sábado, 27 de octubre de 2012

Lorca y la comisionada / José García Murcia *

Como las cosas no iban bien, el Gobierno de España, presidido entonces por el señor Zapatero, creó la figura del Comisionado para las actuaciones derivadas del terremoto y nombró a Jesús Miranda para coordinarlas e impulsarlas. Realmente este primer comisionado puso voluntad. Alumbró un segundo Real Decreto Ley, el 17/2011 de 31 de octubre (el primero fue el de medidas urgentes de 13 de mayo), pero a la postre, como pasó con el primero, también se demostró insuficiente, porque entre otras cosas no contempló programas de recuperación económica globales (Plan Lorca) ni tampoco intervención directa de la Administración en la reconstrucción de Lorca.

Con el triunfo del PP en las elecciones de noviembre, el Comisionado Miranda decayó de sus funciones y el Gobierno entrante nombró el 31 de diciembre a Mario Garcés, que al poco tiempo, tras declarar que el presidente Valcárcel incumplía sus compromisos y que las ayudas a los damnificados estaban retenidas en la Comunidad Autónoma, terminó su corto mandato, viéndonos sorprendidos el 16 de marzo de 2012 con la noticia del nombramiento de Inmaculada García como nueva y tercera persona que ocupaba el cargo, y lo hacía, con la clara finalidad, se decía, de «dar un impulso clave y aportar al Gobierno las bases para un Plan de Dinamización de la zona».

Aunque no lo parezca, porque apenas su presencia se ha notado, García es, de los tres, la que más tiempo ha desempeñado el cargo. Ya lleva siete meses y aún está por ver de qué es capaz. El RD-ley 11/2012 de 30 de marzo (y ya son tres), que contempló el préstamo ICO y la ejecución forzosa, ya estaba preparado cuando ella fue nombrada, por lo que no se le deben atribuir méritos en el asunto. 

¿Y después, qué ? Pues básicamente que la participación de la Comisionada se viene caracterizando por lo que podríamos denominar ´actividad plana´: escasas declaraciones con apreciaciones erróneas de la realidad y del proceso; pocas visitas a Lorca y casi siempre a hurtadillas; interlocución mínima con los damnificados y sus asociaciones; y, sobre todo, sin cartera de resultados. 

Con siete meses en el cargo, salvo la «Ley 7/2012, de 20 de julio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reguladora de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca», que se acometió precipitadamente por ausencia de la figura del agente edificador en la Ley del Suelo de la Región, que será de dudosa eficacia práctica, y en la que ella poco o nada ha hecho, nos preguntamos qué logros puede presentar. 

No son conocidos ni análisis, ni balances, ni informes elevados al Gobierno de España que hayan salido de su departamento. No ha agilizado los trabajos de la Comisión Mixta y después de diecisiete meses de los terremotos aún quedan por resolver 5.000 solicitudes de ayuda (aproximadamente un tercio de las solicitadas). El denominado Plan Lorca sigue siendo una entelequia sin reflejo práctico en los presupuestos estatales pese a las reiteradas llamadas a la ´cuestión de Estado´ hechas por los dirigentes populares. La Comisionada tampoco ha accionado los mecanismos para el cumplimiento del compromiso de construcción de 300 viviendas por parte del Sepes en Lorca, ni su mano se ha sentido en los barrios más afectados, como por ejemplo en San Fernando donde aún están por derribar nueve bloques de viviendas. Además, no ha conseguido que los veintiún millones de euros del fondo de solidaridad europea lleguen directamente a Lorca, ni siquiera que los costes de los derribos posteriores al 31 de agosto de 2011 los asuma el Estado. Ni tampoco que el préstamo anunciado de 185 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones logre su correspondiente aportación de España para hacerse efectivo.

Entonces decimos, ¿qué es lo que hace la Comisionada? Podríamos pensar que está pendiente del «plan integral de recuperación del patrimonio o de la rehabilitación de palacetes y casas solariegas», pero todos sabemos que salvo actuaciones puntuales el fin está muy lejano, por lo que hay que concluir que su intervención es mínima y que Lorca sigue esperando.

Y espera que los desplazados de la ciudad vuelvan, que sus viviendas sean reconstruidas y rehabilitadas, que los dos institutos derribados se vuelvan a levantar, que los centros de salud se construyan, que su conservatorio se rehabilite, que su complejo deportivo Europa y sus centros culturales funcionen, y espera el tan necesario plan de reactivación económica, máxime ahora cuando a la catástrofe de los terremotos se ha sumado el desastre del pasado 28 de septiembre.

El Partido Popular de Lorca y de la Comunidad de Murcia, y principalmente el presidente Valcárcel esquivando su alta responsabilidad en el tema (sobre todo antes de la entrada de Rajoy en el Gobierno) siempre ha lanzado balones fuera aludiendo a que la recuperación de Lorca tras los terremotos era ´cuestión de Estado´. Debemos suponer que la Comisionada comparte dicho criterio y que precisamente ella en uso de sus facultades y de la responsabilidad que le otorga el cargo debería actuar en coherencia y promover cuantas iniciativas fuesen necesarias para llevar a buen fin dicho principio y lograr en plazos no muy lejanos la ansiada recuperación de Lorca.

Realmente es increíble que hasta la fecha el Estado, ante la magnitud de la catástrofe ocurrida en Lorca el 11 de mayo de 2011, no haya tenido una intervención directa en la reconstrucción. Por el contrario, hay que concluir que los avances en Lorca provienen de loables y entusiastas, pero insuficientes, iniciativas privadas o comunales, y por tanto ha entrado en un proceso con múltiples y variadas complicaciones para levantar de nuevo sus edificios y activar la vida social y económica. 

Es esperpéntico pensar que el Estado, precisamente en coincidencia temporal con la tragedia de Lorca, cuya dimensión no tiene precedentes cercanos en España, haya cubierto los desmanes financieros de los bancos y no haya sido capaz de atender las necesidades de vivienda de los damnificados lorquinos. 

Los hechos lo demuestran. Todavía no se ha inaugurado la reconstrucción de ninguna de las 1.500 viviendas derribadas y la Comisionada ni sabe ni contesta. Por su parte, Valcárcel se ha salido por la tangente y con los 115 millones del préstamo ICO que la Administración estatal ha puesto a disposición de las ayudas después de más de un año de sufrimiento (por cierto, sin que todavía se hayan hecho efectivas), da por zanjado su compromiso con Lorca, aunque, sin ninguna duda, la historia lo pondrá en su sitio. Y deja a la Comisionada, la aguileña Inmaculada García, como nexo entre Lorca y Madrid sin que para ello esté preparada, y ni siquiera ponga voluntad.

La Comisionada no ha ofrecido resultados; la Comisionada, por dignidad, debe dimitir. Quizás a la cuarta vaya la vencida. De momento la tercera ha sido ineficaz e ineficiente.

(*) Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca

El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.
La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.
Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.
En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":
  • Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
  • Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
  • Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.
Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.
Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.
Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.
Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:
  • Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
  • Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
  • Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
  • Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
  • Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
  • Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
  • En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.


El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.


Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.


Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.


Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.


Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.


Negociar o pagar


Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.


Pagan los que menos tienen


Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.


El ascenso continúa


Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.


Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

http://arndigital.com/economia/noticias/4019/un-euro-en-descubierto-en-cuenta-corriente-puede-costarle-35-al-titular/

El PSRM reprocha a Valcárcel y Cámara que permitieran a Carrillo presentarse a Alcaldía una vez ya imputado

MURCIA.- El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz Andreo, no entiende cómo los dos máximos responsables del PP en la Región, Ramón Luis Valcárcel y Miguel Ángel Cámara, permitieron al alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, volver a presentarse a la Alcaldía en las últimas elecciones, "una vez que ya estaba imputado por la Justicia por actos cometidos en 2003, lo que es un apoyo más que explícito".

   Tampoco entiende que unos meses después, cuando ya fue condenado Carrillo por la Audiencia Provincial, "no lo hicieran dimitir como alcalde con la excusa de el edil había recurrido la sentencia al Supremo", ha destacado en comunicado.
   En este asunto, como en otros, "el Partido Popular no cumple ni siquiera sus propios estatutos, que se supone que obligan a abrir un expediente informativo a los militantes imputados, y un expediente disciplinario a los que sean llevados a juicio oral", ni tan siquiera con Cámara.
   A su juicio, "se ha puesto de manifiesto que el Partido Popular ganó al menos unas elecciones municipales de forma fraudulenta, haciendo trampas, y que el resultado fue un alcalde ilegítimo, con todas las consecuencias negativas que esto ha tenido durante los últimos años para el municipio de Fortuna y sus habitantes, para la democracia, y para la propia credibilidad del PP".
  "Además, el que Carrillo se aprovechara de votos comprados tiene otro efecto, y es que Valcárcel también se pudo beneficiar de votos para el PP regional", ha insistido el líder socialista, quien ha reiterado la petición de dimisión de Valcárcel y de Cámara "por este escándalo tan grande que nos causa tanta vergüenza a todos los demócratas".

La PAH detecta que las entidades financieras están agilizando los desahucios ante la puesta en marcha del 'Banco Malo'

MURCIA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha empezado a detectar que las entidades financieras están agilizando las ejecuciones hipotecarias para apropiarse de los inmuebles de sus clientes morosos, ante la inminencia de la creación de un 'Banco Malo' al que transferir esas viviendas objeto de desahucio.

   Asimismo, la PAH ha advertido que las entidades financieras son más reticentes a negociar con sus clientes morosos posibles soluciones, tales como la dación en pago o el alquiler social, con el mismo fin de apropiarse de las viviendas, según ha hecho saber el portavoz de la Plataforma, Paco Morote.
   Por lo tanto, Morote ha explicado que el 'Banco Malo' está empezando a generar ya un coste social y está perjudicando a la gente, lejos de las previsiones del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien consideraba que la creación de este nuevo instrumento no iba a conllevar ningún coste.
   "Estamos notando que las negociaciones con los bancos son mucho más difíciles", según Morote, quien critica que algunas entidades financieras se niegan, incluso, a recibirlos, y hay otras que están "metiendo prisa a los juzgados" para agilizar los trámites de desahucio.
   La Plataforma achaca esta conducta a que la creación del 'Banco Malo' es "inminente" y las entidades financieras esperan transferirle todos los bienes inmobiliarios que hayan conseguido desahuciar, con el fin de obtener de esa manera algún ingreso de los activos tóxicos.
   Cabe recordar que actualmente está en tramitación el Real Decreto que desarrolla la creación del 'banco malo', que se llamará Sareb, y que prevé estar listo para el 16 de noviembre. En principio, su función será absorber activos tóxicos de los bancos para reintroducirlos en el mercado y, de esa manera, aliviar la contabilidad de los bancos.
   Morote explica que, mientras que la ejecución hipotecaria no se ha consumado y se ha subastado el bien, la entidad financiera no puede disponer del inmueble para transferirlo al 'Banco Malo'. Por eso, están teniendo "mucha prisa" en que los procedimientos judiciales se resuelvan lo antes posible "para sus intereses".
    A través del 'Banco Malo', los denominados bancos 'buenos' obtienen más beneficio de los activos tóxicos porque, por un lado, se quedan con la deuda que todavía tenga contraída el moroso, que pierde la casa y tiene que seguir pagando. Además, las entidades financieras ganarían lo que el 'Banco Malo' les abone por el activo.
   Morote también se ha referido a los casos más extremos y desesperados como, por ejemplo, los del vecino de Granada que quitó la vida este viernes horas antes de ser desahuciado, y el del hombre de Burjassot (Valencia) que se arrojó al vacío cuando una comisión judicial se disponía a ejecutar la hipoteca.
   Al ser preguntado a este respecto, Morote advierte que estos dos casos se han hecho públicos porque los sucesos han estado "muy directamente relacionados con el momento del desahucio", pero se ha mostrado seguro de que "hay muchos más casos que se camuflan de otras formas o que pasan de otra manera".
   Morote ha alertado que se trata de "una evidencia del drama que supone para la gente verse en la calle, sin ingresos y sin alternativa habitacional para poder tener una residencia". A su juicio, estos hechos "tendrían que hacer reflexionar a quienes gobiernan sobre la necesidad de cambiar la Ley Hipotecaria, que es de 1909".
   "Nosotros aconsejamos a la gente que luche, ya que hay experiencias que demuestran que se pueden conseguir cosas importantes", según Morote, quien insta a los afectados a quitarse la idea de que son los culpables de la situación, ya que "han sido víctimas del timo de la estampita".
   La PAH ha logrado paralizar un total de 89 desahucios desde su puesta en marcha en la Navidad de 2010. Precisamente, la última ejecución paralizada tuvo lugar este viernes, 26 de octubre, en Ceutí, según Morote, quien explica que otras veces no tienen tanta "suerte" y no pueden paralizarlas por los despliegues policiales.
   Además, Morote ha destacado que la Plataforma cuenta con un grupo de apoyo que está atendiendo del orden de 30 ó 35 familias cada semana sólo en el municipio de Murcia, la mitad de las cuales llegan por primera vez a la Plataforma a pedir consejo.
   En estos grupos de trabajo, las familias comparten su situación con otras familias afectadas y, según Morote, les viene muy bien psicológicamente comprender que no son los únicos afectados. Además, en esas reuniones se les hace ver que en realidad son víctimas, a pesar de que tienen sentimiento de que suelen tener sentimiento de culpabilidad.
   Posteriormente, la Plataforma se encarga de dar un tratamiento individualizado a cada caso, en función de la situación en la que se encuentra, si el banco ha ejecutado el desahucio o si no, y si cabe negociación.
   De todas formas, Morote recuerda que la Plataforma no atiende todos los casos, sino que sólo presta ayuda a las familias que acuden a ellos. De hecho, recuerda que en la Región de Murcia se están produciendo 15 desahucios cada día, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
   En este sentido, ha alabado el informe elaborado por jueces de lo Civil de distintas audiencias provinciales que pone de manifiesto "la mala praxis bancaria y lo injusto de la Ley". Incluso, recuerda que este trabajo sugiere que una parte del dinero que se está destinando a rescatar a los bancos se emplee para ayudar a los desahuciados.
    Ha recordado que la PAH está promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ara modificar esa Ley, para lo cual lleva ya "bastantes firmas recogidas". Asimismo, ensalza la iniciativa de IU-Verdes a nivel municipal, para que el Ayuntamiento de Murcia cree una comisión de ayuda a gente hipotecada.
   Asimismo, ha valorado la iniciativa presentada por el PSOE a nivel nacional, un partido al que da la "bienvenida" en la lucha contra los desahucios, porque recuerda que la legislatura anterior, cuando estaba gobernando, rechazó cuatro iniciativas en el Congreso que proponían introducir la dación en pago.
   De todas formas, Morote señala que esta propuesta del PSOE es "insuficiente" porque no tiene carácter retroactivo, y "no va a servir para cancelar la deuda de la gente que ya se ha visto desahuciada". Además, establece unos límites en cuestión de ingresos, pero la PAH cree que si el préstamo cuenta con garantía hipotecaria, el hecho de entregar el bien que se hipoteca "debería ser siempre suficiente para saldar cualquier deuda".
   Por el contrario, la ILP de la Plataforma propone que el Banco se vea obligado siempre a ofrecer a los afectados un alquiler social por un máximo del 30 por ciento de los ingresos de la familia, cuando se trate de la vivienda habitual.

Murcia es la primera región productora y exportadora de España en uva sin semilla

MURCIA.-   Murcia es la principal zona productora y exportadora de España en uva de mesa sin semilla (apirena), que supone el 70 por ciento de la uva cultivada en la Región, tal y como se expuso en el II Congreso Internacional de Uva de Mesa sin Semilla, 'Grape Attraction 2012'.

   Se trata de un evento organizado por la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa) y la Federación española de productores exportadores de frutas, hortalizas, flores y plantas vivas (Fepex), celebrado en el marco de la feria hortofrutícola Fruit Attraction.
   Este Congreso reunió a más de un centenar de investigadores y representantes de la cadena de distribución internacional.
   Así, el programa de mejora genética de variedades de uva de mesa, que están desarrollando los investigadores del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario (Imida), dependiente de la Consejería, junto con el sector privado, ha permitido "disponer de una oferta propia" con más de 10.000 híbridos anuales frente a los 1.500 de hace unos años, que han dado como resultado doce nuevas selecciones listas para su registro y protección, y su posterior comercialización.
   Y es que, estos programas han permitido la obtención de variedades con cualidades mejoradas en cuanto a sabor, calibre y textura, y más resistentes frente a la amenaza de plagas y enfermedades.
   De esta forma, y según los datos de Apoexpa, la uva sin semilla cultivada en la Región es el producto en fresco más consumido en Sudáfrica, y se está trabajando para la apertura de los mercados asiáticos y de Oriente Medio. Los países europeos siguen siendo los principales consumidores de este producto.
   En este cultivo se ha conseguido además la obtención de cosechas con un factor cero de residuos, debido a la aplicación de las técnicas del programa 'Murcia, Agricultura Limpia.
   En este sentido, las empresas productoras que forman parte de Apoexpa están trabajando en el proyecto 'Uvas saludables de la Región de Murcia', que pretende ofrecer una visión de la uva de mesa murciana que avale las técnicas más sostenibles y de buenas prácticas bajo las que ha sido cultivado este producto.
   Las empresas hortofrutícolas murcianas que han participado esta semana en Fruit Attraction, en Madrid, han mostrado y reforzado la imagen de la oferta regional de frutas y hortalizas ante los distribuidores de países internacionales interesados en las producciones murcianas.
   Las empresas asociadas en Apoexpa, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) han acudido a la cuarta edición de evento, y han tenido un importante nivel de aceptación por parte del sector comercial.
   Y es que, la Región de Murcia exporta el 28 por ciento de las frutas y hortalizas que España vende al exterior. Desde la Comunidad murciana se exporta el 79 por ciento de las hortalizas y el 76 por ciento de las frutas que se producen.

El socialista Oñate cree que los datos del paro "son un problema para salir de la crisis"

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate, ha solicitado la comparecencia inmediata en la Asamblea del consejero de Empleo, Constantino Sotoca para que explique las medidas que el Gobierno Regional va a adoptar a fin de paliar la "dramática" situación de desempleo que padece la Región de Murcia. 

   El número de desempleados durante el tercer trimestre de 2012 ha alcanzado una cifra récord de 215.600 parados, tal y como arroja la Encuesta de Población Activa (EPA). Con estos datos, la Región se sitúa como la cuarta autonomía de España en nivel de desempleo, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   De este modo, Oñate ha manifestado que "el PP cree que va a sacar a la Región de la crisis mediante ajustes en el empleo para hacer crecer la economía y está absolutamente equivocado, porque es al revés".  
   Al hilo, expresó que "estos datos no se corresponden con la satisfacción mostrada por el consejero y el presidente Valcárcel, quienes aseguraron que había cierta mejoría y cambio de tendencia frente a la crisis y se refirieron a una Murcia en positivo", afirmando que "si aquí no hay bienestar, no lo hay entonces en ningún estado europeo".
   Y es que, el parlamentario socialista pide explicaciones sobre "a qué se debe esa desorientación del Gobierno regional y si le queda alguna capacidad de reacción. En estos momentos, el empleo ya no es una consecuencia de la crisis sino la causa, y si no recuperamos ciertos niveles de empleo y de confianza en los consumidores, no saldremos de esta", advirtió.
   Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide con carácter de urgencia la comparecencia del consejero "para exigirle que incluya en los Presupuestos de la CARM para 2013 una partida que permita llevar a cabo un Plan de Empleo, cuyo objetivo sea acabar con este drama que sufren muchas personas en la Región de Murcia".

El tramo de autovía Yecla-Jumilla recibirá cerca de tres millones de euros en 2013

MURCIA.- El diputado nacional por Murcia y portavoz de Fomento del PP en el Congreso de los Diputados, el cartagenero Andrés Ayala, ha valorado este sábado de manera "muy positiva" que los Presupuestos Generales del Estado "doten con casi tres millones de euros el tramo de autovía entre Yecla y Jumilla para el ejercicio 2013, y con 46 millones más para los próximos ejercicios".

   Ayala ha señalado que esta dotación "también responde a las enmiendas a los Presupuestos que el PP presentó el viernes, al igual que la redistribución de las actuaciones de Acuamed por 73 millones de euros para acometer obras hidráulicas en las zonas afectadas por las inundaciones y de mayor riesgo en la Región", algo que, a su juicio, "demuestra el interés del Gobierno por garantizar la seguridad y la ejecución de las infraestructuras en Murcia".
   Según ha explicado, "con la enmienda del Ministerio de Fomento y la dotación presupuestaria de 49 millones para el año 2013 y siguientes se garantiza, por primera vez, la terminación de la A-33 hasta el limite de la Región de Murcia, tantos años demandada por la comarca del Altiplano".
   Tras lo cual, Ayala se ha felicitado en nombre de todos los murcianos y ha destacado "la sensibilidad del Gobierno de Rajoy con nuestra Región, que a pesar de estar ante unos presupuestos muy restrictivos se han ampliado en las cantidades destinadas a los murcianos", según han informado fuentes 'populares' en un comunicado.
   En este sentido, el diputado ha manifestado que "si ya eran unos Presupuestos que trataban muy bien a la Región de Murcia, pues crecían el 8,75 por ciento frente a una caída del conjunto nacional del 16,1 por ciento, ahora con esta enmienda todavía se aprecia más el interés del Gobierno con las infraestructuras de Murcia".
   Finalmente, Ayala ha querido hacer patente "los enormes esfuerzos que hacen el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por conseguir que, pese a las dificultades económicas, las necesidades de nuestra Región sean atendidas en los Presupuestos Generales del Estado".

Yo soy de Cartagena. ¿Y qué? / Arturo Pérez Reverte *

¿Y a mí qué me cuentan?. Quisiera que alguien me explique de una puñetera vez qué pretenden decir con esa murga de "es que yo soy de aquí, y no soy de allí" que le salta a uno a la cara cuando abre un periódico, o enchufa la tele, o el arradio. Porque, a ver. ¿Dónde diablos es aquí y dónde es allí? Y cuando se invoca un hecho diferencial como si fuese palabra mágica, ¿estamos hablando de diferencias con quién? Porque si de lo que se trata es de ser diferentes, el de arriba firmante es tanto como el que más. Y a la hora de plantear argumentos nacionalistas, paletismo local o factores raciales e históricos no estoy dispuesto a dejarme achantar por nadie. Puestos a ello, puedo ser tan poco español o tan cantamañanas como cualquiera.

Porque vamos a ver. Si de lo que se trata es de marcar paquete, diré que yo, por ejemplo, soy de Cartagena: una ciudad que tiene tres mil años de historia y que podría abastecer de solera a media Europa. Fue capital de la España cartaginesa, y capital de cada una de las cinco provincias romanas de Hispania. Mis antepasados eran griegos, fenicios y cartagineses; y cuando de jovencito me zambullía en el mar, sacaba ánforas que llevaban veinte siglos allá abajo, enfrente de mi casa. En cuanto a raza también soy distinto, porque mi RH positivo es mediterráneo, antiguo y sabio. Y puestos a eso, me siento más a gusto en un cafetín moruno de Tánger o bebiéndome un vaso de vino con aceitunas bajo una parra griega, que en la Gran Vía de Madrid, El Sardinero, Las Ramblas o la plaza mayor de Trujillo.

En cuanto a peripecias históricas, pues bueno. Mientras los comerciantes, los campesinos y la gente de la iglesia y de la paz se iban al interior - a Murcia- para esquivar las incursiones de los piratas berberiscos, mis architatarabuelos se quedaron en la costa a pelear. Y cuando la primera república, el Cantón de Cartagena se autodeterminó por las bravas, acuñó su propia moneda, poseyó su escuadra, y al aparecer las tropas centralistas no se desbandó como una manda de conejos, sino que resistió seis meses a cañonazo limpio. Y en lo que se refiere a lengua propia, cierto es que no hay una nacional cartagenera; pero los críos, antes de tener uso de razón, saben leer en las piedras inscripciones en latín. Y mucho podríamos discutir sobre si decir: "deme sinco sentímetros de sinta de senefa asul" o blasfemar con la barroca riqueza léxica del habla cartagenera no es un hecho diferencial lingüístico de cojones...

En cuanto a agravios, para qué les voy a contar. Hoy, Cartagena es una ciudad industrialmente desmantelada, deshecha por el paro, con menos alternativas que un bocadillo de mortadela en Ruanda. A los cartageneros no es que los hayan puteado histórica y sistemáticamente el gobierno central, las monarquías austriaca y borbónica, la dictadura franquista o los cien años de acrisolada honradez. A los cartageneros nos han hecho la puñeta la administración fenicia, la griega, la de Roma, la bizantina, los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, el califato de Bagdad, el de Córdoba, el Cid Campeador, los reyes de Castilla, los de Aragón, Napoleón Bonaparte, el general Martínez Campos, la primera y la segunda repúblicas, y todo el que pasó por allí. 
 
Mis antepasados pagaron impuestos, palmaron en la Invencible, Trafalgar, Santiago de Cuba, Filipinas, Annual. Y a cambio, como el resto de los españoles, recibieron hostias hasta en el cielo de la boca. Cierto es que fueron cómplices y actores en empresas imperiales de la España centralista castellana. Pero cuando vas y abres los libros de historia, compruebas que en cualquier batalla de Flandes, en cualquier episodio colonial de América, en cualquier aventura española en Nápoles, Sicilia, norte de África o Constantinopla, los apellidos de los capitanes, soldados, marinos, comerciantes y frailes eran también, y no pocos, vascos, catalanes, gallegos, navarros, mallorquines y etcétera. 
 
En esta galera hemos remado todos, y a todos nos han dado infinitas veces por detrás y por delante. Aquí no hay víctimas de primera y de segunda clase, y sólo a los muy canallas o a los muy imbéciles se les ocurre trazar líneas divisorias con tan irresponsable arrogancia. ¿Diferentes? Claro que sí. No sólo van a serlo tres o cuatro chantajistas bocazas. Aquí todos tenemos motivos para piarlas, y cuando llueve se moja todo cristo. Así que, para diferencia, la mía y la de la madre que me parió. A ver qué se ha creído esa panda de gilipollas.
 
(*) Académico y periodista

viernes, 26 de octubre de 2012

El bienestar porcino tiene un precio para los europeos amantes del cerdo

PARÍS.- Las cerdas embarazadas de Europa serán más felices el año que viene, aunque los consumidores de carne porcina pagarán más y algunos criadores saldrán del negocio a medida que las nuevas leyes de bienestar porcino complican el coste de los cereales para alimentación animal.

Las jaulas de gestación metálicas usadas para encerrar a las cerdas embarazadas y facilitar su control estarán prohibidas a partir del 1 de enero en el bloque de 27 naciones, 11 años después de que los diputados votaran por primera vez sobre su prohibición.
Mientras que los grupos de defensa de los animales saludan la iniciativa, se espera que el coste de aplicar esta prohibición obligue a muchos ganaderos a salir del sector, provocando una menor producción y precios más altos para las salchichas, chorizo y prosciutto europeos.
"Estamos al principio de una onda expansiva", dijo Jean-Michel Serres, presidente del grupo de productores francés FNP.
"Tendrá un impacto significativo en los precios del cerdo y plantea problemas para la industria", advirtió sobre una prohibición que en Francia estima que añadirá 650 euros a los costes por cerdo en un sector donde muchos ganaderos ya están en equilibrio o tienen pérdidas.
Los ganaderos de la UE produjeron un récord de 22,7 millones de toneladas en 2010, o más del 20 por ciento de la producción total mundial. La cifra duplica al volumen de Estados Unidos, pero todavía está lejos de los resultados de China, con 51 millones, según mostraron datos de la UE y de EEUU.
Una nueva prohibición de la UE en las jaulas también llevó a duplicar los precios de los huevos en algunos países a principios de este año.
El aumento en los precios del cerdo probablemente no será tan pronunciado ya que el sector tiene más capacidad para absorber el incremento de los costes a través de su cadena de producción, y los consumidores pueden cambiar fácilmente a otras carnes baratas como el pollo.
Pero expertos de la industria contactados por Reuters dijeron que buscarían asegurar al menos algo del incremento del 10 por ciento en los precios que estiman que preservaría sus ya precarias ganancias.
Los ganaderos usan las jaulas en explotaciones intensivas para ayudar con los a menudo tensos turnos de alimentación y tratar con agresiones como los mordiscos en las orejas.
Pero los activistas a favor de los derechos de los animales dicen que las cerdas sufren psicológicamente al ser separadas de otros animales, y se ven afectadas por otras dolencias como la cojera.
En una reunión de autoridades ganaderas y de la industria la semana pasada, la Comisión Europea predijo que entre el 3 y el 4 por ciento de los criadores de cerdos detendrían la producción el año que viene, dijeron dos fuentes en la reunión.
La producción porcina en la UE caería a su vez un 5 por ciento durante los próximos tres años debido a la prohibición de las jaulas de gestación - un uno por ciento este año, un tres por ciento en 2013 y un uno por ciento en 2014, dijeron.
La Comisión declinó hacer comentarios sobre las estimaciones y datos de la reunión. Algunos ganaderos ya se han visto obligados a salir del sector debido al aumento de los precios de los cereales este año, que supone un 30 por ciento de los costes totales, después de graves sequías en Estados Unidos y en las regiones del Mar Negro.
El impacto de la prohibición diferirá mucho entre países. Reino Unido, Suecia y Luxemburgo ya habían prohibido estas jaulas.
En Reino Unido, que puso en vigor la prohibición en 1999, hubo una caída del 40 por ciento en sus rebaños durante la pasada década, y sus ganaderos eran incapaces de competir con países que no usaban ese tipo de jaulas. Este año finalmente la producción se está recuperando.
Se espera que la producción se vea duramente afectada en Alemania, el mayor productor de carne porcina de la UE, con una cuota de mercado del 25 por ciento en 2010.
España, segundo productor, donde se espera que la producción crezca entre un 5 y 10 por ciento este año gracias a las inversiones en los mataderos, podría ver un descenso menor, de alrededor de un 5 por ciento, dijo Miguel Ángel Berges, de Mercolleida.
Los criadores de la UE se han apresurado a adaptar sus granjas, pero la Comisión espera que sólo 17 de los 27 estados miembros estén preparados para finales de año, dejando a más de un tercio del bloque desfasado a pesar de conocerse la prohibición con 11 años de antelación.
Los ganaderos en Alemania y España casi están listos pero en Francia no, según grupos de ganaderos y responsables.

Las CCAA tienen que justificar el destino del dinero del FLA

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este viernes a las comunidades autónomas que deben justificar el fin al que destinen el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y en respuesta a la pregunta de si el Ejecutivo controla los préstamos que están recibiendo las comunidades, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "ese dinero tiene que llegar a los proveedores para los que se ha autorizado".
   Al hilo del pago a las farmacias realizado por la Generalitat de Cataluña tras recibir la partida correspondiente al FLA, la vicepresidenta ha explicado que el dinero fue solicitado por el Gobierno de Artur Mas el pasado lunes y que se dio "respuesta inmediata".
   Según ha recordado, el dinero del FLA "está para pagar vencimientos o para pagar a proveedores y se tiene que justificar el destino de esos fondos"
 "Ese dinero tiene que llegar a los proveedores para los que se ha autorizado porque el FLA obliga por un lado a cumplir los planes de ajuste y además tiene marcado el procedimiento de para qué se tiene que destinar ese dinero que se recibe", ha indicado.

Cobacho dice que si se confirma recorte de seis millones de la Comunidad, "la Universidad de Murcia no podrá funcionar"

MURCIA.- El rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, ha dicho este viernes al Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria en el edificio de Convalecencia, que si la Comunidad Autónoma mantiene el proyectado recorte de seis millones de euros para el próximo ejercicio, "esta institución no podrá funcionar". 

   Cobacho, que ha informado al Consejo de Gobierno sobre la reunión mantenida ayer con el vicepresidente regional, Juan Bernal, ha indicado que la deuda de la Comunidad Autónoma, al 31 de diciembre pasado, se elevaba a 50 millones de euros, y que si a ello se une este recorte se creará una situación "insostenible".
   El rector ha señalado también que continuarán las conversaciones en los próximos días, "con buena voluntad y con espíritu de alcanzar acuerdos, pero sabedores de que hay que resolver la situación".
   Asimismo, ha indicado que "somos conscientes del estado de las finanzas de la Región y de España, pero también hay que decir, siendo realistas, que de mantenerse esa reducción en el presupuesto para el próximo ejercicio no podremos funcionar".
   Cobacho y el vicerrector de Economía e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores, han señalado igualmente que en 2013 hay que ejecutar unos gastos adicionales, como los relativos a los dos edificios para la investigación que se levantan en el campus de Espinardo, que si no se realizan habrá que devolver a Madrid la financiación externa con que se cuenta.
   El rector ha mostrado su confianza en que antes de la próxima sesión del Claustro de la Universidad, que podría celebrarse a finales de noviembre o primeros de diciembre, "el tema esté resuelto".
   En esta misma sesión del Consejo, el secretario general, Joaquín Lomba, ha adelantado que a una próxima reunión de este órgano el equipo de gobierno llevará una propuesta de reducción en un diez por ciento del gasto correspondiente a coordinadores.
   Asimismo ha dicho que en lo que se refiere a los cargos estatutarios, la Universidad no es competente para adoptar una medida de este tipo, aunque los integrantes del equipo rectoral tienen el propósito de renunciar voluntariamente en la cuantía correspondiente a ese mismo porcentaje.

El Gobierno murciano reitera su "respeto absoluto" a las decisiones judiciales tras la condena de Carrillo

MURCIA.- El Gobierno regional se ha remitido a la valoración que hizo "internamente" el PP sobre la sentencia condenatoria del alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, por compra de votos. No obstante, ha reiterado el "respeto absoluto y acatamiento total a cualquier decisión judicial que se produzca en cualquier sentido".

   "Creemos en la separación de poderes", ha dicho el portavoz del Gobierno murciano, José Ballesta, quien ha criticado, en este sentido, que "se politice la justicia y se judicialice la política, porque ni una cosa ni otra son buenas".
   Preguntado sobre si cree que daña la imagen democrática de la Región una condena a un alcalde por compra de votos, ha afirmado que la imagen de una región "se la gana y se la trabaja día a día la gente honrada y honesta que va cada mañana muy temprano a trabajar y sacar adelante esta región".
   "Quien no está en esa situación será algo que él, ellos o quien les corresponda tendrán que dar cuentas, pero extrapolar eso a toda una región que, de manera honrada, cada mañana trata de sacar esta región adelante no es justo", concluye.

El futuro de BMN es ser engullido por banco mayor o caer en manos del Frob

MADRID.- Los bancos españoles han sido forzados a fusionarse desde que estalló la burbuja inmobiliaria, que les dejó una saturación de viviendas sin vender, promociones sin finalizar y activos tóxicos, según la agencia Reuters.

Más de 30 pequeños bancos de ahorros regionales o cajas ya han sido absorbidas por entidades mayores o se han fusionado, quedando 14 bancos importantes.
Ahora, dicen los banqueros, es probable que los cuatro o cinco bancos más fuertes traten de comprar a los más débiles, entidades que ya han sido nacionalizadas por el Estado o de menor tamaño.
El incentivo para los compradores son los 40.000 millones de euros del rescate europeo a la banca española que ayudarán a sanear los bancos más pequeños y forzarles a descargar sus activos dañados en un banco malo preparado por el gobierno, lo que les convertiría en objetivos más atractivos.
Las pruebas de estrés independientes a los bancos españoles dejaron un mapa muy claro de los siete fuertes y los siete débiles, dijo un ejecutivo de la banca española que no quiso ser nombrado.
"El ejercicio ha dejado muy claro que 4 ó 5 entidades relativamente sanas irán a la caza de otras 4 ó 5 entidades seriamente tocadas", dijo el ejecutivo.
Está previsto que los compradores extranjeros se mantengan al margen debido a los grandes riesgos de España, golpeada por la crisis de deuda soberana de la eurozona.
Los precios de las viviendas siguen cayendo y los activos tóxicos continuarán aumentado al menos durante un año más, mientras consumidores y empresas caen en una profunda recesión.
Los probables compradores son los saneados Santander , BBVA, CaixaBank, Sabadell y la entidad vasca Kutxa.
Entre sus objetivos podrían incluirse las nacionalizadas Catalunya Caixa, NovaGalicia Banco y Banco de Valencia, además de otras pequeñas entidades como el Banco Mare Nostrum o Caja 3.
El banco de tamaño medio Popular no es visto lo suficientemente fuerte como para ir en busca de adquisiciones, pero podría convertirse en objetivo de compradores si fracasa en su intento de ampliar capital.
La nueva legislación, aprobada para cumplir con las condiciones de la ayuda europea, facilita que el Estado pueda liquidar bancos y venderlos en diferentes partes.
"La competencia entre las entidades para comprar los activos más valiosos va a ser feroz," dijo Ángel Berges, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Las nacionalizadas Bankia, Catalunya Caixa, NovaGalicia y Banco de Valencia perderán grandes cantidades de viviendas y suelo, que transferirán al banco malo.
Una fuente financiera con conocimiento de las negociaciones dijo que, como condición del rescate, los cuatro bancos reducirán sus balances en más de un 40 por ciento, haciéndoles objetivos más baratos.
Santander, BBVA y Kutxa están entre los favoritos para hacerse con Catalunya Caixa, cuyos activos rondan los 80.000 millones de euros, dijeron fuentes bancarias.
NovaGalicia, con unos activos por valor de 75.000 millones de euros, podría ser un objetivo interesante para Caixabank, añadieron las fuentes.
Popular, con unas necesidades de capital de 3.200 millones de euros, buscará una ampliación de 2.500 millones de euros en un intento por evitar ser adquirido por el Estado o por algún competidor.
"En el caso de que Popular no pudiera salir adelante por sí sola, Caixabank estará merodeando y lista para aprovecharse", dijo un ejecutivo de la banca.
Banco Mare Nostrum, resultado de la unión de cuatro bancos con unos activos totales de 68.000 millones de euros y unas necesidades de capital de 2.000 millones según la auditoría, podría acabar siendo reestructurado con fondos públicos, dijo un ejecutivo bancario con conocimiento del proceso.
La fusión a tres bandas entre las entidades de pequeño tamaño Liberbank, Ibercaja y Caja 3 fue cancelada. La auditoría reveló que el hipotético grupo tendría un déficit combinado de 2.100 millones de euros y dejaría a Caja 3 como un candidato a ser nacionalizado y vendido, al ser el más desprotegido de los tres.
Otra fusión ahora en duda es la de Unicaja, Caja Duero y Caja España. Como grupo, aprobaron las pruebas de estrés, pero la unión de Caja Duero y Caja España tiene un déficit de capital de 2.100 millones de euros.

Hacienda calcula que hay 6.000 millones por cobrar por delitos fiscales

SANTANDER.- La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha confirmado que quedan unos 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales españoles por delitos fiscales, tal y como ha adelantado este jueves el director del servicio jurídico del organismo, Juan Manuel Herrero.

   En un encuentro con la prensa durante el XXII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Viana ha explicado que, de esta cantidad, unos 4.000 millones corresponden a delitos cometidos en los últimos cinco años y, el resto, son de años anteriores.
   Por ello, la directora del organismo ha subrayado la importancia de las mejoras que introduce el Código Penal en esta materia. En este sentido, la agencia ha destacado la prescripción en diez años de este tipo de delitos.
   En este sentido, el director del servicio jurídico ha señalado que le hubiese gustado que esta medida hubiera podido tener retroactividad y se hubiese extendido a los casos anteriores, aunque ha aclarado que hubiera supuesto problemas técnicos a los tribunales y que, por ello, no se ha llevado a cabo.
   Los delitos fiscales que podrán tener una prescripción de diez años serán los que superen la cuantía de 600.000 euros, los que se comentan por una trama criminal o los que utilicen medios sofisticados, como negocios simulados o paraísos fiscales.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.
   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.
   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.
   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".
 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.
   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".
   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.
   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.
   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.
   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.
   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.
   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.
   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

El Gobierno acaba con el despido de veteranos a cargo de las árcas públicas

MADRID.-  El Gobierno obligará a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas empresas de cargar este coste sobre las arcas públicas.

   Según la normativa aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de 50 o más años tendrán que efectúen una aportación económica al Estado para compensar el impacto que dichos despidos suponen sobre el sistema de protección por desempleo.
   La norma persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.
   El Real Decreto aprobado este viernes recoge el sistema de cálculo para calcular las aportaciones económicas que tendrán que hacer las empresas y que se realizará a través de liquidaciones anuales. El Servicio Público de Empleo será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de las aportaciones.
   El procedimiento de liquidación se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán 15 días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones, las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.
   Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de 30 días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.
   Esta norma viene únicamente a adaptar las novedades que se incluyeron en la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que, en los años de bonanza, "grandes grupos empresariales con beneficios" ajustaron plantilla a través de los denominados 'ERE preventivos', que incluían prejubilaciones y despidos con cargo a los recursos públicos.
   "Aunque el anterior Gobierno puso coto a esto, nosotros llegamos un poco más lejos", ha dicho Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha precisado que con esta medida no se limita el derecho de las empresas a hacer un ERE, sino que se trata de impedir que los contribuyentes paguen estos despidos.
   Con esta norma se modifica parcialmente la llamada 'enmienda Telefónica', aquella que se incluyó en la reforma de pensiones para evitar que las grandes empresas con beneficios que prejubilan a trabajadores mayores de 50 años carguen el coste al presupuesto público.
   El Consejo de Ministros ha aprobado también el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.
   La norma, que desarrolla la reforma laboral aprobada en febrero, regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en el periodo de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.
   En el reglamento se concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas.
   Además de la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de reestructuración empresarial, para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de 50 trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
    Por lo que respecta a la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.
   Por otro lado, el Real Decreto desarrolla la disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral y que sólo afectará al personal laboral del sector público. En ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto.
   En el caso de las empresas del sector público, entidades o sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, se aplicarán las mismas causas y procedimientos que den lugar a despidos colectivos previstos con carácter general para las empresas del sector privado.
   En el caso de las Administraciones Públicas, se regula un procedimiento específico. Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones Públicas en las que estuviera legalmente previsto.
   En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa.
   La norma refuerza los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.
   Cuando se trate de causas económicas se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.