En
este momento, la justicia en España es la justicia del príncipe que
nunca tiene nada de justa. El gobierno sigue indultando delincuentes y
la Fiscalía General da la impresión de actuar en defensa de los
intereses del gobierno y no del interés público. El caso del presidente
de Murcia, del PP, al que la Fiscalía ordena no investigar en
contra del criterio de las fiscales del lugar, es justo el simétrico al
caso del expresidente Mas, cuando la Fiscalía General ordenó investigar
en contra del criterio unánime de los fiscales catalanes. Tan errático
comportamiento, propio de casuística vergonzante, explica por qué la Asociación Progresista de Fiscales pide la dimisión del ministro de Justicia.
La
situación es ya insostenible, entre una policía política como la que
estuvo funcionando en la legislatura anterior y un ministerio fiscal al
servicio del gobierno y su partido, aquí, de Estado de derecho no quedan
ni las migajas.
El procesado habla
El País no cabe en sí de alborozo. Le rebosa en el titular: una alternativa para Cataluña,
un punto medio, el equilibrio, lo que todo el mundo valora tanto. ¡Y
creencia del independentista Mas! Ese titular es una invitación abierta
al gobierno a que indague en dónde se encontraría el áureo punto medio.
Una ocasión que debe aprovecharse por mor de la Patria.
Dice
Mas que la formulación de la alternativa corresponde al gobierno.
Obvio. Hay dos polos, según Mas: polo 1: las cosas como están; polo 2:
la independencia. Una de las partes está por el polo 2 y la otra no está
por el polo 1 (porque acepta que son necesarias reformas de todo tipo)
pero sí está contra el polo 2. Ahora bien, en una sociedad democrática
no es posible justificar política alguna en función de su negatividad.
Hay que proponer algo... una alternativa.
Muchos
independentistas verán estas declaraciones como un amago de retirada,
como la aceptación de que no haya independencia, como una concesión. Sin
embargo, no es otra cosa que doctrina oficial del bloque
independentista en el gobierno: hasta el último momento antes del
referéndum, está abierto a la negociación con el Estado. Quizá la base
del equívoco radique en la fijación del término ad quem, según
que sea el referéndum o la independencia, que no son coincidentes. Mas
no ha dicho que sea el referéndum, sino la independencia. Pero, el
decirlo es de sentido común: el referéndum va de suyo pero uno de sus
resultados puede ser un "no" a la independencia.
La
pelota, la patata caliente, la cuenta atrás las tiene el Estado y en su
representación, el gobierno. Basar su política en un "no" absoluto al
referéndum, sin ofrecer alternativa alguna lleva a la confrontación que,
al decir de muchos, es justamente lo que se pretende. Aunque luego diga
el señor Albiol que el ejército no entrará por la Diagonal, en un
lapsus freudiano. El gobierno se niega a negociar con la Generalitat e
incluso la excluye de esa política fantasmagórica a la que llama diálogo y
de la que ni él mismo sabe en qué consiste. La idea de la
vicepresidenta de que sea posible negociar con los niveles de gobiernos
locales, sin duda hablando de cuestiones económicas, es decir, comprándolas,
demuestra una ignorancia supina de la naturaleza del movimiento
independentista catalán, cosa nada de extrañar si se tiene en cuenta que
el PP gobierna en uno solo de los 947 municipios de Cataluña.
A
estas alturas, no hay alternativa al margen del referéndum. Porque,
aunque el Estado y la Generalitat dieran con una fórmula alternativa
entre los dos polos satisfactoria para ambas partes, esa fórmula habrá
de someterse a referéndum, a su vez. Será, además, irrelevante que ese
referéndum sea a escala española o catalana porque, en definitiva, los
únicos resultados que contarán para resolver el conflicto serán los
catalanes.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
