sábado, 24 de marzo de 2012

El PP espera que la Ley de Transparencia sirva para prevenir la corrupción

MADRID.- El PP confía en que la futura Ley de Transparencia sirva para prevenir la corrupción en España y evitar el despilfarro en las administraciones públicas, a la vez que mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar el buen uso de los recursos públicos.

   El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha celebrado el anteproyecto aprobado este viernes por el Gobierno en el Consejo de Ministros y ha recordado que se trata de una regulación "muy importante y necesaria" que ya tenían otros países de la Unión Europea.
   A su juicio, es fundamental regular la transparencia de las instituciones públicas porque los ciudadanos "tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero".
 "Es una medida muy importante de regeneración política, la transparencia es la mejor medicina para prevenir la corrupción y el buen gobierno es la mayor garantía para evitar el despilfarro", ha subrayado.
   Bermúdez de Castro ha alabado también el procedimiento elegido por el Ejecutivo para su tramitación, ya que contará "por primera vez en la historia" con un periodo de quince días de audiencia pública durante los que los ciudadanos podrán aportar sus recomendaciones y sugerencias de mejora.
   "Cuanta más transparencia, más confianza y control de las cuentas públicas", ha resumido el dirigente 'popular' al recordar que los principios de "eficacia, ejemplaridad, austeridad y rigor en la gestión de recursos" que establece la ley deben regir la actuación de todo gobernante.
   El secretario general del PP en el Congreso ha destacado también la inclusión en la Ley de Transparencia de un baremo para "poner límite" al sueldo de los alcaldes.
   Para Bermúdez de Castro, esta ley contribuirá al "esfuerzo" del Gobierno "por ganar confianza, credibilidad y solvencia" y enviar al exterior "la imagen de que España es un país cumplidor". "El Gobierno está haciendo los deberes, y esta ley, junto a la de estabilidad presupuestaria, envía un mensaje claro de que España es un socio fiable", ha concluido.

Empresarios piden rentabilizar el aeropuerto de Castellón

CASTELLÓN.- El presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje Españolas (AEDAVE), Vicente Blasco, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón, José Roca, han manifestado la necesidad de rentabilizar el aeropuerto de Castellón, una infraestructura sin actividad un año después de su inauguración.

   El aeropuerto, inaugurado el 25 de marzo de 2011, sigue sin fecha prevista de funcionamiento, puesto que todavía no cuenta con los permisos necesarios, no se ha resuelto el conflicto entre la promotora Aerocas --formada por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón-- y la concesionaria tras romperse el contrato y faltan por ejecutarse una serie de obras de subsanación en las instalaciones, como la ampliación de la pista de giro.
   Así, Blasco considera que el aeropuerto de Castellón "responde a una cadena de errores que se produjo en España con estas infraestructuras, aunque el caso de Castellón es más llamativo". Según ha dicho, las instalaciones aeroporturarias de Castellón se plantearon "en un momento de crecimiento económico, sin un plan de marketing, contando poco con la empresa privada y sin establecerse contactos con touroperadores extranjeros".
   En su opinión, no cree que haya posibilidades de que el aeropuerto de Castellón pueda entrar en el mercado de compañías de bajo coste, "puesto que, tal y como está el mercado, ninguna compañía va a querer volar, a no ser que sea que se las subvencione", lo que, a su juicio, "sería pan para hoy y hambre para mañana".
   Según el presidente de AEDAVE, la solución es "difícil", teniendo en cuenta, además, que "la oferta de plazas hoteleras en la provincia debería situarse entre las 10.000 y las 12.000 si el aeropuerto acogiese una media de siete aviones diarios".
 "Es momento de entonar el 'mea culpa' y de ver cómo se le puede sacar rendimiento a este aeropuerto", ha agregado.
   Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca, ha calificado de "negativo" que el aeropuerto no esté en funcionamiento un año después de su inauguración, "puesto que se ha hecho para que aterricen y despeguen aviones y esto no es así, y ni siquiera tenemos fechas".
   Según ha dicho, "no se puede permitir una inversión de este tipo en una infraestructura que no se está rentabilizando", por lo que -ha añadido- "desde la CEC estamos preocupados y en permanente contacto con el sector turístico, ya que se habían establecido contactos contando con el funcionamiento del aeropuerto y, sin embargo, se ha tenido que enviar a los turistas a Reus, lo que supone un coste añadido y molestias para los visitantes".
   "Necesitamos que el aeropuerto se ponga en valor y sea un instrumento de apoyo a todos los sectores económicos de la provincia y, especialmente, al turístico", ha destacado el presidente de la CEC.
   Para el secretario general del PSPV en la provincia de Castellón, Francesc Colomer, en el caso de esta infraestructura, "lo peor no es el espectáculo de tener un aeropuerto sin aviones, ni pasajeros, ni es el despilfarro, ni los errores de construcción, ni siquiera es el efecto devastador en términos de imagen y desprestigio para una provincia que no se merece estos gobernantes", sino la "falta de esperanza, de un plan B que nos permita avanzar como territorio turístico competitivo que justifique y haga viable un aeropuerto que nos abra al mundo".
   En su opinión, las últimas declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, "reconociendo que no van a abrir el aeropuerto hasta que no haya aviones" suponen "el reconocimiento de un fracaso, de diez años de mala gestión, improvisación y de despropósitos".
   "Ni siquiera han sido capaces de acabar las obras y sí de protagonizar el escándalo que supuso engañar a toda una sociedad inaugurando un aeropuerto que no son capaces de poner en marcha", ha añadido
   Por su parte, la diputada autonómica de EUPV por Castellón Marina Albiol ha recriminado que, "después de un año desde su inauguración, ni siquiera han sido capaces de acabar la obra", y ha criticado que, además, "gracias a un ejercicio de incompetencia, la pista de aterrizaje está mal construida".
   Albiol ha afirmado que este aeropuerto "difícilmente abrirá nunca sus puertas", pues "estamos ante una infraestructura tremendamente deficitaria y ninguna empresa quiere hacerse cargo, sea pública o privada". En su opinión, el aeropuerto se trata de un "capricho" del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, "sin tener ningún estudio de viabilidad serio que avalara esta inversión de 200 millones de euros".
   La diputada cree que detrás de la construcción del aeropuerto "siempre hubo intereses especulativos urbanísticos". Ha añadido que algún día los principales impulsores de esta infraestructura "deberán asumir responsabilidades por malgastar dinero público en una obra faraónica que no aportará ninguna riqueza a Castellón", y ha reclamado la dimisión del actual presidente de Aerocas, Carlos Fabra.
   La secretaria provincial del PP, Marisol Linares, ha manifestado que el aeropuerto es una infraestructura "muy importante" para Castellón "pese a las críticas de la oposición que, en vez de ayudar, se han dedicado a poner piedras en el camino".
   Así, ha señalado que el aeropuerto "funcionará" y ha destacado que las circunstancias han cambiado desde que empezó a gestarse, "tanto a nivel legislativo como económico, pues estamos en una crisis, pero será una realidad", aunque no ha querido "aventurar" una fecha de apertura, "puesto que hay que subsanar cuestiones de carácter técnico y administrativo".
   "El aeropuerto es necesario para Castellón y será muy importante junto al Corredor Mediterráneo", ha insistido Linares, quien ha añadido que las próximas generaciones "reconocerán la valentía que tuvo en su día el gobierno del PP de hacer esta infraestructura".

viernes, 23 de marzo de 2012

El Aeropuerto San Javier estrena este domingo la temporada de verano con 22 destinos, casi todos internacionales

SAN JAVIER.- El Aeropuerto de Murcia-San Javier estrenará este domingo la temporada de verano con 22 destinos, uno de ellos nacional y 21 internacionales. 

   En concreto, un total de siete compañías tienen previsto operar vuelos al Aeropuerto de Madrid-Barajas, a 15 aeropuertos del Reino Unido, 4 aeropuertos de Noruega, uno de Irlanda (Dublín) y al Aeropuerto de Charleroi en Bruselas.
   Las compañías que operarán esta temporada en el Aeropuerto de Murcia-San Javier son Air Nostrum, BmiBaby, EasyJet, Jetair Fly, Jet2.com, Ryanair y Norwegian Air.
   En la ruta con el Aeropuerto de Madrid-Barajas en alguna de las frecuencias se van a utilizar aeronaves con una mayor capacidad de pasajeros, lo que redundará en una mayor oferta de plazas en esta ruta.
   La programación de verano de las compañías aéreas que operan en los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos terminará el 27 de octubre, según fuentes del aeródromo murciano.
    El cambio de temporada en el transporte aéreo europeo se realiza coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo horario de verano en toda la Unión Europea.

Iberia Express despega con un primer vuelo Madrid-Alicante

MADRID.- La nueva Iberia Express, filial para el corto y medio radio al 100% de Iberia, que despegará este domingo, más de dos años después del anunciado proyecto, operará un total de 17 rutas --doce nacionales y cinco a destinos internacionales-- en 2012, primer año en el que prevé transportar 2,5 millones de pasajeros. 

   Durante su puesta de largo oficial, Gallego, que estuvo acompañado con el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, destacó que se trata de "un proyecto ilusionante" que permitiará "precios asequibles" que nace "tras varios meses de trabajo" con "ilusión".
   Levantará el vuelo con cuatro destinos nacionales --Mallorca, Alicante, Málaga y Sevilla--, a los que se sumarán en mayo cinco nuevas --Vigo Lanzarote, Granada, Menorca e Ibiza--, y en los meses de junio y julio volará ya a destinos europeos como Dublín, Riga, Mikonos y Nápoles, además de destinos domésticos como Santiago, Fuerteventura y La Palma. En septiembre, se incorporará Ámsterdam.
   "Desde el primer momento tuvimos claro que para competir en el complejo panorama europeo teníamos que tener unos costes en la media europea en un entorno en el que la mayoría de las compañías están en 'números rojo's y otras quebrando. Nuestra filosofía es controlar los costes de forma eficiente, sostenible y garantizando la calidad del servicio y la seguridad", apuntó Gallego.
   Rafael-Sánchez Lozano fue más allá al incidir en que el objetivo es "ganar dinero desde el primer día". Iberia cifra en 100 millones de euros los ahorros derivados del lanzamiento de Express de cara a 2015. El 45% procederán de la diferencia del beneficio operativo proveniente de lastripulaciones, un 25% de los servicios de 'handling', otro 25% de ahorros en costes generales y un 5% por incremento de activos.
   La capitalización de Iberia Express alcanza los 20 millones de euros, invertidos por Iberia, precisó Sánchez-Lozano.
   La nueva 'low cost', que realizará su primer vuelo este domingo desde Barajas con destino a Alicante, contará inicialmente con 500 empleados y cuatro aviones A320, que alcanzarán los 14 este año --aeronaves procedentes de la flota de Iberia-- y aumentarán progresivamente hasta 16 aviones en 2013,  28 unidades en 2014 y 40 aviones en 2015.
   Los billetes de Express, de venta ya en agencias de viajes, no estarán disponibles en su web hasta la mitad de la semana que viene, ni a través de los call center, ya que para ello la compañía requiere de los códigos de la IATA y la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) correspondientes, pero sí a través de Iberia, por lo que los precios hasta la próxima semana serán los mismos que los de Iberia.
   Las rutas anunciadas las operará Iberia Express pero en caso de que el usuario no quiera volar con la nueva compañía podrá solicitar la devolución del importe.
   La nueva compañía lanzará próximamente una campaña durante cinco días para volar a la Península y Baleares desde 25 euros, a Canarias desde 45 y a destinos internacionales a partir de los 59 euros desde el 10 de abril a la temporada de verano.
   Aunque no precisó si estos precios se estabilizarán en un futuro, ni el porcentaje de ahorro por vuelo teniendo en cuenta los nuevos costes.
   Ofrecerá dos clases 'turista y 'business' y si el pasajero lo requiere, con la alternativa de volar en clase turista desde una tarifa básica o otras tarifas a partir de 'servicios a la carta', si bien no se concretó el precio de la clase 'business'.
   Así, habrá cuatro tipos de tarifa 'expres' con precios "muy asequibles" y que no incluirá maleta, tarifa 'estandar' que incluirá una maleta y la selección de asientos, tarifa 'flexible' que permitirá cambios y la 'business' con todos los servicios de la clase.
   Gallego defendió que no se trata de una compañía 'low cost' al uso si no de una compañía de bajos costes, que contribuirá a facilitar la conexión de largo radio de Iberia en su 'hub', ya que el 70% de los vuelos de la compañía en Madrid son vuelos de interconexión.
Gallegó informó de que la nueva compañía cuenta ya con 41 pilotos contratados, la mayoría procedentes de Vueling, Air Europa, Air Nostrum o Air Arabian, el 40% de ellos de alta cualificación y experiencia, y con 80 tripulantes de cabina (TCP) procedentes de Spanair, Pullmantur, Air Comet, Air Nostrum, Vueling e Iberworld.
   El consejero delegado de Express reveló que el salario medio se situará en unos 6.000 euros netos volando 850 horas al año y 18 días al mes, en 2.800 euros netos para los copilotos, 1.250 euros netos para los TCP y 1.370 euros netos para los sobrecaros. "Estos salarios en estos tiempos no son muy 'low cost'", concluyó.
   En octubre de 2009, el consejero delegado de la compañía matriz, Rafael Sánchez-Lozano, anunció la intención de Iberia de crear una nueva compañía de bajo coste para las rutas de corto y medio radio, con base en Madrid, para contrarrestar la competencia de las aerolíneas 'low cost' en este mercado. En previsión de ello, la aerolínea registró la marca Iberia Express.
   La creación de la nueva compañía sembró los temores de los diferentes colectivos de Iberia, en medio de sus respectivas negociaciones de los convenios colectivos, lo que derivó en la inclusión de cláusulas y una serie de condiciones para los tripulantes de cabina (TCP) y el personal de tierra, vinculados a esta nueva marca, en el caso de que la nueva 'low cost' se lanzara.
   Con los pilotos no fue posible cerrar ningún acuerdo desde entonces. Tras 12 jornadas de huelga y ante el anuncio de 24 días más de huelga en fechas clave, la intervención de Empleo y Fomento propició un acuerdo por ambas partes para consensuar un mediador en la figura de Manuel Pimentel que facilite la negociación entre Iberia y sus pilotos.

Los cargos públicos que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años

MADRID.- Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y ha recalcado que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes del mes de junio-- permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".
   "La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos. También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado.
   La vicepresidenta ha explicado que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del próximo lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. La norma se compone de tres bloques:  publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.
    En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.
    Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.
   Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública.  Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades  Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.
    El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución, estableciendo un "equilibrio" entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública. El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud.
    En cuanto a los límites, no se proporcionaran datos si afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los  ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí que ocurre en países como Estados Unidos.
    Sáenz de Santamaría ha indicado que la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia, encargándose de resolver las reclamaciones que se produzcan en caso de denegación de acceso  de información. 
    El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con rango legal" para todas las administraciones públicas, que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.
    Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurará: la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones; el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública; no formular los planes económico financieros en los supuestos que figura en la Ley de Estabilidad; o el incumplimiento de medidas de corrección previstas en esa norma.
   Sáenz de Santamaría ha recalcado que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.
   Además, en el caso de que haya "un verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable", la conducta "será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con una inhabilitación de hasta diez años y la correspondiente multa".  Aunque no se prevé en la norma la pena de cárcel, la portavoz del Gobierno ha recordado que si  no se cumple la pena de multa, ésta "se sustituye por una pena de prisión".
    El objetivo de esta norma es "complementar" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan y sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos", de forma que los altos cargos "responden con carácter personal de esa conducta". Es más, ha subrayado que esta ley trata de "evitar" que "alguna administración diga que cumple el seis por ciento de déficit" y "acaba dejando el país en un ocho".
   La portavoz del Gobierno ha hecho hincapié que "el responsable sólo puede ser el competente". En este sentido, ha comentado que, por ejemplo, si un consejero es el responsable de enviar a Hacienda un plan de ajuste y no lo hace, sería "el responsable". "La competencia determina la responsabilidad", ha reiterado.
    Sáenz de Santamaría ha explicado también que la Ley de Transparencia "por primera vez hará públicas las resoluciones en relación con las compatibilidades e incompatibilidades", colgándose en la web "las autorizaciones o denegaciones que se den en este punto". 
  Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.  

El Gobierno estudia crear una agencia para emitir 'hispabonos'

MADRID.- El Gobierno estudia la posibilidad de crear una agencia vinculada al Tesoro Público para emitir deuda y repartirla después entre las comunidades autónomas para reducir los problemas de las regiones a la hora de acceder a los mercados.

   Según han señalado fuentes financieras, ésta es una de la posibilidades que baraja el Ejecutivo, que esta misma semana se reunió con los bancos creadores de mercado para tratar este tema, entre otras cuestiones.
   Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad señalan que aún no hay una fórmula definida ni una fecha concreta, aunque ésta es una de las opciones que se barajan para la propuesta que el Departamento que encabeza Luis de Guindos tiene previsto hacer en las próximas semanas.
   La propuesta de Economía podría concretarse así en la puesta en marcha de los conocidos como 'hispanobonos', emisiones de deuda del Estado en representación de las regiones que muchos sectores económicos han reclamado en los últimos meses.
   El propio ministro de Economía se ha mostrado partidario de los 'hispanobonos' en reiteradas ocasiones, justificando esta medida en la necesidad de armonizar el coste de las emisiones en todo el territorio nacional.
   Incluso ha llegado a asegurar que las comunidades autónomas se podrían ahorrar unos 1.000 millones de euros en costes financieros si emitieran al tipo al que lo hace actualmente el organismo dependiente del Ministerio de Economía.
   De hecho, mientras que el Tesoro ha logrado reducir el coste de sus emisiones en lo que va de año y ha colocado más de lo previsto, algunas comunidades han tenido dificultades para cerrar sus colocaciones o se han visto obligadas a pagar tipos muy elevados.
   Éste es el caso de Castilla y León, que el pasado martes colocó poco más de 50 millones de los 200 millones que pretendía colocar, o de la Comunidad de Madrid, que tuvo que elevar considerablemente el interés para colocar 660 millones.
   Este tipo de situaciones ha disparado las alarmas del Ministerio, que ha decidido poner fin a esta situación con una propuesta concreta que presentará en las próximas semanas y que previsiblemente dará luz verde a los 'hispanobonos'.
   Esta medida, beneficiará a muchas comunidades con dificultades para financiarse, aunque queda la duda de si las regiones que han cosechado buenos resultados en sus emisiones recurrirán también a la nueva agencia del Estado o si, por el contrario, seguirán emitiendo su propia deuda.
   Los expertos alertan de que la medida, pese a ser positiva, puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro, que mantiene una buena racha desde el pasado mes de diciembre y que ha logrado reducir notablemente el interés.
   Éste mismo motivo frenó a la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, que siempre se opuso a que el Estado asumiera las emisiones de las comunidades para evitar el deterioro de las emisiones del Tesoro.
   Desde Ahorro Corporación, el director de la mesa de deuda pública, Javier Ferrer, admite que una medida de este tipo puede elevar el interés que paga el Tesoro actualmente, aunque no cree que acabe siendo perjudicial para España.
   En este sentido, considera que la puesta en marcha de los 'hispanobonos' puede ser muy "interesante" para el mercado y puede tener una "gran acogida" entre los inversores, sobre todo entre los españoles, aunque eleve el coste.
   Por su parte, desde Intermoney, José Carlos Díez, considera necesario que el Estado avale a las comunidades, aunque duda de la efectividad de la medida entre los inversores, que prefieren cosas más sencillas y acaban recurriendo al bono que ofrece el propio Tesoro.
   Díez asegura que hay ejemplos que demuestran que estas iniciativas no siempre funcionan, como las emisiones de la banca avaladas por el Tesoro, y cree que una medida de este tipo puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro porque "socializa" la deuda. "Será algo que acaben teniendo en cuenta las agencias de rating", ha dicho.

jueves, 22 de marzo de 2012

Asociaciones de la Región crean una plataforma contra la ubicación del macropuerto en El Gorguel

 
CARTAGENA.- Un total de 18 asociaciones de vecinos, ecologistas y sociales de la Región de Murcia han creado una plataforma para aunar esfuerzos contra el desarrollo del macropuerto de contenedores en el Gorguel, para lo que desarrollarán campañas de movilización y están dispuestos a llegar "hasta el final" y recurrir a instancias europeas si fuera necesario.

   Así lo han hecho saber en rueda de prensa la miembro de Ecologistas en Acción, Natalia Martín, el miembro de Greenpeace, Feliciano Sáez, el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, y el presidente de la Asociación de Vecinos de El Gorguel, Francisco Martínez.
   Se trata de la Plataforma 'Salvemos El Gorguel', que está integrada por ADESGA; la Asociación Eubacteria de la Universidad de Murcia; las asociaciones de vecinos de El Gorguel, La Unión y la Liga de Vecinos de Portmán; Ecologistas en Acción; Eplan; Foro Ciudadano; Foro Social; Fundación Sierra Minera; Greenpeace. Grupo Local de Murcia; Huermur; La Bola de Cartagena; Mujeres de la Tierra de Murcia; Murcia No Se Vende; Seo/ Biirdlife; Teatro de Bas; y WWF. Grupo Murcia.
   Asimismo, tienen el apoyo de profesionales del mundo de la ciencia y la educación como los profesores de la Universidad de Murcia Antonio Campillo Meseguer; Miguel Ángel Esteve Selma; José Antonio García Charton; Francisco Jarauta; Fernando Jiménez Sánchez; Julia Martínez Fernández; Joandomènec Ros Aragonés; Manuel Toval Arce.
   Además, también apoyan la Asamblea del movimiento 15-M en Murcia Sur y, concretamente, de los barrios de El Carmen, Infante, Ronda Sur, San Pío X, Barriomar y Santiago el Mayor; así como la Oficina verde. Asociación Eubacteria; el sindicato CGT; y las formaciones políticas EQUO; e IU-Verdes Región de Murcia.
   Igualmente, Martínez ha recordado que el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, también apoya la causa, así como las tres fuerzas políticas del Ayuntamiento, y confían en que el hecho de que el primer edil milite en el mismo partido que el del presidente de la Comunidad, el PP, puede servir a echar para atrás el proyecto.
   Las asociaciones se han unido para formar "un marco de lucha común" contra el macropuerto y, al mismo tiempo, realizar diversas actividades para dar a conocer a la sociedad murciana los valores ambientales y culturales de la zona de El Gorguel y el grave impacto medioambiental que conllevaría la ubicación del macropuerto.
   Así, la Plataforma tiene previsto iniciar su andadura este domingo con la celebración de una limpieza de la zona, debido al abandono intencionado al que está sometida la playa, reflejo de la "dejadez y falta de interés por la conservación de la naturaleza por parte de las administraciones competentes", denuncia Martín.
   La limpieza del lugar tendrá lugar el domingo a partir de las 11.00 horas, seguida de una ruta senderista a la Cala del Caballo o por la Sierra de la Fausilla. Ese mismo día, la Plataforma celebrará una comida con un bono solidario, cuyo coste ayudará a cubrir los 8.000 euros de sanción que se impuso a los ocho manifestantes que protestaron de forma pacífica en 2009 en las puertas de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
   Con la creación de esta Plataforma, Martín ha indicado que la campaña contra el macropuerto trasciende a los colectivos ecologistas y pasa a ser una "lucha a todos los niveles", contra el "empeño de la Autoridad Portuaria de Cartagena y del Gobierno regional en ubicar el puerto de contenedores en esta zona", añade Martín.
   Y es que ha recordado que la zona de El Gorguel forma parte de la Red Natura 2000, que es una figura de protección europea, mientras que en el lugar se encuentra la Sierra de la Fausilla que es un lugar de Importancia Comunitaria y un lugar de especial protección para aves.
   Asimismo, la zona está catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria en medios marinos, y la rambla de El Abenque y la rambla de El Gorguel son Lugar de Interés Geológico. Aparte, cuenta con un yacimiento arqueológico que el año 2011 fue declarado 'Bien de Interés Cultural'.
   Por ello, las organizaciones que conforman la Plataforma consideran que la ubicación adecuada para el macropuerto no es el Gorguel, sino que "existen otras alternativas que tienen que ser debidamente estudiadas de manera que no se dupliquen infraestructuras y se utilicen otras que están infrautilizadas".
   Por ello, solicitan "que se haga un análisis de alternativas en condiciones, que se vea si es necesario realmente un puerto y que se deseche la ubicación de El Gorguel".
   Por ejemplo, Martín recuerda que la Autoridad Portuaria de Cartagena "ya en 1996 amplió el Valle de Escombreras prometiendo la misma terminal de contenedores, pero a día de hoy, el proyecto no está terminado del todo y en la zona hay una explanada bastante grande que sería una posible ubicación si realmente hace falta un macropuerto".
   También se ha planteado como alternativa "un puerto seco en Los Camachos", según Martín, quien recuerda que el informe de sostenibilidad que está elaborando la Autoridad Portuaria "exije un examen de alternativas exhaustivo".
   Martín recuerda que, cuando el proyecto se planteó, hubo un cierto "rifirrafe entre Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento", pero "a día de hoy hay una apuesta general del Gobierno regional y del Minsiterio por la ubicación en El Gorguel".
   En adelante, Martín anuncia que "irán hasta el final contra el proyecto" y cuando salga en firme harán alegaciones para tratar de luchar contra su ubicación".
   La Fundación Sierra Minera, que también está en la Plataforma, hizo un estudio con diversos profesores de la UMU, en la que hacían una recreación de lo que sería el antes y el después en relación al macropuerto, en la que queda claro que el impacto paisajístico "es notable", añade la portavoz ecologista.
   Los colectivos también critican que le proyecto va en contra de la regeneracón de la bahía de Portmán, que es una "deuda histórica de las administraciones. Así, añaden que si se quiere dar un desarrollo futuro a la bahía de Portmán "no es de lógica que se pretenda ubicar una infraestructura de esas características justo enfrente".
   Martínez, que representa a los aproximadamente 300 vecinos que ocupan las 57 casas que hay en la zona y que se elevan a 500 en las fechas de fiestas, ha indicado que "el destrozo ecológico y cultural que se quiere hacer es mucho mayor a todos los beneficios que pueda dar durante toda la vida", debido a los "valores culturales y ecológicos que tiene".
   La plataforma ha creado la página web 'http://salvemoselgorguel.com', donde se puede consultar con más detalle la actividad así como las opiniones de los expertos, noticias relacionadas y reportajes fotográficos. Asimismo, la Plataforma invita a todo aquel que esté interesado en conocer y conservar este bello paraje a participar en la actividad.

UPyD dice que el posible "rescate" financiero de la autopista Cartagena-Vera ejemplifica "descontrol"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado  el posible "rescate" de la autopista Cartagena-Vera que la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció indicando que el Ministerio asumirá las "autopistas ruinosas".

   Para Sánchez, "no es de recibo que ahora se socialicen las pérdidas de la concesionaria y que el coste del rescate recaiga sobre las cuentas públicas y los contribuyentes".
   De hecho, ha recordado, "que ya se están avalando desde hace año y medio créditos millonarios de emergencia a las concesionarias, que no han resuelto nada".
   Sánchez ha afirmado también que "esta infraestructura, de bajísima ocupación, es otra muestra más de los excesos en el sector de la construcción durante los últimos años en la Región, ya que se construyó al amparo de  la idea de un supuesto desarrollo urbanístico desmesurado en toda la zona".
   Asimismo, ha denunciado la complicidad del PP y del PSOE para ejecutar "una infraestructura que no era necesaria, tal y como el tiempo ha demostrado".
   Al tiempo que ha resaltado que "la autopista tiene salidas que no llevan a ninguna parte y terminan en un bancal. En estos terrenos se pensaban construir miles de viviendas, algo que, tras la ruptura de la burbuja inmobiliaria, finalmente no ocurrió".
   En este sentido, ha recordado que la obra fue licitada y adjudicada por el último Gobierno de Aznar, pero el PSOE, con la llegada al poder de Zapatero, la ejecutó e inauguró en un momento, 2.007, en el que ya se daban claros síntomas de la inviabilidad del modelo inmobiliario masivo que fue el que generó esta infraestructura fantasma.
   En opinión de Rafael Sánchez, "si todo hubiese salido según lo previsto, los posibles beneficios  de las empresas concesionarias no habrían repercutido en los contribuyentes, por lo que no parece justo que estos sean ahora los paganos de las pérdidas ocasionadas por una planificación errónea y desmesurada".
   Según el coordinador regional de UPyD, no es que haya habido un descenso de viajeros en la autopista, sino que nunca se ha llegado a niveles rentables de tráfico, "porque su construcción se basó en criterios puramente especulativos y no en criterios objetivos de intensidad de tráfico existente".
   Para concluir, Sánchez ha  insistido en "que esto es algo que avalaron, primero el PP y luego el PSOE, manteniendo la idea de que el litoral se iba a llenar con miles de casas que deberían estar comunicadas a través de esta autopista que ahora sólo tiene salidas a campos en barbecho. Ahora, todos los ciudadanos pagamos las consecuencias  de la imprevisión y del despilfarro".

Los afectados por el terremoto de Lorca llaman 'cínico' a Valcárcel

MURCIA.- La Asamblea de Vecinos de Lorca ha presentado este jueves al Defensor del Pueblo, José Pablo Ruiz Abellán, una queja por la gestión que está realizando la Comunidad en los asuntos relacionados con el terremoto, así como 6.500 firmas --recogidas en dos días en el municipio-- ante el "cinismo" que está llevando a cabo el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, "que raya el insulto hacia los damnificados".

   Y es que subraya el portavoz de la Asamblea, Juan Carlos Segura, "las ayudas prometidas del Real Decreto 6/2011 no llegan y estamos en una situación agónica".
   Actualmente, apostilló, "hay 10.000 personas desplazadas de sus domicilios habituales, unas 1.500 viviendas por reconstruir y decenas de familias viviendo en situaciones muy precarias".
   Por lo que la asamblea de vecinos de Lorca espera que Ruiz Abellán "inste" a la Administración regional, y al presidente Ramón Luis Valcárcel, "a que agilicen lo máximo posible la tramitación de esas ayudas".
   Ayudas, recordó Juan Carlos Segura en un contacto previo con los medios, "que el Estado envió a los damnificados de Lorca y están retenidas por la Administración regional". Tras lo que se pregunta "cómo es posible que en pleno Siglo XXI pasen estas cosas".
   "No hay un compromiso hacia Lorca", aseguró el portavoz de la asamblea de vecinos, al tiempo que recuerda que la Comunidad Autónoma tiene las competencias en Sanidad y Educación, "y tenemos dos institutos demolidos --I.E.S Ros Giner e I.E.S. Arcas Meca--, así como un centro sanitario --Lorca Centro--".
   De hecho, manifestó, "la partida presupuestaria que la Administración regional dota para el municipio es irrisoria, ridícula, solamente 206.000 euros para la reconstrucción de esos centros", cuando, puntualizan, "la Comunidad estimó que su reconstrucción costaría unos 22 millones".
   El Gobierno regional, continuó, "también eludió su compromiso con el Plan Lorca", 1.650 millones de euros, "con lo que trasladaba directamente su compromiso hacia el Estado". 
"No hay compromiso ninguno, las ayudas tampoco llegan y nos tienen asfixiados a los lorquinos", insistió Segura, quien afirmó que "no podemos más y no sabemos a quien recurrir".
   Así, solicitan que esas ayudas se desbloqueen, "que intervenga el Estado o quien corresponda, pero que llegue ya, de forma inmediata a los damnificados por los terremotos de Lorca".
   En concreto, la asamblea de afectados calcula que la Administración regional tiene retenido unos 26 millones de euros; pues, explicaron, "se han tramitado unos 7.000 expedientes de 15.000, pero esas ayudas aún no se han ingresado a los vecinos".
   "Es urgente que ese dinero vaya llegando ya a los damnificados", exclamó Segura, que ha solicitado a los políticos de las distintas administraciones que "resuelvan lo que tengan que resolver, hagan lo que tengan que hacer pero que ese dinero llegue ya a las familias, que están viviendo en situaciones muy precarias".
   Así las cosas, el Defensor del Pueblo se ha comprometido a "estar con los vecinos", iniciar la petición de información a las administraciones para agilizar, en la medida de lo posible, el flujo de información, a través de un documento oficial, el pago de las ayudas y una mayor implicación para que los lorquinos no se sientan "abandonados".
   Además, indicó, "de ver en qué situaciones están las administraciones para poder abordar la actividad necesaria, desde el punto de vista económico, para que los vecinos se encuentren más atendidos, y puedan iniciar la reconstrucción de su vivienda y concretar y definir el dinero que hace falta".
   A este punto, el Defensor del Pueblo ha recordado que la institución ha recibido una serie de quejas del municipio de Lorca tras el terremoto, algunas de las cuales ya se han resuelto.
   Es el caso de la queja de varios vecinos el pasado año en la que indicaban que las entidades financieras se estaban quedando el dinero del Consorcio de Seguros o la de aquellos padres, que se habían tenido que desplazar, y pedían un transporte público escolar para sus hijos.
   Aunque, manifiesta que están trabajando en otras, a través del Ayuntamiento de Lorca, como la queja de algunos vecinos que no consiguen llegar a un acuerdo con el Consorcio en cuanto a la cantidad a asegurar.
   La queja de la Asamblea de Vecinos de Lorca se enmarca dentro de las protestas que la organización está llevando a cabo contra la gestión del Gobierno regional, y que culminará este domingo, día 25, con una manifestación para mostrar su "pesar y disconformidad" con la "nefasta" gestión de la Comunidad.
   Una manifestación que será seguida, según los primeros cálculos de la Asamblea de Vecinos de Lorca, por unas 4.000-5.000 personas, ya que, de momento, se han habilitado 15 autobuses, "aunque muchos vendrán en sus coches y otros tantos se unirán desde la capital".
   Ésta partirá a las 12.00 horas, con salida en el Jardín de Floridablanca y recorrerá la Gran Vía de Murcia, para finalizar en el Palacio de San Esteban, donde, previsiblemente, los afectados leerán un comunicado de repulsa.

Torres-Dulce será "implacable" contra la corrupción política porque es un "cáncer de la convivencia"

BADAJOZ.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sostiene que la "corrupción política" e "institucional" se está "revelando como un verdadero cáncer de la convivencia y del propio Estado de Derecho", motivo por el cual se comprometió ante el Congreso a ser "absolutamente implacable" en los casos en los que apareciera. 

Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal estarán en "primera línea de batalla con respecto a todas formas de corrupción, no solamente la económica o la política, sino a veces incluso la denominada corrupción institucional".
El fiscal general ha advertido de que si la corrupción institucional "no se ataja, si no se da una respuesta, acaba corroyendo los cimientos del Estado y del Estado de Derecho, que es la base de la convivencia democrática en un país".

Según Rajoy, si hay enchufes saldrá el nombre y se explicarán las razones

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Ley de Transparencia que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".

   En un almuerzo-mitin en Ribadesella junto a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Mercedes Fernández, Rajoy ha recalcado que los cargos públicos deben ser "austeros y respetar cómo nunca el dinero de los ciudadanos".
   "La Ley de Transparencia pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, que si se enchufa salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno", ha indicado.
   Rajoy ha enmarcado la Ley de Transparencia dentro de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo y ha añadido que con esta norma "todos los ciudadanos tendrán derecho a saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones".
   "Si dan subvenciones habrá que publicarlas, se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes", ha afirmado.

Los 27 incluyen el Corredor Mediterráneo entre sus prioridades

BRUSELAS.- Los ministros de Transporte de la Unión Europea han alcanzado este jueves un acuerdo político sobre la nueva lista de proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transportes, que se beneficiarán de financiación de la UE a cambio del compromiso de estar terminados en 2030. Para España, la lista incluye el Corredor Ferroviario Atlántico y, por primera vez el Mediterráneo desde Algeciras a Portbou.

   La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha sido la única en oponerse al acuerdo al no incluir infraestructuras consideradas fundamentales por el nuevo Gobierno, especialmente el Corredor Central, que conectará España y Francia a través de un túnel por el centro de los Pirineos. Pastor reclamaba también la incorporación a la lista de los aeropuertos de Canarias, Alicante y Málaga, así como el puerto de Vigo.
   En su intervención final, Pastor se ha mostrado confiada en que estos proyectos acabarán siendo aceptados en la negociación que se inicia ahora con el Parlamento Europeo, que también tiene poder de decisión en la materia. También Italia ha pedido que se incorporen más proyectos, pero ha dicho explícitamente que aceptaba el compromiso, según fuentes europeas.
   Durante el debate en el Consejo de Transportes, la ministra de Fomento dejó claro que "el actual Gobierno de España no puede compartir la propuesta actual al quedar excluidos itinerarios principales y vertebradores de nuestro país".
   Pastor reclamaba especialmente a la UE "la introducción en la red básica de la Travesía Central a través de los Pirineos, que es un proyecto esencial para las comunicaciones en Europa que ya figuraba como prioritario en la planificación europea del año 2004".
   "España seguirá trabajando incansablemente a lo largo de este proceso legislativo para que la importancia de la Travesía Central sea reflejada en el texto final", ha agregado.
   La ministra de Fomento ha solicitado también "la inclusión en la red básica del puerto de Vigo, que es el primer puerto pesquero de Europa y clave del desarrollo de toda la vertiente Atlántica", así como de los aeropuertos de Málaga, Alicante, Gran Canaria y Tenerife Sur "tanto por su volumen de pasajeros como por su importancia estratégica dentro de una industria de gran peso estratégico europeo como es la turística".
   Finalmente, Pastor ha defendido la incorporación de Zaragoza "como plataforma logística por su ubicación estratégica y nodo central de distribución de mercancías".
   Pero el comisario de Transportes, Siim Kallas, se ha mostrado inflexible y ha rechazado incorporar a la lista ningún nuevo proyecto por considerar que ello sentaría un "precedente diabólico" al dejar sin valor una lista que se elaboró tras dos años de consultas previas.
   "No podemos iniciar estas negociaciones de nuevo", ha dicho Kallas al término del debate público sobre redes de Transporte con los ministros de los Veintisiete.
   En su opinión, si se aceptan las peticiones de un país "otro Estado miembro se presentará con otra propuesta, y si aceptamos ésta los Estados miembros vendrán con otras propuestas. Esto no puede llevarnos lejos". Kallas ha señalado que durante los dos años de consulta ha habido "varias rondas de negociaciones, muchas posibilidades de discutir y de ajustar la metodología y propuestas concretas".
   La nueva norma incluye una cláusula de revisión que estipula que la Comisión tendrá en cuenta la situación económica y presupuestaria en la UE y en los Estados miembros cuando evalúe los progresos realizados en los proyectos a finales de 2023.
   Bruselas quiere que todas las infraestructuras incluidas en la red básica, incluidos el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, estén completadas en 2030. Para ello, ha propuesto movilizar 32.000 millones de euros del presupuesto comunitario durante el periodo 2014-2020. Con estos fondos se costeará entre el 20% y el 40% de los proyectos, especialmente los tramos transfronterizos.
   En el caso del corredor Central, la Comisión está financiando el estudio preliminar del túnel que atravesará los Pirineos y calcula, basándose en experiencias anteriores, que una vez iniciadas las obras tardará en construirse "más de 20 años", lo que incumpliría el requisito de que la infraestructura esté finalizada en 2030. De ahí su rechazo a incorporarlo a la lista de prioridades.

El FROB no vende la Obra Social de la CAM y la convierte en fundación

ALICANTE.- Los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) designados por el FROB ya han iniciado el proceso para transformar la caja de ahorros en una fundación especial. Una vez traspasado el negocio financiero al Banco CAM —vendido al Sabadell por el Banco de España—, el patrimonio de la caja se reduce prácticamente al de la Obra Social, valorado en unos 180 millones de euros, según publica hoy Abc.

De este modo, los administradores del FROB quieren garantizar la continuidad de la Obra transformada en fundación, al menos hasta 2015. Durante este período, la entidad podrá seguir subsistiendo con sus recursos propios.
Sin embargo, el objetivo es que el patronato de la futura fundación negocie para captar subvenciones de administraciones públicas y empresas privadas, con el fin de que su labor de mecenazgo cultural y asistencia social pueda tener continuidad en el futuro, una vez perdida su principal fuente de financiación, que era hasta ahora la propia caja de ahorros.
Dos de los administradores del FROB presentaron ayer ante los miembros de la comisión de control de CAM el plan estratégico elaborado que recoge las líneas maestras que seguirá la Obra Social hasta 2015. Según las fuentes consultadas, los representantes del FROB explicaron que la caja podrá transformarse en fundación especial tan pronto como —previsiblemente, a finales de este mes de marzo— las autoridades de la Competencia den su visto bueno a la venta del Banco CAM al Sabadell.
El presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés Olmos, ha registrado oficialmente en las últimas semanas tres propuestas que, finalmente, serán resueltas por los propios administradores del FROB. En una de ellas, Avilés pide que la CAM asuma —si es preciso liquidando una parte de su patrimonio mediante un concurso voluntario de acreedores— las responsabilidades que ha adquirido con los 54.000 ahorradores que compraron cuotas participativas. Una posibilidad que el FROB parece descartar.
En su segunda propuesta, el presidente de la comisión de control pide que la caja facilite la documentación necesaria para que puedan ejercer su defensa los ex consejeros y directivos que han sido llamados a declarar ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. 
Y en tercer lugar, Juan Ramón Avilés pide a los administradores del FROB que analicen la sentencia que confirma el despido de la ex directora general María Dolores Amorós, por si ella se desprende la conveniencia de exigir responsabilidades por la vía judicial a otros ex directivos de la caja.

miércoles, 21 de marzo de 2012

La patronal alerta al comprador de Banco de Valencia de que valorar a cero las acciones "enfadaría" a sus clientes naturales

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, ha advertido este miércoles al futuro comprador de Banco de Valencia de que si reduce a cero el valor de las acciones "va a enfadar" a sus cerca de 50.000 accionistas privados, que "la mayor parte son accionistas valencianos, pero además, son los clientes naturales del banco".

   En este sentido, ha subrayado "lo que cuesta conseguir un cliente, lo fácil que se pierde y lo que vale un cliente fidelizado".
   Así lo ha señalado González en la rueda de prensa convocada tras la reunión del comité ejecutivo de la patronal autonómica, en la que ha comparecido arropado por los líderes de las provinciales.
   Desde Cierval instan al comprador al que finalmente adjudique la entidad el Banco de España a que no reduzca a cero el valor de las acciones y apelan a las "razones, que en algún caso son sentimentales, pero que en otros casos son de estricta equidad", para que no opte por la conocida como 'operación acordeón' que implicaría que los accionistas pierdan todo el patrimonio invertido.
   González ha admitido que Banco de Valencia "tiene dificultades muy graves" y que sus acciones "no valen objetivamente, ni de lejos, lo que valían hace un año o cuatro meses", pero ha hecho hincapié en la conveniencia de no valorarlas a cero incluso desde el punto de vista de los intereses del futuro comprador.
   "Desde el punto de vista del comprador, yo no reduciría el valor a cero porque creo que eso va a enfadar a los actuales accionistas, que no van a estar contentos si lo reducen a un valor muy pequeño porque nadie está contento cuando pierde mucho dinero, pero estará menos enfadado", ha sentenciado.
   Así, el empresariado de la Comunitat defiende que "una valoración justa, razonable, obviamente por encima de cero, sería una inversión beneficiosa" para el posible comprador, que lógicamente asumiría la gestión, ya que "accionistas no contentos pero que apreciaran positivamente la valoración, equivalen a clientes fidelizados".
   González ha precisado que si bien "no es cuestión sólo de los empresarios", ellos saben especialmente "lo que cuesta conseguir un cliente, lo fácil que se pierde y lo que vale un cliente fidelizado".
   En cuanto a qué comprador preferiría que se hiciese con la gestión de la entidad, ha sido tajante: "El que la pueda gestionar mejor y pueda garantizar mejor que el crédito llegue a las empresas".
   "Al final, ha dejado de ser el Banco de Valencia como era, eso es una obviedad", ha resaltado González, quien apunta que, por consiguiente, su "preocupación fundamental" es que "a las empresas les llegue el crédito, sea quien sea el que se lo haga llegar".

La ex directora general de la CAM recurrirá la sentencia que declaró procedente su despido

ALICANTE.- La ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la sentencia que declaró procedente su despido y que le negó la indemnización que reclamaba de, al menos, diez millones de euros, según ha confirmado hoy el despacho Gómez-Acebo y Pombo.

   Tras conocerse la sentencia, dictada por el juzgado de lo social nº 4 de Alicante, ya se apuntó que los abogados de Amorós consideraban que hay "razones de fondo y forma" para recurrir la sentencia del recurso que había presentado contra su despido de la caja por parte de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
   La resolución judicial implica además la pérdida de la indemnización pedida por Amorós, el doble de lo que le correspondía, más el lucro cesante, estimado en, al menos, diez millones de euros. Además, si fuera declarada firme, también implicaría la pérdida del derecho a la pensión de prestación adicional asegurada --la pensión--, fijada en 369.497 euros anuales.
  Aunque la representación legal de Amorós "no la ha recurrido todavía", ya es firme su decisión de presentar el recurso ante el TSJCV, que decidirá si ratifica la sentencia o, por el contrario, declara improcedente el despido.
   Según la sentencia, Amorós evitó que se adoptasen las "decisiones oportunas para reducir o mitigar el impacto de las pérdidas de la compañía", y han conducido a la intervención de la caja por el Banco de España, con las consecuencias que ello ha provocado en la imagen de la entidad, en los clientes que tenían en ella sus depósitos y en la sociedad en general.
   Además, el tribunal subraya que este dato es "esencial y no puede olvidarse, ya que ha sido necesaria la intervención del FROB para suministrarle inicialmente 3.000 millones de euros, más una aportación adicional de 2.800 millones de euros, "los cuales provienen en gran medida del erario público, con lo cual reviste su conducta, si cabe, una mayor gravedad".
   La juez estima igualmente que las conductas imputadas por la entidad no pueden calificarse de "simples errores, o como pretende la actora, de divergencias en la interpretación de la normativa contable y la legislación aplicable", singularmente la circular 4/2004 del Banco de España, porque "era perfectamente conocedora de la obligatoriedad de su cumplimiento, amén del cargo que desempeñaba".

IU-Verdes propone crear una banca pública regional para conceder crédito a pymes y reactivar la economía

CARTAGENA.- IU-Verdes ha presentado este miércoles una iniciativa en la Asamblea Regional por la que solicita la creación de una banca pública regional que garantice el suministro de crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes), economía social y ayuntamientos.

   El coordinador y diputado de la formación, José Antonio Pujante, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo de la banca pública es "impulsar la economía y el desarrollo productivo e innovador de la Región de Murcia".
   Para ello, ha destacado la necesidad de que esta banca acceda a la compra de dinero al tipo de interés del uno por ciento fijado por el Banco Central Europeo (BCE), en igualdad de condiciones que las entidades financieras de carácter privado.
   Según Pujante, la banca partiría del fondo del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región, de unos 150 millones de euros, que también se encargaría de gestionar todo el proceso.
   Además, el tipo de interés de los préstamos sería inferior al cinco por ciento establecido por las cajas de ahorro y bancos de carácter privado, lo que reduce los intereses.
   Para Pujante, su propuesta "no es una idea descabellada" pues ya se lleva a cabo en países como Noruega, donde la banca pública "se ha convertido en un motor económico".
   Ha mencionado también el ejemplo de la banca pública de Dakota del Sur, en Estados Unidos, creada en los años 40 para ofrecer créditos a ganaderos y agricultores, que en 2010 obtuvo casi 62 millones de euros de beneficios.
    "La banca pública de la Región de Murcia iría creciendo y no se dedicaría a la inversión especulativa, sino a la productiva", ha apostillado Pujante, tras insistir en que los bancos privados verían en este organismo "un serio y peligroso competidor que podría aguarles la fiesta".
   Según el coordinador de izquierdas, esto "es perfectamente posible", ayudaría a salir de la crisis económica "e impulsaría decidídamente la economía en la Región de Murcia". La única cuestión, señaló, "sería que la gestión la realizase la propia banca pública autonómica que se creara".
   En principio, la banca pública regional nacería con cuatro oficinas bancarias, dos en Murcia, una en Cartagena y una cuarta en Lorca, así como una oficina de gestión y tramitación virtual.

CCOO recurrirá los servicios mínimos impuestos por la CARM por "abusivos"

MURCIA.- El Área Pública de CCOO-RM ha denunciado públicamente la "imposición" por el Gobierno regional de servicios mínimos para la jornada de huelga general del próximo 29-M. Por ello, ha anunciado su intención de recurrirlos en cuanto sean publicados en el BORM al considerarlos "abusivos, irrespetuosos con el derecho de huelga y por no haber un auténtico proceso negociador".

   En opinión del sindicato, "los servicios falsamente mínimos impuestos no respetan el derecho fundamental a la huelga e incumplen la obligación legal de ser negociados con los promotores de la huelga".
   Tras la reunión celebrada ayer martes, y que considera el sindicato que "adoptó tintes de auténtica farsa al acudir la Administración regional con una posición prefijada e inamovible", ha afirmado que la Administración regional "rechaza todas las contrapropuestas y argumentos de la parte sindical".
   "El afán de negar en la práctica el derecho de huelga llega al extremo ridículo de imponer en algunos departamento, como centros del IMAS y servicios hospitalarios, servicios mínimos superiores en número a la plantilla habitual de esos departamentos", ha explicado en un comunicado.
   Así, subraya que "la voluntad de sobreponer al derecho de huelga, reconocido como derecho fundamental por la Constitución española, un pretendido prestigio de la Administración quiebra toda la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que deja perfectamente claro que el derecho de huelga, matizado por la previsible duración de ésta, prevalece sobre otros derechos, incluso fundamentales, que pueden verse realizados en otras fechas".
   Concluye advirtiendo que el Gobierno regional "ha impuesto una reproducción de los servicios mínimos establecidos en la Huelga de la Función Pública de mayo de 2010, frente a la propuesta final de las organizaciones sindicales de retomar los establecidos por el propio Gobierno regional en la Huelga de 2002, año en que se establecieron unos servicios mínimos que sin coincidir con los propuestos por la parte social, fueron más respetuosos con el derecho de empleados públicos murcianos a hacer huelga".

Una web recoge ideas para la remodelación del puerto de Cartagena

CARTAGENA.- La Autoridad Portuaria de Cartagena, con la colaboración del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, ha puesto este miércoles en marcha un concurso de ideas para recoger las aportaciones de los cartageneros con el objeto de elaborar tres propuestas de remodelación del Muelle Alfonso XII.

   Así, a través de la web 'www.mojateentumuelle.com', se centralizará la información correspondiente a los proyectos y se facilita la participación de la ciudadanía, que puede realizar sus aportaciones a través de un formulario que consta en la sección 'Participa', enviar sus fotos para que sean incorporadas al Álbum 'Tus fotos' o escribir mensajes que se difundirán a través de la cuenta en twitter:'@abiertaalmar'.
   Además de la participación de los ciudadanos, la campaña también está enfocada a conseguir la implicación de los agentes sociales y organizaciones que tienen relación con la actividad portuaria y náutica.
   Para ello han habilitado banners que faciliten la difusión de este proyecto, al tiempo que se hará constar la adhesión de todas las organizaciones interesadas, según han informado fuentes municipales.
   Durante todo el proceso, que comienza en marzo y se extenderá hasta finales de junio, se realizarán tareas de análisis y diseño arquitectónico que irán acompañadas de labores de investigación social, por lo que se realizarán encuestas a la ciudadanía y se aplicarán otras técnicas como entrevistas en profundidad y celebración de grupos de discusión, con el objeto de conseguir el mayor consenso posible.

EEUU reclama a Odyssey la entrega a España de la parte del tesoro depositado en Gibraltar

MIAMI.- La justicia estadounidense ha reclamado a la empresa cazaterosores Odyssey Marine Exploration la entrega a España de la parte del tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes' que almacena en Gibraltar desde el rescate de los objetos del pecio en 2007.

   El juez de Tampa (Florida) ratifica así la sentencia que obligaba a la empresa cazatesoros a entregar la "totalidad" de los objetos rescatados del interior del pecio español. En la decisión conocida esta miércoles, el juez estadounidense advierte a Odyssey de que si no libera el material que quedó en Gibraltar podría cometer un delito de desacato civil.
   La empresa Odyssey facilitó el pasado viernes un inventario firmado ante notario con el material que supuestamente almacena en el Peñón desde 2007 y que pertenecía al tesoro transportado en la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes'.
   Tras esta decisión judicial, la empresa cazatesoros deberá entregar al Gobierno español estos objetos a no ser, según ha especificado el juez de Tampa, que exista una orden de una corte del Gobierno de Gibraltar que lo impida.
   Un portavoz del Ministerio de Cultura español que dirige José Ignacio Wert ha recalcado la "satisfacción" del Gobierno al ver cumplida la sentencia que daba la razón al Estado y obligaba a devolver la integridad del tesoro.
   Asimismo, las mismas fuentes han indicado que esta decisión judicial supone "un paso más en el camino para tener todo el patrimonio" del pecio español de regreso en nuestro país "lo antes posible".  
   El pasado 24 de febrero llegó a España el grueso del cargamento de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', compuesto por dos conjuntos de monedas, por una parte las individualizadas y, por otra, las que están compactadas en bloques y que son mayoría.
   Al primero de ellos pertenecen las 212 monedas de oro, ya restauradas y cuyos datos, como fecha o emisor, han sido comprobados una por una; y otras 13.077 de plata, entre las que también hay unas 5.000 ya restauradas, y que han sido comprobadas en un muestreo aleatorio.
   El resto de las monedas son de plata, están en 551 contenedores y muchas de ellas están adheridas y compactadas. Completan el tesoro recuperado tres tabaqueras de oro, seis lingotes --cinco de cobre y uno de estaño-- fragmentos de balas y de madera y una polea.

Trabajadores de BMN se concentran en toda España para pedir la retirada del plan de reestructuración

MADRID.- Los trabajadores de Banco Mare Nostrum (BMN) se han concentrado este miércoles ante los centros de trabajo de toda España para pedir la retirada de la segunda reestructuración laboral necesaria para cumplir los requisitos apuntados por el Gobierno, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

   Fuentes sindicales han indicado que se han registrado concentraciones en Madrid, Granada, y en todos los centros de trabajo de las diferentes entidades que forman BMN, esto es, CajaMurcia, CajaGranada, Caixa Penedés y Sa Nostra.
   De esta forma, los trabajadores han parado su actividad durante diez minutos y se han concentrado delante de los centros de trabajo y apagando el ordenador.
   Asimismo, las fuentes han indicado que mañana jueves se celebrará otra concentración en todos los centros de trabajo, incluido Madrid, pero sólo con los delegados sindicales, quienes organizarán un "almuerzo o picnic reivindicativo" en contra de esta reestructuración.
   En el caso de CajaGranada, los trabajadores tienen previsto instalar mesas de recogidas de firmas en defensa de "lo que dice el Estatuto de CajaGranada, donde se garantiza y se respeta el empleo y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la entidad".
   Por otro lado, Comfia CCOO ante la falta de acuerdo para que la dirección retire su propuesta de "aplicación de la reforma laboral" en esta segunda reestructuración de Banco Mare Nostrum, ha acordado y con las otras secciones sindicales aumentar la intensidad de las movilizaciones que se están llevando a cabo en los centros de trabajo y mantiene la convocatoria de huelga en BMN para el próximo 19 de abril.
   Asimismo, este sindicato se ha sumado a la huelga general del día 29 de marzo y animan a secundar la huelga contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno, en la que los trabajadores de BMN "tenemos la primera oportunidad de exigir la retirada de la propuesta y una negociación de medidas para el ajuste equilibradas, no traumáticas y basadas en la voluntariedad".
   Comfia-CCOO-BMN hace un llamamiento a la dirección a "reconducir las negociaciones con responsabilidad, transparencia y sentido común". Considera que "la vía del conflicto que la dirección ha escogido, fruto de una propuesta absolutamente injusta y desequilibrada, compromete no solo el futuro de cientos de puestos de trabajo en la actualidad, sino la estabilidad de muchos más en un futuro que, por ahora, se muestra muy incierto".

martes, 20 de marzo de 2012

Fomento contempla rescatar autopistas en quiebra, como la Cartagena-Vera

MADRID.- El Ministerio de Fomento contempla quedarse con alguna de las autopistas actualmente en riesgo de quiebra en caso de que sus cuentas no logren reequilibrarse con las medidas que este Departamento prevé tener listas en "un máximo de seis meses", entre las que figura la promoción de fusiones entre estas vías, según anunció la ministra, Ana Pastor.

   El rescate de las autopistas se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) y en cumplimiento de la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene ante estas concesiones, según detalló Pastor durante su intervención en el Nueva Economía Forum.
   Seittsa es un ente público dependiente del Ministerio de Fomento, que hasta ahora contrata determinadas obras de carreteras y ferrocarriles.
   Fomento se ha fijado así el rescate como medida de último recurso al que acudirá para el caso de que no funcione ninguna de las que el Ministerio prevé tener listas en "un plazo máximo de seis meses" para evitar la quiebra de una decena de autopistas.
   Entre estas iniciativas figura la ampliación de los periodos de explotación de la vía que se otorga a las empresas concesionarias, fomentar las fusiones entre autopistas y la concesión de créditos participativos.
   En la actualidad, nueve autopistas están en riesgo de declararse en concurso de acreedores, como consecuencia del sobrecoste que sufrieron en las expropiaciones y la caída de los tráficos por la crisis. Entre ellas, figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.
   Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros,  están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país, como son Acciona, Abertis, Globalvía (FCC y Bankia), Ferrovial, Sacyr y OHL.
   La ministra de Fomento avanzó que además de solventar el problema de estas vías abordará un "profundo cambio en la legislación sobre concesiones", cuyo eje principal será determinar la asunción de los riesgos de la infraestructura. Además, busca que permita abrir la financiación de obra pública a los fondos de pensiones.
   Todo ello con el fin último de que el capital privado juegue un importante papel en la financiación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) en el que ya trabaja el Ministerio para presentarlo el próximo mes de julio.
   Por contra, Pastor descarta lograr financiación con medidas como la implantación de la Euoviñeta (peaje que se cobra a camiones que circulan por las autovías) o la imposición de tasas en carreteras, como acaba de anunciar Reino Unido.

Los empleados en ayuntamientos deben ganarse el puesto, a juicio del ministro de Hacienda

SEVILLA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".

   En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".
   Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo".
 "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.
   "Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".
   De igual manera, ha indicado que del plan de ajuste que tienen que presentar los ayuntamientos que se han acogido al pago de proveedores "no se desprende una situación negativa para los funcionarios", y ha señalado que le hubiera gustado ver titulares cuando "se estaban despidiendo cientos de miles de personas porque desde los ayuntamientos no se pagaban las facturas".
   "Ningún funcionario está cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente. Estamos buscando que los servicios públicos tengan ingresos recurrentes, desaparezca ese déficit público de naturaleza estructural y que, por tanto, el funcionario tenga absoluta seguridad en su puesto de trabajo", ha señalado.
   En este sentido, ha apuntado que el Gobierno lo que está haciendo es mantener el sueldo de los funcionarios y "vamos a promover esos cambios y esos ahorros públicos manteniendo el sueldo de los funcionarios".
 "Estamos trabajando para que el sueldo de los funcionarios no se reduzca si no es para dar viabilidad al ente público, que pueda tener sobredimensión de plantilla, pero eso ya cada uno tiene que juzgarlo y valorar", ha subrayado.
   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que a través del plan de proveedores las facturas pendientes de pago de las administraciones locales, ayuntamientos y comunidades estarán pagadas "antes de que entremos en verano".
 "En el mes de mayo estaremos pagando ya facturas de ayuntamientos y a finales de mayo y junio pagando las de administraciones públicas", ha detallado.
   "Esto significa una inyección económica fundamental en el tejido empresarial. Vamos a salvar muchas empresas, vamos a proteger muchos puestos de trabajo, vamos realmente a atender las necesidades de muchas empresas que teniendo deudas con administraciones no pueden acceder a financiación bancaria para compensar y financiar su circulante", ha subrayado.
   De esta manera, ha asegurado que supondrá "la mayor inyección económica de nuestra historia" y estará en torno a los 30.000 millones, aunque aún falta que termine el plazo de reclamaciones de proveedores para las corporaciones locales y la suma de las comunidades.
   Por último, ha apuntado que "hay que decirle a la UE que España es transparente, fiable" y que "España se ha desviado del objetivo de déficit público de la Unión Europea (UE) por una mala política, por una manera de concebir el gobierno".