martes, 18 de noviembre de 2008

Rebaños sin pastores / Juan Redondo

A los dirigentes socialistas murcianos le encargan una línea ferroviaria y hacen una montaña rusa. Izquierda Unida a nivel nacional son incapaces de lograr acuerdo sobre el coordinador de las distintas sensibilidades y lo de la Universidad Católica, entre pastores de la Iglesia y seglares modélicos, es un culebrón cada día más apasionante.

Dicen que son tiempos de crisis y no sólo económicas y que los actos de los mayores no son ejemplares para las nuevas generaciones.

Comenta un observador que el acuerdo de los socialistas murcianos sobre la organización interna en Cartagena no es barroco, es churrigueresco. Para aplicar un acuerdo estatutario aprobado en Congreso Federal tienen que constituir una comisión de veinte personas y eso que estamos en momentos de recesión y vacas flacas.

El problema es muy simple. Hay cinco agrupaciones que tienen que agruparse en una sola aplicando una política interna del partido a nivel nacional. El metodo es sencillo, cada una aporta su censo de militantes y sus cuentas, con su patrimonio y sus deudas. Se hace un censo único y una cuenta única. Y los afiliados eligen en una asamblea constituyente la nueva ejecutiva, con los mismos procedimientos que se aplican, en cuanto a fechas y candidatos, para renovar la dirección en cualquier agrupación local. Y una coordinación política entre el grupo municipal y la direccción regional en este pequeño paréntesis.

Para ese trabajo burocrático la dirección regional ha constituido un grupo de veinte personas, con cargos públicos, con “importante presencia del mundo universitario, educativo, sindical, sanitario, de la empresa, vecinal y de la mujer”. Para hacer las próximas listas o el programa electoral municipal habrá que recurrir como mínimo al G-20. Las pasadas candidaturas se elaboraron evitando las primarias.

Las cosas de Saura y de Oñate, como recoger firmas o meter a todos en el mismo saco, para ganar tiempo o eludir soluciones tanto internas como externas, la montaña rusa, el churrigueresco. Dicen que es una forma de hacer política.

La creación del Defensor del Pueblo, cuestión de días

La Proposición de Ley para crear la figura del Defensor del Pueblo en la Región de Murcia está lista para debatirse en la Asamblea Regional e incluso es intención del grupo parlamentario popular que se vea esta misma semana. Los grupos parlamentarios conocen el texto y aportaran algunas sugerencias para que sea aprobada por unanimidad. El texto básico recoge competencias de otras comunidades autónomas en las que existe esa figura. El primer titular será el ex consejero Ruiz Abellán.

www.elfarodemurcia.info

El PSRM abre expediente sancionador a Manuel Torres, concejal socialista de Cartagena

CARTAGENA.- El futuro de José Manuel Torres Paisal como concejal del PSOE y militante de este partido se tizna conforme pasan los días. La Secretaría de Organización del PSRM-PSOE (Partido Socialista de la Región de Murcia) le ha abierto un expediente disciplinario que puede acabar en una sanción por falta muy grave si se demuestra que utilizó para fines particulares un cheque sin fondos con cargo a la Agrupación Sur del PSOE en Cartagena (Santa Lucía), revela "La Verdad".

La información recabada sobre este caso por la citada Secretaría, cuya responsable es Mari Carmen Moreno, será trasladada a la Comisión Ejecutiva Federal, con sede en Madrid. Será ésta la que tome una decisión sobre Torres (en la imagen), según conocieron anoche en Murcia los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional.

El PSOE investiga las circunstancias en que, a través de un familiar, el edil hizo llegar a un cuñado un cheque de 20.000 euros para que éste (dueño de una empresa de construcción) pagara una deuda con una empresa de suministro de material de obra.

Torres ha alegado que todo fue un error fruto de que tenía en un cajón de su casas dos talonarios similares al que utilizaba en su día en su condición de directivo de la Agrupación Sur. Además, ha indicado que en ningún momento quiso aprovecharse del dinero del PSOE porque la cuenta a la que estaba asociado el talonario usado llevaba un tiempo cancelada.

Según fuentes socialistas, Torres puede ser sancionado por infringir el artículo 44 del Reglamento de Afiliados. Éste castiga «la falta de probidad y honradez en el desempeño de cualquier cargo público u orgánico, así como los derivados de la irregular administración de los fondos del Partido o de la Administración».

Torres se enfrenta a la suspensión de militancia por un plazo de más de un año a dos años o la expulsión definitiva. El instructor del expediente será Antonio Alemán, de los servicios jurídicos.
Las mismas fuentes indicaron que en los próximos días habrá una decisión acerca de si se abre también expediente al concejal y ex portavoz municipal Juan Luis Martínez por contratar a un asesor a pesar de que presuntamente no tenía potestad para hacerlo.

Según ha sabido La Verdad, ha quedado aclarado que el asesor de Martínez no cobraba con cargo al partido, sino a la asignación del grupo municipal. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento permitieron esos pagos.

En una reunión a la que sólo faltaron Torres y Ana Belén Castejón todos los ediles admitieron que conocían que el asesor estaba contratado con cargo al grupo, pero dijeron que «no conocían los términos exactos en que consistía el contrato». La responsabilidad de Martínez podría reducirse así a suscribir el contrato sin potestad.

Un tiempo nuevo

El Partido Socialista prometió decir adiós ya a los peores lastres de su pasado más reciente y hola a las bases desde la que quiere recuperar su peso social y político en Cartagena, sobre todo para recuperar un gobierno municipal que el PP le arrebató en 1995.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE aprobó la creación de una comisión gestora que disuelva las actuales cinco agrupaciones socialista en el municipio de Cartagena (Centro, Sur, Norte, Oeste y de El Llano de El Beal) y cree una agrupación única.

La gestora está formada por veinte militantes que desempeñan cargos públicos en el Ayuntamiento de Cartagena, la Asamblea Regional y el Congreso de los Diputados, o tienen «una importante presencia en el mundo universitario, educativo, sindical, sanitario, de la empresa, vecinal y de la mujer», destacó el PSRM en un comunicado tras la reunión de su ejecutiva en Murcia.

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Caridad Rives, coordinará la gestora, y entre otras cuestiones deberá lidiar con la oposición de grupos de militantes (sobre todo de las agrupaciones pequeñas) a esa iniciativa.

Los socialistas auguraron «un tiempo nuevo» en Cartagena, donde según fuentes socialistas en los próximos días será constituida de manera formal en presencia del secretario general del PSRM, Pedro Saura.

La Gestora


Iberdrola aprueba un nuevo código ético y adapta el reglamento de Nombramientos y Retribuciones

MADRID.- El consejo de administración de Iberdrola ha acordado refundir el Código de Conducta Profesional de la compañía para convertirlo en un nuevo Código Ético, así como modificar el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, anunció en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estos cambios recogen algunos de los cambios en el Reglamento del Consejo de Administración aprobados por la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán el pasado 21 de octubre.

Entre las modificaciones aplicadas en aquel momento figuran la limitación a quince en el número de miembros del máximo órgano rector y una incompatibilidad de nombramiento para los que tengan intereses opuestos a los de la sociedad. Junto a esto, se elimina el límite de edad para los consejeros.

El anterior reglamento de Iberdrola, registrado en julio de 2007 en la CNMV, situaba en 21 el número máximo de miembros del consejo de administración. La compañía no ha recurrido a esta potestad y cuenta en la actualidad con un órgano rector de quince miembros. El número mínimo seguirá siendo de nueve.

El Gobierno español estudia rebajar hasta el 70% los aranceles de notarios y registradores

MADRID.- El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que estudia aplicar una rebaja general del 20% de los aranceles de notarios y registradores de la propiedad, además de una reducción adicional del 35% en las operaciones que el ciudadano no pueda realizar por medios telemáticos y que aumentará hasta el 70% a partir del 1 de julio de 2009.

Los nuevos aranceles está previsto que entren en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2009, según el borrador del Real Decreto y que está en proceso de elaboración por parte de los ministerios de Justicia y Economía y Hacienda.

La modificación del reglamento de aranceles responde al paquete de 24 medidas para hacer frente a la crisis económica, presentado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 23 de junio.

En tercer lugar, se prevé una rebaja de las copias simples de 0,6 euros por folio al precio de 1 euro por el documento entero, sin distinguir extensión y soporte. Estos documentos son obligatorios en el cumplimiento de los trámites posteriores a cualquier escritura.

Además, el nuevo reglamento obligará a los notarios y registradores a que especifiquen "separadamente y con la debida claridad" las minutas que cobrarán cada uno de ellos por cada operación, incluyendo los descuentos, rebajas y bonificaciones establecidas en la ley.

Los notarios y registradores estarán obligados a comunicar por vía telemática al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles toda la información respecto a la aplicación de los aranceles y, éstos, a su vez, remitirán la información a los Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda.

Por su parte, las asociaciones de consumidores estarán legitimadas para actuar en nombre de los usuarios en materia de honorarios y podrán impugnar las minutas en el plazo de 6 meses desde su notificación.

El texto, con fecha de 10 de noviembre, destaca que su aplicación no supondrán aumento del gasto público. El nuevo Real Decreto modificará el Real Decreto 1426/1989 que aprobó los aranceles de los notarios y el Real Decreto 757/1973, correspondiente a los aranceles de los registradores.

La rebaja arancelaria pretende impulsar las medidas telemáticas en el trámite de los documentos notariales y registrales, así como el establecimiento definitivo de la oficina virtual del catastro, contempladas en la Ley para el Impulso de la Productividad, aprobada en noviembre de 2005.

La OCU pide al Gobierno y al Banco de España que mejoren la protección de clientes de bancos y cajas

MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama al Gobierno y al Banco de España que mejore la protección de los usuarios de servicios bancarios y financieros ante las reclamaciones por comisiones injustificadas, cláusulas abusivas y demoras en el cumplimiento de órdenes, entre otras razones.

Concretamente, la OCU se ha dirigido a Secretaría de Estado de Economía y al Banco de España solicitando que las entidades se comprometan de antemano a acatar las resoluciones de la futura Comisión Nacional de Servicios Financieros (CNSF) cuando resuelva reclamaciones planteadas por los consumidores.

La OCU cree posible reforzar la protección de los usuarios y la autoridad de los supervisores aprovechando la reforma del sistema de supervisión que dará lugar a la CNSF, que asumirá funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y será la encargada de supervisar la conducta de bancos, cajas, aseguradoras, sociedades de valores y gestoras de planes.

Según la OCU, son muchos motivos los que pueden dar lugar a una reclamación por un mal servicio financiero y, en general, los consumidores "no están muy satisfechos con la forma en que las reclamaciones se resuelven".

"Lo cierto es que es bastante común que un consumidor tenga problemas con las entidades financieras", dice la organización, que recomienda llegar a una solución amistosa con la propia entidad, reclamar siempre por escrito y agotar todos los pasos previos antes de plantearse acudir a la vía judicial.

Si el usuario no llega a un acuerdo con la entidad, debe dirigirse al servicio de atención al cliente o al defensor del cliente de la entidad, cuyas decisiones son vinculantes para ella, "aunque no siempre tan imparciales como sería de esperar", dice la OCU.

En caso de que no resuelvan su problema, deberá llevar su queja al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, a la Oficina de Atención al Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros.

Las cuentas y tarjetas son los productos que más quejas motivan, sobre todo por problemas con cargos, comisiones o liquidaciones de intereses, mientras que productos de inversión tales como fondos, acciones o seguros de ahorro generan menos reclamaciones.

La Guardia Civil registra la Consejería de Presidencia investigando tres presuntos delitos

MURCIA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, deteniendo en el marco de las mismas actuaciones a cinco personas y registrando, entre otras dependencias, el Ayuntamiento de Librilla, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En virtud de dicho procedimiento, el titular ha acordado también la entrada y registro en unas dependencias concretas de la tercera planta de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia y en el Ayuntamiento de Librilla. En las primeras se redactaban los pliegos de condiciones para contratación pública urbanística de los 45 municipios de la Región.

Han sido detenidos el funcionario autonómico en excedencia José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa "Acadi", que redactó el Plan General de Ordenación Municipal de Librilla. Junto a ellos, la Guardia Civil ha detenido también a José Andrés Cortés Otálora, gerente de la empresa municipal de suelo IDL, de Librilla, un familiar de éste y la esposa de Cano.

También se han registrado la empresa municipal de suelo de Librilla (Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L., creada en 2002 para la compra del 52% de los terrenos destinados al polígono industrial "Cabecicos Blancos"), domicilios particulares y sedes sociales de empresas en las localidades de Murcia, Librilla y Los Alcázares, donde se ha registrado la sociedad Urvisán S.L., dedicada a la construcción y al desarrollo de obra pública. En total, han sido nueve los registros simultáneos. Las actuaciones han sido declaradas secretas.

Unos 20 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron esta mañana las dependencias del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Consejería de Presidencia, uno de cuyos ex funcionarios, José Luis Cano, ha sido detenido.

Otros 30 agentes de la Benemérita registraron el Ayuntamiento de Librilla, donde trabajan dos técnicos, entre los que han sido detenidos. Una decena de agentes llegaron a las dependencias municipales a las nueve de la mañana, y a esa hora muchos trabajadores del consistorio ya no pudieron acceder al Ayuntamiento. Han estado más de doce horas en su interior.

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia coordina la operación tras recibir una denuncia presentada por la Fiscalía de Murcia en relación con la llamada "Operación Acadi", que afecta a 30 planes urbanísticos parciales y motiva la investigación de una supuesta trama de corrupción urbanística durante el mandato del ex consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva.

Los detenidos están siendo interrogados por los agentes de la Guardia Civil en la Comandancia de Murcia y se prevé que el jueves o el viernes puedan pasar a disposición judicial.

El PSOE ya alertó

El PSRM-PSOE alertó ya el 26 de abril de 2007 de una posible "connivencia" entre el funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, que se encuentra en excedencia desde ese año, y empresas particulares en Librilla.

En concreto, el que era portavoz del partido socialista en aquel momento, José Ramón Jara, denunció la "connivencia" del responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, el funcionario José Luis Cano, "y empresas particulares", debido a la existencia de "una trama en el Ayuntamiento de Librilla, con conexiones a la Consejería de Presidencia, dedicada a obtener importantes beneficios en recalificaciones urbanísticas".

Al respecto, Jara explicó en su día que toda esta "trama" la elabora este funcionario público, puesto de libre designación dentro de la Dirección General de la Administración local, dependiente de la Consejería de Presidencia, siendo el creador de la sociedad Control y GIS Consultores S.L".

Se trata, por tanto, "del encargado de la captación de ayuntamientos y de la creación de tramas dentro de los mismo, para traer contratación a la mercantil Acadi y a otras empresas que actúan como contratistas de obras públicas".

Para ello, aseguró que Cano "necesita de alguna conexión para que se pueda contratar con los ayuntamientos, por lo que se busca a Domingo Peñalver, un ingeniero de 27 años contratado por el Ayuntamiento de Librilla para el asesoramiento técnico, con elaboración y firma de informes de obra pública". De este modo, dejó claro que "busca a Peñalver, siendo el cerebro de toda esta trama que mueve muchos miles de millones de pesetas".

Así precisó, que "es un entramado de funcionarios, empresas y particulares que dominan el urbanismo de Librilla", ya que, dijo, "el Plan General de este municipio y las decenas de convenios urbanísticos privados son disparatados, debido a que no obedecen al interés general y ponen en peligro la dotación de agua del trasvase Tajo-Segura de esta localidad con perjuicio para los agricultores".

Los orígenes se remontan al año 2004, cuando se adjudica el PGOU a la mercantil Acadi S.L., sociedad creada por Peñalver, que "no tenía ninguna actividad urbanística en el momento de esta adjudicación, pero que en el mismo mes de presentación del avance del mismo, en julio de 2005, se cambia el objeto social para introducir el urbanismo", incidió Jara.

A partir de este momento, "se negociaron 30 ordenaciones pormenorizadas que desarrollaban el plan, con los propietarios del suelo, para introducirlas en el PGOU, y se exigió a todos los firmantes de los convenios que encargaran la posterior transformación del suelo a la mercantil Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L., sociedad de capital municipal presidida por el alcalde de Librilla, José Martínez".

Esta transformación contenía, según las investigaciones del PSOE, "plan parcial, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y dirección técnica de las obras". De igual modo, destacó que "además de estos convenios de transformación, se llevaron otros al pleno municipal y se adjudicaron contratos que superaron los seis millones de euros, sin respeto a la normativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Por todo ello, calificó esta "trama de verdaderamente compleja y endiablada, puesto que Peñalver, a través de Acadi, mantiene una red de contactos con funcionarios municipales y de confianza que hace que se le adjudiquen obras y relaciones de planes generales y de convenios, entre otros".

Entre estos funcionarios, Jara hizo referencia a José Andrés Cortés, "trabajador del Ayuntamiento de Librilla y consejero delegado de Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L.". El 10 de octubre de 2006 se celebró un concurso en el Ayuntamiento para darle plaza en la Administración local con un tribunal compuesto, entre otras personas, por José Luis Cano, adjudicándole la plaza el noviembre.

Y es que, a juicio del portavoz de los socialistas murcianos, "esta red no solamente controla el urbanismo de Librilla, sino que extiende sus tentáculos a otros municipios, dado que el funcionario Cano está en connivencia con la empresa Acadi". Concretó que "esta trama se extiende a otros ayuntamientos, como el de Aledo".

En esta misma línea, Jara denunció públicamente, en su día, que una consecuencia de esta "trama", es la "polémica reclasificación del paraje de El Roblecillo, en Caravaca". Expuso, por ello, que "la empresa propietaria de este paraje es Golden Sky S.L., propiedad, entre otros accionistas, de Peñalver, a través de Acadi".

"Esta empresa consigue que un paraje protegido como El Roblecillo, que no aparece en el avance de la aprobación inicial ni provisional del Plan General de Caravaca, aparezca, por arte de magia, en la aprobación definitiva, saltándose así todos los controles medioambientales que exige la ley".

Además, argumentó que "existen informes negativos de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Caravaca que dicen que esto está mal hecho pero, a pesar de ello, el alcalde de esta localidad, Domingo Aranda, lleva adelante la reclasificación, aprobándola la Consejería de Obras Públicas".

IU habla de corrupción generalizada

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, tachó hoy de "lamentable" el caso de Librilla, por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, y han sido detenidas cinco personas, entre ellas un funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y es que, a su juicio, ello "pone de manifiesto la situación de corrupción que hay en la Región y que tanto hemos denunciado desde IU".

Pujante aseguró que "este tipo de situaciones se tienen que cortar por lo sano", tras lo que añadió que "tiene que haber un mensaje claro, contundente y firme por parte del Gobierno regional y el PP, en lugar de mirar para otro lado y no decir nada, como viene haciendo de forma persistente".

Así, reiteró que se hace necesario "mantener un mensaje claro al respecto y cortar de raíz todas las situaciones de corrupción", porque, enfatizó, "el silencio cómplice se está produciendo en una permisivilidad ante este tipo de situaciones que es inaceptable".

La Manga Club presenta un concurso de acreedores para hacer frente a sus deudas

CARTAGENA.- La empresa MedGroup, propietaria de La Manga Club, ha presentado un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) ante el Juzgado de Lo Mercantil de Murcia, aunque de momento el juez no ha decidido si lo declara o no, según explicaron a esta redacción fuentes judiciales. Esto supone que la compañía tiene problemas para hacer frente a las deudas que tiene pendientes, según "La Opinión".

El rumor de la posible declaración de un concurso de acreedores por parte de La Manga Club corrió ayer como la pólvora entre los trabajadores. "Nuestra preocupación es enorme. No tenemos ninguna confirmación oficial por parte de la empresa, pero tememos por nuestros puestos de trabajo", explicó al periódico Úrsula Gallego, presidenta del comité de empresa de La Manga Club de Hostelería.

Los trabajadores afirman que sí eran conscientes de que había una cierta demora en el pago a los acreedores, aunque pensaban que se había cubierto hace unas semanas.

"De cualquier forma, estamos pendientes de una reunión con MedGroup. Sabemos que la situación de la empresa es caótica porque tiene una falta de liquidez enorme, que están pendientes de solventar con la entrada de nuevos accionistas o con otras medidas. Cuando logren solucionar este problema, sí nos han comunicado que se reunirán con nosotros porque tendrán que tomar medidas muy fuertes para poder sanear totalmente la compañía y acabar con esta situación", precisó Gallego.

Fuentes próximas al complejo aclararon que MedGroup es la propietaria del complejo que engloba tanto las instalaciones deportivas como los dos hoteles, aunque la gestión de estos dos últimos es independiente y corresponde a la cadena Hyatt.

"La Opinión" trató de contactar con los responsables del complejo en reiteradas ocasiones, pero sin conseguirlo.

Mendoza le pidió 30 millones de euros al obispo por la UCAM

MURCIA.- Los enfrentamientos por la titularidad de la Universidad Católica San Antonio llevaron al presidente de esta institución, José Luis Mendoza, a ofrecer su entrega al obispo a cambio de una indemnización. Así lo pone de manifiesto el propio Mendoza en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, que adelantó parte de su contenido y emitirá íntegra hoy, a la una y diez del mediodía, según publica "La Opinión".

En sus declaraciones, Mendoza explica que "esta situación genera daño a la Diócesis y a la Universidad, por lo que estuvimos reunidos con él tres veces". Señala que a dichos encuentros acudieron, además de él y su mujer, el padre José Alberto Cánovas y Francisco Alonso, secretario de la Fundación San Antonio, y "fui a hacerle entrega de la universidad".

Afirma que le reprochó al obispo "que existe el peligro, por tu parte, de causar un gran escándalo y una gran división, por lo tanto, vengo a entregarte la universidad". Mendoza añade que "solamente le solicité que me indemnizara de una manera justa porque nosotros hemos hecho grandes inversiones y todo el patrimonio de mi familia está metido ahí".

Según ha podido saber "La Opinión", José Luis Mendoza habría pedido a Reig Plà 30 millones de euros por la UCAM. El presidente de la Universidad Católica y de la Fundación San Antonio asegura que el prelado le dijo que "lo único que quería era poner orden en el desorden que habían originado los tres obispos anteriores", a lo que Mendoza le contestó que "esta universidad la he creado yo y es iniciativa mía, si los tres obispos anteriores han respetado la titularidad y no han puesto obstáculos, no entiendo por qué tú reclamas ahora la titularidad".

Agrega que "no sé quién habrá asesorado al obispo, pero me sorprendió cuando me llamó Rouco y me dijo que el obispo no aceptaba el informe de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal Española".

Ante la suspensión del acto de apertura del curso académico 2008-2009, José Luis Mendoza subraya que "el obispo no ha permitido que vengan" las autoridades que estaban invitadas, "un hecho insólito y lamentable sin precedentes".

Mendoza insiste en que "Reig Plà tiene un cargo honorífico en la UCAM de gran canciller, como lo han sido antes Manuel Ureña, Antonio Cañizares o Javier Azagra, pero no es un cargo ejecutivo.

El único representante legal de la Universidad soy yo, por lo que me sorprende el comportamiento del obispo, ya que la Diócesis de Cartagena no tiene ninguna responsabilidad civil, directa o subsidiaria sobre la UCAM".

Cuestión de estatutos

«Para evitar un escándalo, le ofrecí al obispo que se quedara con la Universidad Católica, a cambio de que se me indemnizara por todas las inversiones realizadas a cargo de mi patrimonio personal y familiar», manifestó a "La Verdad" el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza.

Añadió que había testigos que pueden corroborar su versión, según la cual monseñor Reig Pla «dijo que no quería la UCAM, sino poner orden en un supuesto desorden de los obispos anteriores, y luego devolvérmela a mí». Mendoza se remitió de esta forma al origen del conflicto sobre la titularidad de la Universidad Católica, hace más de un año.

Ante la nota de la Diócesis del pasado viernes, Mendoza sostiene que los estatutos de la UCAM «son perfectamente válidos porque la Fundación está legitimada para modificarlos».

«No sé por qué el señor obispo dice eso, ya que la Diócesis no tiene entre sus cometidos sancionarlos. El único obispo que lo hizo fue Antonio Cañizares. Fue a petición personal mía en el año 2003, como respaldo moral. No era necesario porque el artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no lo exige. Después se produjo otra modificación, el año pasado, porque lo exigía la Ley de Reforma Universitaria. Le presenté al obispo los estatutos el día 1 de junio y me contestó que no le interesaban. Que él sólo quería ir como pastor a la UCAM. Una semana después, me llamó y dijo que no los aceptaba apelando a sus informes y a su conciencia».

Niega que la Diócesis se haya visto relegada o haya perdido prerrogativas en la Universidad Católica, como argumenta Reig Pla. «Tampoco sé por qué dice eso. No lo entiendo. Esta situación está beneficiando a los enemigos de la Iglesia y generando una gran confusión. Cuando se produjo el conflicto, el propio obispo pidió que los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal analizaran el problema y decidieran, pero luego no aceptó las conclusiones. Después convinimos que se pronunciara el Vaticano, que volvió a darle la razón a la Fundación San Antonio. Creemos que ya no es cuestión de conciencia, sino de hechos», manifestó Mendoza.

«Está mal aconsejado»

Sobre la suspensión del acto de apertura del curso académico, decidida por la Fundación, Mendoza insiste en que tiene plena autoridad para hacerlo. «El comunicado que respaldó esta decisión fue una iniciativa del Consejo de Gobierno y el Claustro de Directores. Nadie se ha visto arrastrado. Yo no he movilizado a nadie contra el obispo. Todo lo contrario, en varias ocasiones he frenado intentos en este sentido y me he negado a que los profesores y el personal no docente salieran públicamente por respeto al obispo. En esta ocasión, no he querido meterme y he dejado al Claustro que hiciera lo que creyera conveniente. Nadie entiende que, en un acto programado y confirmado desde hace un mes, no se permita que los prelados acudan».

El presidente de la Fundación San Antonio cree que el obispo «está mal aconsejado en este asunto». «Monseñor Reig Pla es un buen obispo, es un gran defensor de la familia y tienen un don de predicación muy grande, pero en este asunto pensamos que está desencaminado. Nosotros hemos contado con los principales expertos y asesores jurídicos, entre ellos el cardenal Rouco Varela y Mariano López Alarcón. Nos desorienta totalmente que, en su tercer año al frente de la Diócesis, el obispo diga ahora que la titularidad de la Universidad Católica es suya. Le tengo un profundo respeto a monseñor Reig Pla pero la Diócesis no es propietaria de la UCAM. No veo prudente que en esta cuestión desdiga y desautorice lo que han hecho y decidido los obispos anteriores. Esto es muy doloroso y está causando un gran daño a la Universidad Católica».

Concluyó con que los profesores, los trabajadores, padres y alumnos de la UCAM «necesitan tranquilidad».

Defensa de la Diócesis

«Don Juan Antonio Reig Pla no tiene ningún interés personal por la titularidad de la Universidad Católica, sólo le guía defender a la Diócesis de Cartagena», manifestó a La Verdad una fuente muy próxima al obispo, que prefiere que no figure su nombre. Este sacerdote explicó que Reig Pla «dispone de suficiente documentación para demostrar todo lo que ha dicho, tal como anunció en el comunicado oficial del pasado viernes. Me ciño a ese escrito que permitirá aclarar totalmente esta cuestión».

A la pregunta de por qué los tres obispos anteriores -Javier Azagra, Antonio Cañizares y Manuel Ureña- han sostenido por escrito que la propiedad y titularidad de la UCAM corresponde a la Fundación San Antonio del fiel laico José Luis Mendoza, esta fuente del Obispado contestó: «No opino sobre lo que pensaban los obispos anteriores. Sólo digo que ellos tienen unos documentos firmados que están ahí. No añado más. Es comprobable que estos documentos están a favor de la postura de la Diócesis. Según estos escritos, uno de los obispos preguntó por dos veces si la titularidad y la responsabilidad de la Universidad Católica es de la Diócesis, y por dos veces se le dijo que sí».

La carta de Bertone

Esta fuente muy cercana a Reig Pla explicó que la Universidad Católica de Murcia se creó al amparo del artículo 3.1 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, según el cual la titularidad corresponde a la Iglesia. «Después se cambió al artículo 3.3 [dicha titularidad se atribuye a un fiel laico], pero no se sabe dónde están los documentos que justifiquen esa modificación», explicó a este diario.

El interés del obispo por aclarar lo relativo a la UCAM atañe también «a las posibles responsabilidades a las que tuviera que hacer frente si hubiera algún problema financiero».

«Nadie lo asegura», puntualizó. Ante la carta del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Bertone, de que la titularidad corresponde a la Fundación de Mendoza y que la Diócesis no es responsable económicamente, la misma fuente señala que «el cardenal Bertone envió esa carta sin tener ninguna información de nuestro obispo. Tenía datos muy parciales. Ahora tiene toda la información».

Indicó que no tenía datos para opinar sobre la gestión de la UCAM por parte de la Fundación. «Sí tengo el convencimeinto moral de que la UCAM es de la Diócesis. Eso está respaldado por el propio Estado».

Sobre la nota del Claustro criticando al obispo por no permitir la visita de otros prelados, contestó que «es muy extraño que en una organización tan grande no haya voces discrepantes».

Reig citado en Nunciatura

Los extremos a los que ha llegado el conflicto por la titularidad y propiedad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) han llevado al nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Manuel Monteiro de Castro, a citar con carácter de urgencia al obispo de la Dióceis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla. La reunión se produjo ayer en Madrid, según han informado varias fuentes, si bien el Obispado no ha dado su versión.

El propio Reig Pla anunció el viernes pasado -en su segundo comunicado- que «ha instado y está a la espera de las indicaciones de la Santa Sede», lo cual no le impide «poner en marcha las acciones pertinentes para hacer cumplir las leyes de la Iglesia».

El objetivo del encuentro puede haber sido transmitir tales instrucciones para tratar de apaciguar la disputa entre el Obispado y la Fundación San Antonio que preside José Luis Mendoza.

El cruce de comunicados de la semana pasada, originado por la suspensión del acto de inauguración de curso de la UCAM, ha alcanzado tal punto de controversia que las autoridades del Vaticano quieren dar por zanjado el asunto lo antes posible.

Monseñor Reig Pla ha suspendido algunos actos que tenía previstos, entre ellos la conmemoración del centenario de la iglesia de Roche, el pasado domingo.

Fuentes eclesiásticas explicaron ayer que el nuncio apostólico y el arzobispo metropolitano son superiores jerárquicos del obispo de Cartagena, al margen de la jurisdicción que éste tiene sobre su propia Diócesis, en la que no se pueden inmiscuir otros prelados.

Desde que surgió el conflicto hace un año, Manuel Monteiro de Castro ha intervenido en varias ocasiones, alguna de ellas por carta, para trasladarle a Reig Pla la posición del Vaticano sobre el problema de la titularidad de la UCAM. Se hizo al menos en cuatro ocasiones y por diversos conductos.

En una de éstas, el nuncio le comunicó al obispo el contenido de la carta del secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Bertone, que con el conocimiento del Papa le daba la razón a la Fundación San Antonio, a la vez que dejaba claro que el Obispado de Cartagena no tenía ninguna responsabilidad sobre cualquier quebranto económico que le pudiera acaecer a la Universidad Católica.

Monseñor Reig Pla, en su último comunicado del viernes, señaló que «la carta de la secretaría de Estado del fecha 25 de abril de 2008 se basa en una mente o voluntad circunstancial, y fue redactada a la vista de un conjunto de docuementos que fueron proporcionados por la Fundación San Antonio, sin refrendo alguno ni validación por estye Obispado».

Añadió Reig Pla que había realizado «una ardua investigación» para demostrar documentalmente, ante cualquier autoridad legítima, la potestad de la Diócesis sobre la UCAM. Explicó que se han mantenido una reuniones personales ante el secretario de Estado, la Congregación para la Educación catòlica, el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos y el arzobispo metropolitano.

lunes, 17 de noviembre de 2008

Los inmigrantes necesitan protección durante la crisis económica

PARÍS.- Los trabajadores inmigrantes vulnerables a la recesión en Europa deberían ser protegidos por los países que los necesitan para cubrir los huecos crecientes en su población trabajadora, según un informe de la OCDE publicado el lunes.

Los inmigrantes recién llegados deberían tener prioridad a la hora de recibir ayuda para lograr un acceso temprano al mercado de trabajo, y los hijos de los inmigrantes también deberían ser ayudados para encontrar empleos mediante programas individuales, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Europa.

Entre las medidas de protección sugeridas se encuentran impuestos más bajos para los empleos menos cualificados, posiblemente subsidios, así como un mejor reconocimiento de las licenciaturas y la experiencia profesional extranjeras, además de emplear a más inmigrantes en el sector público.

El informe destaca que los inmigrantes en Europa sufren niveles de desempleo más elevados que los de los nacionales y que se les suele pagar menos cuando encuentran trabajo.

Cuando el momento económico es más duro también son mayores las dificultades que tienen. LA OCDE destacó que suelen trabajar en sectores menos estables y más cíclicos, como la construcción.

"La desaceleración económica hace aún más urgente cuidar a los inmigrantes (...) porque la experiencia demuestra que son los más vulnerables en tiempos de crisis económica", dijo en una rueda de prensa Martine Durand, de la OCDE.

Durand afirmó que es poco probable que la inmigración vaya a descender, porque la situación en sus países de origen sigue siendo muy dura, y agregó además que sin inmigración, la población y el nivel de vida de los países miembros de la OCDE descenderían.

La Organización Internacional del Trabajo ha pronosticado que 20 millones de trabajos desaparecerán en todo el mundo a finales del año que viene

Un menor nivel educativo, la discriminación, el sistema fiscal y el escaso reconocimiento a sus cualificaciones obstaculizan el acceso de los inmigrantes a los mercados de trabajo, según el estudio, que ha analizado la situación en Francia, Holanda, Bélgica y Portugal.

"En los cuatro países, y para los dos sexos, la tasa de desempleo de los inmigrantes es significativamente más elevada que la de los nacidos en el país", dijo la OCDE, que agregó que esta situación se repite en la mayoría de sus 30 países miembros.

La organización pidió que los países estudien el impacto de las políticas contra la discriminación, ya que indicó que no se conoce debido a su falta de estudios.

Los hijos de los inmigrantes también tienen niveles más elevados de desempleo a pesar de pasar por el sistema educativo de los países de acogida, mostró el estudio, que agregó que la discriminación y la infrarrepresentación en el sector público son dos motivos.

La brecha entre los inmigrantes y los nacionales es menor en Portugal, debido a que es el único país de los cuatro en los que el salario medio era igual para los dos colectivos, en parte porque la inmigración es más reciente y sobre todo por motivos laborales.

La ocupación hotelera en la Región de Murcia se ha visto reducida en un 10%

MURCIA.- El vicepresidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), Jesús Pacheco, afirmó hoy en rueda de prensa que es pronto para hacer una previsión del turismo de cara a la Navidad, pero "sí es cierto que el año está siendo más flojo que el pasado".

Al mismo tiempo, indicó que "no presenta signos de mejora en este final de año y la ocupación hotelera estará un 10 por ciento más floja que el año pasado".

Estas declaraciones las realizó Pacheco en la presentación de las jornadas 'Sector Turístico en la Región de Murcia: Fortalezas y Oportunidades', junto a la presidenta de Hostemur, Soledad Díaz.

Según Pacheco, "es cierto que este año se están produciendo variaciones significativas entre costa, interior y ciudades. Se han visto afectados los periodos de baja ocupación y en los periodos que teníamos una buena ocupación en los distintos destinos no se están alcanzando las expectativas a las que otros años se llegaban".

En este sentido, Pacheco indicó que no va a ser un año catastrófico, pero sí que no será como en el año 2007", al igual que matizó que la zona que se está viendo más dañada es la de costa.

En cuanto a las jornadas, previstas para el 27 y 28 de noviembre, la presidenta de Hostemur apuntó que la finalidad es hacer un estudio del potencial turístico que tiene la Región de Murcia.

Estarán formadas por unas ponencias de unos 15 minutos, en las que se tratará el turismo de sol y playa, cultura, de ocio y restauración, entre otros.

Díaz matizó que "la crisis sabemos que está ahí y que todo anda revuelto. El enfermo está enfermo y necesitamos ver qué tratamiento se le pone, por lo que esa es la finalidad de las jornadas".

Para Díaz, son unas jornadas "interesantes" para el sector porque "van a aportar ilusión y dinamismo". "Ahora mismo --prosiguió-- el camino está muy negro e indeciso, pero la realidad es que cada día tenemos que seguir funcionando y tenemos que abrir nuestras empresas, mirar cómo pagamos y aguantar los puestos de trabajo".

Según Díaz, ante esta situación el empresario "necesita un empujón anímico y de ilusión para agudizar el ingenio y en estas jornadas se pretende eso, crear ilusión y ser positivos".

Las jornadas las clausurará Miguel del Toro, presiente de CROEM, y el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.

La elección de los ponentes se ha basado en escoger a personas conocedoras y representativas del sector para que sean "instructivas e interesantes".

El vicepresidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo aseguró que en las jornadas estarán representados todos los productos de la Región de Murcia.

Asimismo, Pacheco manifestó que "hay que buscar nichos de mercado y de momento nos viene bien cualquier cosa, por ejemplo la oferta de 'singles' o el turismo rosa, turismo de impares, etc".

En cuanto a los presupuestos en materia turística, Díaz matizó que están muy bajos. Además explicó que la semana pasada mantuvo una reunión con el consejero Pedro Alberto Cruz, en la que le estuvo pidiendo que "tuvieran confianza porque la Consejería está trabajando en grandes eventos".

Al respecto, Díaz subrayó que "a nosotros eso nos parece muy bien, pero queremos la promoción del día a día, la que no es tan costosa y en la que no hay que esperar a cada mes de marzo del año siguiente".

Por último, Pacheco aseguró que "vamos a empezar un año bastante incierto, donde se van a realizar una serie de campañas para sacar a la gente a la calle, como ha hecho el comercio con la feria outlet, y se están planteando hacer determinadas alternativas en el sector de la restauración y la hotelería.

El Gobierno transfiere a las Comunidades 48,6 millones para programas agrícolas y ganaderos

MADRID.- La Conferencia Sectorial extraordinaria de Agricultura y Desarrollo Rural, que reunió hoy a la ministra del ramo, Elena Espinosa y a los consejeros de las comunidades autónomas, acordó la territorialización de 48,67 millones de euros para programas agrícolas y ganaderos, la industria agroalimentaria y para el desarrollo del Plan de recuperación de la capacidad productiva del olivar andaluz.

En el capítulo de industria alimentaria, se aprobó repartir entre las comunidades autónomas un total de 38,13 millones de euros, que procederán del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), de acuerdo con la línea destinada al fomento de la industrialización agroalimentaria.

Según explicó el Ministerio, las transferencias efectuadas en 2007 ascendieron a 83 millones de euros, pero determinadas comunidades autónomas aprobaron proyectos de inversión con cofinanciación atribuida al Gobierno que superan las cantidades transferidas hasta el momento, por lo que la sectorial regularizó esta situación.

Para los programas agrícolas y ganaderos, se acordó la distribución de más de 4,37 millones de euros, que están destinados a financiar distintas actuaciones agrícolas para el plan de ordenación del sector porcino (dos millones), la lucha contra plagas de topillos en Castilla y León (1,6 millones) y para la mejora del sector hortofrutícola (779.795 euros).

Esta última partida se destinará a las explotaciones productoras de tomate de Canarias que se encuentren en una difícil situación de endeudamiento con objeto de que se siga manteniendo esta actividad de gran importancia socioeconómica para la región.

En el apartado de recuperación del sector olivar andaluz, se han aprobado ayudas por las persistentes heladas acaecidas en Andalucía durante el primer trimestre de 2005, por valor de 5,3 millones de euros para el desarrollo del plan de recuperación de la capacidad productiva. En concreto, se establece una ayuda específica para paliar las pérdidas de cosecha y las inversiones realizadas por los titulares de las explotaciones.

De otro lado, en la Conferencia Sectorial celebrada hoy se presentó el informe de ejecución de los fondos europeos agrícolas Feaga y Feader, correspondientes al ejercicio financiero 2008 (16 de octubre de 2007 al 15 de octubre de 2008).

En España, se han distribuido 5.938 millones de euros del Feaga, lo que supone el 99,27% de los 5.982 millones que potencialmente le correspondían, y que representan el 14,17% de los fondos disponibles en el conjunto de la Unión Europea (42.208 millones). Dentro de estos pagos, las ayudas directas alcanzaron los 4.921 millones de euros, que suponen el 98,44% de lo inicialmente previsto.

En cuanto al Feader, los pagos han alcanzado la cifra de 458,14millones de euros, una cifra que se situará en torno a los 1.000 millones de euros en los próximos ejercicios, una vez que los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas se encuentren a pleno rendimiento, según el Ministerio.

De otro lado, los pagos previstos con cargo al Feaga para el mes de diciembre alcanzan los 3.409 millones de euros, y comenzarán a hacerse efectivos a partir del próximo día 1 de diciembre. Por lo que respecta al Feader, la previsión de pagos es de 138,90 millones de euros.

Itínere (Sacyr) cambiará su régimen de consolidación fiscal ante su inminente venta

MADRID.- Itínere, filial de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, y participante de la sociedad concesionaria del aeróromo de Corvera, ha convocado junta de accionistas para cambiar su régimen de consolidación fiscal ante su inminente venta a una firma extranjera.

La compañía que preside el murciano Luis del Rivero aborda este cambio dado que actualmente ultima la venta de Itínere al fondo de infraestructuras de Citi. Según indicaron en fuentes del sector, el acuerdo final de venta podría materializarse en cuestión de días.

En virtud del cambio que solicitará a la junta, Itínere consolidará fiscalmente como grupo individual a partir de 2009 siempre que ya no forme parte de Sacyr Vallehermoso. Actualmente consolida dentro del grupo de construcción y servicios.

En concreto, según el orden del día de la asamblea, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a partir de 2009 Itínere será la dominante de un nuevo grupo fiscal, "en la medida en que está previsto que ninguna sociedad residente en España tenga una participación, directa o indirecta, de al menos el 75% de su capital social".

No obstante, fija que en el caso de que Sacyr mantuviese en 2009 una participación directa o indirecta de al menos el 75% del capital de Itínere, esto es, que la empresa finalmente no se vendiera, no formará un nuevo grupo fiscal, sino que se mantendrá en Sacyr.

El consejo de administración de Itínere acordó celebrar la junta los próximos días 19 y 20 de diciembre, en primera o segunda convocatoria, respectivamente, en Bilbao, donde la compañía tiene su sede social.

Itínere participa en 43 concesiones de infraestructuras repartidas en seis países. La cartera de la sociedad incluye 35 concesiones de autopistas (3.300 kilómetros en explotación), una línea de metro, un aeropuerto, tres hospitales, una concesionaria de áreas de servicio y dos intercambiadores de transporte.

La concesionaria del grupo que preside también el ingeniero Luis del Rivero presenta actualmente un valor de mercado de unos 2.650 millones de euros, al cerrar hoy en bolsa a 3,64 euros por acción, tras perder un 0,55%. En lo que va de año la compañía se ha dejado un 51,4% de su valor.

Asimismo, Itínere presenta una deuda asociada al desarrollo de sus proyectos de 5.013 millones de euros, según datos de cierre de septiembre, que se traspasaría al comprador, lo que permitiría a Sacyr reducir el endeudamiento de 18.550 millones que soportaba a la conclusión del tercer trimestre.

La CAM cifra en 43 millones el importe que le adeudan las sociedades de Tremón en concurso

ALICANTE.- Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cifró hoy en 43 millones de euros el importe que le adeudan las sociedades del grupo inmobiliario Tremón que han solicitado concurso voluntario de acreedores, según indicaron hoy fuentes de la entidad financiera.

La CAM descartó precisar la deuda total que el grupo Tremón tiene contraída con la caja de ahorros.

El grupo inmobiliario Tremón, que ha solicitado el concurso voluntario de acreedores, soporta una deuda de unos 1.000 millones de euros de euros con un conjunto de 16 entidades financieras. La solicitud de concurso afecta a la matriz, Grupo Tremón SA, a PR Hoteles y Alojamientos, la sociedad propietaria de los hoteles, y a Altating Servicios Inmobiliarios, promotora.

Los notarios eligen las 17 nuevas juntas directivas de sus colegios con una participación del 69%

MADRID.- Los cerca de 3.000 notarios españoles celebraron ayer en todo el país las elecciones de las juntas directivas de sus Colegios Notariales con una participación del 69%, superior a la media habitual registrada en los anteriores comicios, según informó hoy el Consejo General del Notariado en un comunicado.

Las elecciones ordinarias, que se produjeron por primera vez en la historia de forma simultánea, dieron lugar a la adecuación del ámbito territorial de los Colegios al de las comunidades autónomas (para los que se dio al colectivo dos años de plazo), como consecuencia de la Reforma del Reglamento Notarial, aprobada en enero de 2007 por Real Decreto.

Por ello, desde el 1 de enero de 2009, habrá en España 17 colegios notariales, uno por comunidad autónoma, y no los 16 actuales organizados según el modelo de las antiguas Audiencias Territoriales.

Ello supondrá el inicio de la andadura de nuevos Colegios, como los de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Murcia, y la reorganización del ámbito territorial y el cambio de nombre (en algunos casos) de otros, como los de Asturias, Madrid, Navarra y el País Vasco.

Las comisiones electorales de cada Colegio informarán durante el día de hoy de los resultados de estas elecciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado y al Consejo General del Notariado.

En la mayoría de los Colegios ya se han fijado las fechas de las tomas de posesión de las nuevas juntas, todas ellas dentro del plazo de treinta días naturales que establece el Reglamento Notarial.

Las cajas recortarán su aportación a Obra Social al mínimo legal en 2009 por la crisis, según Esade

BARCELONA.- Las cajas de ahorros españolas están preparando unos presupuestos para la Obra Social en 2009 que se verán reducidos respecto a los últimos años debido a la crisis, y que en la mayoría de casos se limitarán al mínimo que exige la ley, que es el 10% del beneficio, según un estudio elaborado por la escuela de negocios Esade.

El director del Instituto de Innovación Social de Esade, Ignasi Carreras, explicó que el sector de las cajas de ahorros será "uno de los que más sufrirá" la reducción de aportaciones a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) "porque es uno de los que más aporta, se reducirán los beneficios y deberán incrementarse las provisiones".

"Los presupuestos para Obra Social en 2009 y 2010 serán inferiores a los de 2007 y 2008", auguró. Según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) recogidos por Europa Press, las cajas destinaron 1.824,3 millones a Obra Social en 2007, lo que representó el 15,10% de su beneficio neto.

Para 2008, la inversión en Obra Social superará los 2.000 millones de euros, encabezada por La Caixa, que cuenta con un presupuesto de 500 millones, un 25% más que en 2007. Carreras reconoció que la entidad presidida por Isidre Fainé es una de las que contará con más margen para mantener su apuesta por este ámbito.

Respecto al comportamiento previsto en la RSE en el mundo empresarial, también lastrado por el contexto económico, será asimismo de reducción de las aportaciones y de "mantenimiento" en el mejor de los casos, señaló Carreras.

El apartado "más afectado por la crisis" será el de la acción social, al que las grandes empresas del Ibex 35 destinan alrededor del 1% de su beneficio. Carreras explicó que aunque el beneficio de las compañías del Ibex ha aumentado un 9,8% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo de 2007, ha bajado un 10% en el tercer trimestre, y los analistas prevén que baje un 14% en 2009.

Por ello, las empresas prevén una reducción de la inversión en RSE en consonancia con esta reducción de beneficios. Con todo, Carreras aseguró que las compañías que tienen la RSE integrada no recortarán aportaciones en mayor proporción que en el resto de departamentos de la organización.

Añadió que la RSE supone una "oportunidad" para superar la crisis, ya que defiende la "transparencia, gestión del riesgo, buena relación con los grupos de interés y buen gobierno".

Respecto a las pymes, previó un "paréntesis" en acciones que supongan inversiones relevantes, debido a su menor capacidad financiera.

El director de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA, Antoni Ballabriga, consideró que la crisis servirá para distinguir a las empresas que hacen verdadera RSE de las que durante la bonanza económica hicieron "responsabilidad social decorativa".

Tanto Carreras como Ballabriga recalcaron que el camino que seguirá la RSE durante la crisis será el de "concentrar esfuerzos" en ámbitos concretos y con menos colaboradores para "focalizar" las actuaciones, frente a la diversificación anterior, cuando había más recursos económicos disponibles.

El Supremo confirma la absolución del ex consejero Conesa por el caso Anglerconc

MURCIA.- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que absuelve al ex consejero de Hacienda socialista Antonio Conesa Parra por el denominado caso Anglerconc. La decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo desestima el recurso de la Comunidad Autónoma y condena al Gobierno regional a pagar las costas del proceso, revela "La Opinión".

La decisión del Supremo es el último paso de un largo proceso judicial que se inició hace ya veinte años. En julio del año 1988, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma -entonces presidida por el socialista Carlos Collado-, acordó ceder la gestión de los impuestos del Estado a una empresa privada, la sociedad Anglerconc.

El contrato entre el consejero de Hacienda y Anglerconc se firmó de forma definitiva en abril de 1989. En el mismo, se establecía como objeto del acuerdo "la colaboración en la gestión de todos los derechos económicos cuya recaudación corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia, excluidos tanto los obtenidos por autoliquidación como los correspondientes a las tasas en periodo voluntario".

En mayo del año 1994, la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas abrió una investigación sobre esta cesión. Un año más tarde, el gobierno de Valcárcel -recién llegado al poder-, se presentó en la causa como perjudicado. El nuevo Ejecutivo reclamaba a Conesa el pago de dos millones y medio de euros.

Ese mismo año, el Tribunal de Cuentas consideró ilícita la cesión de la gestión de los impuestos a la sociedad Anglerconc. En el año 2003, una sentencia del Tribunal de Cuentas condenaba al representante socialista a pagar a la Comunidad Autónoma 996.212 euros (163 millones de pesetas), como estimación del daño que supuestamente se había producido a las arcas regionales.

Más de diez años después, sin embargo, la Sala de Justicia de este mismo órgano estimaba el recurso presentado por el abogado del ex consejero, su hermano Pedro Conesa. Esta decisión, tomada en mayo del año 2006, considera probado que los fondos públicos de la Comunidad Autónoma "no sufrieron daño o perjuicio derivado del contrato de prestación de colaboración en la gestión suscrito por Conesa en su condición de consejero de Hacienda".

Esta sentencia fue recurrida por el Gobierno regional en julio del mismo año. Ahora, el Tribunal Supremo -a instancias del propio fiscal- confirma esta decisión y concluye que la conducta del ex consejero de Hacienda "no puede ser considerada como dolosa o negligente".

Familiares de los fallecidos en el C-3 apoyan a Garzón para rescatar a las víctimas

CARTAGENA.- Los familiares de los 37 marinos fallecidos en el naufragio del submarino republicano C-3, que tenía su base en Cartagena, tuvieron que esperar 68 años para poder llevarle flores y llorar sobre el lugar donde reposan los restos de sus padres, abuelos y bisabuelos. Fue hace cuatro años, cuando un barco les llevó hasta el punto en superficie bajo el que se encuentra hundido el sumergible, publica hoy "La Opinión".

No saben cuánto tiempo más tendrán que esperar para volverles a llevar flores, pero desde que el abogado Antonio Checa descubrió en 1997, por casualidad, el lugar donde se hundió el submarino frente a las costas de Málaga, no cejan en su empeño para que la nave sea reflotada y se le pueda dar una sepultura digna a sus familiares.

Por esta razón, han enviado un escrito al juez Baltasar Garzón para adherirse a la causa por la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en Madrid, investiga las desapariciones de miles de personas durante la Guerra Civil y el período del franquismo.

Los familiares de los fallecidos en el C-3 no sólo se ponen del lado de Garzón en la batalla que mantiene abierta con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que esgrime que Garzón no es competente para llevar la instrucción de este sumario.

Además, defienden que su caso puede ser utilizado por Garzón como el principal argumento para defender su tesis, ya que es evidente que el hundimiento del C-3 fue "un crimen contra la humanidad". Así lo explica el abogado Antonio Checa, que desde que halló el pecio, se ha implicado junto con los familiares en conseguir el reflotamiento del mismo.

Checa asegura que está demostrado que fue un torpedo de un submarino germano de la armada hitleriana el que hundió el C-3 sin que existiera una previa declaración de guerra de Alemania a España, lo que, según recoge el tratado de París, es un claro crimen contra la humanidad. "Este caso puede convertirse en el buque insignia de Garzón en esta causa", subraya el letrado malagueño.

Y es que el fiscal considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil, ya que no es un asunto "sujeto a las reglas de la justicia universal", es decir, que se trata de delitos comunes y no de crímenes contra la humanidad.

Garzón autorizó la exhumación de diecinueve fosas comunes, una decisión que el fiscal recurrió y que paralizó la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional a falta de determinar si el juez e o no competente para seguir con la investigación. El C-3 no está en esa lista de diecinueve, pero los familiares de los desaparecidos no pierden la esperanza de verlo en la relación.

(Varios familiares y el abogado Antonio Checa en su visita a Moncloa)

Fallece el catedrático yeclano José Mataix, presidente de honor de la Sociedad Española de Nutrición

YECLA.- El yeclano José Mataix Verdú, presidente de Honor de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada falleció ayer a la edad de 67 años, víctima de una enfermedad. Su fallecimiento se produjo en Granada, en donde residía con su familia, según publica hoy "La Verdad".

El profesor Mataix Verdú era doctor en Farmacia y Veterinaria y miembro de las Sociedades de Fisiología, Bioquímica, Nutrition Society (Sociedad de Nutrición de Inglaterra), así como de otros muchos organismos. Es autor de numerosas obras y trabajos. Su brillante trayectoria profesional lo convirtió en una referencia en materia de nutrición.

Era un defensor a ultranza de la dieta mediterránea y de las propiedades del aceite de oliva como componentes indispensables de alimentación sana y equilibrada.

El profesor Mataix Verdú tiene numerosos premios. El Ayuntamiento de Yecla inició en octubre el expediente para nombrarlo Hijo Predilecto de la Ciudad.

Las ventas de camiones se hunden en España un 50% en octubre y caen un 25% en los diez primeros meses

MADRID.- Las matriculaciones de camiones se situaron en 2.461 unidades durante el pasado mes de octubre, lo que representa una brusca caída del 50% en comparación con el mismo mes de 2007, informaron hoy las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).

En los diez primeros meses del año, las ventas de vehículos industriales alcanzaron 28.751 unidades, lo que se traduce en una fuerte reducción del 25,2% en relación con el mismo período del ejercicio precedente.

Anfac y Ganvam explicaron que la cartera de pedidos de este tipo de vehículos continúa descendieron como consecuencia del entorno económico y financiero, ante la desfavorable situación de la pequeña y mediana empresa por problemas de financiación, la caída del sector de la construcción y el aumento del desempleo.

Por segmentos, las entregas de camiones pesados (más de 16 toneladas) se hundieron un 52,5% en octubre, con 1.971 unidades, y bajaron un 26,3% en lo que va de año (22.843 unidades).

Las ventas de camiones ligeros (entre 3,5 y 6 toneladas) caen un 40,4% en octubre (96 unidades) y un 25,8% en los diez primeros meses (1.068 unidades), mientras que las de camiones medios (entre 6 y 16 toneladas) bajan un 36% en octubre (394 unidades) y un 19,8% en el acumulado del año (5.200 unidades).

De su lado, las matriculaciones de autobuses, autocares y microbuses alcanzaron 345 unidades en octubre, un 0,9% menos, y acumulan una caída del 7,7% en los diez primeros meses del ejercicio (3.404 unidades).

En este caso, las entregas de autobuses y autocares caen un 4,8% en octubre (280 unidades) y un 17,7% en lo que va de año (2.664 unidades), mientras que las de microbuses de más de nueve plazas suben un 20,4% en el mes (65 unidades) y crecen un 63% en los diez primeros meses (740 unidades).

En conjunto, las ventas de vehículos industriales y autobuses retroceden un 46% en octubre, con 2.806 unidades, y caen un 23,6% en los diez primeros meses de este año, con un total de 32.155 unidades.

El Plan de Competitividad Turística de Águilas prevé actuaciones valoradas en tres millones de euros

ÁGUILAS.- La Mesa de directores generales de Turismo, que ha organizado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dio el visto bueno a la ejecución del Plan Estratégico de Competitividad Turística 'Águilas, el mar y la pesca', que prevé un total de 25 actuaciones por valor de tres millones de euros, que se ejecutarán en los próximos tres años con la participación conjunta de las administraciones estatal, regional y local.

La creación del 'Centro de Interpretación del Mar y Eco-escuela de Pesca', como centro museográfico con acuario integrado por valor de 900.000 euros, es una de las actuaciones más emblemáticas del Plan, ya que prevé el acondicionamiento del edificio municipal junto a la playa de Las Delicias y el nuevo Auditorio de Águilas, con la instalación de un acuario en vivo de las especies de pesca de la zona, con fines didácticos, y la reproducción de vistosos fondos marinos, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado de prensa.

El centro mostrará contenidos multimedia de la vida real de los pescadores, la reproducción virtual de una casa típica de estos trabajadores y un viejo barco pesquero.

Otra de las iniciativas será la adquisición y adecuación de un barco pesquero en desuso característico de los sistemas de pesca de la localidad y su reconversión para uso turístico en el mar. Esta embarcación servirá para la observación directa de actividades pesqueras in situ, mediante las explicaciones de un patrón pescador.

Para la puesta en valor de todo el potencial turístico de esta actividad tradicional de la pesca también se ha proyectado el acondicionamiento de la ruta del barrio de pescadores 'Cuesta de la Pesquera' y del entorno del Molino de Sagrera.

En esta línea de trabajo se llevará a cabo la rehabilitación y adecuación de la zona del barrio de pescadores como área de visita turística. Se ha incluido la mejora, acondicionamiento y acabado del mirador, la eliminación de las barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad general del barrio, y paisajismo del entorno del molino.

Tras la celebración de la reunión, la directora general de Infraestructuras de Turismo, Marina García, declaró que "este novedoso proyecto se caracteriza por la integración de los sectores de Pesca y Turismo.

Se trata de experimentar un modelo innovador para aumentar la calidad en la oferta turística y dar valor al patrimonio natural, cultural y social del Mediterráneo".

El objetivo de este programa es ofrecer paquetes turísticos ligados al mundo marítimo en general y a la pesca en particular. "Hablamos de un proyecto piloto que servirá para poner en marcha un turismo no estacional, basado en las particularidades locales y en las tradiciones marítimas", apuntó la directora general.

García explicó que este programa "trata de hacer de la pesca un atractivo turístico, posibilitando una actividad complementaria a la misma, de forma similar a lo que se ha hecho con el turismo rural".

Según detalló "se ha elaborado un ambicioso Plan de Competitividad que contempla actuaciones de promoción de nuevos productos turísticos, como pueden ser itinerarios locales vinculados al mundo de la pesca y el mar (puerto, faro, lonja, monumentos, arquitectura de interés), itinerarios gastronómicos y turismo activo".

El concurso de acreedores de "Tremon" afecta a la CAM y Cajamar

MADRID.- El grupo inmobiliario Tremón, que ha solicitado el concurso voluntario de acreedores, soporta una deuda de unos 1.000 millones de euros de euros con un conjunto de 16 entidades financieras, informaron hoy fuentes de la compañía.

Banco Popular, Bancaja y Banco Pastor son las entidades con las que el grupo tiene contraída una mayor deuda, de 200, 100 y 95 millones de euros, respectivamente.

En la lista de bancos acreedores de Tremón figuran también 'La Caixa' y Caja Castilla-La Mancha, con 80 millones de euros cada una; la CAM, con 75 millones, Cajastur (58 millones), Caixa Galicia (47 millones), Cajamar (40 millones), Caixa Catalunya (37 millones) y el Banco Sabadell (31 millones).

Completan el sindicato de bancos financiadores del grupo BBVA y Caja Madrid, con 30 millones de euros, cada uno; Caja Cantabria, con 20 millones, Caja España (16 millones) y Caja Sol, con 15 millones.

En fuentes del Banco Pastor indicaron que la deuda de Tremón a julio de 2007 ascendía a 76 millones de euros y que en este momento es "significativamente menor". Según explicaron, el importe está ya contabilizado en sus balances, por lo que su repercusión en el ratio de mora es nulo.

En cuanto a la situación de Tremón, las mismas fuentes de la empresa indicaron que el grupo inmobiliario y hotelero, propiedad de su presidente, Hilario Rodríguez Elías, se ha visto en la necesidad de solicitar la antigua suspensión de pagos al no poder cerrar el viernes un acuerdo de refinanciación con los bancos.

La solicitud de concurso afecta a la matriz (Grupo Tremón SA), a PR Hoteles y Alojamientos (la sociedad propietaria de los hoteles) y a Altating Servicios Inmobiliarios (promotora).

El juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Antonio Martínez, será el encargado de tramitar el concurso de acreedores de la empresa, según confirmaron fuentes del juzgado.

Las mismas fuentes oficiales de Tremón indicaron que la solicitud de concurso no ha afectado a la actividad de la compañía. Además, garantizaron que no supone dejar "colgado" a ningún cliente y que "de momento" no tendrá repercusión alguna en su plantilla, que actualmente suma unos 600 trabajadores.

En cuanto a los empleados, explicaron que las tres sociedades afectadas por el concurso emplean a unos 50 trabajadores, para los que no está previsto ajuste alguno, y que el grueso del personal está empleado en la gestión de los trece hoteles que gestionan (diez de ellos en propiedad).

Respecto a los clientes, dichas fuentes aseguran que el grupo no tiene viviendas pendientes de entrega, dado que no inicia nuevas promociones desde que a mediados del pasado año comenzó a notarse la restricción del crédito.

De igual forma, indicaron que tampoco cuenta con problemas de impagos a proveedores y subcontratistas, puesto que el grueso de su deuda está contraída con entidades bancarias. No obstante, subcontratistas de una de las filiales del grupo denunciaron que llevan desde el pasado mes de mayo intentando cobrar.

En cuanto a los activos del grupo, a cierre del pasado año, y según la valoración de dos firmas independientes, presentaba un valor de 3.542 millones de euros, si bien la compañía admite que actualmente sería inferior por la devaluación que están registrando los activos inmobiliarios.

Tremón se ve abocado a la suspensión de pagos apenas un año después de intentar salir a bolsa en dos ocasiones, en los meses de junio y noviembre de 2007, y tener finalmente que abandonar el proyecto.

La compañía, fundada en 1993 cuando constituyó una constructora, Haus Construcciones, y después, fruto de la reinversión de beneficios, se constituyó el actual 'holding' que agrupa las empresas con las que actualmente está en los sectores constructor e inmobiliario, patrimonialista (hoteles y centros comerciales) y servicios, entre otros.

Entre las empresas del grupo destacan la cadena Tremón Hoteles (TRH), la compañía de gestión de aparcamientos Hiperauto, Inversiones Agrícolas (explotación agrícola y ganadera de fincas rústicas), y Tradelia (desarrollo y gestión de centros comerciales).

Además, el grupo está posicionado en el exterior, fundamentalmente en el Este de Europa y Marruecos. En concreto, tiene actividad de promoción en la República Checa, en Hungría, en Marruecos y en Polonia, y estudiaba la posibilidad de abordar nuevos proyectos en los mercados de Bulgaria y Rumanía.

La empresa Conservas Fernández presenta un ERE que afectará a más de 300 trabajadores

MURCIA.- La empresa Conservas Fernández ha presentado a las autoridades laborales un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 311 empleados, 34 fijos y 277 fijos discontinuos, y que conllevará el cese de la actividad de su fábrica de Calasparra, informó la compañía en un comunicado.

Según la firma, "tras varios intentos infructuosos por hacer rentable la actividad de la empresa, la inviabilidad económica de la misma se ha manifestado irresoluble".

De este modo, la compañía se ha visto abocada a la presentación de un ERE que supondrá el cese de la actividad de la fábrica de conservas vegetales, situada en Calasparra.

Conservas Fernández, dedicada al envasado de alcachofa y pimiento en conserva con la marca La Diosa, fue adquirida por unos gestores de Madrid a la empresa de capital riesgo Inveralia, que en 2004 la fusionó con la también conservera Halcón Foods, lo que dio como resultado una gran firma que alcanzó entonces el liderazgo nacional del sector, con una facturación de 86,4 millones.

La Federación Agroalimentaria de la Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia ya venía advirtiendo desde el pasado junio de que la producción de la fábrica de Calasparra, de 60.000 metros cuadrados, sería trasladada a otra que el Grupo Halcón tenía en Perú, participada al 50 por ciento con la firma local Alsur.

En el mes de agosto, unos cien trabajadores de Conservas Fernández se concentraron ante la sede de la empresa, que ya había presentado un ERE temporal que afectaba a la mitad de los trabajadores fijos de la plantilla, para evitar que se llevaran parte de la maquinaria, que había sido vendida, según UGT.

domingo, 16 de noviembre de 2008

El 65% de los créditos están en España relacionados con el ladrillo

MADRID.- La actuación del supervisor, el Banco de España, también tiene sus claroscuros. La banca española tiene alrededor del 65% de sus créditos relacionados con el ladrillo. Éste es el mayor factor desestabilizador para el sector porque supone una gran concentración del riesgo en un sector en caída libre. Los problemas de morosidad vendrán por estas inversiones, según "El País".

"Lo advertimos muchas veces. Los documentos, en todo tipo de informes, lo acreditan. Tanto en privado, como en público. Pero no nos hicieron caso. Se metieron de lleno en la burbuja inmobiliaria sin diversificar riesgos y ahora existe un grave problema", afirma un ex alto cargo de la institución.

En las comparecencias públicas, el Banco de España ha argumentado que la institución no gestiona entidades (salvo que entren en quiebra) y que los responsables de las decisiones son los directivos y consejeros.

En el sector también se considera que el Banco de España no ha acabado con un gran problema: impedir que las tasadoras sean filiales de las entidades. De esta forma, muchas de ellas han colaborado en disparar los precios de valoración de los pisos, hinchando la burbuja. También se critica que se haya permitido participar en el capital de promotoras a las que daban créditos.

El otro lunar son las cajas. Aunque algunas fuentes dicen que es cosa del legislador, el supervisor no ha reducido la injerencia política a niveles más aceptables. Tampoco se ha avanzado en la transparencia en su gestión.

Es cierto que ha mejorado al exigir que coloquen en Bolsa alguna filial si desean salir al extranjero pero, hasta ahora, las experiencias -Criteria, de La Caixa, y las cuotas de la CAM- no son esperanzadoras.

El vía crucis del obispo Reig Pla en Murcia

VALENCIA.-Todavía hoy, después de un año, son muchos los que no pueden creer que en el seno de la Iglesia de Murcia se haya desatado un conflicto de estas magnitudes. El obispo y el laico de más peso entre los católicos murcianos se enzarzaron en una disputa por la titularidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en la que aún están metidos y que ha hecho que, entre los fieles, se formen dos bandos: O estás con uno o con el otro, según el periódico "Levante".

El nueve de noviembre del pasado año la Comunidad Autónoma de Murcia, en consejo de Gobierno, aprobó los estatutos de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) en los que se otorgaba la titularidad de la institución a la Fundación San Antonio, que preside José Luis Mendoza.

En ese momento comenzó un auténtico vía crucis que ha removido los cimientos de la Iglesia de Murcia y que no tiene visos de haber llegado todavía a la última estación.

Un año después el enfrentamiento institucional y personal entre el ex obispo de Segorbe-Castellón desde 1996 hasta 2005 (nacido en Cocentaina, Alicante) y actual obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, y el presidente de la UCAM, lejos de apaciguarse, ha llegado esta semana a los niveles más elevados desde que comenzara el conflicto a propósito de la titularidad de la Universidad.

Ni los confusos pronunciamientos hechos desde Roma, parece que ninguno con carácter oficial, ni el salomónico a la vez que ambiguo dictamen de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, han servido para arreglar nada en el último año. El obispo sigue insistiendo en que la UCAM es de la Iglesia, representada por la Diócesis, mientras que Mendoza defiende que es de la Fundación.

La última estación de este vía crucis ha sido el enfrentamiento directo, a través de comunicados en prensa, entre ambos por la suspensión del acto de apertura del curso en la UCAM, programado para el pasado martes. Reig Pla aseguró que Mendoza lo canceló todo sin consultarle y obviando su autoridad.

Al día siguiente la cúpula de la UCAM, con la rectora y los jefes de departamento a la cabeza, emitía otro comunicado arremetiendo contra Reig Pla y denunciando que si el acto no se celebraba era porque el obispo había impedido que miembros de la jerarquía eclesiástica española acudieran al evento.

El anuncio hace una semana de que Reig Plà acudiría y presidiría el acto de apertura oficial del curso, supuso para muchos una sorpresa. En doce meses no habían aparecido juntos en público y la expectación era muy grande; sobre todo teniendo en cuenta que en la festividad de San Antonio, en junio, la institución suspendió las tradicionales celebraciones en honor a su patrón para evitar precisamente ese encuentro.

Eso sí, lo que la Universidad no pudo evitar fue que el obispo acudiera a la UCAM para presidir la Confirmación de un grupo de jóvenes ese mismo día y que allí pronunciara una homilía cargada de mensajes muy evidentes. "Quien no sigue la verdad tiene que esconderse", fue una de sus frases más elocuentes. Ni Mendoza ni ningún responsable de la UCAM acudieron.

Días después de la aprobación de los estatutos, el obispo interpuso un recurso ante la Comunidad Autónoma. La noticia saltó a la opinión pública, una auténtica bomba que cayó de lleno en el seno de la Iglesia murciana. El máximo responsable de la Iglesia en Murcia y uno de los laicos más influyentes entre los católicos murcianos se habían declarado la guerra.

El obispo no se contentó con el recurso y trasladó lo ocurrido al Vaticano; esperando que los dicasterios y la Signatura Apostólica dictaran una sentencia que, en principio ambos estaban dispuestos a aceptar.

Pero lo único que llegó desde Roma fue una carta firmada por el secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, que apoyaba las tesis de Mendoza: el decreto por el que nació la UCAM establece que la titularidad es de la Fundación San Antonio.

Reig Plà no la dio por buena por considerar que no tenía validez jurídica.