Nos movemos en la entrega de hoy a la cuestión importante del déficit
fiscal, también el de la Seguridad Social, y lo que significa la
expansión dramática de la deuda pública, así como las posibles
debilidades del sistema financiero.
III. DÉFICIT FISCAL, DEUDA PÚBLICA Y SISTEMA FINANCIERO
1. Problemas de déficit fiscal y de la Seguridad Social (SS)
Aun siendo comparativamente optimistas en cuanto a la futura
expansión de la economía española, es de todo punto necesario incluir en
este informe lo que son cuestiones preocupantes: déficit fiscal y de la
Seguridad Social (SS), y sistema financiero.
Las CC.AA. en rebeldía
Aunque los ingresos fiscales subieron en 2014 y 2015 por encima del
crecimiento del PIB, hasta llegar en 2015 a 413.456 millones de euros
(incluyendo la SS), lo cierto es que en proporción a nuestra población,
tenemos un 6 por 100 menos de ingresos que la media de la Unión Europea.
Y aunque se esté progresando en la cifra de recuperación de fondos
opacos, a través de la lucha contra el fraude (15.564 millones de euros
recuperados en 2014), seguimos manteniendo uno de los déficit más
fuertes de la Unión Europea, incumpliendo todas las previsiones
planteadas con ésta.
Por lo demás, en cuanto a los compromisos de déficit, resulta
realmente inaceptable que con un crecimiento del PIB de 3,2 en 2015,
haya habido un déficit del 5,1 por 100 del PIB (nueve décimas más del
comprometido con la UE, 4,2); dándose la paradoja de que en 2012, en
plena recesión, disminuíamos el déficit en dos puntos.
La causa de ese estado de cosas es que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas no ha trabajado como debería haberlo hecho.
Hubo total permisividad con las CC.AA. y pasividad ante el derrumbe del
presupuesto de la SS. Sintetizando, puede decirse que algunas CC.AA.
entraron en rebeldía contra el Gobierno de la Nación; al dejar la
mayoría de ellas de cumplir el objetivo previsto para 2015, como también
se supone que harán en el 2016: con un 0,7 por 100, dentro del global
de 3,6. Ante esa situación no se toman las medidas disciplinarias
convenientes; dándose por contra excesiva facilidad para la concesión de
fondos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y con un
endeudamiento ya de las CC.AA. no tan distante de los 300.000 millones
de euros. Una cifra que difícilmente podrá ser pagada en el futuro y
que, según la vieja tradición democrática española, puede transformarse
en una deuda histórica.
Ante tal escenario, la Comisión Europea acabó por plantear una
advertencia muy seria, en el sentido de multar a España por su falta de
cumplimiento. Una penalización que podría ser de 2.000 millones de
euros, dato que no se anunciará, por razones de pretendida imparcialidad
política, hasta después del 26 de junio, cuando se hayan celebrado las
nuevas elecciones generales, para no castigar al partido del gobierno. Y
en ese sentido, habrá que recordar que ya en mayo de 2016, Juncker,
desde la Comisión, hizo público que había recibido una carta de Rajoy,
comprometiéndose a que, de seguir siendo presidente del Gobierno, hará
un recorte en la próxima legislatura de no menos de 8.000 millones de
euros.
Evidentemente, la decisión tomada en 2011, de cumplir con las
aspiraciones de la Unión Fiscal Europea, se enmendó el artículo 135 de
la Ley de Leyes. Lo cual hasta ahora no ha servido para nada: la Ley de
Estabilidad Económica y Financiera subsiguiente a la reforma
constitucional, no se cumple.
Todo lo expuesto lleva a pensar en que el nuevo gobierno que surja de
las urnas el 26 de junio, tendrá que llevar a cabo la reforma de la
financiación autonómica del régimen de 2009, totalmente obsoleto.
Reforma de la Seguridad Social a la vista
En lo relativo a la SS, el déficit de las pensiones en 2015 fue de
17.000 millones de euros, lo que equivale a un 8,5 por 100 de lo gastado
en jubilados y pensionistas del modelo contributivo.
La consecuencia de tal situación, está a la vista: el Fondo de
Garantía de las Pensiones del Pacto de Toledo, se situó a finales de
2015 en 32.500 millones, con una fuerte caída desde su máximo de 2010 de
66.815 millones en 2009.
La referida situación se debe en gran parte a los efectos no deseados
de la reforma laboral, con sus diversas incidencias: precarización de
los empleos; baja cuota a efectos de cargos por SS en muchos nuevos
cotizantes; ídem por la temporalidad; y un envejecimiento de la
población española, ya con más de 8,5 millones de jubilados y
pensionistas (pensiones no contributivas aparte).
Todo lo examinado obliga a plantearse por el próximo Gobierno una
reforma de la Seguridad Social, antes de que se agote el Fondo de
Garantía antes citado, con toda una polémica previa sobre si el sistema
contributivo debe ser completado con un impuesto ad hoc, o si debe haber
una fórmula que incluya la capitalización, una tesis actualmente poco
apoyada.
2. El problema de la deuda pública
Al asumir España el euro, en mayo de 1998, adquirimos el compromiso
–en función de uno de los criterios de Maastricht— de reducir el total
vivo de la deuda soberana a un nivel por debajo del 60 por 100 del PIB;
cuando por entonces estábamos, más o menos, en el 70 por 100.
Y el hecho es que con la política de privatizaciones (ingresos de
venta de empresas públicas que se dedicaron a amortizar deuda), y los
ajustes presupuestarios llevados a cabo, en los años 2006 y 2007 hubo
superávit; consiguiéndose reducir la deuda pública al 35 por 100 del
PIB.
Luego vinieron los años de la crisis, con la necesidad de emitir
deuda del Estado en cantidades crecientes, ante la caída de los ingresos
públicos; emisiones que llevaron la deuda pública a algo más de un
billón de euros, equivalente ya al 100 por 100 del PIB, en abril de
2016. Esas emisiones fueron absolutamente necesarias para atender los
servicios públicos, y para no recortar el estado de bienestar.
A pesar de esa situación de déficit considerable y acumulación de
endeudamiento, hay fuerzas políticas (populistas de izquierda) que están
pidiendo una política expansiva del Estado Español (90.000 millones de
euros más para la próxima legislatura), ignorando los problemas que se
derivan de nuestros compromisos con Bruselas y la saluda de las cuentas
públicas, que son de verdadera bancarrota del Estado. De modo que el
mero anuncio de tales posibles dislates futuros ya ha tenido efecto en
un aumento de la prima de riesgo, que iría seguida por la elevación de
los tipos de interés de nuestra deuda; creándose así una situación de
rebeldía de España frente a Bruselas, con todos los riesgos del caso.
Es cierto que, hoy por hoy, la deuda puede financiarse fácilmente con
tipos muy bajos: apenas un 1,6 por 100 para las obligaciones a diez
años, e incluso con tipos negativos en las que se hacen a medio y corto
plazo; con un promedio de coste de financiación que se sitúa en 0,84 por
100 en el 2016, frente a lo que era el 4,19 en 2007. Con la
particularidad adicional de que ya no habría overcrowding, esto es,
desmesurada absorción de recursos por los poderes públicos en contra de
los interesas de las empresas privadas.
Las emisiones de deuda hay que reducirlas hasta llegar a cero en
términos netos y anualmente, en función de la llamada regla de oro,
comprometida por los países de la Eurozona de cara al año cabalístico de
2020. E inevitablemente habrá advertencias e incluso multas por parte
de la Comisión Europea, según vimos; para cumplir lo que es un
compromiso del Club Euro al que pertenecemos.
3. Reforma financiera
Una de las principales cuestiones a resolver durante la crisis fue la
financiera, tras la cuasi-hecatombe de las cajas de ahorro (excepto
tres o cuatro), que no pudieron salvarse; por su mala gestión altamente
politizada y por haber invertido en créditos hipotecarios; muchos de los
cuales resultaron más o menos fallidos, con una morosidad total que
llegó a superar el 12 por 100, y una mora entre los constructores que
superó el 30 por 100.
La reforma financiera, como propiamente debe decirse (no bancaria),
significó que habiendo una garantía para todos los depósitos, hasta
100.000 euros por cuenta, las cajas de ahorro no podían quebrar:
devolver su pasivo en tales condiciones habría sido técnicamente
imposible. Razón por la cual las cajas de ahorro entraron en situación
técnica de bancarrota, por lo que el Estado hubo de nacionalizarlas, y
por cuya financiación fue preciso un rescate a fin de allegar fondos de
la UE.
La cifra ofrecida desde la UE para ese rescate, de reconstrucción de
los fondos propios, y de recuperación de los niveles de solvencia de las
cajas de ahorro en mala situación, fue de 100.000 millones de euros.
Pero solamente se aceptó la cifra de 41.000, pensando que sería
suficiente, especialmente para los tres casos de mayor gravedad: Bankia
(la prolongación de Caja Madrid y otras seis instituciones más),
CaixaCataluña, y Caja Castilla-La Mancha. Sosteniéndose la tesis por
algunos de que los fondos necesarios para todas las operaciones de
rescate señaladas han sido en realidad 20.000 millones más (de
procedencia estatal), hasta llegar a la cifra de 61.000. Los créditos de
la UE se facilitaron desde el MEDE, a muy largo plazo (30 años) y a un
tipo de interés muy bajo del 1,5 por 100.
Tras la reforma/rescate, el problema de la banca española subsiste
por una serie de motivos. Empezando por la política de bajos tipos de
interés que ha ocasionado una severa disminución de los márgenes, de lo
que era la esencia del negocio bancario. Y a esa circunstancia, con un
Euribor negativo, se suman las exigencias regulatorias de garantías del
Basilea III y de la Agencia Bancaria Europea (ABE, en inglés); haciendo
que en estos momentos toda la banca en Europa esté en situación de
incertidumbre.
Igualmente cabe decir que algunas entidades bancarias tienen una
talla muy reducida, lo que puede obligar a fusionarse con otras para
alcanzar mayor dimensión y capacidad en medio de una auténtica
globalización financiera. En esa dirección, el FMI ha incidido en el BCE
para ir a una política de fusiones. Pero lo visto es que las
operaciones de fusión se ven dificultadas por la no total transparencia
de la verdadera situación de balance, con muchas dudas sobre la
solvencia y rentabilidad en el medio y largo plazo.
El avance más interesante, en el sector del crédito en los últimos
tiempos es el hecho de que merced a la política de barra libre del BCE a
la banca privada, las empresas tienen más y mejor acceso al crédito,
sobre todo las pymes. Debiendo señalarse que en el 2015 sólo el 21 por
100 de las pymes ha tenido dificultades en ese aspecto, frente a más del
40 por 100 antes de salir de la recesión.
Por último, como un signo más de la mejoría económica en España, cabe
mencionar que la tasa de morosidad ha caído ya de los dos dígitos. Pero
sobre la banca pesan problemas especiales como el de los
preferentistas, y también el de las clausulas suelo, que se interponían
anteriormente, en la concesión de créditos, para asegurar recursos en
caso de fuertes caídas del Euribor. Y a ese respecto, el Tribunal
Supremo de Justicia de España, tiene que pronunciarse sobre la anulación
de las referidas clausulas y su posible retroactividad. Lo que
llevaría, así se ha calculado, a que los bancos tuvieran que devolver
7.600 millones de euros a sus acreditados.
Seguiremos la próxima semana con las opciones de política económica
que presentaron las distintas fuerzas políticas, así como lo que es más
relevante de las mismas.
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Económicas
