La Agencia Tributaria rastreará en la Región a los propietarios de casas de alquiler anunciadas en internet

MURCIA.- La Agencia Tributaria (AEAT) prevé que este año se efectúen 591.750 declaraciones de la Renta en la Región de Murcia, lo que supondría un 1,6 por ciento más respecto a la campaña anterior, cuando se presentaron 582.645.  Se trataría del segundo aumento consecutivo, y la previsión es que crezcan tanto las declaraciones a devolver (+1,7%) como las que son a ingresar (+8,9%).

Entre las novedades de esta campaña destaca de manera especial el anuncio de Hacienda de que rastreará las páginas web de alquiler de viviendas para detectar a los propietarios que puedan estar alquilando sin declarar sus propieades.

El delegado de la Agencia Tributaria en Murcia, José Manuel Alarcón, achaca este incremento, "probablemente" a la reactivación de la actividad económica y al "buen comportamiento" de las rentas empresariales. En el caso concreto del aumento de devoluciones, lo atribuye a la consignación de una nuevas deducciones que se incorporaron para el ejercicio 2015, por familia numerosa y por discapacidad.

En concreto, la AEAT prevé que 456.000 declaraciones den derecho a devolución en la Región por un importe de 305 millones de euros, un 2,4 por ciento más con respecto a los 298 millones que se devolvieron en el ejercicio anterior; mientras que 114.750 saldrán con resultado a ingresar, por importe de 186 millones de euros, un 4,9 por ciento más con respecto al año pasado, cuando se ingresaron 177 millones.

Se trata de un incremento "paralelo y similar" al que ocurre a nivel nacional, según Alarcón, quien ha ofrecido una rueda de prensa coincidiendo con el inicio de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2015 (IRPF 2015), apenas 48 horas después de la apertura del plazo para presentar por vía telemática la declaración.

Alarcón ha explicado que, a primera hora de este viernes, eran mas de 19.161 las declaraciones de Renta presentadas en la Región de Murcia, lo que supone un ligero descenso del 16 por ciento respecto de las presentadas el año anterior en el mismo periodo (al segundo día de iniciarse la presentación telemática).

De todas las declaraciones ya presentadas, 18.000 son a devolver y algo más de mil salen a ingresar, mientras que las devoluciones ya solicitadas suman 13,5 millones de euros. De momento, se han devuelto 426 declaraciones por un importe de 323.000 euros.

En cuanto al impuesto sobre el Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé recibir en este ejercicio un total de 4.328 declaraciones, un 1,5 por ciento más con respecto al año anterior; y espera ingresar 22 millones de euros más, un 0,5 por ciento más respecto a los 21,9 millones ingresados el ejercicio pasado.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio, tanto para las declaraciones a ingresar como a devolver. No obstante, en las declaraciones a ingresar si se opta por realizar el pago mediante domiciliación bancaria el plazo de presentación abarcará hasta el 25 de junio. La campaña presencial comenzará el 10 de mayo, al igual que la asistencia en oficinas.

La atención en internet y por teléfono se inició el pasado día 6 y las devoluciones ya han comenzado este viernes, apenas 48 horas después, para los contribuyentes que, una vez revisada, presenten por internet, a través de la web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), su declaración, tanto con 'RENTA WEB' como, en el caso de contribuyentes con actividades económicas, con el programa PADRE.

Principales novedades
La principal novedad de la campaña de este año es precisamente la implantación de RENTA WEB como plataforma única para una gestión más simple y flexible por internet de todas las declaraciones de Renta que no incluyan rendimientos de actividades económicas, aunque el ejercicio anterior ya se probó de forma piloto.

Alarcón ha puntualizado que el borrador no desaparece, sino que se aprovechan sus ventajas y se conjugan con las del programa PADRE, aportando una "mayor simplicidad y facilidad de comprensión del borrador" capaz de aplicarse a todas las categorías de renta y formas de presentación. Además, RENTA WEB no requiere hacer ninguna descarga sino que se hace directamente en el servidor de la Agencia Tributaria y se puede manejar con todo tipo de plataformas (móvil, ordenador, tableta...).

De la misma forma, es más dinámico y permite el acceso a datos más actualizados de los contribuyentes, de forma que la Agencia Tributaria incorpora los datos adicionales de los que tiene constancia de forma inmediata en la propuesta de declaración. Con todo, Alarcón ha llamado la atención sobre la necesidad de que los datos sean revisados "con detenimiento" porque hay datos que la AEAT "no puede tener".

Alarcón ha explicado que esta aplicación cuenta con un potencial de usuarios estimado en más de 15,2 millones de declaraciones, casi el 80 por ciento del total, incluyendo tanto a aquellos contribuyentes que el año pasado podían utilizar el tradicional borrador de IRPF (unos 13,6 millones), como a más de 1,6 millones de contribuyentes que el año pasado aún estaban obligados a utilizar el PADRE o programas de ayuda equivalentes.

Como novedad en esta campaña, la Agencia Tributaria también hará un rastreo en internet para detectar a aquellos contribuyentes que puedan tener viviendas en alquiler en portales web. De esta manera, les avisará de forma automática con un mensaje en el que le alerta que ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en la web. Así, les advertirá que están obligados a declarar los beneficios del arrendamiento.

Para realizar esta tarea de "cribado", Alarcón ha señalado que la Agencia Tributaria emplea todos los canales que tiene a su disposición y, en concreto, dispone de "unidades centralizadas" encargadas de buscar en internet. De momento, el delegado carece de datos del número de contribuyentes que podrían estar afectados.

Errores en la tramitación telemática
Alarcón ha reconocido que el día en el que comenzó la atención en Internet, el pasado miércoles, se registraron dos errores informáticos, uno de ellos por saturación de la aplicación y otro debido a que algunas personas visualizaron los datos de otros contribuyentes al descargarse sus datos, pero ha garantizado que el sistema es "muy seguro" y "cumple todos los parámetros exigidos".

En cuanto al problema de saturación registrado, Alarcón ha reconocido que se registró un tráfico en la aplicación que superó un 25 por ciento al del año pasado en el mismo día. "Superó cualquier expectativa", ha señalado el delegado, quien reconoce que este tipo de sistemas se diseñan para atender la demanda media, pero "es difícil para dimensionarlo para atender toda la demanda en momentos puntuales".

Con todo, ha explicado que "lo normal" es que la incidencia se resuelva con esperar "simplemente unos minutos", y ha lamentado que un error puntual "no puede ensombrecer" el buen funcionamiento que la aplicación tiene durante dos meses en que está activa.

En segundo lugar, ha destacado que la AEAT tiene más de cien servidores atendiendo esta aplicación de Renta Web, pero el problema surgió cuando, al pinchar en visualizar los datos veían los de otro contribuyente. Para que eso sucediera, tenía que darse la coincidencia de que ambos contribuyentes realizasen la consulta "en la misma fracción de segundo" y "contra el mismo servidor".

Por ello, destaca que el alcance fue probablemente "muy limitado" y los casos "son muchos menos de lo que nos podemos imaginar", lo cual "no le resta importancia", añade.

Además, ha aclarado que los la opción de vista previa, que permitía descargar solo el archivo en PDF, "no influía para nada en el desarrollo de la aplicación". Es decir, ningún contribuyente tuvo la posibilidad de cambiar o alterar los datos de otros contribuyentes, ha añadido.

APESE y COAG votan en contra del presupuesto del Parque de Sierra Espuña para 2016

ALHAMA DE MURCIA.- Los representantes de APESE y COAG en la Junta Rectora del Parque de Sierra Espuña valoran positivamente la actitud del nuevo Director de la OISMA (Oficina de Impulso Económico del Medio Ambiente), que ha restablecido la secuencia y periodicidad de las dos reuniones mínimas previstas en el Decreto regulador de las Junta Rectoras de los espacios naturales. Y también la del nuevo responsable del Servicio Regional de Caza.

Sin embargo, según han informado los representantes de APESE y COAG, ambas organizaciones votaron en contra del presupuesto del Parque de Sierra Espuña para 2016, por cuestiones de forma y de contenido. Porque, según manifestó el presidente de APESE, no se puede someter a aprobación un presupuesto, que se está ya ejecutando en más de 2/3 de su importe. Además de que, según reiteró el representante de APESE, no van a votar a favor del presupuesto del Parque, hasta que en este no se recojan las partidas necesarias para indemnizar los daños producidos por el arruí y el jabalí en el Parque y la Reserva; que el presidente de APESE cuantificó ante la Junta, en más de 765.000 euros de daños valorados en informes de técnicos, presentados por 54 denuncias de propietarios, que no han sido ni siquiera valoradas por los Servicios competentes. Ello a pesar de que el Decreto regulador del Parque establece claramente la obligación de indemnizar por los daños producidos en los cultivos, según informan desde APESE.

En el curso de la reunión de la Junta Rectora del Parque de Sierra Espuña, se informó de que una vez que se publique la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula la excepción o el indulto al arruí en la Región de Murcia, al volver a considerar a esta especie como exótica e invasora y decretarse la prohibición de la caza y la extinción de esta especie en la Región y la desaparición de la Reserva de Caza de Sierra Espuña; se transferirá esta competencia desde el Servicio de Caza a la OISMA (Espacios Naturales).

Sin embargo, según fuentes de APESE y COAG, fue aún el arruí y la Reserva de Caza –aunque uno y otro estén en vías de extinción y desaparición– los que motivaron los mayores momentos de tensión y discusión en el curso de la Reserva, motivados porque, el representante de COAG y presidente de la Unión de Agricultores del Bajo Guadalentín, comentó que los cazadores no están colaborando en resolver los problemas que la caza está provocando a la agricultura en la zona de Totana. Y que están haciendo declaraciones en contra de la decisión del Tribunal Supremo, que sentencia a su desaparición tanto de la Reserva de Caza como de la especie del arruí, tanto en Sierra Espuña como en toda la Región de Murcia.

Según fuentes de APESE y COAG, un representante de la Federación de Caza presente en la Junta, anunció que la Federación de Caza estaba recogiendo firmas de establecimientos de hostelería reclamando el mantenimiento de la Reserva y del arruí para oponerse al acuerdo adoptado, hace varios meses, por la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo del Parque, Espuña Turística, que solicitaba la desaparición de la Reserva de Caza de Sierra Espuña, antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de marzo, que es firme y no recurrible.

Los inspectores del Banco de España presionados para deshacer su asociación / José Hervás *

Las espadas siguen en alto de cara a la asamblea que tiene convocada la Asociación de Inspectores del Banco de España para el próximo lunes. La tensión entre los técnicos y sus jefes ha subido de tono en los últimos meses. Sobre todo, después de que el Tribunal Supremo confirmara dos sentencias de las Audiencias de Valencia y Oviedo que obligaban a Bankia a devolver a dos accionistas el dinero que invirtieron.

La sen­tencia del Supremo con­si­dera que exis­tían graves inexac­ti­tudes en el fo­lleto de la oferta pú­blica de tí­tulos de la en­ti­dad.

El Supremo, además de re­chazar los re­cursos de Bankia sobre el fondo de la cues­tión, como era la de­vo­lu­ción del di­nero in­ver­tido en las ac­cio­nes, re­cha­zaba que la causa penal pen­diente en la Audiencia Nacional pu­diera pa­ra­lizar las re­cla­ma­ciones in­di­vi­duales en la vía ci­vil.

Tras esta sen­ten­cia, el co­lec­tivo de ins­pec­tores del su­per­visor fi­nan­ciero es­pañol pe­día, a través de un co­mu­ni­cado, la di­mi­sión, entre otros, del Subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, por haber par­ti­ci­pado en el pro­ceso de au­to­ri­za­ción de la co­lo­ca­ción de las ac­ciones de Bankia.

En con­creto, entre los pro­fe­sio­nales de la ins­pec­ción del Banco de España se re­cuerda que Restoy, como vi­ce­pre­si­dente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pre­sidió la co­mi­sión que au­to­rizó desde la CNMV la sa­lida a bolsa de Bankia. El en­tonces pre­si­dente del su­per­visor de los mer­ca­dos, Julio Segura, no lo pudo hacer al estar dado de baja por en­fer­me­dad.

Tres meses antes de emitir este co­mu­ni­cado, a fi­nales del mes de no­viem­bre, ya se había pro­du­cido otro en­fren­ta­miento entre la junta di­rec­tiva de la aso­cia­ción de ins­pec­tores del Banco de España y los má­ximos res­pon­sa­bles de la propia en­ti­dad. El Banco de España ha­bría des­au­to­ri­zado el in­forme de los dos pe­ritos apor­tados a la Audiencia Nacional, pe­ritos ins­pec­tores del Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogales, quienes ha­bían ase­gu­rado que las cuentas de 2010 y 2011, las for­mu­ladas bajo la pre­si­dencia de Rodrigo Rato, y las de 2012, ya con José Ignacio Goirigolzarri en la pre­si­den­cia, “tenían errores con­ta­bles y no re­fle­jaban la imagen fiel de la en­ti­dad”.

Si esto que di­jeron en su primer in­forme pro­vocó una enorme ten­sión en las más altas es­feras del Banco de España, la re­afir­ma­ción a prin­ci­pios de mes en un nuevo in­forme al juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Bankia, Fernando Andreu, de que las cuentas eran frau­du­len­tas, no solo ha reavi­vado el con­flicto, sino que lo ha agu­di­zado. Porque el juez puede de­cidir sobre la ac­tua­ción penal de los di­ri­gentes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La imagen de la alta ad­mi­nis­tra­ción es­pañola se juega mucho en ello. Lógico que al­gunos no duer­man.

Además, las úl­timas con­clu­siones de Busquets y Sánchez Nogales, so­li­ci­tadas de nuevo por el ma­gis­trado Andreu, están re­dac­tadas in­cluso de forma más ta­jante que los tér­minos en los que se ex­pre­saron en los apro­xi­ma­da­mente 400 fo­lios de sus tra­bajos pre­vios. Compañeros suyos del Banco de España, con­si­deran que una vez fa­mi­lia­ri­zados con los tra­bajos en la Audiencia Nacional les ha re­sul­tado más fácil evitar parte de la jerga pro­fe­sional para ser más ro­tun­dos.

Sobre todo, a la hora de ase­gurar que no exis­tían tantas pro­vi­siones como se de­cían en el fo­lleto de co­lo­ca­ción de las ac­ciones de Bankia. En los es­tados fi­nan­cieros no apa­re­cían todas las pro­vi­siones que se de­cían que exis­tían. Una misma pro­vi­sión se tra­taba de aplicar a riesgos dis­tin­tos.

Lógico que au­menten las ten­sio­nes, justo ahora, días antes de que el pró­ximo lunes se ce­lebre una asam­blea de la aso­cia­ción de ins­pec­tores de la que po­dría salir un nuevo co­mu­ni­cado tan crí­tico con el ac­tual equipo gestor del Banco de España, como los úl­timos emi­ti­dos.

Según miem­bros de la aso­cia­ción de ins­pec­to­res, las pre­siones que re­ciben en la ac­tua­lidad son enormes y po­drían estar en­ca­mi­nados a hacer des­apa­recer la aso­cia­ción, o cuando menos el ac­tual equipo di­rec­tivo. Estos vienen aler­tando y mos­trán­dose crí­ticos con la cri­sis, in­cluso antes de que se des­en­ca­de­nara.

La his­toria de la crisis fi­nan­ciera está to­davía por es­cri­birse y los ins­pec­tores del Banco de España tratan de que la misma no se ter­gi­verse.

(*) Periodista

El color del cristal / Ramón Cotarelo *

Lo que va de un punto de vista a otro. Los de Podemos fueron a la reunión tan contentos, pensando que habían hecho 20 generosas concesiones y se encuentran que los de C's no quieren ni oír hablar de ellas, que les parecen un insulto y que con Podemos no van ni al rellano de la escalera. Les ayuda generoso El País que tilda las propuestas de los morados de inasumibles para Rivera. Añade el diario que la primera reunión de negociación de ayer será la última, que el intento ha fracasado.

Supongo que es lo que quiere C's: cortar con Podemos y llegar a un acuerdo con el PP. Y, según se ve, El País también. Recuerda la actitud del matón tabernario que se niega a considerar ninguna oferta de negociación que no sea la sumisión más absoluta. ¿Que el gasto público propuesto por Podemos les parece excesivo? Propongan ustedes otro más a su gusto. Hagan contraofertas. Toda negociación es un tira y afloja y solo los prepotentes dan un puñetazo sobre la mesa y se cargan las reuniones. En su celo anti-Podemos, El País miente bellacamente afirmando que los morados piden la autodeterminación de Cataluña. Lo que hacen es diferir el asunto a una reunión de Domenech (que es de los suyos) con Iceta, un socialista catalán y se comprometen a aceptar lo que salga que será más bien una birria. Estando Iceta, nada de autodeterminación, así que el periódico podía dejar de mentir.

En fin, los de C's muestran su pelambre de la derecha pepera y tras haber incumplido ya ese pacto con el PSOE que, sin embargo, frotan por los morros de Podemos, carecen de autoridad para imponerlo  a lo bruto, sin negociación de ningún tipo.

El PSOE, a su vez, está en posición de  hacer un gobierno de izquierdas: PSOE, Podemos, IU, CC, voto favorable del PNV y abstención de la minoría catalana. 168 escaños. Tendría 185 votos si aceptara el referéndum. Y eso sería lo que habría que hacer para recomponer el panorama español porque tarde o temprano, ese referéndum va a celebrarse.

 

 

El pito del sereno 

Estos del Parlament tienen dos cosas que faltan en el orgulloso cogollo mesetario: ideas claras y sentido del humor. No crean que son tan dispares. Las ideas están claras: el Parlament se reafirma en la declaración independentista del 9 de noviembre pasado. Quiere la independencia. Pero no aturulladamente, así que la cámara ha votado afirmativamente la propuesta de la CUP, pero quitándole dos astas peligrosas que podían dar pie a que las autoridades españolas empurasen a los votantes por incitacióna la desobediencia, o sedición. Una, el propósito de no obedecer las decisiones de las autoridades legales españolas y otra el de inducir a los funcionarios armados de la Generalitat a no realizar las funciones que esas autoridades les encarguen. Supongo que desde el exaltado punto de vista de la CUP, esta prudencia demuestra el carácter burgués y timorato de los otros independentistas de ERC y CDC. Es posible. Todos tienen sus puntos de vista y el miedo guarda la viña.

Además, la decisión parlamentaria muestra sentido del humor. El Tribunal Constitucional había anulado la primera declaración independentista del 9 de noviembre y ahora tendrá que anular está también y por los mismos motivos, porque el Parlamento ha decidido ignorar la presencia del dicho Tribunal. Puede parecer un poco estrafalario que un Parlamento ignore un Tribunal Constitucional. La verdad es que ese Tribunal Constitucional en concreto no goza de especial simpatía ni autoridad o prestigio en Cataluña. Su actividad se ha limitado a cumplir diligentemente los deseos del gobierno que, careciendo de iniciativa política frente al nacionalismo catalán ha preferido hacer como que judicializaba el conflicto, lo cual es falso porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, sino político.

El sentido del humor de los parlamentarios catalanes que, al parecer, se toman las decisiones del dicho tribunal por el pito del sereno, adquiere su auténtica dimensión cuando se observa que, a diferencia del catalán, el Parlamento español ve con gran respeto el Tribunal Constitucional y acude a él en un conflicto de competencias con el gobierno central que, a su vez, se toma el Parlamento por el pito del sereno y sabe que ese conflicto no va a parte ninguna porque el Tribunal Constitucional imparte la justicia que place al príncipe.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Viernes con el fracaso aparentemente definitivo de la mesa a tres bandas para formar Gobierno y otro puñado de focos informativos en portadas y grandes titulares: una jueza de Madrid declara nulas las cláusulas suelo hipotecarias; la CNMC de Marín Quemada lleva a los tribunales al Gobierno por poner trabas a Uber en el taxi y expedienta a cuatro bancos por presunto apaño en precios; Montoro da 15 días a las CCAA para frenar gastos y algunas se rebelan; Telefónica aprueba hoy el relevo de Alierta por Pallete; y más de Los Papeles de Panamá y de los de Venezuela.

20-D+110

El Mundo: Iglesias revienta el acuerdo a tres y exige un Gobierno sin C’s: el partido de Rivera rechaza por ‘excluyente’ una oferta que no renuncia ni al derecho a decidir ni a disparar el gasto; el PSOE no descarta negociar sólo con Podemos si Ciudadanos se levanta de la mesa (Álvaro Carvajal y Luis Ángel Sanz). El Confidencial: Sánchez no descarta ahora negociar sólo con Iglesias para evitar el 26-J (Juanma Romero). ABC: Podemos se burla del pacto PSOE-Ciudadanos: Iglesias lleva al encuentro ‘a tres’ un documento con 20 propuestas, derecho a decidir incluido, que solivianta a Rivera y deja a Sánchez a merced del populismo. El Periódico: Podemos y C’s siguen muy lejos del acuerdo. Libertad Digital: Podemos revienta la reunión al pedir la ruptura del pacto C’s-PSOE (Ketty Garat, Míriam Muro y Mariano Alonso).

El País: El pacto a tres con Podemos fracasa en el primer intento: Iglesias impide cualquier pacto al exigir el derecho de autodeterminación (Anabel Díez y Rafa de Miguel). Otro titular: Iglesias busca forzar el divorcio entre Sánchez y Rivera (Francesco Manetto). Otro titular: El PP repite su oferta de pacto a Sánchez con duros ataques (Javier Casqueiro). Otro titular: Ciudadanos insiste en la vía del PP (Juan José Mateo). La Razón: Fracaso anunciado del tripartito: Iglesias ‘expulsa’ a Ciudadanos de la negociación al exigir el derecho a decidir y que los de Rivera no estén en el Gobierno. Otro titular: Junqueras, a Sánchez: ‘Si dejas a Rivera, todo es posible’; fuentes de ERC aseguran que sí se habló de investidura y que el líder socialista ofreció una 'consulta emboscada' (Pilar Ferrer). OKdiario: La reunión del ‘cambio’ termina en bronca (Nuria Val).

Cinco Días: Casi imposible: la posición de Podemos tras el primer contacto con C’s y PSOE aleja mucho las opciones de un Gobierno a tres. Público: El enfrentamiento entre C´s y Podemos deja a Sánchez casi sin opciones para ser investido (Juan Antonio Blay). Vozpopuli: Sánchez invita a Podemos y C's a hacer la 'revolución social' en sólo 15 días, en los dos primeros consejos de ministros (Federico Castaño). Economía Digital: Sánchez, a la desesperada para evitar nuevas elecciones (Leonor Mayor). El Español: Iglesias dinamita el encuentro a tres y busca romper el pacto PSOE-C’s (Daniel Basteiro y Alberto Lardiés). Confidencial Digital: Consigna de Moncloa a los asesores del Gobierno: 'No os fiéis de las encuestas'.

PAPELES DE PANAMÁ Y DE VENEZUELA

El Confidencial: Así regularizaron los 'españoles de Panamá' con la amnistía del PP: la mayor parte de los españoles que aparecen en los papeles de Panamá se acogió a la amnistía fiscal que impulsó el Gobierno en 2012, y la mayoría de las sociedades fueron disueltas, por lo que no sufrirán consecuencias (Eduardo Segovia). OKdiario: Errejón organizó cursos de Derechos Humanos en Venezuela mientras Maduro tenía 134 presos políticos (Francisco Mercado). ABC: La Asamblea de Venezuela investigará los pagos del chavismo a líderes de Podemos. La Razón: La UDEF llamará a declarar a los ‘donantes’ de Podemos que pagaron hasta 5.000 euros; investiga si se financió mediante el ‘pitufeo’; cree que la formación les daba dinero en efectivo para que lo ingresaran en la cuenta (J.M. Zuloaga).

CATALUÑA

La Vanguardia: El Parlament reta al TC y vota otra vez la declaración de ruptura. El Mundo: JxSí y la CUP salvan la moción independentista con un acuerdo de mínimos. El Periódico: El Govern anuncia que 'no aplicará' el ‘tijeretazo’ que exige Montoro (Xabier Barrena y Pablo Allendesalazar). El País: Iceta y Domènech se reúnen en secreto para abordar el problema catalán (Àngels Piñol y Pere Ríos).

ECONOMÍA

Vozpopuli: El Gobierno ya está negociando con Bruselas un nuevo objetivo de déficit para 2016 (Teresa Lázaro). Expansión: Rebelión autonómica contra Montoro. Cinco Días: El Gobierno amenaza con intervenir 12 autonomías. Otro titular: Seguridad Social: Empleo ve fraude en el 40% de las bajas revisadas. Otro titular: La CNMC recurre la ley que regula a Uber y Cabify (Marimar Jiménez). Libertad Digital: Las CCAA díscolas se rebelan contra Montoro y se niegan a reducir el gasto. La Vanguardia: Montoro da 15 días a las autonomías para recortar más: Hacienda pide a Catalunya que reserve 2.880 millones para cumplir el objetivo de déficit. El Español: Competencia da un puñetazo en la mesa ante bancos y taxistas (Jesús Martínez).

El País: Competencia demanda al Gobierno por las restricciones a Uber: la CNMC considera que las limitaciones a los competidores de los taxis deben ser eliminadas para un mejor funcionamiento de la economía española (Miguel Ángel Noceda). Otro titular: Montoro reduce ahora el déficit al 5% por un cambio contable (J.S.G.). El Mundo: Las CCAA desafían a Montoro y se oponen a hacer más recortes (Francisco Núñez). El Confidencial: Motín a bordo: las CCAA se rebelan contra Montoro para no hacer ajustes (Juan Cruz Peña). El Economista: Montoro ‘peina’ las cuentas para dejar el déficit por debajo del 5% (José María Triper). Otro titular: Moody’s atiza a Montoro: dice que el Gobierno es incapaz de hacer cumplir el déficit a las CCAA.

EMPRESAS

El Economista: El Corte Inglés se lanza a por el mercado de los adolescentes: abre nuevos espacios comerciales ‘TEENstore’ y lanza la marca Belle & Rebel en nueve centros de toda España y en la web para competir con Inditex y Mango. Expansión: Telefónica renueva una cuarta parte de su consejo. Confidencial Digital: BQ, el fabricante de móviles marca España, cancela proyectos por causas económicas; está citando a empresas colaboradoras para comunicarles que interrumpe programas de investigación que estaban en marcha. Cinco Días: La low cost Air Europa Express prepara el despegue en Barajas. Otro titular: Telefónica nombra hoy presidente a Pallete con una amplia renovación del consejo. Vozpopuli: Más de la mitad de las empresas del Consejo de la Competitividad quiere disolverlo tras la marcha de Alierta (Baltasar Montaño).

SECTOR FINANCIERO

Capital Madrid: Sabadell recibe buenas noticias pero no acierta en bolsa: las ventas de Jaime Gilinski y las dudas crecientes sobre todo el sector tumban la acción un 13% en el año (Quesada Vargas). Otro titular: Los empleados bancarios se convierten en una especie en extinción: la revolución digital desplaza al tradicional empleado de ventanilla a la historia (José Luis Marco). Otro titular: Los inspectores del Banco de España presionados para deshacer su asociación: el próximo lunes decidirán en asamblea general sobre su futuro (José Hervás). Otro titular: El coste de la sentencia sobre cláusulas suelo puede superar los 1.000 millones: obliga a 40 entidades bancarias a devolver el dinero cobrado a millares de hipotecados, y la retroactividad podría duplicar o triplicar las provisiones necesarias (C.M.).

Europa Press: La juez declara nulas las cláusulas suelo de las hipotecas de 40 bancos y cajas por 'falta de transparencia'; deben devolver lo 'indebidamente' abonado desde el 9 de mayo de 2013. Otro titular: CNMC expedienta a BBVA, Sabadell, Santander y Caixabank por prácticas anticompetitivas. El País: Una juez declara nulas las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas (Juan A. Aunión). Otro titular: Competencia investiga a cuatro bancos por posibles acuerdos: Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell habrían intercambiado información para fijar precios para conceder créditos sindicados (Migue Ángel Noceda).

Cinco Días: A devolver la cláusula suelo: la juez sentencia en contra de la banca en la macrocausa de las hipotecas. El Mundo: Devolver las ‘cláusulas suelo’ puede costar a la banca 5.200 millones (César Urrutia y Daniel Viaña). Expansión: Golpe a las hipotecas con cláusulas suelo: más de 40 entidades financieras tendrán que devolver a sus clientes más de 5.300 millones. El Economista: La anulación de las ‘cláusulas suelo’ apenas afectará a la banca: las entidades financieras ya habían provisionado más de mil millones de euros. Vozpopuli: Otro golpe a la banca: el fin de las cláusulas suelo acerca que se acepte la retroactividad (Nicolás M. Sarriés).

OTROS TITULARES DESTACADOS

Cinco Días: BBVA amenaza con abandonar la Operación Chamartín (Alfonso Simón Ruiz). El Español: Oleguer Pujol tenía una cuenta millonaria en Andorra con 20 años: la UDEF denuncia que tenía más de 600.000 euros en 1995 y llegó a mover en ella 27 millones de euros (Esteban Urreiztieta y Daniel Montero).

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Banco Sabadell dispara la artillería legal para esquivar la fianza de la CAM

BARCELONA.- El Banco Sabadell ha reaccionado con celeridad a la petición de fianza de la Audiencia Nacional por el caso de la CAM. No es para menos, el tiempo apremia y la cantidad haría temblar las cuentas del banco que preside Josep Oliu. La jueza ha pedido una fianza de 1.592 millones de euros a ocho directivos de la caja y, si como es previsible, no los depositan este jueves, irá a por los responsables civiles subsidiarios, entre los que se encuentra el Sabadell, recoge hoy http://www.economiadigital.es.  

El banco catalán ha puesto en marcha su maquinaria legal para evitar el pago de la fianza y ganar tiempo. Después de estudiar el auto, el mismo miércoles por la tarde, el Sabadell ha presentado ante la Audiencia Nacional una petición de escrito aclaratorio del auto, según han explicado fuentes del banco. Esta petición tiene un doble objetivo: saber por qué se le considera responsable civil subsidiario y aclarar la cantidad de la fianza, que no entienden y ven desproporcionada.  

Perjudicados 

Desde el Sabadell consideran que la entidad no debería ser considerada responsable civil subsidiaria, ya que no tenía ninguna responsabilidad en la administración supuestamente fraudulenta de la CAM. Al contrario, se ven como perjudicados en este asunto. Además, no entienden por qué se recurre al Sabadell ya que la pieza por la que ellos estaban en la causa, la de las cuotas participativas, se separó del caso.

El Sabadell compró la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2011. El Banco de España la adjudicó a la entidad presidida por Josep Oliu por un euro y le inyectó 5.249 millones de euros para tapar su agujero, además de comprometerse a cubrir el 80% de las pérdidas derivadas por sus activos tóxicos durante diez años.
 
Apertura del juicio oral

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha abierto este miércoles el juicio contra los ex directivos de la caja alicantina acusados de estafa continuada agravada y falsedad documental, entre otros delitos, y les ha impuesto la fianza de casi 1.600 millones de euros. Tienen 24 horas desde este miércoles por la mañana y, si no hacen frente a ella, la Audiencia podrá ir hacia el resto de responsables: Caser como responsable civil directo y la Fundación CAM como responsable civil subsidiaria, junto con el Sabadell. 

De todos los actores en este acto, el único con capacidad financiera se adivina el Sabadell. Caser ha perdido más de la mitad de sus ingresos en cuatro años, aunque consiguió cerrar 2015 con un beneficio de 71 millones y una facturación de 1.477 millones de euros. Por lo tanto, ni con sus ingresos de todo un año podría pagar la fianza. La Fundación CAM es poco más que un muerto viviente desde que se desvinculó de la caja, y no tiene fondos para hacer frente al pago.

El Sabadell es el único que tiene músculo financiero pero la fianza lo podría poner contra las cuerdas. Los 1.600 millones son más del doble que sus beneficios de 2015, cuando ganó 708,5 millones de euros. La fianza se comería la mitad de su margen de intereses, que el año pasado fue de 3.200 millones.

Numerosos delitos

El ex presidente de la CAM, Modesto Crespo, y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, además de cinco ex directivos más, se enfrentan a un juicio por numerosos delitos: estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011. Además, algunos de los directivos se enfrentan a otros delitos.

El fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa contra Modesto Crespo, pero el Fondo de Garantía de Depósitos, formado por todos los bancos y que ejerce la acusación, le atribuye al ex presidente y a los dos ex directores generales los delitos de estafa a inversores y manipulaciones informativas. Por ello les pide nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros. La acusación particular pide 16 años de prisión para todos los acusados, además de una indemnización de 19,1 millones de euros a los demandantes.

Cuentas falseadas

La investigación se inició tras la intervención de la CAM en 2011, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) plasmó en sus informes las irregularidades que habían cometido los gestores de la caja, tanto en su actividad crediticia como con la concesión de pensiones vitalicias a sus directivos.

El caso investiga si los ex directivos escondieron la situación real de la entidad para poder cobrar retribuciones por valor de 47,3 millones. Los resultados presentados por la caja en marzo de 2011 arrojaban unas ganancias de 39 millones, posteriormente desmentidas con pérdidas superiores a los mil millones.

BMN queda a los piés de los caballos tras dos sentencias condenatorias por cláusula suelo abusiva

MADRID.- Cuando una cláusula es abusiva, es abusiva, sea o no el afectado una persona con formación jurídica o empresarial. Así lo ha determinado la Justicia a través de sendas sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, que han anulado los ‘suelos’ de dos préstamos hipotecarios firmados con Banco Mare Nostrum (BMN), informa hoy www.capitalmadrid.com.

Ambos fa­llos con­denan al banco a la eli­mi­na­ción de las cláu­sulas suelo y a la de­vo­lu­ción de las can­ti­dades co­bradas a los usua­rios desde el 9 de mayo de 2013, más los in­tereses le­gales y todas las can­ti­dades pa­gadas de más du­rante el pro­ceso.
En uno de los casos la de­man­dante era ad­mi­nis­tra­dora de una so­cie­dad, y su padre había sido di­rector de pre­ci­sa­mente una ofi­cina de BMN. En el se­gundo caso, el afec­tado es li­cen­ciado en Derecho. Sin em­bargo, la for­ma­ción de los usua­rios no ha sido óbice para que el juz­gado pro­ce­diese a tomar las me­didas ne­ce­sa­rias para de­clarar la nu­lidad de las cláu­sulas suelo.
En el pri­mero de los dos prés­ta­mos, la cláu­sula suelo era del 3,75, y en el otro, del 3,5%, siendo techo del 14% en ambos ca­sos.
Un de­le­gado de una aso­cia­ción de abo­gados en Granada ha sub­ra­yado la re­le­vancia de sendos fa­llos, ya que la Justicia ha cons­ta­tado que el nivel edu­ca­tivo de los de­man­dantes no cambia el ca­rácter abu­sivo de esta fi­gura con­trac­tual.
“La con­di­ción de una de las de­man­dantes de ad­mi­nis­tra­dora de una so­ciedad y el hecho de que su padre hu­biese sido toda su vida di­rector de una ofi­cina de BMN, o la con­di­ción de li­cen­ciado en Derecho del otro de­man­dante, no im­plican que la cláu­sula sea repu­tada como trans­pa­ren­te”, ha dicho el in­ter­fecto.
Asimismo, el de­le­gado gra­nadino ha ex­pli­cado que “BMN tiene la obli­ga­ción de in­formar de­bi­da­mente, in­de­pen­dien­te­mente de los co­no­ci­mientos con­cretos del con­su­mi­dor, sobre el fun­cio­na­miento de las cláu­sulas im­puestas y las con­se­cuen­cias eco­nó­micas que se de­rivan de las mismas al con­tra­tar­las".
Además, los pro­blemas se acu­mulan para las en­ti­dades que aún in­cluyen cláu­sulas suelo en sus prés­tamos por vi­vienda: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) re­sol­verá el pró­ximo 26 de abril una cues­tión pre­ju­di­cial, plan­teada por el propio Juzgado Mercantil nº 1 de Granada, sobre la re­tro­ac­ti­vidad par­cial de la de­vo­lu­ción de las can­ti­dades in­de­bi­da­mente pa­gadas por los ‘suelos’.

Banco Sabadell recurrirá para defender la transparencia de sus cláusulas suelo

BARCELONA.- El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha anunciado que la entidad recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid que anulalas cláusulas suelo no transparentes de 40 bancos y cajas --entre ellos el Sabadell-- al asegurar que las suyas sí lo eran y se explicaban a los clientes. 

Guardiola ha explicado que era una sentencia esperada y que "ratifica, no rectifica, la sentencia del Supremo en el sentido de que las cláusulas suelo son lícitas y legales, pero que pueden ser nulas si no son transparentes".

Ha argumentado que las del Sabadell son transparentes porque "el cliente era consciente del alcance de estas cláusulas", que estaban colocadas en la parte central del documento de préstamo hipotecario en negrita y los notarios las leían antes de la firma. 

"El banco hará recurso para conseguir que se le dé la razón", ha aseverado, defendiendo que su actuación ha sido rigurosa y siguiendo buenas prácticas bancarias, en sus palabras, fruto del diálogo con los clientes.

Ha explicado que Banco Sabadell no ha realizado una provisión específica por si se anulasen todas las cláusulas suelo porque cree que 'no ha lugar', pero ha añadido que sí tiene "un nivel de dotaciones genéricas suficiente para cubrir ese impacto" si se produjese.

El Ayuntamiento muestra su malestar por el cierre de la oficina de registro del IMAS en Cartagena

CARTAGENA.- La viecalcaldesa, Ana Belén Castejón, junto a la concejala de Servicios Sociales, Carmen Martín, y representantes de Comisiones Obreras, concretamente el coordinador de Administración Autonómica de Murcia, Francisco Saura, y el secretario comarcal, Juan Pedro Martínez, han comparecido en rueda de prensa para denunciar el cierre de la ventanilla única del IMAS en la ciudad de Cartagena por parte de la Comunidad Autónoma.

Según Castejón, la supresión decretada por el gobierno regional del servicio de registro especializado en la oficina de la Alameda de Santa Antón, donde se encuentra la Unidad de Valoración y Orientación del Instituto Murciano de Acción Social, va a suponer que los usuarios solo puedan presentar documentación en el registro general del Edificio Foro, y mientras que antes, dicha documentación una vez registrada pasaba directamente a la citada unidad para su tramitación, ahora los papeles una vez presentados se mandan a Murcia, y desde allí se vuelven a enviar a la oficina de Cartagena, con la consiguiente pérdida de tiempo y eficiencia.

Se trata de una medida que consideramos injusta y que evidencia la desproporción con respecto al municipio de Murcia, aseguraba la vicealcaldesa, el maltrato a Cartagena es evidente si tenemos en cuenta el número de habitantes y dos datos concretos, Cartagena tiene una oficia general de atención al ciudadano (en el Edificio Foro) frente a las nueve que hay en Murcia, y tres oficinas de registro especializadas (dos de Sanidad, en el Rosell y el Santa Lucía, y una de empleo, en el SEF) mientras que la capital cuenta con veinte.

Por su parte, la edil de Servicios Sociales recordaba el gran problema que este cierre supone para los usuarios de los Servicios Sociales de la ciudad y de toda la comarca, ya que la oficina atendía también a los habitantes de otros municipios del Campo de Cartagena (Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión), lo que implica a miles de personas al año que registraban allí toda la documentación necesaria para realizar los trámites relacionados con la discapacidad y la ley de dependencia.

Un cierre que, además, empeora el servicio que se presta a estos ciudadanos al quedarse como única oficina de registro la del Edificio Foro, en el centro de la ciudad, con los consiguientes problemas de accesibilidad y donde el personal que atiende a estas personas no está especializado y se les sobrecarga de trabajo, algo que han denunciado los representantes de Comisiones Obreras, expresando su malestar y rechazo.

En la actualidad hay tres Unidades de Valoración y Orientación del IMAS en la Región de Murcia, la de Cartagena, una en Murcia y otra en Lorca, y la única que ha visto suprimida el servicio de registro asociado es la de Cartagena. Ante esto, la vicealcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, se dirigirá al gobierno regional para pedir explicaciones y exigir una solución.

'Ciudadanos' hace un llamamiento a la ciudadanía para asistir al Pleno monográfico sobre 'Aguas de Lorca'

LORCA.- Representantes de la empresa 'Aguas de Lorca' obligaron en 2012 a facturar su servicio a través de una empresa pantalla perteneciente al grupo privado. Esta empresa sería luego quien le facturaría a 'Aguas de Lorca S.A.'. 

El grupo Ciudadanos considera que, presuntamente, se chantajeó a esta empresa lorquina para que accediera a esa maquinación para presuntamente estafar con sobrecostes o facturas infladas a los lorquinos.

Hasta esa fecha, estos trabajos habían sido facturados directamente a la empresa 'Aguas de Lorca', de hecho, actualmente quien encarga esos trabajos y firma los partes, sigue siendo 'Aguas de Lorca'.

Antonio Meca, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, quiere invitar a todos los lorquinos a una concentración el lunes 11 de abril, a las 11.30 horas en la Plaza de España.

A las 12 horas del próximo lunes, y a propuesta de Ciudadanos, se va a celebrar un Pleno monográfico sobre la gestión del agua potable en Lorca, y desde la formación naranja quieren convocar a la ciudadanía de Lorca a concentrarse a modo de protesta. 

"Los lorquinos queremos saber qué ha pasado en la gestión del agua potable y quiénes son sus responsables".

C's anima a los lorquinos/as a seguir en persona el Pleno extraordinario desde la tribuna y a concentrarnos en la Plaza de España mientras tiene lugar, "para que el equipo de gobierno vea que es un problema que afecta a todos los lorquinos, que existe alarma social, y que queremos que se depuren todo tipo de responsabilidades".

El PSRM saca adelante en la Asamblea la puesta en funcionamiento de los Consejos de Salud de Área y zona sanitaria

CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Consuelo Cano, ha conseguido el apoyo de los grupos de Podemos y Ciudadanos en la Asamblea Regional para que se apruebe una moción socialista en la que pide la puesta en funcionamiento de los Consejos de Salud de Área y de Zona Básica de Salud, como órganos para hacer efectiva la participación comunitaria en los Servicios Sanitarios Públicos de la Región de Murcia.

Cano argumenta que la participación social y comunitaria en los servicios públicos de salud es fundamental para que los ciudadanos y usuarios de la sanidad conozcan de primera mano la planificación sanitaria, aporten ideas y sugerencias, controlen los programas sanitarios que les afectan y se sientan protagonistas, ya que los pacientes son el centro sobre el que pivota la sanidad pública y las políticas sanitarias.

Durante su intervención, la diputada señaló que tanto la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril), como la Ley de Salud de la Región de Murcia (Ley 4/1994 de 26 de julio) reconocen en sus principios generales la participación comunitaria en los Servicios Públicos de Salud, de cara a la formulación de la política sanitaria y en el control de la ejecución de la misma.

La Ley de Salud de la Región de Murcia dispone como órganos de participación comunitaria los llamados Consejos de Salud, tanto a nivel regional (el Consejo Regional de Salud), como los Consejos de Salud de Área y de Zona básica de Salud. Sus funciones y composición vienen determinadas en la citada norma, con la característica importantísima de ser fundamentales para la participación social, sobretodo, de las corporaciones locales, organizaciones sociales, económicas, profesionales, asociaciones vecinales, de usuarios, de enfermos crónicos, etc.

La diputada indicó que a pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de la citada Ley, en la Región de Murcia sólo viene funcionando con cierta regularidad el Consejo Regional de Salud. "Ni los Consejos de Salud de Área ni los Consejos de Salud de Zona se han puesto en funcionamiento".

Consuelo Cano señaló que solo hubo "un tímido intento" en el año 2012 de un Proyecto de Decreto por el que se regulaba la composición y funcionamiento de los órganos de participación ciudadana del sistema sanitario público de la Región de Murcia.

En esta Asamblea Regional han sido numerosas las iniciativas, tanto en forma de mociones o de enmiendas a los presupuestos, tendentes a conseguir que la participación comunitaria sea de una vez real y efectiva a todos los niveles organizativos y territoriales dentro de la estructura del Sistema Sanitario Público de la Región de Murcia. "De hecho, han existido compromisos políticos y promesas que no se han hecho realidad", declaró.

'Podemos' pide que el derecho a la salud no pague las consecuencias del déficit económico

MURCIA.- La Secretaria de Políticas Públicas e Igualdad de Podemos RM, María Marín, ha afirmado que es el tiempo de reivindicar el derecho a la salud en este momento en que se está vulnerando tanto a nivel local como a nivel global "Observamos cómo se vulnera el derecho a la salud en las personas refugiadas de forma sistemática , en campos que no cumplen con los mínimos estándares de salubridad , y en nuestro país hemos visto como se han externalizado muchos servicios sanitarios, y como se ha intentado privar de este derecho a los inmigrantes en situación irregular y a los jóvenes que han tenido que irse a buscar un futuro fuera de nuestro país".

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, desde Podemos Región de Murcia reivindicamos la defensa del derecho a la salud y por lo tanto a una sanidad universal y gratuita, y que este no se vea vulnerado a consecuencia de los malos datos económicos.

Según datos del Ministerio de Sanidad, la Región de Murcia es la 3ª comunidad con menos camas en funcionamiento por cada 1000 habitantes (2,04, frente al 2,41 nacional), además el número de médicos y enfermeros también se sitúa por debajo de la media: un 1,77 por cada 1.000 habitantes vs 1,88 para médicos y un 2,89 vs 3,08 para enfermeros y donde ha aumentado el gasto en la sanidad concertada en un 206% en 10 años (2002-2012) con 10 millones de euros en contratos opacos durante este último año.

La Secretaria de Políticas Públicas e Igualdad de Podemos ha recordado que el Sindicato Médico de la Región (CESM) ha emitido un duro comunicado en el que culpa a la falta de planificación del Servicio Murciano de Salud "del colapso" que se está viviendo estos días en los hospitales, centros de salud y Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la comunidad.

Así, la propia consejería de Sanidad ha reconocido que los grandes hospitales están al cien por cien de ocupación de sus camas y en las urgencias los pacientes tienen que esperar durante horas a que se den altas y se queden camas libres. Esta situación ha hecho que incluso lleguen a suspenderse operaciones en el Hospital Morales Meseguer.

Debido a este contexto María Marín, ha expresado su preocupación ante posibles recortes dentro del sistema sanitario regional ante los datos de incumplimiento del déficit, ya que el propio ministro Montero, argumentó que los malos datos se debían al incumplimiento de las Comunidades autónomas y el gasto en Sanidad. "ante la situación de asfixia de la economía regional, y un previsible plan de choque, por parte del gobierno regional, tememos que repercuta en la sanidad murciana y se recorte, en última instancia en derechos" ha declarado.

Por último ha añadido que "es necesario, exigir y trabajar por una sanidad universal, con una gestión donde la población tenga la capacidad real de influencia y donde sus trabajadores sean tratados no como recursos sino como valiosos profesionales".

'Podemos' considera que el plan de la consejera de Sanidad es una "huida hacia delante en la calamitosa situación" del SMS

CARTAGENA.- La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha afirmado que "no espera muchas sorpresas" con el plan presentado por Guillén puesto que "no va a entrar en el fondo de la pésima gestión que ha llevado al Tribunal de Cuentas y a la Intervención a subrayar el descontrol que reina en el SMS".

García Navarro ha remarcado que el déficit es el "verdadero agujero negro" del Sistema Murciano de Salud y que las soluciones aportadas por la consejería hasta ahora han sido "externalizaciones y peonadas que aumentan el gasto". Asimismo, la diputada de Podemos ha señalado que el gobierno está "ahondando en el paulatino desmantelamiento de nuestro sistema público sanitario. Las consecuencias: aumento del desempleo en los profesionales de la sanidad, deterioro de los servicios sanitarios, incremento de las listas de espera, cierre de centros de salud y puertas de urgencias".

En la intervención en el Pleno de la Consejera de Sanidad, Encarga Guillén, la parlamentaria del Grupo Podemos ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha cuestionado la sostenibilidad financiera del SMS debido a que "el déficit no ha dejado de crecer y no se está ejerciendo un control efectivo y velando por los recursos públicos".

María Ángeles García Navarro ha afirmado que la Intervención señala que las externalizaciones encarecen un 23% la factura y demuestra que derivar a pacientes a clínicas concertadas es más caro que tratarlos con los medios públicos y en jornada ordinaria y realmente lo que han supuesto estas medidas son la cronificación de las listas de espera y un encarecimiento de la prestación sanitaria.

Además, ha aseverado que "Y seguimos sin tener los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de la concertación de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, sin que exista una planificación del propio Sistema murciano de Salud y siendo el criterio del Jefe de Servicio de cada área el que decide las derivaciones de las pruebas".

La Asamblea Regional apuesta por una nueva regulación de las franquicias sanitarias

CARTAGENA.- El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa impulsada por el Partido Popular con la que persigue establecer una nueva regulación de las franquicias sanitarias que refuerce los mecanismos de control y se eviten los fraudes.

La diputada del PP ponente de la moción, Patricia Fernández ha modificado la propuesta inicial de su grupo con el fin de conseguir la adhesión del resto de fuerzas políticas y que la iniciativa saliera adelante con la unanimidad de toda la Cámara.

El texto aprobado insta al Gobierno de la Nación a elaborar un nuevo marco normativo que regule las franquicias sanitarias y su publicidad para evitar anuncios engañosos que supediten la saludad de las personas al puro interés económico.

Asimismo se hace hincapié en que sean socios profesionales quienes estén al mando de las clínicas sanitarias lo que ayudará a que el servicio se preste bajo el conocimiento, la buena praxis y la aplicación de principios éticos.

Dado que en los últimos meses se han conocido incidencias en el sector de las franquicias relacionadas con la salud bucodental, el pleno de la Asamblea considera necesario que se desarrolle un plan de salud dental en España, para lo que debe contarse con las comunidades autónomas y en colaboración con las organizaciones profesiones y de pacientes.

Un plan que, según ha explicado, Patricia Fernández conlleve la elaboración de un protocolo que permita desarrollar normas eficaces para acreditar y garantizar la calidad asistencial para todos los pacientes y ciudadanos. Y por otro lado, asegure que la situación laboral de los profesionales que trabajan en las clínicas y franquicias dedicadas a la salud dental se desarrolla con total respeto a sus derechos laborales y que no se condiciona la calidad asistencial para los pacientes.

La diputada popular ha defendido la necesidad de que se haga un estudio en cuanto a la oferta y a la demanda de todas las salidas profesionales del ámbito sanitario en función de las necesidades reales de la población española.

El Partido Popular ha apoyado la moción presentada por el grupo Podemos para la eliminación de las tasas judiciales a las pymes y ONG. Un apoyo que se ha materializado una vez corregido el error que presentaba la iniciativa ya que se solicitaba al Gobierno que destinara el dinero de las tasas ingresadas durante los años 2013 y 2014 a la Comunidad, sin tener en cuenta que en la Región de Murcia no se han transferido las competencias en materia de Justicia. Y por tanto, se ha eliminado la confusión y acordado que el dinero se destine a cubrir los gastos de la justicia gratuita.

Concluida la moción, los diputados del PP, Francisco Jódar e Isabel M.ª Soler se han fotografiado con el Decano del Colegio de Abogados, José Muelas, presente en el hemiciclo.

El PSRM afirma que mala gestión, despilfarro y permisividad definen el estado de la situación económico-financiera del SMS

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Emilio Ivars, señaló que "mala gestión, despilfarro y permisividad definen el estado de la situación económico-financiera de la sanidad pública regional".

Ivars hizo estas declaraciones con motivo de la comparecencia en la Asamblea Regional de la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, quien ha hablado sobre el Plan de Actuaciones de Control interno del Servicio Murciano de Salud.

El diputado socialista preguntó a la consejera qué soluciones piensa adoptar para subsanar las irregularidades detectadas en multitud de informes y si piensa pedir responsabilidades políticas de lo ocurrido a los cargos que tomaron las decisiones perjudiciales para el interés general.

Emilio Ivars mostró preocupación por el déficit acumulado que tiene el Servicio Murciano de Salud e hizo alusión al Informe del Tribunal de Cuentas, de 31 de marzo, donde se destacan las pérdidas del SMS, que ascendieron a 1.936 millones de euros.

"Consideramos que durante años ha existido demasiado despilfarro en el SMS, se ha abusado de los conciertos sin necesidad; fruto de ello muchos Ayuntamientos no podrán cumplir las enmiendas a los presupuestos aprobadas en la Asamblea, porque no hay fondos, como ocurre en Campos del Río, donde dicen no podrán poner un pediatra".

El Partido Socialista también coincide con lo que reflejan los informes de la Intervención de la CARM, que afirman que no ha habido un control adecuado. Dichos informes de la Intervención revelan arbitrariedad con los contratos, infinidad de incumplimientos de contratos de servicios, tampoco se ha cumplido con la planificación de personal, solo hay que ver cómo se ha tramitado la bolsa de trabajo y las denuncias que existen al respecto, "lo que también es despilfarro".

Por último, Emilio Ivars reprochó que ha habido excesiva permisividad por parte de los gestores de la sanidad pública. "Han adolecido de la necesaria capacidad de reacción política cuando algo no funcionaba o cuando se estaba haciendo de forma irregular". El diputado ha preguntado a la consejera cuántas recomendaciones de la Intervención se han llevado a cabo y cuántas no.

"El Partido Socialista tenderá la mano a la consejera siempre que se cumpla la legalidad y solucione todos los problemas detectados". Igualmente, le pide que "todo lo que tenga que ver con el personal del SMS se tramite como Proyecto de Ley del Gobierno y no como Proposición de Ley desde su grupo parlamentario".

IU-Verdes exige la comparecencia de la consejera de Educación en la Asamblea para dar explicaciones de los recortes en Educación de Adultos

MURCIA.- Los grupos municipales de IU-Verdes en los respectivos ayuntamientos han exigido la comparecencia de la Consejera de Educación en la Asamblea Regional, para dar explicaciones sobre el plan de recortes que su consejería planificó en los Centros de Educación de Personas Adultas.

La formación de izquierdas ha presentado mociones que han sido aprobadas en su mayoría, en los distintos ayuntamientos donde gobierna o tiene representación, con el apoyo del resto de formaciones políticas, excepto el PP, aunque en algunos ayuntamientos también se unió a la moción presentada, siendo aprobada por unanimidad.

A pesar de que la consejera asegura que el plan previsto era solo un documento de trabajo y que se ha retirado, es necesario que dé explicaciones públicas y se someta al debate en sede parlamentaria y aclare los planes de futuro para esta enseñanza. No hay que olvidar que todavía pende de manera muy clara sobre los servicios públicos de la Región de Murcia la amenaza de nuevos recortes por las presiones de Bruselas y el gobierno central por no haber cumplido los objetivos de reducción del déficit público.

Hay que recordar que el recorte planteado por la Consejería, según sus propios datos, planteaba, entre otras cosas, que la oferta final se vería reducida en un 27% respecto al número total de alumnado actualmente matriculado, suprimiendo el 100% de cursos de Tecnología de la Información, idiomas o los curso del Proyecto Mentor, además de dejar numerosos municipios sin programa de ESO para adultos en la modalidad presencial cuando ahora si la tenían.

Sanidad diseña un nuevo sistema de control para los conciertos y derivaciones del Servicio Murciano de Salud

CARTAGENA.- La consejera de Sanidad, Encarna Guillén, explicó hoy, durante su comparecencia a petición propia en la Asamblea Regional, que el nuevo Plan de Control Interno del Servicio Murciano (SMS) cuenta con un nuevo sistema de control para los conciertos y derivaciones. Guillén indicó que se trata de una nueva hoja de ruta para introducir "novedades sustanciales" en el capítulo de conciertos sanitarios, facturación, recursos humanos, subvenciones, inventarios y acuerdos de gestión.

El objetivo del nuevo Plan de Control Interno es, según aseguró, "optimizar las tareas para garantizar la solvencia del SMS con estrategias integrales e integradoras que fortalezcan la identidad de todos los gestores y profesionales que trabajan por la salud de los murcianos".

El Plan de Control Interno incluye medidas para armonizar los precios de los conciertos en las distintas Áreas de Salud, así como los criterios para determinar si hay en el SMS alternativas de gestión más económicas.

Para lograrlo, se crearán comisiones de seguimiento encargadas de analizar la actividad concertada y se pondrá en marcha una herramienta de gestión para evaluar los servicios derivados, la necesidad de derivar y una fórmula orientada a lograr la homogeneización de este procedimiento en todas las Áreas de Salud.

Asimismo, contempla una serie de medidas para la preparación de informes jurídicos, acerca de costes a través de contabilidad analítica, sobre necesidades de plantilla y sobre posibles líneas de actuación para futuros acuerdos de gestión con las Áreas de Salud.

Otras novedades

En el capítulo de facturación se contará con un protocolo de coordinación entre el departamento de facturación a terceros y los responsables de asistencia sanitaria para establecer un flujo constante con los centros y su registro informático. La consejera destacó que "los profesionales son el gran valor del sistema", por lo que también se llevará a cabo un estudio sobre las necesidades actuales con el cometido de limar posibles diferencias entre los servicios de las nueve áreas.

También se plantean mejoras en la bolsa de trabajo y en el control sobre la realización de horas de atención continuada y prolongaciones de jornada así como su retribución. Esto se realizará en base a un proceso de informatización y control automatizado.

En materia de subvenciones "el control será constante", por lo que se hará un plan de comprobación y evaluación del correspondiente informe de seguimiento de dicha actividad. El Inventario de Activos es otro de los puntos del Plan de Control Interno. Así se realizará una regularización contable en función del inventario para hacer un seguimiento y contabilizar los bienes cedidos, adscritos y donados.

Nuevo modelo de acuerdo gestión

Finalmente, en el nuevo Plan de Control Interno se favorece la dirección por objetivos, el control de resultados de los centros y, además, se definen las líneas de actuación e indicadores. En este sentido, la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, puntualizó que se han redefinido todos los objetivos para darle más peso al cumplimiento presupuestario y a la sostenibilidad del sistema sanitario de la Comunidad".

Destacó que "se incluye el aumento de la eficiencia del bloque quirúrgico de las áreas para continuar descendiendo la lista de espera de las intervenciones programadas". Guillén concluyó que con el nuevo Plan de Control Interno "se vela por la sostenibilidad del SMS, un ente que gestiona 11 hospitales y a más de 260 centros de Atención Primaria, en el que trabajan más de 20.000 profesionales sanitarios y no sanitarios".

El PSOE exige que se facilite la participación de la sociedad murciana en la elaboración del Reglamento Municipal de Transparencia

MURCIA.- Los concejales Enrique Ayuso y Juan Vicente Larrosa, representantes del Grupo Socialista en la Comisión de Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Murcia, exigirán que el equipo de Gobierno municipal facilite "la mayor participación de la sociedad murciana en la elaboración del reglamento de Transparencia". Así lo han puesto de manifiesto esta tarde en la reunión de la Comisión de Estudio de Transparencia y Participación Ciudadana.

Para los socialistas, es importante el Reglamento de Transparencia que se elabore por los grupos municipales, pero también conseguir la máxima participación de los murcianos y murcianas interesados en su elaboración y garantizar su estricto cumplimiento. "En cuestiones como la transparencia, tan importante como el qué elaboremos es el cómo lo hacemos y cómo aseguramos su cumplimento", ha señalado Enrique Ayuso.

Los ediles del PSOE insisten en la necesidad de implicar al máximo número de murcianos y murcianas en su elaboración. Para ello, van a pedir que se ponga en funcionamiento una aplicación informática que permita a todos los interesados conocer el borrador del reglamento de Transparencia y hacer todas las aportaciones al mismo. Posteriormente, que una comisión plural estudie todas estas iniciativas.

También han expresado la necesidad de que los órganos de participación municipal existentes como las Juntas de Barrios y Pedanías participen en su elaboración. Del mismo modo, que la Comisión municipal invite a expertos universitarios y al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para realizar más aportaciones.

A este respecto, el Grupo Municipal Socialista va a proponer que el Consejo de la Transparencia regional sea el órgano que decida sobre las reclamaciones que se presenten frente a incumplimientos del Ayuntamiento.

Finalmente, los concejales socialistas han expresado que su objetivo es promover en el Ayuntamiento de Murcia los principios del "gobierno abierto". Por eso, han insistido en la necesidad de que la transparencia se apoye en dejar los datos municipales abiertos y que sean accesibles de forma sencilla, involucrar a todos los vecinos y vecinas en la participación y en la colaboración con lo público y la rendición de cuentas permanente. "Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no debe estar legitimado ante el mismo", ha concluido Ayuso.

La cesión de 30 hm3 del regadío tradicional al trasvase Tajo-Segura "se está ultimando"

MURCIA.- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, y el director general de Agua, Andrés Martínez, se reunieron esta mañana con el presidente del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo-Segura (SCRATS), José Manuel Claver.

Durante el encuentro, Martínez-Cachá anunció que "se está ultimando la cesión de los 30 hm3 de agua por parte del regadío tradicional a los regantes del trasvase" gracias a la labor de mediación que ha llevado a cabo el Gobierno regional.

Asimismo, la consejera recordó que el acuerdo de cesión implica "agua por agua", en el sentido de que los regantes del trasvase Tajo-Segura tendrán que devolver esta cantidad una vez que se recupere la cuenca del Tajo y alcance un nivel 2.

En la reunión se hizo balance del estado actual de la Cuenca del Segura y se informó del estado de la cabecera del Tajo, que se ha recuperado y los embalses disponen en estos momentos de 509 hm3 de agua.

La titular de Agua, Agricultura y Medio Ambiente aseguró que "la actual situación de incertidumbre está retrasando el gran pacto nacional del agua que reivindicamos desde el Gobierno regional". Al respecto, apuntó que "vamos a seguir trabajando para conseguirlo y necesitamos que se afronte el tema del agua con carácter nacional".

Multarán a partir de septiembre a los ciclistas que circulen por las aceras en Murcia

MURCIA.- La concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Lola Sánchez, mantuvo una reunión con representantes de la Oficina de la Bicicleta y Policía Local con el fin de poner en marcha iniciativas que faciliten la convivencia entre ciclistas y peatones.

Así, se pondrá en marcha una campaña informativa para recordar a los ciclistas que no pueden circular por las aceras y que tienen que respetar las normas de circulación tal y como establece la Dirección General de Tráfico.

De esta forma, se recuerda que no pueden hacer uso del teléfono móvil en la bicicleta, no pueden circular en sentido contrario a la marcha, tienen que respetar los semáforos y respetar la prioridad de paso como cualquier vehículo.

Esta campaña se llevará a cabo mediante el reparto de folletos, la colocación de un vinilo en los aparcabicis cerrados con las normas y la instalación de mupis.

Según la concejal Lola Sánchez, "en esta primera fase buscamos concienciar y hacer ver a los ciclistas que está prohibido circular por zonas peatonales, ya sean aceras, plazas o jardines, y que el no cumplir las normas pueden suponer un riesgo para ellos".

Esta campaña se desarrollará hasta septiembre, mes en el que se creará un dispositivo especial de Policía Local que comenzará a sancionar las distintas acciones indebidas de los ciclistas.

Igualmente se sancionará a aquellos que no hagan buen uso de las bicicletas de MUyBICI como utilizar una tarjeta de otro usuario, montarse dos personas en una misma bici o no utilizarlas adecuadamente.

Las multas serán las que establece el Código de Circulación Vial y las normas de uso del sistema público de alquiler de bicicleta MUyBICI.

La concejal de Tráfico y Seguridad explicó que "durante el tiempo que Murcia ha ostentado la presidencia de la Red de Ciudades por la Bicicleta hemos pedido a otras ciudades que nos cuenten su experiencia sobre esta problemática y hemos concluido que esta iniciativa es la más conveniente para solucionarla".

Murcia es «un amplificador de los problemas y virtudes de la economía española», según 'Funcas'

MURCIA.- La economía de Murcia se comporta como un amplificador de los problemas y virtudes de la economía española, según el último número de Papeles de Economía Española, editado por Funcas, que en el caso de la Región fue elaborado por Máximo Camacho y Jorge-Eduardo Martínez.

Añaden ambos que durante la crisis aumentó la especialización del sector industrial, pero con el cambio de tendencia se volvió a la especialización en agricultura y construcción.

"Con ello se mantiene una elevada tasa de ocupación respecto de la media nacional, pero en empleos de baja cualificación que lastran hacia una baja productividad", explicaron.

A su juicio, el principal desafío al que se enfrenta la economía murciana pasa por impulsar una transformación de su modelo productivo y las bases de su crecimiento económico.

Por ello, los autores abogan por aumentar el capital humano y potenciar la reindustrialización conectada con el sector agroalimentario.

PSRM y 'Podemos' califican de "foco de corrupción" y una muestra de la "mezquindad" la desalinizadora de Escombreras

CARTAGENA.- Los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos en la Asamblea Regional afirmaron este jueves que la desalinizadora de Escombreras es un "foco de corrupción" y una muestra de la "mezquindad" por parte de las empresas que participan en la construcción y gestión de la planta.

Ambos partidos reaccionaron así minutos antes de comenzar el pleno matinal tras conocer un vídeo que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción del TSJ de la Región de Murcia y en el que se ve, presuntamente, a un proveedor abonando 4.500 euros a un empleado de la empresa de mantenimiento de la planta, cuya producción está arrendada al Gobierno regional.

Al parecer, el objeto de la mordida sería acelerar el cobro de una facturas que se le adeudaban supuestamente al proveedor que realiza el pago.

El secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, señaló que el vídeo evidencia que esta planta es un "foco de corrupción", al tiempo que mostró su deseo de que se "llegue al fondo" de estas irregularidades en la comisión especial de investigación del proyecto y puesta en marcha de la planta, que se está desarrollando en la Cámara Autonómica.

Por su parte, el diputado de Podemos Ángel Urbina, que es representante de su formación en la citada comisión, calificó de "insoportables" los niveles de "mezquindad" a los que llegan las empresas "buscando arañar dinero de las arcas públicas".

Urbina consideró importante saber la fecha de grabación del mismo, puesto que, en caso de ser posterior a 2013, cuando la Comunidad Autónoma destinó 22 millones de euros con cargo al Fondo de Pago a Proveedores para pagar por el arrendamiento de la planta, se demostraría que Tedagua "regateaba a proveedores mientras recibía dinero público para pagarles".

"Es un asalto a las arcas públicas y al tejido empresarial", sentenció el diputado, que ironizó con que el vídeo ha incorporado la palabra "propinilla" al "vocabulario de la corrupción".

Urbina indicó que la planta costó 111 millones de euros más el 3 por ciento, "cifra que tiene las connotaciones que tiene en España", que suma el crédito de 114 millones dado por Banesto, y calculó que, con los 15 millones de euros que abonará en el plazo de este año la Consejería de Agua, la infraestructura "estaría prácticamente pagada".

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, adelantó que, en caso de que se pruebe la certeza del vídeo, la comisión de investigación, que preside, "se haría eco" de la grabación.

Miguel Sánchez lamentó esta situación "porque se trata de una nueva evidencia de que la desalinizadora se ha convertido en un mal negocio para los murcianos, pero en un negocio redondo para personas sin escrúpulos".

Sánchez afirmó que según recoge la propia denuncia "no se trata de un caso aislado y sí de una práctica habitual en una instalación, que tal y como reconoció ayer Fuentes Zorita, era innecesaria".

Por último, el portavoz de Ciudadanos anunció que la Comisión de Investigación que preside va a incorporar el video a la documentación recabada para analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes.

La corrupción también brota de la desalinizadora de Escombreras

MADRID.- Se llama “la propinilla”. Y fue el peaje que supuestamente pagaron algunos proveedores de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) para agilizar el cobro de sus trabajos en esta planta para producir agua que simbolizó uno de los proyectos estrella del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel (PP). La infraestructura ya ha costado 90 millones de euros de dinero público, según revela hoy el diario 'El País'.

El empresario Jesús G. F. asegura que abonó 20.000 euros en comisiones ilegales durante cinco años a un responsable de la firma encargada del mantenimiento de la instalación, Tedagua, del Grupo ACS.

La mordida perseguía acelerar el cobro de sus facturas por valor de 150.000 euros. El receptor del dinero fue presuntamente el jefe de administración de la desalinizadora, Joaquín Peña, según un vídeo al que ha tenido acceso El País y que forma parte de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Las imágenes muestran a Peña contando 4.500 euros en la garita de vigilancia de la desalinizadora. La escena se desarrolla en un clima distendido después de que el proveedor descubra que todavía no ha cobrado porque “Madrid”, donde se encuentra la sede central de Tedagua, no ha autorizado el abono. “¡Es el impuesto revolucionario por trabajar aquí!”, ironiza el donante. La becaria del departamento de administración Sandra R. y un guardia de seguridad asisten a la escena, según la denuncia ante Anticorrupción.

El hombre que paga la mordida es el gerente de una firma de pinturas con cuatro trabajadores. Este empresario sostiene que otros cinco proveedores de la desalinizadora de Escombreras desembolsaron también durante años “la propinilla”. “Si pagabas, en tres días te ingresaban el dinero. De lo contrario, podías tardar hasta seis meses en cobrar. Me tuve que bajar los pantalones. Pensé en las familias de mis empleados. Y nunca inflé el precio para recuperar la comisión”, justifica este pintor, que sostiene que la desalinizadora le adeuda desde 2013 trabajos por valor de 18.000 euros. Según su relato, la rúbrica de Peña resultaba imprescindible para cobrar. Y, de no abonar el peaje, “los futuros trabajos se alargaban hasta no llamarte”.

La “propinilla” se sustanció también en cestas navideñas, jamones, invitaciones a restaurantes y ordenadores portátiles, según el denunciante.

El presunto receptor del dinero, que ayer atendía el teléfono que figura en la web oficial de la desalinizadora, colgó en tres ocasiones a este periódico tras ser preguntado por el vídeo. La empresa encargada del mantenimiento de la planta, Tedagua, ha indicado que, en caso de confirmarse la actuación irregular de Peña, "actuará en consecuencia". 

"Nos desmarcamos totalmente de estos comportamientos", explica un portavoz de la filial de ACS. Tedagua ya despidió hace dos años a los jefes de planta y de mantenimiento de esta instalación por hechos similares.

El material que maneja la Fiscalía Anticorrupción de Murcia podría ser constitutivo de un delito de extorsión, según el abogado que ha presentado la denuncia, Diego de Ramón.

La desalinizadora de Escombreras es una factoría construida por una filial de ACS. La firma mantiene un contrato de arrendamiento con el Gobierno de Murcia. El centro fue concebido para producir agua para el regadío, el abastecimiento humano, el mantenimiento de campos de golf y el uso industrial. La Región de Murcia ha desembolsado hasta 2013 un total de 90 millones de euros. Y ha asumido compromisos financieros con la empresa que desarrolló la infraestructura por valor de 446, según el Tribunal de Cuentas. La iniciativa concebida por Valcárcel costará a las arcas públicas 600 millones de euros, según el PSOE.

Dinero público al servicio de una obra bajo sospecha judicial

Inaugurada en vísperas de las elecciones que revalidaron en 2007 la mayoría absoluta del PP en Murcia, la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) nació acompañada de polémica. La planta arrancó sin permisos del Ministerio de Medio Ambiente ni declaración de impacto ambiental. Y fue una apuesta del Ejecutivo del popular Ramón Luis Valcárcel para abastecer de agua a Murcia, Cartagena y Torre Pacheco.

Sus detractores -la oposición al PP y grupos ecologistas- vieron en el proyecto la excusa perfecta para desatascar grandes planes urbanísticos en plena orgia inmobiliaria. La instalación se levantó sobre unos terrenos cedidos por la Región de Murcia. Y pronto concentró las reticencias de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este organismo desaconsejó en 2008 captar agua de una dársena repleta de suciedad donde atracaban buques metaneros. Greenpeace fue más allá al señalar el peligro de los vertidos en la zona.

La desalinizadora es propiedad de la filial de ACS Hydromanagement. Una sociedad que alquila la planta a la Región de Murcia. El contrato obliga a la comunidad a pagar al grupo de Florentino Pérez cerca de 600 millones de euros si rescinde el acuerdo antes de su finalización, en 2034.

La planta está siendo investigada por dos juzgados de Murcia, la Asamblea Regional y el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción tiene diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón por los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude en las subvenciones. De Ramón, que sostiene que el proyecto se ideó para justificar la recalificación de 180 millones de metros cuadrados, también ha remitido un escrito al comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Karmenu Vella. El documento pide la inspección de todos los productos agrícolas regados con agua procedente de la desalinizadora de Escombreras. 

“El agua se capta dentro de la dársena del puerto de Cartagena, donde entran petroleros, metaneros, buques de carga y cruceros. Se trata de embarcaciones que contienen metales pesados y otras sustancias no aptas para el consumo humano”.

Según el portavoz del PSOE en la Comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras, Jesús Navarro, el proyecto “no fue necesario y se desarrolló para hacer viables iniciativas urbanísticas. Un entramado societario ha permitido que una obra que podía costar 85 millones suponga un desembolso de 600”.

El TSJ condena al Ayto. de Cartagena a pagar 200.000 euros a la empresa de mantenimiento de los restos arqueológicos

CARTAGENA.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha desestimado el recurso que el Ayuntamiento presentó contra el auto de un juzgado que lo condenó al pago inmediato de 200.000 euros a la empresa que se ocupaba del mantenimiento de las zonas arqueológicas.

La sentencia señala que el juzgado estimó la medida cautelar instada por Mantenimiento y Custodias Arqueológicas SL, y condenó al consistorio al pago de cinco facturas. Éstas fueron bloqueadas por el Gobierno local (del Partido Popular) en 2014, a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre anomalías en el contrato firmado por el Consistorio, con una empresa propiedad del expresidente de la Junta Municipal de La Puebla-La Aparecida Carlos Rosique, vocal del PP.

Según la sala, el Ayuntamiento cumplió el contrato que lo unía a la compañía hasta 2014, cuando, en octubre de este año, los servicios municipales devolvieron cinco facturas «que se habían presentado al cobro debidamente autorizadas y aprobadas por el técnico municipal y por el concejal delegado del ramo». Al ver rechazada su solicitud de pago, la mercantil presentó un pleito y solicitó como medida cautelar el abono.

El TSJ, que condena en costas al Ayuntamiento, respalda la resolución judicial sin perjuicio de lo que resuelva cuando entre en el fondo del asunto. El Ayuntamiento confía en que la Justicia resuelva que no cabe pagar nada a la empresa, porque el Tribunal de Cuentas detectó anomalías en las condiciones económicas del contrato.

'Huermur' se suma a la petición de declarar BIC las Salinas Reales de Sangonera la Seca

MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) solicitó este jueves ante la Consejería de Cultura su personación en el expediente iniciado a instancia de la Guardia Civil para la declaración BIC del paraje de las Salinas Reales de Sangonera.

Así, presentó un escrito ante la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura para comunicar su personación en los expedientes iniciados a instancia de la Guardia Civil, que solicitó el inicio de los mismos con el fin de asegurar la protección y conservación de las Salinas Reales de Sangonera que datan del siglo XIII, instando a su declaración como Bien de interés Cultural con la categoría de lugar de interés etnográfico.

De la misma forma, la asociación conservacionista aportó al procedimiento junto con la solicitud de personación, numerosa documentación referente a los valores históricos de las Salinas Reales de Sangonera, en el término de la pedanía murciana de Sangonera la Seca.

Tras lo que destacó en comunicado de prensa la importancia de los bienes culturales que integran estas salinas de interior, y su importancia en la contribución a la historia de Murcia.

Desde Huermur apoyan esta iniciativa de la Guardia Civil y felicitan a sus miembros y agentes destacados en diversos cuarteles y puestos de la Guardia Civil, "que día a día velan por la protección del patrimonio y además, potencian su reconocimiento legal por parte de las administraciones".