de veinte años del PP, de la que no puede desentenderse, y menos si lo hace sólo de lo malo, a no ser que lo denuncie. No le basta con haber tomado el mando para que se perciba su autoridad y, por tanto, es peligroso que juegue al científico que mira la jaula de ratones (sus consejeros) para observar su evolución y decidir sobre su sacrificio, pues en política ese método acaba transformando las conductas.

No son pocos los problemas políticos que aceptó López Miras al aterrizar en la presidencia. Puede que acabe resolviendo alguno o ninguno. Pero lo que no cabía esperar es que creara alguno nuevo que le perjudicara especialmente a él. Como decía Di Stefano, «los que vayan fueran no los metas».


(*) Columnista


Pablo Llarena, presidente / José Antonio Zarzalejos *

La mayoría de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se rinde. Y Pablo Llarena, mucho menos. Consideran que la decisión del Tribunal Territorial de Schleswig-Holstein de vetar la entrega de Carles Puigdemont por un presunto delito de rebelión es una decisión inadmisible derivada de un mal entendimiento del propósito colaborativo de la orden de detención y entrega europea que ha de ser interpretada conforme a los criterios de flexibilidad que ha establecido el Tribunal de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo.

El máximo órgano jurisdiccional español va a dar la batalla jurídica. Hasta donde sea posible, pasando por plantear una cuestión prejudicial ante la justicia de la Unión antes de aceptar la entrega del expresidente de la Generalitat solo por malversación -si los jueces alemanes entienden que procede- hasta llegar a rechazarla rotundamente. 

Está en juego -y así lo explicitan los togados- la soberanía de uno de los poderes del Estado español -el judicial- que no puede ser coartado por ninguna otra instancia para enjuiciar lo que se estima es -en términos kelsenianos- un golpe de Estado perpetrado por el independentismo los días 6 y 7 de septiembre y el 1 de octubre del 2017.

En el Tribunal Supremo se valora, como en otras muchas instancias, que el Gobierno de Mariano Rajoy ha fracasado no solo en el aspecto operativo y policial con el desastre del 1 de octubre, sino también en el terreno político con la judicialización de la crisis catalana sin acompañamiento del remedio de acciones políticas. 

Y no solo: muchos magistrados están convencidos de que el Ejecutivo ha perdido -quizá porque no la ha dado- la batalla de la opinión pública y publicada en el ámbito internacional. También en el interno. Cada día son más los que amplían el espectro del fracaso gubernamental al nivel doméstico.

Un terreno impracticable

En otras palabras: crece la sensación de que el inmovilismo, la inacción y el mal cálculo de Rajoy ha llevado la situación catalana a un terreno impracticable. Las responsabilidades políticas -obviamente no las penales- de lo que ocurre en Catalunya están repartidas entre la temeridad seguramente delictiva de los dirigentes independentistas y la incuria política del Gobierno. Que está prácticamente desarbolado por la concurrencia de crisis varias. 

Y fundamentalmente de dos: la que provoca los casos de corrupción -el último, el de Cristina Cifuentes, corrupción cívica y ética- y la de confianza porque la ciudadanía no reconoce la bondad de su gestión económica. A lo que hay que añadir que los Presupuestos Generales del Estado siguen en el alero por la crisis catalana que es el nudo gordiano de la política española, aunque el PNV no se unirá  a la oposición en la enmienda a la totalidad de las cuentas públicas.

El único poder estatal  que responde a pleno rendimiento (el legislativo está paralizado), es el judicial, al que el Gobierno ha redirigido la gestión última del problema independentista. 

Los jueces están cumpliendo con su obligación aunque son conscientes -lo mismo ocurre en el Tribunal Constitucional (TC)- de que asumen una cuota de responsabilidad que no les corresponde porque una buena parte del problema en Catalunya es de naturaleza política. 

O lo era si el Gobierno hubiese implementado antes dos medidas: el diálogo y, subsidiariamente, la aplicación del 155 mucho antes del 27 de octubre, cuando ya se habían consumado hechos que, imparablemente, conllevaban responsabilidades de carácter penal.

Irresponsabilidad escandalosa

Rajoy es un especialista en despejar balones. Y tanto lo ha hecho que ha terminado por perder, incluso, los atributos que son propios del Gobierno. Ni él ni su Gabinete tienen margen alguno de maniobra en los problemas que conciernen al país, sean de la naturaleza que fueren. El fracaso gubernamental lo es en todos los frentes y la única referencia de poder real, efectivo y eficiente, es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, además de los jueces y otros tribunales. 

Y en el contraste de legalidad constitucional, el TC. El presidente ha vaciado de facultades el Gobierno en una estrategia de irresponsabilidad verdaderamente escandalosa. De ahí que se haya perdido la batalla de la opinión pública exterior e interior y de que, incluso en Alemania, surjan voces que aconsejen la "mediación" de la UE entre el independentismo catalán y el Estado.

El independentismo ha hecho mucho daño al país no tanto por sus habilidades como por la incomparecencia del Gobierno para evitarlo y, en su caso, repararlo. No hay confianza ya en que el poder ejecutivo pueda remediar el desastre político, pero sí en que el Constitucional sea un valladar de defensa de la Carta Magna y los tribunales, significativamente la Sala Segunda del Supremo, manejen jurídicamente la crisis y hagan un enjuiciamiento efectivo de responsabilidades que tenga dos propósitos: el sancionador y el disuasivo. Y que las sentencias que se dicten sienten un precedente infranqueable a nuevas aventuras segregacionistas.

"Sede vacante"

No elevemos la anécdota a categoría, pero en un círculo intelectual restringido de Madrid, discreto pero muy influyente, una persona de enorme relevancia social y política sentenció que "en España tenemos, sí, un presidente, pero no es el del Gobierno, y se llama Pablo Llarena". 

Los asistentes -pocos y escogidos- esbozaron una sonrisa pero ninguno contradijo la afirmación. Fue el pasado jueves, cuando se conoció que el magistrado del Supremo había denegado por segunda vez la excarcelación de Jordi Sànchez para ser investido presidente de la Generalitat. 

Que sigue "sede vacante". Si se interpone, como ha acordado la Mesa del Parlament, a instancia de los separatistas, una querella criminal por prevaricación contra el instructor del caso del 'procés', Llarena aumentará su dimensión referencial para muchos millones de españoles.


(*) Periodista



El Reverendo Rajones y el suicidio colectivo del PP / Federico Jiménez Losantos *

Netflix ha estrenado una serie impresionante, Wild Wild Country, sobre la asombrosa historia de una secta hindú que en los años 80 del siglo pasado estuvo a punto de tomar un condado de Oregón con un discurso de mucha paz, mucho sexo y mucho amor; y, aprovechando los vacíos legales como todo movimiento totalitario, puso en jaque a la sociedad y al Estado. La movilización ciudadana que se produjo ante la parálisis institucional fue un verdadero modelo de patriotismo norteamericano. Podía ser tabarnés.

El reverendo comunista Jones y los mil suicidas

Los 40 habitantes del pueblo de Antelope se movilizaron contra los miles de seguidores de Bagwan que compraron y urbanizaron lujosamente un valle arriscado y pobre con los fondos recaudados en Hollywood y otros oasis orientalistas por el gurú de los 90 Rolls-Royce. Las comarcas vecinas y multimillonarios como el creador de Nike se rebelaron contra lo que veían una amenaza totalitaria y comunista. Y pese a unos medios de comunicación tan amarillos de forma como rojos de fondo -nada nuevo- los oregonianos tuvieron el apoyo de una opinión pública conmocionada tras el suicidio del Reverendo Jones y 900 siervos de su secta "Templo del Pueblo" en Guyana.

Jones, un galés dizque indio, se declaraba comunista y tuvo el apoyo de la izquierda exquisita post-68, como el alcalde de San Francisco y el líder gay Harvey Milk, llevado al cine magistralmente por el siniestro Sean Penn. La crisis a cuenta de Stalin le alejó del Partido Comunista Norteamericano, cuyas figuras más populares eran Angela Davis y los "Soledad Brothers"; y ante una investigación del FBI por blanqueo de dinero y abusos a menores, huyó a Guyana. 

Allí instaló su paraíso comunista. Pero allí apareció un día Leo Ryan, congresista que, alertado por unos padres, quiso ayudar a huir a los que vivían en un régimen de terror. Un templista apuñaló y mató a Ryan y otros asesinaron a cinco de los que querían huir, obligando a volver al resto. Al día siguiente, según el film Jonestown, envenenó a más de 300 niños con cianuro y ordenó suicidarse al resto de la secta, que, férvidamente, obedeció.

Desde entonces, muchos americanos sospecharon que el orientalismo de los Beatles pasado por California podía acabar en masacre de enajenados, como en Guyana. Y los uniformes bermellón, las milicias armadas de Sheela, -maligna hindú sonriente y soberbia demagoga mediática al modo podemita- y el discurso de tergiversación de las leyes les movieron a una resistencia de varios años, hasta que pasó lo que cuenta la serie y no voy a destripar aquí.

Los faraones sepultados con toda la Corte

¿Qué tiene que ver esto con lo que pasa en el PP? Si no hubiéramos vivido el suicidio de UCD, diríamos que nada. Como lo vivimos, casi todo. Dicen que hay algo peor que una gran religión dirigida por seres minúsculos: una pequeña religión dirigida por líderes mayúsculos, carismáticos y letales. Pues bien, lo más parecido a una secta que trueca la fe por la obediencia es un partido político con nuestra ley electoral, de listas cerradas y bloqueadas. 

Esa pirámide con el líder que administra el alpiste de los sueldos y los cargos públicos es una forma de despotismo que acaba chocando con una realidad siempre cambiante, tormentosa, abonada al estiaje y a las riadas de opinión. Pero si no se tiene en cuenta ese cambio continuo, llega un momento en el que no hay más salida que quitarse de en medio, desaparecer. A eso va el PP.

Como la opinión pública depende de los medios de comunicación, los políticos del PP están en manos de la 'Secta del Patíbulo', o sea, de los medios que utiliza Soraya, con Mariano detrás, para irlos liquidando uno a uno. Pero en las pirámides egipcias el faraón no se va solo al otro mundo, sino que lo acompaña toda la corte: eunucos, generales, joyas y animalillos domésticos. 

Y aunque El Faraón por excelencia era Aznar (se lo puse yo), como se fue por propia voluntad en 2004, nadie murió. Pero, ay, el faraón que él nombró sucesor decidió en 2008 que el Partido-Corte se enterrara con él. Y diez años después, se ve venir el suicidio colectivo inducido por el reverendo Rajones.

El arma última del suicido en masa es la voluntad de morir. Pero el arma que logra esa obediencia son los medios de comunicación patibularios que destruyen a la persona que hay en cada rival político o ideológico. 

Y sólo la aplastante mayoría mediática de extrema izquierda forjada por el PP explica -lo hizo ayer Javier Somalo en un brillante artículo- que en la semana del juicio a Griñán en el caso de los ERE, 900 millones de euros robados a los andaluces en paro por la Junta de Andalucía, el debate nacional sea el del máster de Cristina Cifuentes, con Casado de postre. 

No es que haya dos varas de medir. Aquí no hay más que una vara de medir las costillas de los políticos del PP, la que esgrimen los telechicos de Soraya y sufre el partido de Rajoy.

Rajoy liquida al PP y Rivera lo despista

En su peor actuación política, Albert Rivera y Aguado 'El Equivocado' están siendo los fatuos instrumentos de la 'Ashishina One' para liquidar el PP de Madrid, que es el último obstáculo para suceder a Rajoy, bien como candidata a la Moncloa, bien, si él se enroca en el aforamiento, en la reserva tradicional de voto del PP que ha sido Madrid desde hace un cuarto de siglo. Dado que la mayor afluencia de nuevos votantes a Ciudadanos viene del PP, es de idiotas aparecer como el verdugo de Cifuentes por un birrimaster mientras se perdonan masacres financieras como las de los ERE andaluces.

¿Qué no es por el birrimaster sino por mentir? ¿Y no ha mentido más Griñán al decir que no recuerda lo que firmó? Esta semana destapó El Mundo dos escándalos, uno de Susana Díaz y la Gürtel del PSPV y Compromís, mucho más graves: documentos falseados y saqueo de fondos públicos en favor del partido y los intermediarios, que son los mismos que con el PP. ¿Es más corrupto el máster legal de Cifuentes -aun si la Universidad lo trucase- que alterar el régimen legal de contratación o financiar campañas electorales de Zapatero, el PSPV y el Bloc comunista-separatista, base de Compromís?

Para el votante de izquierdas, sin duda, ya que la única corrupción es la que sale en La Sexta y demás medios patibularios sorayejos: la del PP. ¿Pero piensa lo mismo el votante del PP de Madrid, al que no hicieron mella tantas campañas cebrianescas, godojulianescas, rourescas y gabilondescas? Lo dudo. 

Rajoy acumula méritos sobrados para que cualquier español herido en su dignidad por el golpismo catalán y el padrinazgo político alemán deje de votarlo, pero ¿adónde irá su indignación: a Ciudadanos o a Vox? Hasta el follón de Madrid, estaba claro. Si C's aparece como partido oportunista que apoya a la izquierda en el linchamiento injusto de la derecha, eso cambiará.

La suerte de Rivera -no de Aguado 'El Equivocado'- es que Rajoy le brinda una oportunidad de oro para sacar la pata que, a mi juicio, ha metido hasta el corvejón. Sus dudas sobre Cifuentes abocan al PP a la guerra civil entre los que prefieren perder el poder y forzar a C's a retratarse con sociatas y podemitas para cortar la sangría de votos y los que buscan conservar la Autonomía para hacerle hueco electoral a Soraya si Rajoy no la hace faraona. Son bandos irreconciliables. ¿Qué pinta Rivera en esa guerra?

La creación de una sólida alianza nacional

Sucede que casi todos los dirigentes de C's son provincianos catalanes, ignorantes de la severa y delicada sensibilidad del votante del PP madrileño. Villacís nunca lo ofende, por eso la votarán. Aguado los irrita haciendo los mismos aspavientos que sociatas y podemitas; aunque vote los presupuestos no se lo perdonarán. Lo de Cifuentes, comparado con lo de Errejón y Griñán, es clamorosamente injusto, y lo de Casado es la clásica destrucción personal, después política, de Cebrián y Ferreras que tanto indigna al votante del PP. 

Rivera debería dar un paso atrás y dejar que sean los verdaderos verdugos de Cifuentes -Soraya y Rajoy- los que muestren su cabeza cortada en la mano.

Lo que está en juego es mucho más que llevar a Rivera a la Moncloa: reconstruir el centro-derecha para hacer frente al separatismo y sus socios de izquierda, lo que no ha hecho Rajoy, obstinado desertor de sus obligaciones. De que Rivera lo entienda depende algo más que el futuro de Cifuentes y el suyo propio. 

Se trata de llegar al poder con una alianza nacional sólida detrás, y eso sólo es posible uniendo en torno a C's los restos del PP, Vox y tanta gente que no cree en los partidos, tampoco en el de Rivera, pero sí en España.

Mientras, el Reverendo Rajones y la menuda y satánica Sheela rumian su futuro y pasean en círculos -mala señal- por la Guyana.


(*) Columnista


La negrita rubia / Pedro J. Ramírez *

Si en algún sitio puede encontrar Cristina Cifuentes bálsamo, que no cauterio, para sus heridas es en el Capítulo IX del Libro Primero de los Ensayos, en el que Montaigne advierte: "Sé bien que los gramáticos distinguen entre decir mentira y mentir; y dicen que decir mentira es decir cosa falsa, mas considerando uno mismo que es verdadera". A esa distinción aludía, sin saberlo, el dirigente del PP que, según me cuentan en la redacción, explicaba, zumbón, en la convención de Sevilla: "Nunca he visto mentir a nadie con tanta sinceridad".

Cuando estalló el escándalo, la presidenta de la Comunidad de Madrid creía haber cumplido con los laxos requisitos del máster que medio le regalaron, como a tantos otros, en la Rey Juan Carlos, aunque no recordaba los detalles. Son tantas las cosas trascendentes y/o dramáticas que han ocurrido en su vida personal y/o política, durante los seis años transcurridos, que no es de extrañar que las minucias de aquella simulación académica generalizada -que si la matrícula, que si los créditos, que si el trabajo final- estuvieran desdibujadas por completo en sus recuerdos.

Precisamente, por eso, hubiera tenido que ceñirse a la recomendación con la que Montaigne introduce su reflexión anterior: "No falta razón cuando se dice que aquel que no se siente bastante seguro de su memoria, no ha de meterse a mentiroso".

En su fuero interno puede consolarse, pensando que ella creía haber actuado conforme a las normas vigentes y que fue eso, y no otra cosa, lo que trató de transmitir. Pero verbalizarlo ahora sólo empeoraría aun más su situación, pues muchos verían en ello una nueva falacia y alegarían que Cristina Cifuentes traspasó con desparpajo la frontera entre el "decir mentira" y el "mentir" desde el mismo momento en que, durante su comparecencia ante la Asamblea de Madrid, acomodó su relato a las pruebas falsificadas bajo la batuta del estafador Alvárez Conde.

Lo que ha hundido a Cifuentes no es lo que pasó en 2012 en la Rey Juan Carlos, sino lo que ha pasado ahora en la Puerta del Sol. O sea la cocción, aliño y emplatado de la mentira. Exactamente lo mismo que le sucedió a José Manuel Soria -otro "inseguro de su memoria"- cuando se enfangó en las arenas movedizas de las omisiones y medias verdades sobre actividades familiares remotas en paraísos fiscales. El narizómetro de La Sexta lo dejó para las mulillas.

Merece la pena profundizar en esto porque todos sabemos que la mentira es el mayor denominador común de la vida política. Hasta el extremo de que, a menudo dan ganas, de apuntarse a la famosa propuesta de Swift, y promover una ley que obligue a los políticos a decir la verdad durante tres meses al año, de manera que podamos convivir con la mentira durante los nueve restantes, sin ningún atisbo de mala conciencia cívica.

Pero si en la política española se miente continuamente y a pierna suelta, conviene preguntarse por qué hay mentiras letales como las de Cifuentes, las de Soria, o, desgraciadamente, en sentido estricto, las que rodeaban en el momento de su óbito a Rita Barberá; y, sensu contrario, por qué hay otras, de mucha mayor enjundia y gravedad, que quedan impunes, como parte de la monotonía del paisaje.

Para esbozar una respuesta, propongo afrontar la etiología de las mentiras de los políticos, no desde la intencionalidad de sus emisores, como hace Montaigne, sino desde la percepción de sus receptores. Y adelanto que la experiencia me lleva a distinguir, no entre mentiras involuntarias y mentiras voluntarias, sino entre mentiras verosímiles y mentiras inverosímiles. O sea entre aquellas que, con apariencia de verdad, pueden embaucar a su receptor, aun a costa de dejar abierto el flanco de la duda, y aquellas que, resultando tan patentemente mendaces, cuando no decaen terminan convirtiéndose en expresiones de dominación o incluso tortura.

Cualquier lector de Orwell entiende la diferencia entre los noticiarios cinematográficos que informaban de los cambios de alianzas entre Eurasia, Oceanía y Asia Oriental, utilizando las mismas escenas bélicas, y la sesión de la habitación 101 en la que O'Brien explica a un Winston Smith, al borde de la total alienación, cómo dos y dos pueden sumar cuatro, pero también tres, cinco o "todo eso a la vez".

Entre la humana disposición a la servidumbre voluntaria y la confesión de crímenes no cometidos, con tal de agradar al dictador, existe ese vasto reino de las tragaderas en el que una opinión pública, convenientemente pastoreada, se instala en la asunción de lo inverosímil confortable.

Hubo un caso flagrante, a finales del siglo pasado, cuando se nos hizo creer que Felipe González ignoraba que su ministro del Interior y su Secretario de Estado de Seguridad gestionaban una trama que mataba y secuestraba personas; y ni siquiera despachaba sobre el asunto con el jefe de los servicios secretos. Es el antecedente más parecido de la verdad oficial, hoy en día vigente, según la cual la contabilidad B del PP alternaba anotaciones auténticas con anotaciones falsas cuyo propósito era hacer creer a la posteridad que Mariano Rajoy -quien, por supuesto, tampoco se enteraba de nada- cobraba sobresueldos ilegales, 343.000 veces más infamantes que el máster de Cifuentes.

Siendo, como se ve, la mentira inverosímil el predio de los Césares, cabría preguntarse cómo puede estar sobreviviendo a una tan gorda alguien que gobierna en situación de extrema debilidad parlamentaria, demoscópica y reputacional. La explicación está en el lucrativo afán de los desvalijacadáveres, que hacen su agosto durante todo el año, mientras mantienen con respiración asistida al moribundo. Un día habrá que catalogar a los Polancos de Rajoy. El mismo papel que ejerció durante el felipismo, con tanto virtuosismo como ninguna virtud, el legendario patrón de Prisa, se lo ha repartido durante el marianismo, un elenco de variopintos personajes. Desde el traidor que ha entregado la ciudad que brillaba en la colina a cambio de la supervivencia personal, hasta el camaleón que ha puesto una vez más precio a su chaqueta.

Pero quienes de verdad se han forrado el riñón a costa de la nulidad del Estafermo han sido los príncipes y lacayos del duopolio televisivo. Ellos inocularon el veneno de Podemos para dotar de sentido al antídoto y ellos dan cancha ilimitada a los golpistas catalanes para preservar la utilidad de quien les planta cara con torpe tibieza.

Poco puede esperarse del expediente de la Comisión de la Competencia. Mientras los demás medios chapotean para sobrevivir, estos dos grupos, con sus correspondientes circos de trapecistas y payasos, siguen convirtiendo en oro el derecho de pernada que supusieron las absorciones liberticidas de La Sexta por Antena 3 y la Cuatro por Tele 5. Hacia dentro funcionan con las reglas implacables de la mafia -que se lo digan al despojado José Lara-, pero hacia fuera fingen esmerarse en la caza de políticos mentirosos y corruptos porque los diosecillos de la audiencia siempre tienen sed.

Como ya dije en su día, en relación a Soria y Barberá, qué festival nos habría deparado el duopolio, si los chanchullos de la vicepresidenta del Gobierno se trataran con el ahínco de los de la presidenta de la Comunidad de Madrid; o, no digamos, si las mentiras inverosímiles de Rajoy pasaran por el filtro del narizómetro, con el rigor dedicado a las mentiras verosímiles de Cifuentes.

Era creíble que la entonces Delegada del Gobierno hubiera acudido el 2 de julio de 2012 a presentar su trabajo de fin de máster al campus de Vicálvaro, pero el empeño por desnudarla ha desmontado adecuadamente su farsa. Era increíble que Rajoy no interviniera en la trama de extorsión y cohecho que se desarrollaba en la sede de Génova, era increíble que Rajoy no se lucrara personalmente con la caja B del PP, era increíble que Rajoy no supiera lo del dinero en Suiza cuando mandó los SMS a Bárcenas, pero todos los refajos de su apariencia de honorabilidad siguen intactos. 

Entre otras razones, porque cuando alguien como yo presenta ante la Comisión de Investigación del Congreso veintiúna pruebas e indicios, que podrían abastecer horas y horas de narizómetro, el duopolio marianista los ignora por completo. No me extraña que a Jiménez Losantos le hierva la sangre cuando le agreden desde tamaña hipocresía.

Hay un dicho que sostiene que "una hormiga que se mueve hace mucho más que cien bueyes dormidos" y ese parecía ser el lema de Cristina Cifuentes. Su entusiasmo renovador, su capacidad de trabajo, su simpatía a raudales, su apertura mental no sólo la llevaron a la cima de la Comunidad y el PP de Madrid, sino que la habían convertido en alternativa a Rajoy y candidata a sucederle. Pero, como ya les pasó a Gallardón y Aguirre, es imposible ser a la vez levantisco y conformista.

La pretendida transigencia cero de Cifuentes con la corrupción colapsó cuando se desdijo ante el juez de las denuncias que había formulado en privado sobre las presiones y amenazas de Maruhenda y Casals en el caso Lezo. Ellos bailan ahora, qué amarga lección, con los bolsillos bien llenos, sobre el proyecto de cadáver hacia el que han orientado los puñales de la izquierda.

A Cifuentes aun le hubiera quedado, o le queda, la salida de marcharse dignamente y por propia iniciativa a su casa. No tendría que ser un viaje sin retorno porque ningún fantasma penal la persigue. En la vida se cometen equivocaciones pero los pecados se expían; y si es con ejemplaridad, mejor.

Lo que lleva camino de aniquilarla para siempre es la resignación a dejar su suerte en manos de Rajoy, renunciando a toda singularidad ante la opinión pública, perdiendo el dominio de sus actos, convirtiéndose en una ficha desechable más en el tablero de la estrategia partidista.

A menos que exista un pacto para que la mentira verosímil de Cifuentes quede subsumida en una mentira inverosímil de Rajoy y adquiera así la intangibilidad de lo sagrado; es decir a menos que el presidente suture la herida con un decreto demiúrgico: “Señores del duopolio, mis fieles clientes y leales vasallos, yo también estaba en el campus de Vicálvaro el día que Cristina defendió su trabajo ante el tribunal”; a menos que ese milagro de la primavera la proteja, la presidenta de Madrid ya puede ir adornando sus rubios cabellos con las guirnaldas de flores que las doncellas, que cumplían el papel de chivo expiatorio, llevaban cuando se dirigían al altar del sacrificio.

Será la negrita 101, perdón, no, la negrita 102, la negrita 103, la negrita 104 o, para ser exactos, la indeterminada nueva penúltima negrita que después de Soria, Rita y un señor de Murcia poblará, en calidad de víctima sustitutoria, el cementerio político en el que las almas en pena de tantas glorias nacionales ya sólo aguardan el momento de ver ahorcarse a su pertinaz sepulturero.


(*) Periodista y editor de El Español


Libertad de los/as presas/os políticas/os / Ramón Cotarelo *

Mi tocayo, Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), madrileño como yo, además de muy estimable escritor, era un tipo inquieto y por eso firmaba a veces como el curioso parlante. Anduvo curioseando por muchas partes para escribir sus interesantísimas Escenas y tipos matritenses, fuente de documentación sobre cómo eran Madrid y los madrileños a mediados del XIX y como son ahora en buena medida. 
 
Algo parecido me pasa con Barcelona. Pero confieso que, si hubiera de escribir unas Escenas barcelonesas, lo tendría más fácil que Mesonero porque hace años que Barcelona ha sustituido a Madrid como manifestódromo. Si no en cantidad, sí en calidad. No porque las barcelonesas sean mejores que las otras en ningún sentido sino porque son las más reiteradas y frecuentes en el ámbito político decisivo hoy en España: independencia de Catalunya sí o no. Manifestaciones, movilizaciones, concentraciones en favor y en contra de la independencia con evidente frecuencia. 

Un juego interesante luego es comparar las manifestaciones pro y contra la independencia respecto a varios asuntos: cantidad de asistentes, organizaciones convocantes, violencia sí o no, agresiones a viandantes sí o no, limpieza y cuidado del mobiliario urbano sí o no, agresividad y amenazas en los discursos sí o no, tratamiento equilibrado en los medios sí o no. Y, con eso, cada cual saca luego sus conclusiones.

Hoy hay una enésima manifestación independentista en Barcelona específicamente dedicada a reclamar la libertad de los presos, los exiliados y los embargados por razones políticas. Promete ser un acto de enorme asistencia y seguro que es de muy civilizado recorrido y sin incidentes, salvo los que puedan seguirse de provocaciones externas. Es una manifestación con un doble mensaje: al interior y al exterior. 
 
Al interior va directamente a Bassa, Forcadell, Junqueras, Forn, Turull, Rull, Romeva, Sánchez y Cuixart, sobrevolando los cientos de kms que los separan de su casa y haciéndoles sentir al cariño y el aliento de un pueblo. Al exterior se dirige a Gabriel, Rovira, Puigdemont, Ponsatí, Borrás, Comín y Serret con el mismo significado y también a la comunidad internacional. Es una manifestación para hacer ver al mundo la falta de libertades en una España que dice ser Estado de derecho pero funciona como una dictadura de hecho.

Una manifestación gigantesca, probablemente como no la haya habido hasta ahora, con dos consecuencias una dependiente de la otra. La primera la unidad del movimiento independentista es tan fuerte como siempre y eso se observa en que no hay diferencias entre detenidos y represaliados: son gentes de PDeCat, JxC, ERC y CUP. Todos. 
 
Unidad que hace gala de un apoyo social inmenso, un grado de implicación de la sociedad civil (la de verdad) nunca antes visto y un compromiso que garantiza la solidez del movimiento (incluso económica porque funcionan a todo meter las cajas de resistencia) y su reproducción en la medida en que cada lugar que quede vacante por procesamiento será cubierto por otra persona hasta que el Estado acabe negociando una solución a la desobediencia civil que no sea acusarla de terrorismo. Cosa que ya ha visto que no puede hacer.

La segunda consecuencia: el fracaso rotundo del plan gubernativo de represión. El bloque del 155 aplicó este artículo ilegalmente y convocó elecciones creyendo que las ganaría los llamados "constitucionalistas", o sea, unionistas. Las perdieron. No quieren reconocerlo ninguno, ni PP ni C's ni PSOE; pero las perdieron y, mientras no lo reconozcan, la situación no tendrá arreglo. 

Además de este fracaso se da el mucho más sonoro del plan de sofocar el independentismo a sangre y fuego, aplicando aquí la plantilla del País Vasco. Dijeron (lo dijo Sáez de Santamaría) que, encarcelando a las "cabezas" del independentismo, no pasaría nada: un par de semanas de algaradas y luego tranquilidad, como en el País Vasco. Llevamos cinco meses y la presión y movilización sociales no solo no disminuye sino que aumenta. Fracaso absoluto.

Tan absoluto que ahora lo han intensificado, aplicando a Catalunya la plantilla País Vasco/ETA y por eso el fiscal empezó la tirada pidiendo imputación de terrorismo para Tamara Carrasco, miembro de un CDR. El intento de criminalizar a los CDR e imputar al conjunto del movimiento una violencia inexistente pero que necesitan todos como agua de mayo, sobre todo los jueces, para poder construir unos imaginarios delitos de rebelión y disfrazar de judicial una decisión puramente política: encarcelar a los adversarios del gobierno.

Tampoco van a conseguirlo, como se verá por la manifestación de hoy en Barcelona, masiva y pacífica y su eco en el extranjero.
 
 
Ayer se estrenó el drama de Marcel Vilarós El meu avi va anar a Cuba en el Foment Mataroní, de Mataró. Me parece que fue un éxito para como anda el teatro hoy, pero no me corresponde juzgar. Palinuro pronunció una breve arenga al tomar posesión como Valeriano Weyler, capitán general de Cuba al comienzo de esa guerra que condujo a lo que la historia de la Gran Nación de la banda de ladrones llama El Desastre, origen de la generación del 98, timbre, al parecer, de gloria patria. 
 
Las excelentes fotos son de Joan Safont. Palinuro había escrito el prólogo al libro que contiene drama íntegro de Marcel y un estudio histórico de Victor Camprubí, esencial para entender el contexto de aquella guerra. Y en un aspecto que el público español no suele tener en cuenta: que en el siglo XIX, por razones que son conocidas pero largas de explicar, hubo una especial relación entre Cuba y Catalunya. 
 
Una relación también comercial que tuvo un elemento turbio en el asunto de la trata de esclavos pero que no se agotaba ahí.  Dejando volar un poco la imaginación podría decirse que, en cierto modo, Catalunya heredaba para gestionar los últimos jirones del perdido imperio colonial español. Jirones que también desaparecieron en aquella guerra indescriptible, dirigida por imbéciles como este tal Weyler. 
 
El binomio nace aquí: Catalunya gestiona lucrativamente una colonia (al margen de consideraciones morales que nosotros hagamos ahora) y los ineptos de los españoles la pierden, a pesar de que allí fueron a luchar voluntarios catalanes. El "desastre" explica dos cosas, siempre en alas de la especulación e imaginación: de un lado, el impacto de la pérdida en Catalunya y, de otro, la indiferencia con que España reaccionó ante la pérdida de Cuba. De ahí sale una visión alternativa de la historia.

En todo caso la obra está muy bien y sigue tejiendo hilos sutiles relacionando la lucha por la independencia de Catalunya hoy día con la de Cuba antaño. Seguro que tendrá muchos más éxitos.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
 

De nuevo, a la calle / José Antich *

Barcelona volverá a vivir hoy una manifestación multitudinaria al cumplirse seis meses del encarcelamiento de los Jordis, Sànchez y Cuixart. El 16 de octubre ingresaron en prisión los entonces presidentes de la ANC y Òmnium y allí permanecen arbitraria e injustamente privados incluso de aquellos derechos que no se les puede arrebatar en el momento procesal en que se encuentra la causa. 

Como permanecen injustamente en otros centros penitenciarios de Madrid miembros del Govern depuestos por el 155 y la expresidenta del Parlament, y en el exilio el president Puigdemont y cuatro consellers.

El independentismo ha sido perseguido por el Estado mucho más allá de la ley. Lo están denunciando así instituciones y organismos internacionales y la opinión pública mundial empieza a descubrir una España muy diferente a la que se imaginaba. De una muy baja calidad de su democracia, de uso indiscriminado de la fuerza contra sus propios ciudadanos, de incapacidad para abrir cualquier negociación. Un estado represivo en el que retroceden a pasos de gigante derechos y libertades.

Por eso, hoy una multitud saldrá a la calle. Para que el mundo lo sepa y se oiga en Berlín, en Bruselas, en Londres o en Suiza la demanda de los catalanes. Con lazos amarillos y al estilo catalán. Todas las veces que haga falta se llenarán las calles hasta que se ponga punto y final a la actual situación.

Desde el 2010 ha habido manifestaciones excepcionales que han sorprendido al mundo por lo gigantescas que han sido y por su civismo. Este domingo tiene, sin embargo, dos características especiales: la libertad de los presos y el foco alemán, donde se encuentra Carles Puigdemont en libertad provisional. 

Bajo el lema "Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió. Us volem a casa", la ciudadanía ha sido convocada para expresarse en paz y en libertad. Como siempre. Por más que el Estado insista en una violencia imaginaria, en la kale borroka y en toda una sarta de mentiras. La mejor respuesta está, como siempre, en la democracia y en las urnas. Aquellas que no respetan después de los resultados del 21-D. 

Som-hi.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


sábado, 14 de abril de 2018

C's denuncia que el PP sigue ciego y sordo a los problemas del Mar Menor y ha renunciado a solucionarlos


MURCIA.- Ciudadanos ha denunciado hoy que el PP “sigue ciego y sordo a los problemas del Mar Menor, después de que la formación que sostiene al Gobierno regional tumbara sendas mociones naranjas en las que se urgía al mismo a que desarrollara cuanto antes la Ley Integral que deberá proteger a la laguna y evitar “que el mayor desastre medioambiental de los últimos años se agrave e incluso se repita”. 

Así lo han manifestado los portavoces naranjas en San Pedro del Pinatar, José Luis Ros; y San Javier, Antonio Murcia, que defendieron en sus plenos las iniciativas. “Nos hemos ya acostumbrado a que el PP baje los brazos, renuncie a Gobernar y esté en permanente campaña electoral, pero es lamentable que el Mar Menor vaya a pagar cara esta actitud, porque será una de las víctimas colaterales de esta actitud que no vamos a dejar de denunciar”, ha señalado Ros. 
Por su parte, Antonio Murcia ha criticado que el PP de San Javier “se ha vuelto a apoyar en un tránsfuga para tumbar una iniciativa en la que pedíamos también apoyo para el decreto de medidas urgentes, un decreto que redactó el PP y cuya aplicación trataron de retrasar, demostrando que la regeneració del Mar Menor no es una prioridad”.
Sin embargo, Ciudadanos considera que el PP “aún está a tiempo de rectificar y aclarar que defiende el Mar Menor, impulsando la elaboración por parte del Gobierno regional de la Ley Integral del Mar Menor”. 
Ros considera que el Mar Menor es la clave del futuro de los municipios ribereños, “y los políticos no pueden ser el obstáculo para su recuperación”.
Por su parte, Murcia ha pedido que esta solución legislativa integral “no se centre exclusivamente en la agricultura, sino que se aborden causas, consecuencias, y otros sectores de actividad, aplicando el diálogo y el consenso con todos los sectores implicados”. A su juicio, “esta ley, entre otras cosas, deberá combatir las malas prácticas de tipo, ya sean urbanísticas, de infraestructuras, obras y dragados, y otros factores que se demuestren perjudiciales para nuestra joya”.

Preocupación en la ciudadanía por la turbidez del agua potable en diversas zonas de Cartagena

CARTAGENA.- "Como es de sobra conocido, la escasez de agua en nuestra Comarca provoca que, cada vez más, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) recurra al agua de las desaladoras, que llega a través de tuberías que le aportan hierro (soluble y no soluble)", dice MC en un comunicado.

"En cuanto a la red municipal, que mantiene y conserva la concesionaria, existen sectores antiguos con bridas metálicas e incluso acometidas de plomo, siendo éste un metal pesado.
El resultado es que en diversas zonas del municipio, la mayoría de ellas cercanas a los depósitos y tomas de la MCT, el agua se aprecia con un tono amarillo, generando una enorme preocupación entre los ciudadanos que encuentran desaconsejable su consumo".
"Ante las dudas que suscita esta situación, MC programó, a través del laboratorio municipal, unos controles adicionales a los de Hidrogea, que los actuales responsables del Gobierno local han eliminado de su borrador de presupuesto para 2018".
"Por ello estamos en condiciones de afirmar que a 'Caostejón' y el PSOE poco o nada les importa la calidad del agua o la salud de los ciudadanos, puesto que han eliminado una partida de más de 300.000 € para dejar en manos de la concesionaria estos análisis.
Se trata de una imprudencia que MC quiere denunciar y pone en conocimiento de todos los ciudadanos, quienes abonan su recibo en el que la concesionaria incluye conceptos dudosos a cambio de un agua que llega amarilla a sus casas y que, por supuesto, no se atreven a consumir".
"Es por ello que exigimos que una vez 'Caostejón' ya tiene su foto de la pírrica bajada del agua, se interese por la calidad de ésta y la salud de los vecinos y, de modo inmediato, demande los controles extraordinarios que procedan y haga públicos todos los resultados.
La incapacidad socialista está yendo demasiado lejos y además de incumplir las normas y claudicar ante la concesionaria, ahora genera una gran inquietud social por no trabajar en beneficio del interés general y la salud de los ciudadanos y sí, por su puesto.
Por eso le demandaremos en el próximo Pleno una explicación y medidas concretas. Si no se las ofrece a los ciudadanos o resultan insatisfactorias, estudiaremos otras vías legales porque está en juego la salud de los cartageneros", concluye el comunicado.