MURCIA.- El abogado Manuel Núñez se ha dirigido con fecha del pasado día 11 por escrito, y mediante procurador, al fiscal superior del TSJ, Manuel López Bernal, pidiéndole contundencia en el caso de la desaladora de Escombreras al tiempo que le muestra su desazón por cómo se están llevando las actuaciones en el Juzgado nº 9 de los de Murcia, que le admitió una querella contra supuesto crimen organizado en la Región, y al tiempo se queja de la pasividad de la Fiscalía ante tal estado de cosas, que él califica de expolio y saqueo.
Al final del escrito de seis folios, el letrado y promotor gallego suplica al fiscal superior
'que esta Fiscalía tome las pertinentes medidas de impulso de estas Diligencias y que no titubee a la hora de tomar las medidas que fueran precisas y necesarias por muy drásticas que estas sean para llegar al esclarecimiento de los hechos, porque seguir con la pasividad demostrada hasta la fecha significaría desactivar de alguna manera esta querella pues no tomarlas significará lo que ya hemos manifestado; solicitamos también que la Fiscalía se persone en estas Diligencias y traiga a ellas la denuncia producto de sus investigaciones en Desaladora de Escombreras y en la que aprecia la comisión de varios delitos, y no la derive hacia Instrucción 5 porque ello significaría una pérdida de tiempo injustificado.
En suma, solicitamos de ese Fiscal Jefe que tenga la misma contundencia que tuvo no con personas tan poderosas ni influyentes políticamente como las que ahora están querelladas'.
"Si de muy graves podemos considerar las actuaciones judiciales, inclusive con la intervención del juez decano, que han hecho que estas Diligencias durante dos meses y medio aproximadamente estuvieran yendo de juzgado en juzgado sin que nadie se quisiera responsabilizar de las mismas porque “le quemaban en la mano” por la notoriedad de las personas querelladas y su relieve político y social, que estaba muy por encima de los gravísimos delitos que se habían denunciado y, cada día que pasa, hay más pruebas que fundamentan que su comisión fue palmaria.
Usted como Fiscal Jefe y Superior Jerárquico del Fiscal que actúa en las mentadas diligencias, debe dar las instrucciones oportunas y necesarias por la gravedad de los hechos que están acaeciendo con estas diligencias y hacen bueno el dicho de “que la ley no es igual para todos”, comienza diciendo Núñez.
Y, a continuación, hace las siguientes manifestaciones en su escrito de siete puntos a Manuel López Bernal:
"Primera- Estas Diligencias, como hemos manifestado, han deambulado por los distintos juzgados de Instrucción de Murcia y con el consentimiento tácito del Juez Decano, lo que ha dado lugar a la pérdida de dos meses y medio en dar comienzo a la Instrucción; y todo ello por la notoria relevancia política de los querellados en la Región de Murcia y a los intereses cruzados y entrelazados entre esa clase política, la magistratura y también la Fiscalía, porque, si así no fuera, la Región más corrupta de España tendría que haber saltado a la palestra nacional por los gravísimos casos de corrupción política (...); sin embargo en la Región de Murcia, a día de hoy, nada parece haber pasado y nos encontramos ante una gran trama de corrupción piramidal en donde cientos y cientos de millones de euros de fondos públicos se han dilapidado y expoliado; y nos referimos a casos tan notorios como la Desaladora de Escombreras, el Aeropuerto de Corvera,
Nueva Condomina, Umbra, Novo Carthago, y otros, partiendo todos ellos de la misma trama piramidal y estando denunciados como es el caso de Desaladora y Aeropuerto, que es la base de esa trama y el sustento de la misma, porque todo lo demás parte de aquí; nos preguntamos por qué no ha pasado nada y los intentos de actuar han sido abortados, y surge la duda de si eso ha sido y es por los contubernios y corruptelas que a lo largo de tantos años de mayoría y gobierno del PP en Murcia se han ido generando entre la clase política, la magistratura y fiscalía.
Queremos poner un ejemplo destacado, manifestando que un relevante miembro perteneciente a esta Fiscalía ha ocupado durante muchos años relevantes cargos en los distintos gobiernos de la Comunidad Autónoma, siempre del mismo partido, tales como consejero de varias Consejerías tanto de Fomento como de Presidencia, y ahora de regreso a la Fiscalía de la Región de Murcia nuevamente. (...) y esto a lo mejor da pista para ciertas explicaciones en cuanto a la existencia de un tendido de puentes entre la clase política murciana, la magistratura y la fiscalía, lo cual es de gravedad extrema.
Segunda- Ante la evidencia, no solo indiciaria sino palmaria en pruebas documentales en cuanto
modus operandi y autoría, en cuanto a la perpetración de un expolio en el erario público de la Región, queda clara la constatación de la trama piramidal denunciada para llevar a cabo todas estas tropelías, como ha sido la Desaladora de Escombreras está constatada en los informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad que nos constan obran en poder de esta Fiscalía, y que prueban notoriamente el contubernio entre la Comunidad Autónoma y el Grupo de Empresas ACS, que dígase lo que se diga, han supuesto para la Comunidad seiscientos millones de euros o más; está plenamente vigente el leonino, gravoso y doloso contrato hecho entre
Hydro Management S.L, empresa de ACS, y Desaladora de Escombreras S.A, empresa de la Comunidad Autónoma, la cual fue comprada por
Hidronostrum S.A, empresa participada al cien por cien por el Ente Público del Agua y que compró Desaladora de Escombreras cuando era de ACS, y que era asimismo la heredera del gravosísimo documento hecho en auto contratación entre las dos empresas de ACS sin que el gobierno de la Comunidad fiscalizase a través de sus servicios jurídicos y su Intervención General a dicha empresa antes de comprarla y lo que suponía el expolio de los seiscientos millones; y prueba de ello es que se reclamaron ante el Juzgado nº 2 de Primera Instancia de Murcia, por tanto no es una utopía como pretende manifestarse.
Tercera- En el día de ayer y ante la Comisión de Investigación de la Asamblea Regional, el máximo artífice de esta trama, el antiguo presidente Ramón L. Valcárcel Siso, en actitud chulesca y prepotente reconoció un delito como fue la creación del EPA en detrimento de una norma legal y preceptiva como era la Ley del Agua en su artículo 25, al igual que otro delito de falsedad en sus manifestaciones; esta Fiscalía, de cuya competencia intelectual no dudamos, tendrá perfectamente estudiado el Informe de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General, y conociendo las declaraciones del que también fue presidente, Alberto Garre, que contradicen a las realizadas por Valcárcel Siso debía de haber actuado de oficio, cosa que no ha hecho, y denunciamos esto junto a la pasividad presuntamente cómplice de esta Fiscalía, que lleva meses investigando el contubernio de la Desaladora de Escombreras y conocedora como era de estas Diligencias de Instrucción 9, remite su denuncia al Juzgado de Instrucción nº 5, lo que significa clara dilación porque ahora esta parte debe pedir la inhibición con las controversias procesales que ello puede originar y la instrucción sigue dilatándose, en beneficio de los querellados, que al no ser tomadas las medidas cautelares solicitadas en querella, al menos hasta el día de hoy por la Fiscalía de su dependencia, da lugar a la desaparición de pruebas, connivencia entre los distintos querellados y prevalerse de astucias y argucias mil para tratar de desbaratar esta querella, lo cual lamentamos profundamente porque usted mismo como Fiscal y en otro procedimiento, y no era contra poderosos políticos, usó y abusó de la fuerza de sus decisiones y ahora se inhibe, cuando las anteriores decisiones sirvieron para destrozar la vida del que suscribe, aun a sabiendas de su inocencia, pero era alguien insignificante y a dos mil kilómetros de Murcia y que, con esta inmolación se hizo meritorio el trabajo de la Fiscalía de una medalla.
Cuarta- Queremos recordarle a esta Fiscalía y en la persona de su Fiscal Jefe, que fue el que entendió en la efímera, tortuosa y lamentable
Operación Tótem, de la que este letrado que suscribe fue parte pasiva, que no dudó en tomar medidas extremas solicitadas expresamente por él y que mi persona sufrió esas tropelías aun a sabiendas de mi inocencia y que también a esta Fiscalía le constaba, pero no titubeó en mandar cincuenta y dos guardias civiles armados hasta los dientes y con pasamontañas, en un operativo más propio de una operación antiterrorista o contra peligrosos delincuentes, contra un indefenso ciudadano y de bien; sin embargo, este Fiscal a quién tengo el honor de dirigirme no titubeó en algo que formó parte de un montaje político, propagandístico, judicial y también fiscal del que este Fiscal fue el único que sacó réditos y fue condecorado por eso, aun a costa de que esta parte no tuviera nada que ver sino que pagó la ignominia de la retención en dependencias de la Guardia Civil durante tres días, el desprestigio personal y profesional, y no voy a olvidarlo, porque así se lo recordé al señor Fiscal, ello supuso la muerte de mi padre víctima de un ictus producido por estos acontecimientos del que siempre fui ajeno; como también debe recordar el señor Fiscal, después de un día completo y vencido por las presiones, y en evitación de males mayores, transigí con esa Fiscalía, y desde entonces y haciendo de ello lema de mi vida, busco justicia y busco destapar la gran trama tejida durante años bajo la impunidad que representó el poder judicial y la Fiscalía de la Región que se ha puesto de lado o de espaldas a una realidad patente y latente; obviamente, yo no era un notorio y poderoso político y por eso era más fácil el ensañamiento; recuerdo al señor Fiscal, que a todos los inculpados a los que pidió fianza, se les dieron setenta y dos horas para presentarla ante el Juzgado y usted dio instrucciones para que, concretamente a mí no se me concediera ese “privilegio”, puesto que se me exigió el pago inmediato o si no la retención en dependencias de la Guardia Civil hasta hacerla efectiva; eran las dos de la madrugada, yo tenía un cheque bancario por el importe exigido y no me fue admitido por Usted ni por la entonces jueza sustituta, que dicho sea con todos los respetos, era una marioneta a sus órdenes; por ello tengo que clamar ante la pasividad de su Fiscalía en este tema.
Quinta- Porque, de momento, creo en el Estado de Derecho, por muy utópico que eso parezca, no cejaré en el empeño del esclarecimiento de esta trama que tantos perjuicios me ha ocasionado a todos los niveles y marcado por vida; yo también me considero expoliado por esa trama en seis millones quinientos mil euros que suponen dos millones y medio entregados al Ayuntamiento de Totana y los intereses de once años; ayuntamiento de Totana, firmante de convenio con el Ente Público del Agua, y que dio lugar a un Plan General y a 72 convenios urbanísticos con el consiguiente enriquecimiento de la trama por los millones que fueron ingresados en ese Ayuntamiento merced a los convenios. Dado que esta trama es piramidal, el producto del expolio también iba desde abajo hacia arriba.
Cuando se persigue la verdad y la justicia, por mucho que cueste, uno no debe arredrarse ante nada ni ante nadie, por muchos que sean los obstáculos y peripecias, y nadie debe quedar ajeno al cumplimiento de la ley, inclusive miembros de la judicatura y fiscalía con intereses mezclados y cruzados con la clase política, ya que todo ello ha llevado a la consumación del expolio que denunciamos ante la pasividad de dichos órganos.
Sexta- Cuando tuve el acierto de dirigirme a la Comisión de Justicia del Congreso, lo hice pidiendo amparo y tutela porque preveía una carrera de obstáculos tendente a allanar la impunidad de corruptos políticos; esperemos que los nuevos tiempos, que parece empiezan a vislumbrarse, hagan que no queden impunes hechos y conductas, no solo del poder político sino del judicial y fiscal que mira para otro lado para ayudar a la impunidad o al menos ha hecho hasta la fecha.
Séptima- Por todo ello, solicitamos de esta Fiscalía la agilidad y celeridad en la Instrucción de estas Diligencias y una decisión y ánimo inequívoco en que los hechos denunciados no queden impunes, mediante amparos ni disimulos, y de momento no observamos esto en la Fiscalía que usted dirige ni en sus subordinados, quienes puedan tener la tentación de sobreseer estos gravísimos hechos o, por inacción, procurar que se dilate en el tiempo una instrucción que por la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene tiempo tasado para llevarla a cabo.
Que esta Parte espera la diligencia debida de la Fiscalía que usted dirige y sin miramientos en los personajes políticos que tiene enfrente, usando la contundencia que usó en la
Tótem, sin valerse de tópicos como es la escasez de medios ni la saturación de asuntos, que a veces son puestos como parapeto para no entrar a fondo en los temas; la gravedad de los delitos es máxima y la relevancia de las personas implicadas también lo es, además de que el expolio al erario público es palmario".
