CARTAGENA.- "Desde CTSSP manifestamos nuestra satisfacción por esta primera
Comisión de Investigación propuesta por nuestro grupo, y destacamos el
buen hacer y el trabajo de sus integrantes. La experiencia obtenida en
la misma nos emplaza a una pronta y necesaria regulación de la
comisiones de investigación en el Reglamento del Pleno de este
Ayuntamiento para corregir algunas faltas y vacíos detectados en su
desarrollo.
En segundo lugar, la ciudadanía debe saber que en el
pliego de condiciones se deja muy claro que se contrata un auditorio
terminado, y sin embargo, tras el importe de licitación del contrato de
las obras más los 4 modificados que suman 44.462.765€, se tuvieron que
ejecutar a posteriori las obras complementarias. ¿Por qué? Dichas obras
supusieron unos costes añadidos de 2.093.871 € para la Adaptación
Acústica + 9.478.441 € para Equipamiento Escénico + 1.538.788 € para
Mobiliario + 4.238.175 € para Adecuación del Entorno, lo que sumado a
los honorarios técnicos de arquitecto y aparejador nos hacen pasar a un
coste total de 63.9382E377 € para un auditorio que se contrató por
20.364.945 € (+315%).
La obra fue contratada, ciertamente a un
premio nacional de arquitectura, pero el cual no completó ni consumó la
diligencia y lex artis propia de su profesión, pues tenía que haber
previsto que la especial ubicación iba a ser origen de los sobrecostes
que finalmente se produjeron, debiendo haberse basado en un correcto y
eficaz estudio geotécnico como primer paso para la redacción, tanto de
los documentos técnicos, como de la ejecución de las obras y la
correspondencia entre previsiones y situaciones desconocidas, no
previstas o sobrevenidas.
La solución, con una filtración que
parece importante, en un ambiente marino agresivo, y con unos requisitos
de estanqueidad muy exigentes, al ser el espacio sumergido (el propio
patio de butacas), parece más precaria de lo que sería deseable, y
aparentemente sobrevenida por una falta de previsión de algo que era
evidente al construir bajo rasante junto al cantil del puerto. Por todo
ello, desde CTSSP exigimos la responsabilidad contractual y técnica del
arquitecto José Selgas.
El Sr. Juan José Hernández Nieto, director
de la UTE (ACS e INTERSA) empresa constructora, también es
corresponsable de estos sobrecostes, pues era conocedor de los errores
de inicio pero aún así decidió continuar con la obra manifestando que
ellos no estaban para renunciar a la misma. Conocían los estudios
geotécnicos sabiendo que el primero ya era incorrecto, pero entendemos
que su presunta actitud negligente le llevó a continuar y no desistir a
pesar de los futuros y previsibles problemas que efectivamente
surgieron.
En cuanto a los técnicos del Ayto, queremos emitir unas
“conclusiones particulares” en las que nos diferenciamos como grupo
político de la apreciación del resto de la Comisión: desde CTSSP
consideramos que cabe también recriminar el mal hacer del Coordinador de
Urbanismo existente en el inicio de la obra, Jesús López López, dado
que él supervisó el proyecto inicial, dándole el visto bueno y no vio en
ningún momento la importancia del informe geotécnico inicial, pues
desconocía su existencia, según nos manifestó. Sus funciones principales
como Director de Urbanismo eran la certificación de obras, el
cumplimiento de los plazos y las obligaciones del contrato; es decir, él
era la figura del control municipal sobre la dirección técnica de la
obra. Estuvo en el momento más importante del inicio de la obra, que era
cuando se realizó el acta de replanteo y no advirtió nada. De hecho es
prueba evidente de ello que nada más marchar de sus funciones se crea
una Comisión Técnica Especial formada por funcionarios del Ayto. (que
trabajaron adecuadamente) para reconducir y poner orden en las numerosas
irregularidades que se estaban empezando a dar.
La ubicación
formaba parte de un proyecto estratégico denominado “Puerto-Ciudad”; sin
embargo parece que dicha decisión fue caprichosa por parte de los
políticos gobernantes en ese momento, que no tuvieron en cuenta las
repercusiones económicas que supuso para las arcas municipales, gastando
el dinero público sin contemplaciones ni medida con el fin último de
promocionar su figura política y a su partido.
Incluso en el
supuesto de que todo estuviera dentro de la legalidad, acusamos
directamente al gobierno municipal del Partido Popular en aquellos años,
formado por los concejales Gabriel Ruiz, Mª Ángeles Palacios, José
Vicente Albaladejo y José Cabezos Navarro, y en última instancia la
alcaldesa Pilar Barreiro, como últimos responsables por no cumplir con
su función de servidores públicos, al llevar a cabo la construcción de
un edificio no prioritario y económicamente desproporcionado para las
necesidades de Cartagena2E Esto supone una evidente falta de previsión y
gestión en una obra pública, que nos ha dejado endeudados por muchos
años a la ciudadanía cartagenera.
También queremos dejar claro las
responsabilidades que desde nuestra valoración particular se deben
exigir al Arquitecto José Selgas, a la UTE ACS-INTERSA, al Técnico
municipal Director de urbanismo Jesús López López y a los concejales y
alcaldesa del PP. Dichas responsabilidades serán depuradas en la forma
en que los Servicios Jurídicos del Ayto. de CT determinen, tras el
informe que la Comisión de Investigación les haga llegar.
Por
último, lamentamos que ni Pilar Barreiro, ni su equipo de Gobierno ni el
propio arquitecto tuvieran la disposición a prestar declaración en la
Comisión, ya que la ciudadanía es lo mínimo que se merece, teniendo en
cuenta que se deben dar todas las explicaciones cuando se ha construido
con dinero público un edificio innecesario que ha costado 3 veces más de
lo presupuestado inicialmente".
